Inequidades en el derecho al hábitat. Reflexiones sobre el sistema de violencias en el espacio público y la falta de acceso a la vivienda del colectivo LGBTI+

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Categoría: Publicaciones

Publicado el Lunes, 20 Junio 2022 00:26

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Inequidades en el derecho al hábitat.

Reflexiones sobre el sistema de violencias en el espacio público y la falta de acceso a la vivienda del colectivo LGBTI+

Leonardo Javier Giaimo

Doctorande en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FAUD-UNMDP), Arquitecte (FADU-UBA), Proyecto Urbano en Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad (Gob. PBA), Asesore Género y Diversidad (IHaT-CAPBA9) y Referente de Urbanismo Queer

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Resumen:

A las teorías sobre el derecho al hábitat, a las cartas por el derecho a la ciudad, a las políticas habitacionales, a la planificación urbana y al diseño de las ciudades les sigue resultando ajena, en gran medida, la perspectiva desde la diversidad de identidades y expresiones de género, orientaciones sexuales, combinaciones familiares no tradicionales y colectivos minorizados. Si la ciudad es el medio de acceso a los derechos humanos, en un contexto de exclusión, cisheteronormativo, de inequidad salarial, de heterosexualidad obligatoria ^[1] , de violencias orientadas, criminalización específica, moralidad religiosa y discursos de odio que se infiltran cultural, social y políticamente: acceder, disfrutar y permanecer en la ciudad se hacen tareas imposibles.Mientras las configuraciones espaciales y las políticas públicas reproduzcan al patriarcado las ciudades seguirán siendo para pocas.

Palabras clave: HABITAT, CIUDAD, VIVIENDA, VIOLENCIA, ESPACIO PÚBLICO, DIVERSIDAD, LGBTI+

  Inequities in the right to habitat

Reflections on the system of violence in public spaces and the lack of access to housing for the LGBTI+ collective

Abstract:

The theories on the right to habitat, letters and campaings for the right to the city, housing policies, urban planning and the design of cities lacks of perspective from the diversity of identities and gender expressions, sexual orientations, non-traditional family compositions and minority groups. If the city is the means of access to human rights, in a context of exclusion, cisheteronormative, salary inequality, compulsory heterosexuality, targeted violence, specific criminalization, religious morality and hate speech that infiltrates culturally, socially and politically: access, enjoy and stay in the city become impossible tasks. As long as spatial configurations and public policies reproduce patriarchy, cities will continue to be for the few.

Keywords: HABITAT, CITY, HOUSING, VIOLENCE, PUBLIC SPACE, DIVERSITY, LGBTI+

Introducción. Una nota para la (re)publicación

En primer lugar, agradecer a quienes hacen Mundo Urbano y URBARED por recuperar algunas publicaciones del 4° Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos (4°CLEU) ya Marisa Fournier, Charly Jiménez y Gimena Perret por recomendar mi ponencia para integrar esta edición sobre ciudades y géneros .

El 4°CLEU fue un espacio de reflexión que tuvo lugar en la Universidad Nacional de General Sarmiento sobre las “Transformaciones metropolitanas en América Latina: La investigación frente a nuevos escenarios” y proponía, en uno de sus ejes, “ mirar y habitar la ciudad con perspectiva de género e interseccional ”. Participé en esta línea, en una mesa sobre violencias. Agradezco también la posibilidad de incorporar esta nota, a modo de introducción, antes de la transcripción del texto de la ponencia tal cual fue publicada en las actas del congreso. Escribí este artículo en un momento de transición en varios aspectos. Sentí posible comenzar a cuestionar mi expresión y mi género. Fui asumiendo el habitar con otra fluidez, desde una identidadqueer,  lo queer  como experiencia, como teoría y como identidad conjugaban algunos planos en los cuales deseaba alojarme y, a la vez, desde los que abordaran la reflexión sobre las áreas de estudio de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Discutiendo la obligatoriedad de lo binario como destino, esta identificación queer sigue siendo una decisión política que tiene repercusiones en mi concepción del mundo y atraviesa mi investigación. Sin embargo, en aquel momento, organicé la ponencia en dos partes: lo público y lo privado. También, por defecto, reproduje otras dicotomías, organicé las ideas dualmente, todo muy binario.Por eso agradezco la posibilidad de hacer esta nota que interpongo para cuestionarnos esas fronteras.

Hoy no podría separar lo público de lo privado en el análisis de las violencias en espacialesidades de contextos urbanos. Esa es una trampa. Una consigna de las ciudades pensadas en clave patriarcal que despolitiza al espacio privado –al hogar ya lo doméstico-- y lo relega al ámbito de lo reproductivo, tareas históricamente utilizadas a mujeres, corporalidades e identidades feminizadas. Tareas no remuneradas que nos han empobrecido en el marco de la división sexual del trabajo. Pero espacialidades donde también se nos ha signado, marcado y forzado a caber en un mundo organizado en dos partes, la masculina o la femenina. Allí aprendemos a ser hombres o mujeres excluyente y perpetuamente. Un mundo que ha domesticado lo queer y una espacialidad que ha sido cómplice de ese sometimiento. Desde los feminismos y otros movimientos que buscan desmontar al patriarcado de la estructura que organiza los sistemas que habitamos se han dado cuenta de la falacia de la neutralidad de los modelos universales para los que se proyectan las ciudades se han cuestionado la división sexual de la espacialidad , se han problematizado las categorías que empleamos al referirnos a lo urbano y se seguirán haciendo aportes hasta que las ciudades sean para todes.

Finalmente, un dato que no es menor: El congreso de 2019 fue un evento del mundo pre-pandémico . Aquella normalidad sin barbijos y con otras distancias sociales y físicas nos encontré en un aula cuya espacialidad material nos cobijaba a quienes –desde la perspectiva de género e interseccional– parecíamos adelantar una crisis. El sistema productivo está en crisis, la pandemia por COVID no hizo más que evidenciar que las ciudades que habitamos no son sanas, no habilitan la salud. Las prácticas urbanas y de consumo nos han llevado a este lugar, a este sitio de violencias y expulsiones. En la ponencia nos referimos a esos temas y, pandemia mediante, seguimos hablando de violencias. Ni aquella normalidad , ni una nueva será distinto. La normalidad es violenta para las corporalidades, identidades y expresiones que desobedecen los mandatos patriarcales, las prácticas de consumo capitalistas, las reglas de la capacidad, etc. Debemos seguir disputando los territorios, las ciudadanías, las domesticidades y todas las espacialidades que habitemos. Empoderar las prácticas de reflexión, politizar la espacialidad y su debate, hacerse cargo desde la arquitectura, el diseño y el urbanismo de la violencia que reproducimos cuando descargamos física y simbólicamente los mandatos sobre cuerpos, géneros y expresiones que no responden a lo establecido por mandato patriarcal Para eso estamos desarrollando y elaborando nuestras reflexiones, de manera situada y colectiva, con estrategias propias y herramientas que nos permiten mapear nuestras emociones, registrar otros planos de injusticias y ponerlos en la mesa de discusión donde se proyectan las ciudades.

Para alzar la voz, allí también. Ahí donde decimos que no es ciudad si no es para todes.

Leonardo Javier Giaimo – Agosto, 2021

Transcripción de la publicación original de octubre 2019

La población LGBTI+ ^[2] se ha enfrentado, históricamente, a un sinfín de inequidades en materia de acceso a los derechos. Sistemáticamente nos han vulnerado los derechos bajo el pretexto de que nuestra existencia pone en riesgo el orden natural, la moral y las buenas costumbres. El discurso de las prácticas privadas, de la intimidad como espacio de pertenencia exclusiva de las manifestaciones públicamente “no deseadas” nos ha condenado históricamente al closet o al calabozo, en suma, a la reclusión, a espacios específicos y predestinados por el Estado y la sociedad, por la norma imperante, por lo designado como normalidad. Allí entonces vemos condenadas nuestras identidades y expresiones a espacios sesgados y marginales, estamos zonificados y demarcados. La segregación delimita tajantemente un espacio fuera y un espacio dentro, excluyendo del espacio público a las prácticas afectivas y expresivas de identidades y amorosidades no cisheteronormadas, ^[3] nos han negado, entre otras cosas, la ciudad.

Afirmar que existen inequidades en el acceso, uso y goce del espacio público y la vivienda nos es novedad, se ha hablado de procesos de inclusión/exclusión al respecto de cuestiones de clase, indicadores socio-sanitarios y, recientemente, de género, a estas reflexiones falta aún incorporar la variable sexual y de identidad y expresión de género. El colectivo travesti/trans, las identidades no binarias y la población LGBTI+ en general ven vulnerada la posibilidad de acceder al hábitat digno.

En base a una serie de informes y documentos que detallo en las fuentes consultadas intentaré clasificar las violencias que recibimos las personas que integramos el colectivo LGBTI+ en detrimento del derecho al hábitat en las ciudades de nuestra región, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires y su Área Metropolitana, adelantando una descripción muy generalizada: La violencia contra el colectivo LGBT es una violencia específica, basada en el prejuicio.

Esta tarea la enmarco en la propuesta del 4° Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos y en el proceso de investigación de mi proyecto de tesis "Derecho al Hábitat: Acceso, uso y goce del espacio público y la vivienda del colectivo LGBTI+ en el Área Metropolitana de Buenos Aires de 1992 a la actualidad" para el doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la FAUD-UNMDP, bajo la dirección del Dr. Martín Boy. En el desarrollo de la tesis, a nivel metodológico, pretendo realizar dos ejercicios, el primero requiere un relevamiento con características de censo que indague a personas LGBTI+ al respecto de su percepción del espacio público (Acceso, uso, goce, pertenencia, ubicación, proximidad , etc), una serie de preguntas que inquieran sobre el diferencial del uso medio del espacio público y se complementarán con entrevistas a actores particularmente referentes (Activistas, especialistas de la temática y referentes urbanos), mientras que en otra etapa indagaré, también a la manera de relevamiento y Entrevistas, específicamente a referentes e integrantes de la población Travesti / Trans en relación a la vivienda (Acceso, condiciones de habitabilidad, hacinamiento, dominio, etc). Anticiparé estos ejercicios un proceso de investigación donde pretendo indagar sobre algunas de las inequidades que enfrentamos quienes conformamos el colectivo LGBTI+, en el campo del acceso, uso y ocupación de las ciudades y el derecho a la vivienda. mientras que en otra etapa indagaré, también a la manera de relevamiento y entrevistas, específicamente a referentes e integrantes de la población Travesti / Trans en relación a la vivienda (Acceso, condiciones de habitabilidad, hacinamiento, dominio, etc). Anticiparé estos ejercicios un proceso de investigación donde pretendo indagar sobre algunas de las inequidades que enfrentamos quienes conformamos el colectivo LGBTI+, en el campo del acceso, uso y ocupación de las ciudades y el derecho a la vivienda. mientras que en otra etapa indagaré, también a la manera de relevamiento y entrevistas, específicamente a referentes e integrantes de la población Travesti / Trans en relación a la vivienda (Acceso, condiciones de habitabilidad, hacinamiento, dominio, etc.). Anticiparé estos ejercicios un proceso de investigación donde pretendo indagar sobre algunas de las inequidades que enfrentamos quienes conformamos el colectivo LGBTI+, en el campo del acceso, uso y ocupación de las ciudades y el derecho a la vivienda.

Entendiéndolos en el marco del derecho al hábitat como campo de estudio podemos hablar de derechos a espacios públicos por un lado y privados por el otro (la vivienda) y, a la vez, intentar configurar un sistema sobre aquellas violencias que en particular debilitan a la población LGBTI+ y que genera un diferencial en el acceso a estos derechos. Adelanto algunas reflexiones sobre este proceso de investigación, a la manera de recorte, para compartir en este congreso.

Derecho a la ciudad. Espacio Público

Me resulta determinante, antes de continuar, encuadrar cuales son las implicancias de no acceder a la ciudad para una determinada población. Me valgo de algunas de las cartas mundiales por el Derecho a la Ciudad desde donde diversos actores nos proponen leer a las urbes “como territorios potenciales de riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural” , sin embargo, también advierten que

(…) en sentido contrario a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público.

Estos presentan al derecho a la ciudad como un derecho humano colectivo y garantía interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente documentos reconocidos y concebidos integralmente. Es decir, acceder a la ciudad es el medio para acceder a los derechos humanos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La negación del acceso a la ciudad nos excluye del sistema de políticas públicas que garantizará aquellos que vienen a reconocer en vías de ofrecernos un hábitat digno para el desarrollo de la vida. No acceder a la ciudad implica no acceder al sistema de garantías y derechos: No ser ciudadanos de pleno derecho, en palabras de Jordi Borja: “Sin espacio público el asentamiento humano masivo no es ciudad, no hay ciudadanía, entendidos por una sociedad de individuos libres e iguales, todos con los mismos derechos y deberes. El ciudadano no nace, se hace ejerciendo como tal en el espacio público” (Borja, 2014).

A las inequidades que sufren gran parte de la población, ampliamente estudiadas y analizadas, por pretextos de origen y clase especialmente, aquellos sistemas de exclusión históricos de las personas migrantes y de bajos ingresos, les sumamos un discurso odiante de exclusión que es el que tiene por objetivo las orientaciones sexuales no heterosexuales, las expresiones de género disidentes y las identidades de género por fuera del sistema binario hombre/mujer. Este es el recorte de violencias especificas que me ocupan.

Ampliando el concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma en el informe de Violencia contra Personas LGBT: “La violencia por prejuicio es un fenómeno social, que se dirige contra grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT, tiene un impacto simbólico, y envía un mensaje de terror generalizado a la comunidad LGBT”.

El colectivo LGBTI+ presenta hoy una serie de alertas al respecto de la traducción de esos discursos odiantes en la reproducción del patriarcado en el espacio público, la bajada de la cisheteronormatividad a las leyes que rigen el “uso y las buenas costumbres” irrumpen el acceso al hábitat. La traducción simultánea de que aquello que no se apega a esta norma es peligroso, amoral, indecente, indebido y, por tanto, debe ser oprimido, reprimido y devuelto a la intimidad, a la reclusión, nos encierra en el simbólico placard o calabozo de donde no se debiera salir. De modo similar ocurren inequidades contra las mujeres, la sororidad vincula a los movimientos de la diversidad sexual con los movimientos feministas, es interesante mencionar al respecto, que algunos movimientos de mujeres avalan una Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, en algunas de sus versiones se lee:

Las mujeres y los feminismos, a través de la generación y difusión de conocimientos y el desarrollo de acciones, articuladas entre mujeres de la comunidad de distintos sectores sociales, sus organizaciones y redes académicas y políticas, han protagonizado uno de los mayores cambios culturales del último siglo. Para aportar una nueva interpretación del mundo y la sociedad, cuestionar la subordinación de las mujeres como sustento de las relaciones sociales y otorgar nuevos contenidos a conceptos como democracia, ciudadanía y participación.

Leyendo a los movimientos de la diversidad sexual como deudores y parte de los movimientos feministas, nuestras identidades son solidarias y parte del reclamo de estas inequidades que se traducen desde el sistema productivo hacia la falta de pleno acceso al hábitat.

A la caracterización de estos discursos de odio es interesante traer otros aportes del documento mencionado de la CIDH:

La CIDH considera que ciertos términos son clave al momento de explicar la violencia contra las personas LGBT, así como aquellas que son percibidas como tales. Por ejemplo, el término heteronormatividad se refiere al sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son consideradas “normales, naturales e ideales” y son preferidas sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. La heteronormatividad se compone de reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes.

También resulta útil el concepto de “jerarquía sexual” según el cual ciertas expresiones de sexualidad, tales como la heterosexualidad, son concebidas como “buenas, normales, naturales, bendecidas” mientras que otras formas, tales como la homosexualidad, son consideradas “malas, anormales, contra la naturaleza o maldecidas”

Respecto a la identidad de género, el término cisnormatividad (siendo el prefijo “cis” el antónimo del prefijo “trans”) ha sido usado para describir “la expectativa de que todas las personas son cisexuales [o cisgénero], que aquellas personas a las que se les asigna masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y esas a las que se les asigna femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres”. Los presupuestos de la cisnormatividad están tan arraigados social y culturalmente que puede resultar difícil reconocerlos e identificarlos. Así, en las sociedades americanas son predominantes las presunciones de que todas las personas son mujeres u hombres y que este elemento define el sexo, el género, la identidad de género y la orientación sexual de cada persona.

Heteronormatividad, jerarquía sexual y cisnormatividad y otros discursos de odio llegan al espacio público por diversas vías. La más próxima y concreta es la del abuso verbal y el ataque físico, según el mismo informe: “Esta violencia se dirige, entre otros, a las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo ya las expresiones de “feminidad” percibidas en hombres o “masculinidad” en mujeres”.

Estas expresiones de género ^[4] no corresponden al sexo asignado al nacer, esta expresión por fuera de lo que cultural y socialmente se espera del comportamiento de una persona en la vía pública, de acuerdo con su sexo biológico, y aquellas manifestaciones afectivas no heterosexuales son, en potencia, pretexto para la violencia, pasible de ser ejercida por cualquier par o por agentes del Estado.

Las personas cisgénero que pertenecemos al colectivo de la diversidad tenemos el privilegio de sortear algunas de esas violencias siempre y cuando no expresamos nuestra orientación, sin embargo, a la hora de manifestar nuestra afectividad en público encendemos un sistema de alertas que evidencia y registra que el acceso y goce del espacio público está violentado. El caso de Mariana Gómez tomó conocimiento público, fue sentenciada por besarse con su esposa en Constitución y el 28 de junio, día del orgullo LGBTI+, leyeron su condena. Recientemente dos nuevos casos de agresión hacia dos parejas de varones gays, fueron registrados por los pocos medios que hacen eco de estos hechos. En ambos casos la expresión pública de amor fue el pretexto de la violencia, el insulto que devino, en ambos casos, en un ataque físico.

Tal así de caracterizada la violencia en represalia a demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo que el informe de la CIDH dedica un apartado especial al tema:

La Comisión Interamericana ha recibido información de casos de parejas del mismo sexo atacadas por demostrar su afecto en público, como tomarse de la mano, acariciarse, abrazarse o besarse. (…) Las personas del mismo sexo que manifiestan afecto en público también son frecuentemente blanco abuso de policía y detenciones arbitrarias por parte de agentes estatales –con frecuencia mediante uso excesivo de la fuerza o abuso verbal–, motivados por lo que considera “comportamiento inmoral ” en espacios públicos.

El discurso de odio de los atacantes pone como pretexto del ataque la orientación sexual de las víctimas, entregan la culpa a la víctima y la impunidad de un sistema judicial y de (in)seguridad que revictimiza y condena a quien sufre la agresión se hace cómplice del acoso, también según la CIDH:

(…) una “forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género (...) y “castigarlos” por traspasar las barreras del género o por cuestionar ideas predominantes con respecto al papel de cada sexo”.

Los sistemas binarios de sexo y género han sido entendidos como modelos sociales dominantes en la cultura occidental que consideran que el género y el sexo abarcan sólo dos categorías rígidas, a saber, los sistemas binarios de masculino/hombre y femenino/mujer, excluidos a aquellos personas que no pueden identificarse dentro de estas dos categorías como, por ejemplo, algunas personas trans o algunas personas intersexuales. Estos criterios constituyen juicios de valor sobre lo que pueden ser los hombres y las mujeres.

Mencionadas las violencias hacia las identidades cisgénero del colectivo, llegamos a las personas LGBTI+ que no responden al binario hombre/mujer, aquellas identidades que fluyen entre géneros y las personas trans, especialmente las mujeres trans y travestis.^[5] En el informe “La revolución de las mariposas. A diez años de La gesta del nombre propio” se da cuenta del estado de situación de parte de la población travesti y las mujeres trans en la Ciudad de Buenos Aires, los resultados del estudio permiten afirmar la relación de migración y manifestación de la identidad/expresión de género:

Las experiencias de migración son muy frecuentes en las mujeres trans y travestis; bastante mayor que la propia de hombres trans. Travestis y mujeres trans suelen dejar su hogar y lugar de origen a muy temprana edad y aquellas que fueron encuestadas para esta investigación provenían, fundamentalmente, del NOA y de la República del Perú. (…) Existe una significativa interrelación de los procesos migratorios y la manifestación social de la identidad/expresión de género. (…) Cuanto más temprana es la asunción social de la identidad/expresión de género más pronto es el proceso migratorio a la ciudad.

Estos procesos migratorios se dan, en parte, porque la ciudad es una promesa, la ciudad se presenta como escenario de oportunidades, sin embargo a este imaginario utópico se le enfrenta luego la realidad de las violencias que intentamos caracterizar, recortando aquí aquellas que atentan específicamente contra el derecho al hábitat, entendiéndolas parte de un sistema más complejo de violencia que atraviesa toda la realidad de la vida de las personas travestis/trans. Del informe menciono, para dar contexto, que los derechos que perciben vulnerados las personas de este colectivo son los más básicos de los derechos humanos, estudiar, formarse, trabajar y acceder a la salud, entre otros. Es decir, inclusive el pequeño porcentaje que accede a la ciudad se ve afectado en aquellas prácticas que, desde las políticas públicas, son garantizas al resto de la población dentro de sus derechos más elementales.

Mencionamos que en la ciudad se recibe el control sobre las manifestaciones públicas de nuestras expresiones afectivas no heterosexuales, mayor aún es el control sobre las identidades y expresiones de género que no se ajustan a la pretendida cisheteronormatividad. Si no hay espacio para besos lésbicos, homosexuales o bisexuales menos lugar hay aún para identidades trans e intersex.

Esta segregación se manifiesta en un doble discurso moralista que delimita la espacialidad de las personas travestis y trans. A la vez que se nos niega el espacio público se delimita en las ciudades una zona denominada “roja”, que se traslada de acuerdo a los intereses desarrollistas y al valor del suelo, pero permanece siempre en algún sector perfectamente delimitado. Allí hay un pacto implícito de “permisividad”, allí sí se “pertenece”, bajo coacción del sistema prostituyente y de las fuerzas públicas de seguridad, con la complicidad de circuitos como el turismo sexual y otras prácticas dominantes sobre esos cuerpos, un sector de la población está encerrada nuevamente en un espacio delimitado del suelo urbano para una determinada actividad. “la creación de la zona roja simbolizó y continúa simbolizando el exilio de las trabajadoras sexuales trans de las calles de la ciudad, y su reclusión imaginaria en un espacio legalmente cercado parecería funcionar como un gesto simbólico mediante el cual garantizar la “pureza” de lo público” (Sabsay, 2011:71)

No vale a este espacio entrar en el debate del comercio sexual, sí en cambio hacer el recorte de análisis que afirma entonces que hay una segmentación, un espacio “permitido”, variantes de guetos donde alguna población encuentra habilitado el uso de la ciudad, entendiendo que eso no puede confundirse con afirmar que existe derecho a la ciudad, los espacios donde se pretende limitar la vida de estas poblaciones siempre son de encierro y clandestinidad y de un uso dirigido, condicionado y obligatorio. En ese sentido la CIDH “recomienda a los Estados Miembros de la OEA que deroguen las disposiciones legales que penalizan ciertas conductas en público y que buscan proteger “la moral pública”, y otros bienes jurídicos afines, sobre la base de motivos vagamente definidos que son aplicados de manera desproporcionada en contra de personas LGBT, criminalizándoles” .

Intentando aportar datos cuantitativos a estas reflexiones, me remito al informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, que pudo registrar que

(…) en el año 2018 ocurrieron en Argentina ciento cuarenta y siete crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia ”, Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2018, el 64% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), en segundo lugar con el 28% se encuentran los varones gays cis, en tercer lugar con el 7% de los casos le siguen las lesbianas y por último con el 1% los varones trans.

De todos los crímenes de odio registrados, el 46% de los casos corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 54% restante de los casos corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.

En cuanto a la distribución geográfica en Buenos Aires se concentra, entre la provincia y la ciudad, más del cincuenta por ciento de los crímenes de odio producidos en el país y en cuanto al lugar físico, la vía pública (41%), los establecimientos privados de acceso público (14%) y los establecimientos públicos (4%) representan, en total, casi el sesenta por ciento de los lugares donde ocurren estos ataques. En los espacios públicos de la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires se concentra la mayor frecuencia de crímenes de odio de todo el país. La frecuencia de los ataques produce un efecto de adoctrinamiento y sumisión, la calle está prohibida, la calle es peligrosa. Allí donde deseamos ser libres debemos ser valientes.

En vías de aporte por la positiva frente a esta perspectiva de exclusión, traigo la reflexión de la colega Ana Falú al respecto de la participación de las mujeres en el encuentro que programó la Nueva Agenda Urbana en Hábitat III:

En la mayor conferencia sobre hábitat del mundo —y durante el proceso para llegar a ella—, en esa donde los gobiernos realizan acuerdos conjuntos y globales de políticas y acciones para las próximas dos décadas, la cual es acompañada por espacios alternativos y de resistencia donde se plantean nuevas ideas y potentes reclamos, los grupos de mujeres y las feministas organizadas desde hace décadas estuvimos más presentes que nunca para interpelar y plantear en cada espacio la absoluta necesidad de incluir a las mujeres en el planeamiento de las ciudades —y su correlativo acceso a los bienes urbanos— si de verdad se busca la equidad y el respeto de los derechos humanos. (…) La inclusión social, de género y diversidad; la planificación urbana con perspectiva de género y derechos de las mujeres; la necesidad de que las políticas urbanas den respuesta a quienes cuidan en las ciudades (trabajo no remunerado que recae principalmente en las mujeres); las violencias que sufren las mujeres en los espacios públicos, el género en la agenda académica, y los derechos de las mujeres en la agenda social fueron algunos de los temas desarrollados por referencias locales e internacionales. (…) Es en estos espacios donde no sin dificultades se desarrolla un potente activismo feminista buscando incidir en las políticas del campo del hábitat, la vivienda, los servicios urbanos; redes y articulaciones que producen conocimiento, herramientas especializadas, sumando las experiencias territoriales y comunitarias .

Volviendo a la vinculación entre las posturas feministas frente al derecho al hábitat, especialmente la participación ampliada e inclusiva en la planificación urbana y concepción de las ciudades y,

(…) resignificando aportes de Jane Jacobs (1968) y Doreen Massey (2001), la primera por su contribución sobre el sentido de la proximidad y la localización para la vida de las mujeres en particular y la segunda por acercarnos a los significados simbólicos de lugar y espacio, relacionándolos a la diferencia de géneros y al modo de construcción de estos espacios y territorios; y las consecuencias de estas dimensiones en la vida cotidiana de las mujeres. (Falú, 2017).

La diversidad sexual, me permito agregar, pero también para destensar la lógica que nos obliga a leer el binarismo como una disputa hombre/mujer y elegir en cambio la propuesta de otras corrientes de pensamiento que sostienen que el binarismo es entendible como la relación opresora/oprimide o normal/anormal y lleva a corrernos al plano de ciudadanos de segunda a todas aquellas personas que no respondemos al ideal de “blancos, productivos, sanos” que suelen ser la medida de muchos hombres y algunas mujeres poderosas, mayormente heterosexuales y cristianos (tanto que lo sean realmente como si lo proyectaran, producto de fantasías aspiracionales ).

Para pausar temporalmente este segmento de lo público y pasar a las violencias sobre el acceso a la vivienda, compartir los interrogantes que proponen la colega Ana Falú: “¿Quiénes son los sujetos del derecho a la ciudad y de sus políticas? ¿Quiénes y para quiénes están planificadas?; ¿Cómo son construidas material y simbólicamente?; ¿De qué manera incide la división sexual del trabajo en la planificación y el uso de las ciudades?”. El patriarcado atraviesa sistemáticamente las decisiones sobre el espacio público, cuestionar quién planifica la ciudad, quién participa y quién es excluide de los procesos y tomas de decisiones sobre la misma parecería ser una vía posible desde nuestras disciplinas para desmaterializar los sistemas de violencias e inequidades que determina quienes habitan o no las ciudades. No pretendo tampoco que se lea esta recomendación como una solución acabada al conflicto, es sólo una línea en vías de avanzar hacia un acceso equitativo.

Derecho a la vivienda. Espacio Privado

Aportados previamente algunas características de la segregación en materia del derecho al espacio público para las mujeres y la población LGBTI+, cuando ingresamos al mundo de lo privado y de la vivienda deseo hacer especial énfasis en la exclusión de la población travesti/trans, ya que representativamente son las y les más vulneradas por la falta de políticas habitacionales que les permitan acceder a la vivienda.

A más de siete años de la Ley de Identidad de Género en la Argentina, según el informe “La revolución de las mariposas. A diez años de La Gesta del Nombre Propio”,

(…) manifestar la identidad autopercibida lleva a que aproximadamente el 98% de las personas travestis y trans no accede a un trabajo formal y un 79% de las personas travestis y trans cae en las redes de prostitución como único ingreso económico, lo cual acarrea mayor exclusión y vulneración, alcanzando un promedio de vida de 35 años.

No acceder al mercado formal del trabajo implica caer en un sistema de exclusión que, entre otros derechos, niega el acceso a una vivienda digna y de dominio regular.

La CIDH considera la existencia de un ciclo de violencia institucional para este sector de la población en los países miembros de la OEA:

Las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización ya ser encarceladas. Las personas trans pertenecientes a grupos étnicos o raciales históricamente discriminados pueden ser aún más vulnerables a entrar en este ciclo de pobreza y violencia.

Nuevamente la interseccionalidad de pobreza, migración e identidad de género vinculados en un proceso de exclusión complejo que tiene incidencia directa en la falta de acceso a la vivienda digna, al respecto, según el estudio realizado por el INDEC y el INADI en 2012,

(…) un 46% de la población trans encuestada habita en viviendas deficitarias ^[6] (…) una de cada tres personas trans entrevistadas viven en hogares pobres, en particular en la región Noroeste del país. Esta población por lo general no está incluida en los programas de vivienda del Estado. Son políticas pensadas desde una perspectiva que solo incluye a mujeres y hombres cisexuales ^[7], con hijas e hijos, y no cuentan con lineamientos que atiendan las necesidades específicas de las personas trans. (…) El desempeño en una economía informalizada redunda en que, aun con recursos económicos, no pueden demostrar que dichos ingresos son regulares, requisito indispensable para acceder a alquileres o créditos para la vivienda. Por esos motivos suelen quedar relegadas a las viviendas deficitarias y en situación de indefensión frente a los abusos de sus locadoras/es, que incluyen precios abusivos y desalojos arbitrarios.

La imposibilidad del acceso a la vivienda a través de políticas públicas habitacionales o el mercado inmobiliario formal expulsa a la población travesti trans a situaciones precarias de hábitat. El informe de “La revolución de las mariposas. A diez años de La Gesta del Nombre Propio”, otros datos cuantitativos al respecto de la situación del colectivo travesti/trans frente a la imposibilidad de acceder a la vivienda, considerando la situación en 2005, previamente a la aportación de la Ley de Identidad de Género en nuestro país y la situación de 2016, post Ley 26783, sin poder tener resultados optimistas:

En 2016, el número de travestis y mujeres trans que vivían en cuartos de alquiler de hoteles, casas particulares, pensiones, departamentos aumentó —estén habilitados por el organismo competente o "tomados" por quienes los gestionan irregularmente— respecto de 2005 ^[8]. En aquel año, vivían en tales condiciones el 63,7%, mientras que en 2016 lo hacen el 65,1%. El acceso a una vivienda, por parte de las mujeres trans y travestis, resultó en el lapso entre 2005 y 2016. Mientras en 2005 el 26,3% dijo vivir en una casa alquilada, en 2016 vivía un 22,5%. Una diferencia similar se da cuando se indaga sobre la casa propia. En 2005, el 8,8% vivía en una casa propia y en 2016 lo hace el 5,9%. "Estar en situación de calle" es una expresión utilizada para dar cuenta de aquellas personas que se ven obligadas a pernoctar en lugares públicos o privados, incluidos paradores y refugios. Ellos no cuentan, en términos generales, con la infraestructura ni condiciones básicas propias de una vivienda. El 3,

El marco normativo de la identidad de género aportó seguridades pero no dio solución al déficit habitacional que sufren las personas travesti/trans, que aún aprueba la ley deben vivir en condiciones poco dignas, del mismo informe leemos el modo en que resuelven cobijo:

La mayoría de las mujeres trans y travestis viven en cuartos de alquiler en hotel o pensión. Le sigue luego, en porcentaje, la habitación de alquiler en inmueble "tomado". Si el alquiler se produce en un inmueble de ocupación irregular ("tomado"), la precariedad es mayor en tanto las posibilidades de ingresar a políticas de subsidio de vivienda se diluyen. Los requisitos solicitados para ser beneficiarios/o de ellas están aún más lejos de cumplirse en casos como estos, en los que no es posible obtener constancia de alquiler y constancia de pago de servicios, ambos indispensables para acceder a esa política.

La ley 26.743 reguló el derecho a la Identidad de Género en Argentina, particularizando algunas cuestiones administrativas, registrales y de acceso a la salud. Su espíritu de emancipación de derechos sin embargo no fue suficiente para alcanzar a la población vulnerada con el acceso real y efectivo al trabajo, la salud, la educación o la vivienda, a siete años de su sanción ^[9] aún resulta complejo para la población travesti/trans acceder plenamente a los derechos, del mismo informe se desprende que:

Preguntadas las mujeres trans y travestis sobre cómo valoraban la posibilidad de acceder a una vivienda con posterioridad a la sanción de la Ley de Identidad de Género, solo el 21,2% expresó que ella mejoró; el 47,4% dijo que no hubo cambios y para el resto (31,4%) empeoró las condiciones de acceso a una vivienda. Al presentar las razones de la mejoría identificada, se resaltará que el avance no tuvo que ver con el efectivo acceso a una casa.

En el marco de esta convocatoria latinoamericana me gustaría traer una colación el caso de la Ley 19.684 del país vecino uruguayo, su Ley Integral Trans de 2018, sí incorporó en su letra la protección del derecho a la vivienda, en su art. Artículo 22. (Derecho a soluciones habitacionales)- Prohíbese toda forma de discriminación de las personas trans que anule o menoscabe el pleno goce de sus derechos a soluciones habitacionales. Considere de interés general la incorporación de la perspectiva de la identidad de género e identidades trans, en los programas y políticas que garantizan el acceso a soluciones habitacionales.

El acceso a la vivienda se encuentra garantizado en vastísima normativa, nacional e internacional, a las que nuestro país suscribe, especialmente luego de ser incorporados muchos de estos derechos en el código civil y comercial luego de su última reforma, sin embargo hay una estructura del mercado inmobiliario y el sistema capitalista en general que hace imposible el acceso a este derecho por gran parte de la población, aquí se produce la interseccionalidad que vincula problemas generales de exclusión por nivel de ingreso económico con las de la expresión e identidad de género y las particularidades que hacen que este colectivo varias y otras sistemáticamente castigado y excluido de las políticas públicas que de también fuera de líneas de crédito y de opciones para acceder a la vivienda digna.

En el episodio de desalojo de la “Aldea Gay” ^[10] “El trabajo de (María) Carman demuestra cómo las orientaciones sexuales e identidades de género que se apartaban de la heternormatividad recibieron un tratamiento diferencial por parte de las fuerzas policíacas: “abusos físicos y psicológicos, robos de pertenencias, allanamientos, quema de ranchos, (la exigencia de) pago de porcentajes de ganancia a quienes ejercían la prostitución, y demoras en la comisaría por estar vestidos de mujer” (Carman, 2010: 51, en Boy , 2018). A la compleja situación de una familia que habita en asentamientos y la producción de ciudad informal se le incorpora una variable que incrementa el nivel de violencia en los desalojos.

La propuesta de Carman logra un entrecruzamiento entre territorio, clase y género/sexualidad para pensar cómo el Estado (des)legitima, desarrolla e implementa diferentes modalidades de política pública a la hora de desalojar. Si los residentes eran gays y travestis viviendo en extrema pobreza, la sexualidad objetada fue la variable prioritaria para definirlos desde el Estado. En cambio, si los residentes conformaban familias cis heterosexuales eran concebidos desde el mismo Estado como merecedores de ayuda social. Todos son pobres. Sin embargo, no todos/as gozan de la misma legitimidad, no todos merecen la ciudad y sus magros recursos de la misma forma (Boy, 2018) .

Planteado siempre que este sistema de violencias quede abierta la pregunta sobre qué hacer al respecto desde los campos de estudio que nos ocuparon e intentaron dejar algunas ideas al respecto en el final de este documento, reflexiones que no pretenden dar por cerrado el tema sino, por el contrario, abrir el debate.

Reflexiones

Recupero algunos cuestionamientos que hace Boy desde un campo de investigación muy próximo al nuestro:

(…) por qué las áreas de estudios urbanos localizadas en los principales centros o institutos del país no recuperan al género y a las sexualidades como dimensiones centrales a tener en cuenta a la hora de problematizar para quién es la ciudad, quién la merece, cuáles son los cuerpos y prácticas generizadas y/o sexuales (i)legítimos en ciertos espacios públicos, y cómo los diferentes grupos que habitan la ciudad desde sus posiciones económicas, sociales, culturales y sexo-genéricas diferenciales construyen narrativas morales que (i)legitiman, (i)legalizan, (des)posicionan y hasta expulsan o acobijan a unos grupos en detrimento de otros.

Problematicemos el derecho al hábitat con perspectiva de identidad y expresión de género, desde la diversidad sexual, desde espacios de disidencia, incorporaremos las variables de pertenencia/expulsión de las ciudades de y desde nuestras identidades. ¿Qué hacer al respecto de estas inequidades desde la arquitectura y el urbanismo? Sin pretender dar una respuesta acabada compartir algunas apreciaciones que, entendiendo, son herramientas desde nuestro campo de trabajo para el equilibrio de las tensiones planteadas:

• Reformulemos los procesos de planificación de las ciudades, aumentemos la participación y multiplicidad de voces a la hora de proyectar el espacio urbano.
• Equilibremos la participación de mujeres y representantes de la diversidad sexual en los espacios decisores sobre la planificación, el transporte y la seguridad de las ciudades, para que a la construcción del espacio público no le falten los aportes de poblaciones vulneradas.
• Evaluemos políticas de inclusión desde los códigos de edificación y urbanismo, existen antecedentes como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluye políticas de equidad de género e inclusión de la diversidad sexual en la ciudad y deconstruye algunas prácticas de cuidados antes adjudicadas exclusivamente a las mujeres
• Amplificamos las variables y perspectivas en los campos de estudio sobre urbanismo, incorporando la perspectiva de género y diversidad sexual.
• Empaticemos los proyectos de políticas habitacionales hacia colectivos vulnerados, con perspectiva de expresión e identidad de género, considerando las variables que históricamente expulsaron a las y les travestis y trans de su acceso.
• Deconstruyamos , derribemos las prácticas del patriarcado que fortalecen ancladas a nuestras profesiones, áreas de estudio y campos de aplicación.

Fuentes consultadas:

Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) y Fundación Huésped. Informe Final «Ley de Identidad de Género y acceso al cuidado de la salud de las personas trans en Argentina». (2014) Argentina.

Carta por el Derecho a la Ciudad (2012) Revista Paz y conflictos n° 5. 

CEDAW - EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES (2016) Informe Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015), Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América. 2015.

Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (2018) Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT 2018. CABA, Argentina. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): «Primera Encuesta sobre población trans 2012: Travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans. Informe técnico de la prueba piloto- Municipio de La Matanza». (2012)

Ley N° 19684. Diario oficial de Uruguay. Octubre 2018.

Ley N° 26743. Boletín oficial de Argentina. Mayo de 2012.

Ministerio Público de la Defensa (2017) La Revolución de las Mariposas, a diez años de La Gesta del Nombre Propio. Buenos Aires, Argentina.

Bibliografía:

BORJA, Jordi (2014) Prólogo en GARCÍA RAMÓN, María Dolors, ORTIZ GUITART, Anna y PRATS FERRET, María (2014) Espacios Públicos, Género y Diversidad. Geografías para unas ciudades inclusivas. Madrid, España: Icaria.

BOY, Martín and PAIVA, Verónica (2015) “Espacio y sexualidades: usuarios (i)legítimos de lo urbano en la zona roja”. Ciudad de Buenos Aires, 1998-2005. Cuadernos Pagu (45). 

BOY, Martín (2017) “Cuerpos e identidades extranjerizados: vecinos/as y travestis en disputa” en Martín Boy y Mariano Perelman (comps.): Fronteras en la ciudad: (Re)producción de desigualdades y conflictos urbanos. Buenos Aires: Teseo.

BOY, Martín (2018) “El otro espacio público en los estudios urbanos de la Argentina actual: el género y las sexualidades también construyen ciudad” en QUID16 , n° 9.

CARMAN, María (2010) “¿La clase social entre paréntesis? El caso de la Aldea Gay en Buenos Aires” en Revista Katálysis , Vol 13, N°1, pp. 49-58.

FALÚ, Ana (2017). “La nueva agenda urbana y las feministas en Hábitat III” en Revista Bravas , n° 1.

GIAIMO, Leonardo (2019) “Códigos que incluyen, contextos que excluyen” en Revista Armar la Ciudad Año VII N° 20.

RICO, Adrienne (1980). “Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lésbica” en Signos n° 4, Mujeres: Sexo y sexualidad.

SABSAY, Leticia (2011). Fronteras sexuales. Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía. Buenos Aires: Paidós.

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