Las cooperativas implementadas por el Estado para generar puestos de trabajo en Argentina. Sus características y su contexto actual.

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Categoría: Publicaciones

Publicado el Lunes, 09 Octubre 2017 12:12

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Inés Liliana García

Socióloga (FCS-UBA)

Especialización en Economía Social y Desarrollo Local (FCE-UBA)

CPA Principal

Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR)/CONICET

Introducción

El presente trabajo es fruto de algunas reflexiones surgidas en mi tesis de maestría, la cual me permitió abordar, con los valiosísimos aportes de mis directores Dr. Alejandro Rofman y Dra. Paula Rosa, algunos aspectos renovadores para el movimiento cooperativista en  nuestro pais                                                                                                                                                                                                                                 . En el presente artículo pretendemos describir el contexto -de debilidad, a nuestro criterio- en que nacen las cooperativas impulsadas por ciertas políticas públicas durante los gobiernos ejercidos por el matrimonio Kirchner (2003-2015), ubicarlas en el histórico y complejo espacio cooperativo consolidado en nuestro país y observar su situación y perspectivas en el nuevo gobierno de Macri.

El cooperativismo en Argentina -traído de la mano de los inmigrantes europeos de mediados de siglo XIX ávidos de soluciones a sus múltiples necesidades y escasos recursos- se gesta en la misma época en que nuestro país comienza a constituirse como Nación una vez calmados los tiempos de luchas internas y ensamblamiento territorial. El movimiento cooperativo nace independiente del Estado, sostenido por sus asociados y por el Partido Socialista y otras corrientes de izquierda[1] que impulsaron la creación de innumerables cooperativas de consumo, de vivienda y de trabajo desde finales del siglo XIX y principios del XX.

En las experiencias cooperativas Karl Marx ve un movimiento embrionario que permitiría a la clase trabajadora establecer un modelo de conquista hacia un modo de producción social que rompa con las estructuras de propiedad y explotación capitalista, trazando el posible camino hacia una etapa superadora.

Se considera que el Estado es producto de relaciones sociales desiguales y, por tanto, conflictivas.Entendiendo a la realidad como un conjunto de relaciones producto del encuentro entre diferentes concepciones e intereses económicos contrapuestos que se disputan permanentemente; y cuya relación de fuerzas varía históricamente producto del avance o retroceso de cada uno pero determinándose y complementándose, necesariamente, en un mismo sistema de reproducción social.

“…la sociedad civil es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos” (Bobbio, 1989: 43)

El Estado moderno, nace para sostener el modo de producción capitalista, no está en su esencia propiciar modelos alternativos. Por tal razón, desde su constitución, la mayoría de las cooperativas se agruparon en un movimiento internacional nutrido y conformaron la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para redefinir y unificar sus Principios y Valores y respaldarse en un mundo globalizado por el capitalismo.

Así sucedió durante décadasen nuestro país, las cooperativas surgían por voluntad de sus miembros provenientes de la sociedad civil y se constituían de manera independiente. Su relación con el Estado estaba ligada a las normativas fijadas para la obtención de la matrícula y demás legislación que conllevara su reconocimiento y, en casos de crisis coyunturales, peticionar a las autoridades ejecutivas y legislativas medidas de apoyo.

En 2003, se inicia una etapa de aplicación de políticas sociales inclusivas vinculadas al desarrollo local. Políticas públicas, básicamente destinadas a generar trabajo, al que se lo considera -además de generador de ingresos- un factor de reconstrucción de vínculos sociales y territoriales, vitales en el proceso de socialización. El interés estuvo centrado en la inclusión desde el trabajo. Políticas socioproductivas cuya finalidad era la creación de nuevos puestos de trabajo, generados y sostenidos por el Estado, para los sectores expulsados y excluidos del mercado de trabajo. Además de revertir los indicadores de desocupación, se suma el objetivo de achicar los indicadores de pobreza heredados del modelo anterior.Algunas de estas políticas puestas en marcha están asociadasa la conformación de cooperativas para recibir los beneficios o subsidios, es decir que, por primera vez en nuestra historia se da el fenómeno de generación de cooperativas desde el propio Estado contradiciendo el principio mismo de la libre y voluntaria asociación, entre otros tantos que veremos, intrínsecos en el movimiento cooperativo.

La crisis argentina de 2001 generó, por un lado, la necesidad de crear cooperativas para mantener fuentes de trabajo y, por otro, el embrión de la iniciativa política para crearlas. En la esta última década, existen dos tipos de políticas nacionales respecto a las cooperativas. Por un lado, las aplicadas a las cooperativas ya conformadas mediante la autogestión de trabajadores ante el cierre de su fuente de trabajo y, por otro lado, las que impulsan nuevas cooperativas para dar contención social. Dentro de las primeras, es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS) quién toma la iniciativa y responsabilidad de aplicación. El impulso a la creación de cooperativas para generar, no ya para sostener, nuevos puestos de trabajo es asumido por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Sin embargo, se ha podido  evidenciar que las políticas de creación o impulso a cooperativas para la generación de empleo entre los sectores vulnerables no son consideradas, más que colateralmente, en los Ministerios de Economía, de Agricultura o de Infraestructura. Todos ellos, con importantes partidas presupuestarias para el desarrollo productivo y de servicios yamplia capacidad de licitación de obras públicas; obras otorgadas en casi su totalidad agrandes empresas privadas, ignorando el llamado a cooperativas impulsadas por el propio Estado o las ya existentes en el movimiento cooperativo tradicional.

Avanzar hacia una construcción real de un nuevo modelo requiere, a nuestro criterio, de políticas transversales de modo que los Ministerios y/o Secretarías coordinen y prioricen -dentro de sus responsabilidades competentes- las acciones hacia la Economía Social o el impulso del cooperativismo otorgándole centralidad. La construcción de un modelo de producción y de reinserción laboral basado en la solidaridad requiere que el Estado se transforme en el garante de lo alternativo, distanciándose del modelo de mercado cuyo principio es el de la maximización de la ganancia, la competencia, la concentración de la riqueza y la expulsión de amplios sectores sociales. Se debería priorizar en la gestión, por ejemplo, el impulso de cooperativas más que Pymes; aplicar políticas que incentiven la propiedad colectiva a la individual; proveerse de insumos y servicios producidos por las cooperativas más que de las empresas privadas. Si se quiere dar impulso a dicho movimiento, el Estado debería garantiza la reproducción de aquellos puestos de trabajo generados en el sector de la Economía Social y no como lo viene realizando históricamente en los sectores propios del capitalismo.

Las cooperativas argentinas en números

En el año 2008, el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) presentó el documento Las Cooperativas y Mutuales en la República Argentina: Reempadronamiento Nacional y Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales. Se trata de una versión ampliada y actualizada, de los resultados del Reempadronamiento Obligatorio Nacional de Cooperativas y Mutuales y del Censo Económico Sectorial realizados entre los años 2005 a 2007.

De acuerdo al mismo, a junio de 2008 la cantidad de cooperativas registradas eran 12.760 que contenían un total de 9.392.713 asociados en todo el país. Del total de dichas cooperativas, las activas -es decir en funcionamiento real- eran 10.129. Es interesante observar, a éstas últimas, según el año de inicio de sus actividades, ya que, un 13.1% (1.327) nacen entre 1991-2000 y el 69.5% (6.938) se registran entre 2001 y 2006. El 17.4% restante suponemos corresponderían a las cooperativas constituidas bajo el esquema tradicional ya que, en muchos casos, son de larga trayectoria y constituyentes del movimiento cooperativo, como lo es la Cooperativa del Hogar Obrero.

Se aprecia así, el crecimiento sostenido de nuevas cooperativas iniciado en los ’90, años de política económica neoliberal que provocó el cierre de fuentes de trabajo y el aumento de los índices de desempleo y pobreza, fenómenos que eclosionaron en la crisis de finales de 2001. Entre ellas, se encontrarían las cooperativas surgidas por los trabajadores que resisten el cierre de sus empresas empleadoras y encuentran en el modelo cooperativo un recurso legal que les permite aspirar a la autogestión y sostenimiento de su fuente de ingresos; hablamos de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT). De acuerdo a los datos proporcionados por el Programa Universidad Abierta, dirigido por Andrés Ruggeri, las ERT registradas en todo el país eran, en 2002, 59. Número que crece exponencialmente en el relevamiento efectuado en 2004 a 161 y, en 2010, la cifra asciende a los 205 casos. (Ruggeri, 2010: 8).

En dicho relevamiento, es importante, el porcentaje de ERT de acuerdo al año de inicio. Del total de las 205, registradas a 2010, el 26.8% nacen en el 2001 o en años anteriores; de 2002 a 2004, dicho porcentaje asciende al 49.75% y del 2005 en adelante, si bien el porcentaje decrece al 20,9% se observa que el fenómeno de recuperación de empresas en quiebra continúa (Ruggeri, 2010: 12).

Ya para el IV Relevamiento, efectuado por el Programa Universidad Abierta, las ERT pasan de 205 casos en 2010 a 311 a fines de 2013. Es decir, nuevamente, una crisis de recesión económica, vuelve a acelerar el número de casos. Creemos que el fenómeno de las ERT, si bien no nace en el 2001, fue sensible a la crisis de fin de siglo y lo sería, sin que podamos afirmarlo rotundamente, a la crisis de 2008/09, dado que entre los años 2010 y 2013, los casos crecen en un 34% (Ruggeri, 2014:11)

Siguiendo con los datos aportados por el INAES, dicha afirmación se refuerza al observarse las cooperativas clasificadas de acuerdo a su Objeto Social, el 59.7% son cooperativas de trabajo, dato que engloba a todas las cooperativas de trabajo sin discriminar entre las ERT, las surgidas por iniciativa directa espontánea o las que fueron creadas por la política pública estatal. Sin embargo, se registra que al 30 de junio de 2008, las cooperativas surgidas por las resoluciones N°2038/03 y N°3026/06 representaban el 32.1% (4.091) de las 12.760 cooperativas registradas, pero cabe recordar que sobre dicho total hay más de un 20% que no demostraron estar activas.

El INAESdenomina Cooperativas de Trabajo Resolución N°2038/N°3026, a aquellas que previo al 2003 realizaban tareas relacionadas a “la construcción y otras actividades afines y/o conexas como objeto social (Res. N°2038/03) y que están conformadas por beneficiarios de planes oficiales de promoción social, nacionales, provinciales o municipales y desocupados. La Res. N°2038/03 estuvo vigente desde septiembre del año 2003 hasta septiembre del año 2006, fecha en que se sanciona la Res. N° 3026/06 que permite construir cooperativas de trabajo para otras actividades de la economía, además de la construcción” (INAES, 2008: 321)

De acuerdo al reempadronamiento realizado, a fines del año 2003 se constituyeron las primeras 50 cooperativas de trabajo promovidas por el Gobierno Nacional, enmarcadas en el Programa Federal de Emergencia Habitacional. Iniciándose la experiencia de impulsar, desde el Estado, la construcción de viviendas sociales mediante cooperativas, es así que el INAES -como hemos dicho- dictó la Resolución N°2038/03, que le permitían a éstas una matriculación en tiempos más breves (6 meses) que los habituales (1 año o más) y el seguimiento y capacitación sostenidos por parte de las autoridades competentes.

A mediados del 2004 el MDS inició el proyecto de construir, en diferentes distritos del país, Centros de Integradores Comunitarios (CIC); ello requirió la construcción de nuevos edificios para brindar atención sanitaria, social y educativa en las localidades del país que así lo requirieran y contasen con amplios sectores vulnerables en su población. Para ello, se conformaron cooperativas con vecinos desocupados, incrementándose la matriculación. Entendemos,de este modo, el salto del 26.8% de aquellas nacidas previo y durante el 2001 al 49.75% de las nacidas entre 2002 y 2004. En ese lapso de tiempo, crece el registro de las Cooperativas Res. N°2038/03 y las ERT.

En el 2006, al agregarse las cooperativas de trabajo impulsadas por el Programa “Manos a la Obra”, el INAES anula la Resolución N°2038/03 y dicta la resolución N°3026/06 que, con los mismos criterios de celeridad y acompañamiento, ahora permite incorporar otros rubros a los de construcción de viviendas o servicios públicos y reformular algunas normativas sobre exención impositiva y referidas a la conformación de las cooperativas que dieran fin al Plan Jefes y Jefas de Hogar, dando aparición al Monotributo Social. 

De acuerdo a los registros del INAES, a diciembre de 2007, había 3848 cooperativas de trabajo bajo esta modalidad de conformación, surgidas de políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social en más de 500 municipios y comunas de todo el país en articulación con los gobiernos locales. De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo y Promoción del MDS, a diciembre de 2007 la cantidad de trabajadores asociados era de 60.764.

A finales del gobierno de Cristina Fernández, de acuerdo a los datos estadísticos publicados en la página Web del INAES a septiembre de 2015, la cantidad de cooperativas vigentes eran 30.938, de las cuales, 24.483 constituidas como cooperativas de trabajo de acuerdo a su Objeto Social. Es decir, el 79% del total de cooperativas registradas.

Sin embargo, las cifras no resultan ser claras, el INAES iniciaba, al mismo tiempo, un proceso de cancelación de matrículas de cooperativas que no fueron dadas de baja por diferentes causas. Sea porque se desarticularon una vez finalizadas las obras o debido a que se reconvirtieron cambiando el número de asociados o por incumplimientos administrativos fiscales. De allí que, de no depurarse el padrón de matrículas interpretamos que el número registrado no condice con la existencia real de cooperativas activas y ni la cantidad real de trabajadores asociados brindados por entonces.

Si bien no existen cifras de otras cooperativas Resolución N°3026/06 (ex 2038) surgidas de otras políticas públicas, sí se informa que las surgidas del Programa “Argentina Trabaja” son un total de 7.781 (el 25% del total de cooperativas del país). En su interior, se clasifican en: 5.110 pertenecientes al Programa Social con Trabajo y 2.671 creadas por el Subprograma “Ellas Hacen”. No hay registro, al menos publicado, sobre la cantidad de trabajadores asociados.

No queda claro si la totalidad de las registradas estaban funcionando a mediados de 2015, fecha en que realizamos el corte para dar redacción al presente análisis. El hecho de otorgarle matrícula, aunque simplificada, implica cumplir con las obligaciones jurídicas y contables propias de toda cooperativa. Ello implica, presentar los balances y estados contables a término, cosa que en la práctica no sucede por diversos motivos.

La no presentación en los plazos establecidos por ley, hicieron que las cooperativas recibieran intimaciones de la AFIP penalizándolas con multas por demás onerosas para su situación de precariedad y se vieron envueltas en la complejidad de los trámites por dichos incumplimientos. Resultaba más conveniente abandonar el expediente y volver a tramitar una nueva matrícula con otro nombre. No se tramita la baja, lo que implicaría cancelar la deuda, quedan inactivas de hecho hasta un próximo empadronamiento y, en el mientras tanto, se duplican en número aunque mantenga la actividad y se trate de los mismos asociados.

Recordemos además que, las primeras cooperativas constituidas por el Programa “Argentina Trabaja”, allá por el 2009, eran integradas por 60 cooperativistas; en 2011, frente a la complejidad de organización tanto en lo administrativo como en lo operativo, el número se reduce a 30 y, al año siguiente, ya se aceptan integrarlas con un mínimo de 16 trabajadores. Esto, también fue causa de duplicación de cooperativas; no fueron nuevas sino se reconvirtieron o mutaron pero sin dar de baja a la cooperativa originaria. Dejaron de producir pero no de existir en cuanto a que siguen registradas con un número de matrícula.

Por otro lado, el conflicto que el Gobierno Nacional encontró al aplicar su política en algunos Municipios hizo que las dependencias municipales utilizaran a las cooperativas “3026” en su territorio - con su matrícula e inscripción de sus socios al Monotributo Social- para el acopio de los materiales de construcción que eran aportados por el presupuesto nacional. Los materiales eran destinados a la labor de las cooperativas pero, en la práctica, fueron utilizados para el desarrollo de políticas municipales por fuera de los Programas Nacionales, dejando a las cooperativas sin operar ya que no disponían de los materiales y/o herramientas para desarrollar su proyecto productivo comunitario. De acuerdo a los funcionarios del MDS entrevistados, el problema consistía en que las cooperativas conformadas no tenían una sede, por lo tanto, se utilizaron los galpones municipales para depositar los insumos y, en muchos casos, toda la documentación de la cooperativa quedaba en sede municipal fuera del control de los cooperativistas. Aquí cabe mencionar que, la precaria capacitación y en muchos casos el alto índice de semianalfabetismo encontrado entre los asociados facilitó este tipo de maniobras. Inclusive se han denunciado casos de compra de materiales y maquinarias bajo el paraguas de la cooperativa para evitar pago de impuestos haciendo firmar a sus autoridades la facturación, luego, desviando la compra para su uso particular y dejando endeudada a la cooperativa[2].

En otros casos, finalizado el proyecto inicial por el que se habían constituido como cooperativas -por ejemplo, el trazado de una red cloacal- quedaron abandonadas a su suerte, sin reprogramar nuevas actividades y sin las capacidades para impulsar su autogestión.

Teniendo en cuenta las dificultades vistas, desde lo cuantitativo se hace difícil determinar el impacto que las políticas de impulso a la formación de cooperativas tiene en el marco global del movimiento cooperativo, menos aún en el marco global de la economía de mercado.

Cualitativamente podemos decir que se está consolidando y conviven tres tipos de cooperativas en nuestro país. Trazaremos una clasificación de las mismas, de acuerdo a la información relevada, para establecer un escenario más claro acerca cómo queda constituido el movimiento cooperativo actual en nuestro país y el espacio que ocupa cada uno de los diferentes actores que lo componen.

Hacia una clasificación alternativa de las cooperativas en Argentina

Haremos un esfuerzo por sumar una clasificación alternativa a las ya establecidas y que se adecua a las necesidades de nuestro análisis, de modo de poder diferenciar a las cooperativas desde la motivación que le diera origen; observando, de otro modo, la riqueza y heterogeneidad del movimiento cooperativo actual en nuestro país.

Por un lado, encontramos las cooperativas creadas al estilo de los inmigrantes europeos quienes, de manera autónoma e independiente del Estado, fueron conformando instituciones colectivas para darse respuesta a sus necesidades de inserción, protección y desarrollo. Más que cooperativas de trabajo -aunque sí las hubo-, fueron de servicios o de acopio y venta de producción agrícola, así como las de consumo y construcción de viviendas obreras, las que prevalecieron desde principios del siglo XX en adelante.

En los años ’70 -entre los fenómenos sociales conocidos como el Cordobazo[3] (1969) y el Rodrigazo[4] (1975)- comienzan a observarse casos de resistencia de los trabajadores despedidos que encuentran en el modelo de la autogestión o cooperativo la manera de conservar su fuente de trabajo. La autogestión les permitió -con enorme sacrificio- hacer el intento de sostener y conservar un ingreso y encarar una lucha hacia la recuperación de los derechos laborales perdidos.

El advenimiento de la Dictadura Militar de 1976, frenó definitivamente todo tipo de protestas, reprimiendo a los sectores desfavorecidos y estableciendo de manera central la represión de Estado y la vulneración de los derechos humanos. De modo que, las experiencias cooperativas o autogestivas quedan en el terreno menos propicio para sostenerse o recrearse. Desde mediados de la década de los ’70 hasta el retorno a la democracia a fines de 1983, el movimiento cooperativo fue fuertemente obstaculizado desde lo político y lo económico, lo que provocó que muchas cooperativas desaparecieran o se fusionasen para subsistir; principalmente, aquellas relacionadas a la banca cooperativa y al consumo.

Más adelante, los años de neoliberalismo -iniciados con el Proceso de Reorganización Nacional (1976) y retomados con el gobierno de Carlos Menem (1989)- fueron dejando a su paso un tendal de empresas productoras de bienes de consumo y de servicios cerradas por quiebra o por el desmantelamiento de sus dueños que veían al sistema financiero más rentable que al productivo.

Con las consecuencias del modelo neoliberal, profundizado en los ’90, y la crisis del 2001, se reavivan antiguas recetasy se las encuentran como prototipos de solución posible para el sostenimiento de la fuente laboral. Los altos índices de desocupación y las medidas de ajuste -solicitadas por organismos financieros internacionales para el pago de la deuda externa-, sometieron a la mayor parte de la población a la pobreza. Ello hizo que, las experiencias de autogestión crezcan exponencialmente,transformándose en un movimiento heterogéneo pero capaz de peticionarante el Estado -con solidez y amplio consenso social- la asistencia económica y, ante la justicia, la expropiación y propiedad de los bienes considerados de interés social.

El Estado, como hemos señalado, ante las consecuencias de la crisis de 2001 fue buscando alternativas de políticas socioproductivas que permitieran la inclusión de los amplios sectores marginados del mundo del trabajo.

Aparecen así, las cooperativas estimuladas por el propio Estado como un modelo de generación de trabajo; y junto a ellastambién el impulso a microemprendimientos o a la economía familiar mediante subsidios o microcréditos. En nuestro país fue la primera vezque, desde el Estado, se estableció políticas de creación de cooperativas para generar puestos de trabajo, y destinadas a los sectores expulsados del sistema de mercado y sin perspectivas de ser reincorporados en un futuro mediato al mercado laboral hegemónico.

Por lo tanto, como un nuevo actor, de alguna manera hay que incluirlas en una clasificación que dé cuenta del nuevo presente en el movimiento cooperativo. Entonces, podríamos hablar de tres tipos de cooperativas contenidas en el actual escenario cooperativo argentino.

Llamaremos cooperativas convencionales a aquellas que se conformaron de manera voluntaria, que por decisión directa de sus miembros acuerdan dar respuesta a sus necesidades comunes creando una asociación cooperativa, sin impulso estatal, siguiendo los Principios y Valores Cooperativos universales y ajustándose a las reglamentaciones de la Ley de Cooperativas vigente. Al mismo tiempo, las encontramos reunidas en Federaciones (Cooperar/ConInAgro) independientes del poder estatal. Que, si bien pueden encontrar diferentes grados de afinidad con los gobiernos de turno, se constituyen en el rol de peticionantes de normativas afines a sus intereses, declarándose parte del cooperativismo internacional e ideológicamente independiente o neutral, al menos formalmente.

Una segunda categoría a las que daremos el nombre de cooperativas resilientes, son aquellas constituidas por la necesidad de dar continuidad a fuentes de trabajoprevias, que mayoritariamente  provienen de una actividad en la economía de mercado que dejó de funcionar por distintos factores y que decantan en cooperativas por decisión de todos o parte de los ex-trabajadores para poder mantener su sustento y acceder a políticas públicas de apoyo y normativas jurídicas que le otorguen amparo e impulso para reconstituir un núcleo productivo con nuevas características de conducción y toma de decisiones. También en esta categoría, podremos encontrar algunos casos de cooperativas convencionales en quiebra, cuyos asociados o parte de ellos, se reúnen bajo una nueva cooperativa pero ligada al proceso de quiebra de la anterior.

Asimismo, desde la crisis del 2001, la mayoría de las mismas se han integrado en Federaciones de Cooperativas de Trabajo en búsqueda de presionar al Poder Judicial y Ejecutivo sobre sus demandas en relación a la expropiación y cesión de inmuebles y/o maquinarias en proceso judicial, amenazas de desalojos, necesidad de apoyo financiero y capacitación, así como reclamos relativos a la seguridad social de sus asociados. Si bien, hay varias Federaciones que responden a diferentes corrientes ideológicas, las mismas se nuclean para dar contención y apoyo a cada experiencia. Con el correr de los años en la mayoría de los casos, se nota entre los trabajadores de estas, también llamadas Empresas Recuperadas, un aprendizaje y aceptación más convincente de que la autogestión y el trabajar sin patrones es un modelo posible y así queda expresado en los congresos y encuentros que habitualmente se realizan. Comparten reclamos puntuales que, al actuar en conjunto, los posiciona como actores más fortalecidos en el campo de la disputa política-jurídica-económica. Las resilientes tienen apoyo estatal, principalmente a través el MTySS y, colateralmente por el MDS en cuanto al financiamiento de algunos subsidios.

Finalmente, encontramos a las cooperativas -hasta aquí conocidas como las N° 2038/3026- y que llamaremos en construcción. Aquellas generadas por y desde las políticas públicas de estos últimos años con la finalidad de crear nuevos puestos de trabajo entre los sectores vulnerables de la sociedad. Aquellas en la que, de parte de los asociados, no hubo decisión previa tanto en lo que refiere a su conformación como al rubro de producción o prestación por el que se agruparan como trabajadores. Estas últimas son tuteladas por el MDS desde el INAES, no desde el MTySS como suceden con las resilientes.

Desde la perspectiva estatal se plantea una divisoria del Movimiento Cooperativo. Por un lado, las cooperativas resilientes y las en construcción son diferenciadas de las cooperativas convencionales. Estas últimas se sostienen mediante una estructura propia, creada por fuera de las instituciones estatales como lo es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Federaciones de Cooperativas (Cooperar-Coninagro) con más de 70 años de constitución por voluntad de los cooperatistas. Los canales de vinculación con el Estado son mediante el INAES, en cuanto a Ente Regulador de todo el sector de la Economía Social, y mediante acuerdos de conveniencia mutua. Realiza sus reclamos y peticiona generalmente proponiendo al Poder Legislativo, leyes que les permitan mejorar sus condiciones de desarrollo dentro de un modelo socioeconómico adverso.

Con el retorno del país al sistema democrático (1983), el Estado -bajo el gobierno de Raúl Alfonsín- implementó algunas políticas de reactivación de cooperativas convencionales con riesgo económico por procesos de quiebra o endeudamiento debidos a las políticas económicas neoliberales de la Dictadura. El Proceso de Reorganización Nacional dejó que el sistema financiero aniquile a las cooperativas de crédito y las de consumo; quedando sólo en pie el Credicoop y el Hogar Obrero, entre las más destacadas. Con más una década de economía neoliberal, bajo el gobierno de Carlos Menem, el movimiento cooperativo convencional volvió a debilitarse y muchas de sus cooperativas se fueron reconvirtiendo en otros rubros o, en muchos casos para competir abiertamente el un mercado adverso, se transformaron en empresa más similares a las privadas en cuanto a que las decisiones estratégicas quedan en manos de la gerencia o autoridades más que en la de sus asociados.

Las cooperativas resilientes han reactivado la opción cooperativa como posibilidad a un modelo productivo alternativo al capitalista; más allá de que -como dicen sus asociados- fue por necesidad más que por voluntad, volvió a poner en el tapete la opción de autogestión colectiva e inspiró, en alguna medida, al planteo de nuevas políticas públicas llamadas socioproductivas. Más allá de que actualmente hay acercamientos, las cooperativas resilientes nacen sin vinculación directa con las convencionales y sus Federaciones. Por sus necesidades particulares se fueron reagrupando entre sí con el apoyo de Universidades y profesionales que aportaron sus esfuerzos al sostén jurídico y/o productivo, en tanto que el Estado se vincula con ellas, como decíamos, desde el Ministerio de Trabajo más que desde otros ámbitos. De modo que, se produce una nueva divisoria, en este caso por diferenciarlas en cuanto a sus políticas de sostén. Las resilientes encuentran principalmente encause en políticas públicas del Ministerio de Trabajo, en tanto que, las cooperativas en construcción quedan en manos del Ministerio de Desarrollo Social, más allá de que son ambas cooperativas de trabajo.

Las cooperativas impulsadas por las políticas públicas nacionales entre 2003 y 2015, la situación de las cooperativas en construcción respecto a la inserción en el mercado de trabajo. Condiciones actuales y perspectivas futuras

Las políticas públicas socioproductivas aplicadas en el período 2003-2015 se inspiraron en diversos lineamientos propuestos por Organismos Internaciones para revertir los efectos negativos resultantes del modelo neoliberal de los ’80-‘90.

En la Conferencia Generalde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reunida en 2002, se establece la Resolución N° 193 con el objetivo de promocionar a las cooperativas como un recurso para la generación de empleo sostenido, que transparente derechos y expanda las condiciones de vida de los habitantes de los países miembros mediante una economía más emparentada al desarrollo local; reconoce la importancia de las cooperativas para “la creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a la economía” al tiempo que… “promueven la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social” (OIT, 2008)

En dicha resolución la cooperativa es definida como una "asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática". (OIT, 2008)

Por otro lado, la OIT genera el concepto “trabajo decente” y lo propone como un modelo a ser replicado en el mercado laboral de sus Estados miembros. Así, el uso del término se reitera en las sucesivas resoluciones. En la 97° Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra el 10 de junio de 2008, se propone la Agenda de Trabajo Decente donde definitivamente se institucionaliza el concepto desarrollado por el organismo desde 1999 y se lo impulsa más categóricamente.

En el portal de la OIT se sostiene que: “El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, retomando recomendaciones anteriores, aprueba en 2010 la Resolución N°64/136 que resalta la importancia de las cooperativas en el desarrollo social, reconociendo “que las cooperativas, en sus distintas formas, promueven la máxima participación posible de todas las personas en el desarrollo económico y social, (…) son cada vez más un factor clave del desarrollo económico y social y contribuyen a la erradicación de la pobreza (…) [y] la generación de empleo pleno y productivo y una mayor integración social”. (ONU A/RES/64/136, 2010). Por lo tanto, se reconoce a las cooperativas como una estructura de organización que permitiría garantizar el trabajo decente, al tiempo que impulsar el desarrollo social.

Nuestro país ha adherido a la Resolución N° 193 y al concepto de Trabajo Decente de la OIT y recomienda su aplicación en todas las políticas de generación de empleo y planes de desarrollo económico-social. El Decreto presidencial N° 75/2011 declara al 2011 como “Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”.Sin embargo, de la lectura de los Programas y Planes de generación de empleos vinculados con la formación o fomento de las cooperativas, el término “trabajo decente” sólo es mencionado por las políticas lanzadas por el MDS y de manera colateral.

Coraggio coincidiendo con la visión planteada por los organismos internacionales, pero agregándole mayor contenido, concluye: “postulamos que, aunque con innumerables obstáculos por ocurrir en el contexto de una economía-mundo capitalista, las formas de trabajo cooperativo, libremente asociado, tienen un gran potencial para comenzar a contrarrestar las fuerzas destructoras del capital si se constituyen en un subsistema abierto orgánicamente vinculado por lazos de intercambio, cooperación y solidaridad” (Coraggio, 2007:85).

Pero, si tenemos en cuenta que las cooperativas de trabajo se deben entrelazar en un espacio dominado por las empresas de tipo capitalista, se plantean grandes dilemas respecto a cómo sostener y sobrellevar los Principios y Valores del Cooperativismo global.

Basañes (2010) plantea algunos aspectos que diferenciarían a las cooperativas de trabajo del resto de las mismas. En primer lugar, son controladas democráticamente por sus asociados pero éstos, a su vez, son trabajadores cumpliendo un doble rol; el capital y el trabajo son aportados por cada uno de los asociados; por tanto, las tareas a desarrollar, las condiciones de trabajo, así como la remuneración son decisiones colectivas. Además señala, “en caso de que la cooperativa logre un excedente (una vez cubiertos todos sus costos, incluyendo la retribución al trabajo de los asociados) este será propiedad de sus asociados en forma proporcional al trabajo y/o al capital por ellos aportado” (Basañes, 2010; 2), puesto que el objetivo principal de una cooperativa de trabajo no es maximizar ganancias sino maximizar la retribución por lo trabajado.

De este modo, tratando de cumplir con los preceptos del cooperativismo y en un contexto de competencia de mercado con empresas que maximizan ganancias en detrimento de las condiciones de producción y redistribución, muchas de estas cooperativas entran en contradicción para poder continuar con sus actividades.

En contexto de crisis económica, las cooperativas de trabajo no se gestan con la motivación de aprovechar oportunidades para ejercer una actividad requerida socialmente, sino que se trata, mayoritariamente en nuestro país, de una reconversión de una empresa capitalista que -en quiebra o por vaciamiento- es abandonada por su/s dueño/s. Los empleados, condenados a un mercado de trabajo dominado por la estrechez y la precariedad, buscan el recurso de constituirse en cooperativistas para, mediante la ley de expropiación vigente, intentar conservar su fuente de trabajo.

Por lo tanto, las condiciones de trabajo y de remuneración de este tipo de cooperativas -que hemos llamado resilientes- son inferiores,en general, a la media pactada en los convenios de trabajo y paritarias de los diferentes sectores de la producción. De todos modos, acceden a doblegar los esfuerzos frente a la amenaza de desocupación o exclusión que encuentran en el mercado. Ex trabajadores, habituados a recibir órdenes a cambio de un salario, de pronto se ven en la situación de consensuar democráticamente -con principios y valores opuestos a los vivenciados- la producción, la paga y la redistribución del excedente, si lo hubiera.

A este tipo de cooperativas de trabajo se suman las generadas por las políticas públicas donde, como hemos visto, sus asociados también se encuentran en un ámbito desconocido de acción; requiere de orientación y capacitación permanente.

Ahora bien, como decíamos, toda cooperativa de trabajo -de acuerdo a su concepto- tiene la característica del ‘asociado en un doble rol’: por un lado, determina las decisiones del proceso productivo, condiciones de intercambio y retribución o retorno y, por el otro, es quien ejecuta el trabajo transformador. Es patrón y obrero a un mismo tiempo, por así decirlo. Por lo tanto, asociado a la propiedad colectiva de los medios e insumos de producción y copartícipe de las decisiones de producción, deberían quedar superadas las relaciones de propiedad privada y las relaciones de explotación, puesto que los bienes corresponden a la cooperativa y las condiciones de producción son tomadas y ejecutadas mediante procesos voluntarios y democráticos.

La fuerza transformadora del trabajo también es un bien colectivo.Cuando hablamos de cooperativas, no podemos relacionar al asociado -cuando éste aplica trabajo en la producción de un bien o un servicio- con una relación salarial; sino que se trata de un retorno o adelanto de reparto del excedente futuro. La resolución N° 247/09 del INAES  establece que “en las cooperativas de trabajo la contraprestación otorgada a los asociados por los servicios prestados durante el ejercicio, constituyen un componente del costo del servicio prestado”.

Tal como indica Basañes, “la retribución que reciben los asociados no es el saldo que le queda a la cooperativa después de cubiertos todos sus costos: es el derecho que tienen los asociados a cobrar por el trabajo entregado a la cooperativa en las condiciones que ella ha establecido. (…) El costo del trabajo aportado por los asociados es, precisamente, un costo, y como tal debe formar parte de las actividades de planificación y gestión del negocio cooperativo” (Basañes, 2010: 6).

En las cooperativas de trabajo es necesario diferenciar, por ende, la retribución al trabajo desempeñado por los asociados del excedente que pudiese dar el capital aportado -recordemos que un asociado aporta un capital inicial para obtener los derechos a constituirse como tal-; excedente que, en caso de acontecer, es pasible de redistribución finalizado el ejercicio en curso. En las cooperativas generadas por las políticas públicas el adelanto o anticipo de retorno que reciben mensualmente es un monto fijo, común a todos los asociados de todas las cooperativas sin distinción y preestablecido por el Estado que lo subsidia; y que no se regula en función del excedente futuro puesto que no lo habrá mientras la cooperativa solo ejecute una obra predeterminada por el Estado, sea municipal o nacional. En estos casos, se fija un monto de retorno que no sólo incluye el trabajo aplicado por el asociado sino también su presentismo y capacitación.

A finales del 2014, el Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil era de $4.400 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo. En cambio, en la misma fecha, los cooperativistas recibían en el mejor de los casos, un total de $2.600 mensuales compuestos por $1.200 como anticipo de retorno, $800 por presentismo y $600 por productividad. La jornada es completa puesto que se considera a la capacitación como parte de las tareas diarias de 8 horas, pudiendo variar las proporciones de acuerdo a la evolución de cada cooperativa. De tal modo, el puesto de empleo creado mediante las cooperativas en construcción tiene la característica de ser valorizado con menos del 60% de un salario mínimo, socialmente establecido y, aprobado por el mismo Estado.

La redistribución y el excedente son resultantes de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de acuerdo a la OIT. “Las CyMAT son objeto de disputa entre el capital y los trabajadores. Las CyMAT vigentes son resultado de la lucha de clases” (Basañes, 2010: 18). Es de larga data y ardua la disputa sostenida por los trabajadores -con avances y retrocesos- con el capital; más allá de las mejoras salariales, se discute extensión de la jornada de trabajo y las condiciones de higiene y seguridad. La correlación de fuerzas ha derivado en avances y en retrocesos de acuerdo a las circunstancias históricas.

Este espacio de discusión se ha desarrollado en el campo de la economía capitalista, entre las corporaciones empresarias y los sindicatos. Lo que Marx, llamó relaciones sociales de producción. En nuestro país las cooperativas resilientes surgieron hacia los años ’70 pueden ser parte de estos ejemplos, sobre todo en la rama metalmecánica y, en mayor número, resurgen con la hegemonía del modelo neoliberal de los años noventa y sus drásticas consecuencias decantadas en la crisis de diciembre de 2001. Es decir, aparecen durante una situación histórica más de subsistencia que de disputa de derechos. Las empresas recuperadas por sus ex-trabajadores, en la mayoría de los casos, tuvieron que asumir una producción sin recursos, sin tecnología actualizada, con dificultades de imponer su producto en el mercado y en competencia con empresas privadas que ajustaron las CyMAT para acentuar sus ganancias.

¿Cómo podemos medir el éxito en las políticas tendientes a mejorar las condiciones socioeconómicas?; lo mismo sucede con la creación de puestos de trabajo, puede que crezcan numéricamente, pero ¿cuál es la calidad de los mismos?, ¿respetan las condiciones laborales medias de la población?, ¿permiten salir de las condiciones de pobreza y exclusión?

Las políticas socioproductivas de inclusión aplicadas por el Gobierno Nacional en esta última década, consiguen -a nuestro entender- logros acotados respecto a la intención de incluir a los sectores excluidos del mundo del trabajo tras a la crisis del modelo neoliberal de los ’90.

Puede que el progreso económico sea un pequeño paso antes que nada; pero dado respecto a la integración, a la participación, al aprendizaje y a la autoestima de sentirse parte de la construcción de actividades aplicadas al bienestar comunitario; hay pocas herramientas objetivas que podemos analizar.No se trataron de políticas universales; no abarcaron a toda la población que cumplía los requisitos para poder constituirse en beneficiarios. No todos tuvieron acceso ni las mismas posibilidades. Dependerían del Municipio de residencia y su vinculación con el Gobierno Nacional o de las partidas presupuestarias en suerte, entre otras razones.

Lo Vuolo (2010) es contundente respecto a las críticas efectuadas a las políticas socioproductivas implementadas por el Estado y, en especial, fundamenta su crítica en el Programa ‘Argentina Trabaja’:“Desde el lanzamiento del llamado “Programa de Ingreso Social con Trabajo” (conocido como ‘Argentina Trabaja’) se suceden las controversias públicas en torno al mismo. En particular, el programa es fuertemente cuestionado por la discrecionalidad aplicada en la distribución de sus beneficios y su consiguiente uso como instrumento para conseguir lealtades político-partidarias. (…) no parece cuestionarse con el mismo énfasis la estrategia que el programa corporiza en relación con los acuciantes problemas sociales del país. (…) las reglas operativas del programa corporizan un modo de regulación de la cuestión social en el país que hace tiempo viene demostrando ser inadecuado e ineficaz (…). Por un lado, la visión “modernista-tecnocrática” entiende que las personas afectadas por el desempleo, la pobreza y la marginalidad padecen una suerte de enfermedad que hay que tratar con remedios especiales para evitar que no infecte al cuerpo social sano. Estos remedios se expresan en múltiples y diversos programas que pretenden promover las “potenciales” capacidades de esas personas como trabajadores y productores, obligándolas a emplearse en ocupaciones seleccionadas por el Estado; esta sería una especie de sala de espera transitoria hasta que el crecimiento económico y el mercado laboral esté en condiciones de emplearlas de manera normal. Esta visión se combina con otra de carácter “asistencial-represivo” que incorpora a los programas elementos de asistencia solidaria, reeducación y sanción con dos objetivos complementarios: i) evitar el peligro de disrupción social que representa la marginalidad; ii) discriminar entre los “malos” que no aceptan subordinarse a este modo de regulación y los “buenos” que sí lo hacen.” (Lo Vuolo, 2010:2-3)

Gabriel Kessler (2014) analiza diversos indicadores sociales y su evolución durante la década 2003-2013 en comparación con la anterior, en sus conclusiones respecto a la distribución del ingreso y el trabajo en Argentina señala:

“En un contexto de creación de empleo y de extensión de coberturas sociales, mejoraron las condiciones de vida de los asalariados registrados y disminuyo la desigualdad entre ellos”…[sin embargo presenta cuatro controversias que dice ser coincidentes entre los investigadores de la temática] “La primera se vincula con la mirada desde la distribución funcional del ingreso, es decir, la apropiación diferencial entre capital y asalariados, que, pese a las mejoras recientes, según algunos autores, no encuentran un quiebre de la tendencia de largo plazo al deterioro del salario real y la apropiación de las ganancias por productividad por parte del capital. La segunda tiene que ver con los trabajos que afirman el mantenimiento o el incremento de las brechas salariales entre los trabajadores protegidos y los no protegidos. (…) En tercer lugar, la inflación es un factor central que cuestiona las mejoras aparentes (…) Por último, el punto de debate más álgido por sus implicancias políticas y sociales es la hipótesis de la heterogeneidad estructural. Los trabajos que sostienen este argumento señalan el incremento de un polo marginal que ha crecido en paralelo a la mejora de los trabajadores protegidos. A diferencia de un modelo de crecimiento inclusivo, se esboza uno polarizado entre las mejoras de un sector de trabajadores y la exclusión creciente de otro” (Kessler, 2014:109-111)

En este escenario, es donde las nuevas cooperativas creadas desde las políticas públicas deben encontrar su continuidad. En una economía global en crisis que desde 2008 ha desacelerado la creación de empleo. El trabajo precario o no registrado no fue legalizado en su totalidad, muchos autores -como Lindemboin  (2015) y el propio Kessler (2014)- coinciden, éste ha crecido dentro de una economía marginal y con condiciones de explotación más agudas. La producción en talleres clandestinos y la venta en la vía pública denotan a simple vista su crecimiento.

Asimismo en muchas ocasiones, las cooperativas de trabajo se ven obligadas a vulnerar las CyMAT (jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, licencias por vacaciones, por maternidad, por enfermedad, etc.) para seguir produciendo. Es decir, contradice sus propios principios de equidad para ‘continuar viva’.

Dichas circunstancias hacen que las Federaciones de Cooperativas de Trabajo en nuestro país, con escaso apoyo del sindicalismo formal, sostengan el reclamo ante el Poder Legislativo para que apruebe una legislación acorde y que contemple las particularidades de las cooperativas de trabajo, que las ayude a equipararse y mantener condiciones de trabajo y salarial por debajo de las pautadas en el sector privado.

Por otro lado, “Respecto de la cobertura en salud y los aportes jubilatorios, podemos afirmar que si bien la inscripción de los cooperativistas en el monotributo social resulta un importante avance de la registración del trabajo y mejora las condiciones laborales, las protecciones que brinda son insuficientes para cumplir con los requerimientos de un trabajo decente en términos establecidos por la OIT” (Hopp y Frega, 2012: 79)

El asociado a las cooperativas de trabajo se encuentra con las dificultades de todo monotributista social. Las prestaciones del Programa Ingreso Social con Trabajo en teoría cuenta con una cobertura del 100% en Obra Social que incluye al monotributista y a su grupo familiar; sin embargo, en la práctica la Cobertura Médica Obligatoria es limitada y muchos servicios, estudios o internaciones y prácticas son negada por el bajo ingreso aportado en relación a los efectuados por los empleados no monotributistas, por lo tanto quedan excluidos de determinadas prestaciones o deben pagar un plus.

Lo mismo sucede respecto a las jubilaciones, la única posibilidad de obtenerla es bajo la modalidad de percepción del haber mínimo. Muchas cooperativas de trabajo que, teniendo la posibilidad de incrementar su producción e ingresos para sus trabajadores asociados, se encuentran en el dilema que, si aumentasen su haber, pierden los requisitos para el cobro de la Asignación Universal por Hijo, con lo cual quedan reducidos sus ingresos totales entre ésta asignación más el ingreso recibido por el Plan “Argentina Trabaja” o similar. Finalmente, sumar trabajos por fuera de los específicos de la política de inclusión, los vuelve a excluir ya que apenas superados los límites mínimos de un monotributista social, alcanzan temporariamente otra categoría tributaria que requiere de un pago mensual superior, por lo tanto, erosionando toda posible mejora de ingresos.

Es menester considerar un régimen especial jubilatorio que contemple las problemáticas de las cooperativas resilientes y las en construcción, permitiendo una adecuada respuesta a una situación económica social que ha atravesado a varias generaciones de trabajadores. Es valioso, por un lado, sumarlos al régimen de trabajo registrado pero para promover no para limitar sus aspiraciones de crecimiento cuando ellas son posibles. Lamentablemente, algunas evaluaciones no son optimistas: “En pocas palabras, el incremento de la desigualdad ha sido menos persistente de lo que muchos suponíamos; pero su contracara también parece cierta: la recuperación posterior quizás sea menos estable de lo que desearíamos” (Kessler, 2014: 113). Algunos analistas encuentran un tope a la posibilidad de continuar creciendo y mejorar las condiciones en que se encuentran las cooperativas de trabajo a mediados de 2015.

Teniendo en cuenta este contexto la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra), en 2012, elaboró y presentó en el Parlamento un anteproyecto de Ley de Cooperativas de Trabajo -el cual nunca logró su tratamiento-buscando consolidar y dar mayor seguridad jurídica a las cooperativas (en construcción y resilientes) creadas o sostenidas por las políticas estatalesteniendo en cuenta que, -ya agrupadas en Federaciones- son representativas en cuanto a número y como alternativa de organización productiva. Para ello, definen su perfil y plantean la necesidad de mayor autonomía. Colectivamente, buscan encontrar soluciones a los problemas que hemos planteado anteriormente. Su primer artículo decía: “Art. 1° La cooperativa de trabajo tiene como objetivo social único brindar trabajo a sus asociados, para ello podrá producir bienes y servicios, mediante el trabajo personal de sus asociados, quienes conjuntamente asumen el riesgo” (Feccotra, 2012). Se busca mayor independencia de las políticas gubernamentales, consolidando una ley que, en el caso de aprobarse, las cooperativas en construcción tendrían la opción de generar su propio excedente y asimilarse a las resilientes en cuanto a su organización y determinación.

Por otro lado, proponen: “Art. 15° A efecto de los regímenes provisionales los asociados de las cooperativas de trabajo serán considerados trabajadores autónomos. Sin embargo, por resolución de la asamblea, podrán decidir la continuación o permanencia en el régimen de los trabajadores dependientes de la misma actividad. En todos los casos, la cooperativa será agente de retención de los aportes de los asociados y responsable de su pago en término” (Feccotra, 2012). Este artículo es relevante en tanto a que no hace mención al Monotributo Social, condición que actualmente el Estado exige para integrarse a una cooperativa impulsada por sus políticas, siendo también su agente de retención. Al asociado se lo equipara a un trabajador autónomo, de modo que el valor de su trabajo quedaría regido por el régimen del salario mínimo y vital a la hora de establecer el monto equivalente a su tarea y, a su vez, abre la opción de regirse por los convenios salariales de los trabajadores dependientes en el mismo rubro. De este modo, se aspira a una mayor equiparación salarial entre trabajadores de un mismo sector y/o evitar recibir valores menores a los mínimos socialmente establecidos.

Así se evitaría, a su vez, el uso frecuente de creación de seudo-cooperativas por parte de ciertos empresarios para evadir impuestos y pagar salarios por debajo de los establecidos por los convenios sectoriales. Tal es el caso de cooperativas textiles o de procesamiento de pescado fresco, permanentemente denunciadas.

Para frenar los abusos en la paga por el uso de la mano de obra se propone: “Art. 27°. Las cooperativas de trabajo deberán asegurar a sus asociados una retribución de trabajo no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil” (Feccotra, 2012), quedando eximidas sólo en casos extraordinarios. Por lo tanto, las cooperativas en construcción, quedarían fuera de esta posibilidad de exención y el Estado debe asumir la responsabilidad de generar políticas que respeten los derechos a los que, por otro lado, adhiere como en el caso de trabajo decente propuesto por la OIT.

Finalmente, para darle continuidad y desarrollo autónomo a dichas cooperativas, el Proyecto de Ley propició resguardar el derecho de: “Art. 34 (…) b) de continuidad laboral de las cooperativas emergentes de políticas públicas que brindan servicios al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sujeto a la demostrada capacidad de brindar dichos servicios y a su capacidad para garantizar condiciones de trabajo dignas (…) e) de ser priorizada la contratación de sus cooperativas por el Estado (…) g) de ser priorizado el acceso por parte de sus cooperativas a todas las políticas públicas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas” (Feccotra, 2012)

De este modo, se estaría dando la responsabilidad al Estado de no solo generar puestos de trabajo dignos sino de consolidarlos, al tiempo que privilegia a las cooperativas por encima de las empresas privadas en todas sus reparticiones. De este modo, sí se estaría promoviendo al sistema cooperativo como alternativo al capitalista. Al menos dando un paso hacia un cambio que implique, a su vez, que todas las dependencias y las políticas públicas del Estado privilegien efectivamente “otra economía”, otra forma de producción y de redistribución.

¿Son las cooperativas -per se- una herramienta de equidad que cambia las condiciones de vulnerabilidad sociolaboral?

A lo largo de nuestro análisis, hemos efectuado algunas conclusiones preliminares lo que nos ha permitidoobservar cómo quedaron conformadas las cooperativas impulsadas por las políticas públicas y su comparación con el concepto de cooperativa reconocido por el Movimiento Cooperativo Internacional.

¿La promoción de cooperativas por parte del Estado alcanza el objetivo propuesto de reinserción social de los sectores vulnerables? Debemos decir que es difícil establecer la influencia que tendrían las cooperativas de trabajo, generadas por los diversos Planes y Programas en estos últimos años, respecto a la generación de empleo y como mecanismo de transferencia de recursos que permitan la inclusión de determinados sectores sociales excluidos del mercado del trabajo. Dentro de la estructura social, y más específicamente en el mercado de trabajo, son muchas las variables que confluyen en dicho espacio.

Luego de la crisis de 2001, transcurridos algunos años, Argentina recupera su economía aprovechando determinadas ventajas competitivas en el mercado global de intercambio comercial. El alza de los precios de los commoditis agropecuarios y la apertura al turismo y consumo internacional, reactivaron el mercado formal generando un superávit económico extraordinario. Ello permitió que parte de dicho recurso presupuestario se volcase a los sectores más vulnerables.

 “En momentos de expansión económica se incrementaba la demanda de fuerza de trabajo, lo cual implicaba la creación de ocupaciones en los sectores más integrados de las economías, la reducción de la informalidad o la subocupación, y la recuperación de los niveles salariales. Por el contrario, los momentos de crisis erosionaban estos logros, al mismo tiempo que los periodos de inflación impactaban de un modo muy nocivo en los ingresos de las personas” (López, 2005: 20)

Efectivamente, crecen los puestos de trabajo tanto en el mercado formal como en el informal; las cooperativas de trabajo generadas desde el Estado nacen en una formalidad caracterizada por el Monotributo Social pero quedan distantes de los niveles de recuperación salarial que se evidenciaron en los sectores formales de la economía. Hasta el momento, no se observa que las mismas tengan una vinculación con el mercado formal de la economía, sino que permanecen bajo la tutela estatal, por tanto, su continuidad dependerá de estas partidas presupuestarias destinadas a darles sustento y a la voluntad política.

Por un lado, el impacto de las políticas sociales queda impedido de cotejarse, desde nuestro punto de vista, por la carencia de mediciones de índices estadísticos confiables[5]  y son escasos o nulos los informes de evaluaciones -al menos publicados- que el propio Estado realizó de las políticas implementadas. Las Universidades o entidades científicasno han dado a conocer informes o evaluaciones exhaustivas; aún aquellos con los que se habían realizado convenios para tales fines.

Por otro lado, se anunció y publicitó la generación de nuevas fuentes de trabajo pero no se registra su continuidad y su evolución. Así sucede con el Censo de Cooperativas del INAES como hemos ya señalado; por tanto, desconocemos la influencia que las políticas generadoras de cooperativas pudiesen tener respecto a los indicadores de desocupación y pobreza; quedaron sin posibilidades de cotejarse al menos cuantitativamente.

De todos modos, las cooperativas en construcción, aunque se inician desde 2004, tienen un espacio limitado dentro del sector de nuevos empleos. Algunas ya venían funcionando en el sector informal y alcanzaron su matrícula con los acuerdos firmados con el Plan “Manos a la Obra” -hablamos de las cooperativas sociales previas al 2004 y bajo iniciativa popular para sobrevivir a la crisis de fines de los ’90-; las posteriores, dada la necesidad de una capacitación mayor a la planificada o por las dificultades planteadas en los Municipios, podríamos decir que recién comienzan a producir o a consolidarse desde el año 2013/14, es decir, al límite del periodo tomado para nuestro análisis pero, se las observa con dificultades de apropiarse de sus propios proyectos, de proyectarse en una actividad futura y sin el apoyo y asesoramiento externo sea estatal o del movimiento cooperativo. Se contabilizó a cada “asociado” como un nuevo puesto de trabajo pero, la realidad nos demuestra que las políticas derivaron más en la capacitación y contención que en efectivos empleos productivos.

Es decir, la fuente de trabajo en si misma persiste vulnerable. Notamos que, estas cooperativas, quedan doblemente expuestas; por un lado, a la coyuntura económica general del país que permite o no generar superávit o recursos suficientes y, por otro lado, a la coyuntura política gubernamental, es decir, que exista la voluntad política de transferir ingresos hacia los sectores marginales.

De acuerdo a lo observado, en cuanto a las políticas desarrolladas en los diversos Ministerios, el Estado Nacional no aplicó un único criterio a la hora de brindar oportunidades de trabajo o de generarlo. Por ejemplo, el Ministerio de Economía impulsó prioritariamente a las PyMEs o los microemprendimientos, quedando el apoyo a las cooperativas casi exclusivamente circunscripto al Ministerio de Desarrollo Social y, en parte, al Ministerio de Trabajo. Es decir, relegadas a las políticas de desarrollo social más que a las de desarrollo económico.

El circuito de la economía formal se nutre con las instituciones propias del capitalismo y habilitó la existencia de un circuito paralelo o subordinado en manos de políticas de sostén social, que no tuvo injerencia en el mercado e imposibilitado de motorizar un nuevo paradigma productivo.

A nuestro criterio, las cooperativas en construcción y resilientescontinuarán así más allá de los buenos propósitos en impulsarlas, en tanto no operen en el eje central de la economía; actualmente están en un circuito paralelo, marginal.Los sectores marginales no fueron priorizados en las licitaciones de obras de gran envergadura, generadoras de ganancia; solo fueron subsidiados para realizar tareas de mejoramiento local que no generan renta ni interés en el mercado.

Nos inclinamos a concluir que, estas medidas de inserción desde una propuesta cooperativa, fueron paliativos por parte del Estado que auxilió a los sectores que el mercado relega, tratando de incluirlos socialmente y reactivando oportunidades pero sin cuestionar el sistema formal de la economía que toma de la sociedad solo lo estrictamente necesario para producir bajo las relaciones de explotación y de propiedad del capitalismo.

Crítico al respecto, Lo Vuolo concluye al analizar el Programa “Argentina Trabaja”: “…Su particularidad es que obliga a los beneficiarios a “auto-organizarse” en cuadrillas llamadas “cooperativas de trabajo” para la realización de obras y servicios públicos establecidas por el Estado (…) La información disponible con respecto al diseño y funcionamiento del programa Argentina Trabaja es escasa, imprecisa y dificulta enormemente la evaluación técnica de su diseño.(…) Lo expuesto hasta aquí indica que es muy difícil no catalogar al programa Argentina Trabaja como un programa asistencial más de empleo “forzado”, que además potencia su carácter discriminador por el bajo número de beneficiarios en relación con los problemas que busca atender. Pese al uso del término “anticipo de excedente” para designar la remuneración que perciben los beneficiarios, lo cierto es que la figura de estas supuestas cooperativas de trabajo oculta la presencia de una relación asalariada entre los beneficiarios y el Estado que es el que fija las reglas del contrato laboral” (Lo Vuolo, 2010: 4-8)

Las cooperativas englobadas en este contexto son compatibles al sistema capitalista, puesto que contienen al conflicto social y sus consecuencias negativas. El Estado opera sobre aquello que el mercado descarta y los asocia a un modelo, que nace alternativo, pero que lo sostiene relegado a un plano secundario y restringido solo a los sectores vulnerables, no fue estimulado como recurso para toda la sociedad en su conjunto.

Ahora bien, iniciado el camino hacia la capacitación tanto laboral como de instrucción formal requerida por los sectores vulnerables -a las que no han tenido acceso por décadas- y sumando a ello, una incipiente visión cooperativista como recurso de reproducción de vida, creemos que no debemos desvalorizar o desaprovechar este pequeño paso hacia el largo camino de una alternativa superadora a lo emergente.

La alternativa no es impulsada por el Estado de manera prioritaria pero puede estar reiniciando, en la medida que se sostengan las cooperativas vigentes y la capacitación, aquella forma de pensar lo económico traída por los inmigrantes de una Europa expulsora de mediados y fines de siglo XIX. Un modelo donde lo producido y la distribución sean más equitativos y donde, no sólo se lo pensaba centrado en los sectores vulnerables sino en el conjunto de la clase trabajadora. Para ello, obviamente, se deberá superar la generación de cooperativas con esquemas que reproducen las relaciones de explotación y de propiedad, donde el empresario queda reemplazado por el Estado. Ello será cuando los asociados tengan en sus manos el destino de su cooperativa y se proyecten socialmente desde la misma; cuando, a su vez, tengan el mismo status o se las privilegie por sobre las pymes o las grandes empresas.

El camino no es la cooperativa utilizada políticamente por el Intendente o el Ministro de turno; una cáscara o fachada que encubre relaciones de desigualdad e inequidad. Cooperativas que encubren trabajo socialmente valioso a bajo costo, con asociados relegados a realizar tareas sin tomar decisiones y comprender el fenómeno en donde está inmerso. Si así se intentó formar cooperativas, el objetivo no fue cumplido.

Por otro lado, en contraste con las cooperativas convencionales, las cooperativas en construcción también resultan marginales; para muchos sectores cooperativistas ni siquiera son reconocidas como tales; en  el mejor de los casos se las admiten como seudo cooperativas. Resaltan el principio de la voluntad de los asociados por constituirse en cooperativa y la autonomía y autodeterminación de sus actividades, las cooperativas en construcción estarían en un estadio previo; se las cuestiona en cuando que “cooperativas”, reproducen la lógica de subordinación del capitalismo y la dependencia a la voluntad política.

“Las cooperativas de trabajo procuran lograr una forma superior de la organización del trabajo, surgiendo desde el seno del pueblo, siendo la antítesis de propuestas asistencialistas, prebendarias y clientelistas. Los gobiernos deben apoyarlas para combatir con éxito la desocupación y la pobreza. Ese apoyo puede ser crediticio, de educación y capacitación cooperativa, de adjudicación en igualdad de condiciones con la empresa lucrativa, de trabajos de obras o provisión de servicios, etc.El anuncio realizado por la Presidenta está concebido en la idea de generar puestos de trabajo subordinado, en relación de dependencia, contratado y remunerado por los intendentes del conurbano bonaerense, con fondos aportados por el gobierno nacional. Esa modalidad difiere sustancialmente del trabajo asociado, autogestionado, que caracteriza al cooperativismo de trabajo”  (Polino, 2009)

Retomando las nociones de Marx acerca de cómo están constituidas las relaciones de producción, en cuanto a las relaciones de explotación, el solo hecho de obtener una paga inferior a un salario mínimo del sector formal bastaría para demostrarlo. Asimismo, las tareas son asignadas en función de las necesidades del Municipio o la institución que requiere de sus servicios y por el capataz o capacitador. Quién emplea la fuerza de trabajo se mantiene en la categoría subordinada de aprendiz que solo logrará superarla en tanto el núcleo de asociados tome en sus manos a la cooperativa. Actualmente su participación depende del capataz o del puntero, del capacitador o el gestor que toman el rol del patrón.

Si nos referimos a las relaciones de propiedad, el Estado entrega a las cooperativas un kit  que luego pasa a ser parte de su capital inicial y subsidia el pago de la mano de obra de los asociados, pero no lo hace depositando los fondos en una cuenta perteneciente a la cooperativa para que la misma luego resuelva qué y a quienes otorgar los anticipos de excedente en Asamblea, sino que es depositado en cuentas bancarias individuales a cada destinatario, quedando ajena la cooperativa de toda decisión al respecto.

“(…) el llamado “anticipo de excedente”, no puede definirse ni como salario ni como el retiro fruto del trabajo de una cooperativa genuinamente autogestionada. En este sentido, podemos afirmar que el ingreso que perciben los destinatarios del Programa [en referencia al Argentina Trabaja] se asemeja al “clásico” subsidio otorgado por los planes asistenciales” (Hopp y Frega, 2012: 79)

Como hemos ya desarrollado, la paga recibida por los asociados no equivale siquiera a un salario mínimo vital, por lo tanto, el trabajo no los redime de su situación de pobreza. Tampoco las condiciones de trabajo y de seguridad social les permiten cambiar de categoría, siguen perteneciendo al escalón más bajo en referencia al Sistema de Seguridad Social y al Sistema Previsional. Haberes menores a los mínimos, prestaciones mínimas, futuras jubilaciones mínimas. Pensar que con el solo hecho de trabajar la persona resuelve sus necesidades es insuficiente. Crear puestos de trabajo precarizado para disminuir los indicadores de desempleo también resulta una “falsa mejoría” en las condiciones de vida. Se debería focalizar en la calidad del empleo que se genera y sus posibilidades de movilidad social.

“En el proceso de implementación del Programa con Ingreso social con Trabajo, se materializa la tensión planteada entre trabajo y asistencia. En las experiencias cooperativas relevadas, se manifiesta concretamente en: A) el modo en que se constituyen las cooperativas y la forma de pago del subsidio. B) la organización cotidiana de las tareas que realizan y las condiciones laborales. Ambas tienen como consecuencia c) las dificultades materiales y simbólicas para sostener la cooperativa en tanto alternativa laboral decente”. (Hopp y Frega, 2012)

El empleo no es exclusivamente productivo, consiste-en un alto porcentaje- de capacitación. La capacitación sobre cooperativismo y para ejercer un oficio pero, fundamentalmente, la capacitación formal educativa de la que fueron relegados por décadas. Entonces, en el caso de las políticas socioproductivas implementadas por el Estado, particularmente las que impulsaron la formación de cooperativas, la inserción no está dada desde el trabajo colectivo como fue propuesta sino por otros canales.

Consideramos que el hecho de que un grupo de cooperativas en construcción sean capacitadas y asistidas por Federaciones de Cooperativas de Trabajo, es un paso trascendente al respecto puesto que, éstas, transmiten sus experiencias y las contienen en un marco y estrategia de consolidación más afín a las propias del movimiento cooperativo. Las insertan en un espacio que trasciende el de su propio territorio. Se busca evitar así la débil circunstancia en la que fueron creadas, es decir, dependientes de los aportes estatales en un período de cierta abundancia presupuestaria y de la voluntad de ejecución en este tipo de políticas, aun en forma discrecional.

Lo consideramos relevante, sobre todos, puesto que existen otras posturas que directamente consideran que las cooperativas de trabajo generadas desde el Estado encubren el asistencialismo y no crean empleos genuinos: “Las cooperativas de trabajo constituyen una figura jurídica que ha generado grandes controversias debido a su uso fraudulento para encubrir relaciones laborales. A pesar de estos antecedentes, en los últimos años ha adquirido un notable protagonismo por parte de los programas asistenciales. Un acabado ejemplo lo constituye el Plan Argentina Trabaja, en el que las cooperativas son en la mayoría de los casos una fachada que incentiva viejas prácticas de clientelismo. Para resolver la pobreza es necesario generar empleos genuinos y en este sentido es clave avanzar en la modernización de la legislación laboral, contemplando un estatuto especial para las pequeñas empresas” (UCA, 2011: 1)

Dicho informe, directamente desestima a las cooperativas como forma de asociación para la generación de empleo ypropone cambiar de estrategia. Estos párrafos ilustrarían la visión que el actual gobierno presidido por Mauricio Macri posee sobre las cooperativas generadas por el Ministerio de Desarrollo anterior. Hasta el momento se sostienen a las cooperativas heredadas y que lograron subsistir, entendemos que con el propósito de no acentuar el conflicto social y no profundizar la precariedad sociolaboral establecida, pero no se han generado nuevos emprendimientos cooperativos. La salida de la crisis del mercado de trabajo solo la visualizan, tal como numerosamente lo han manifestado, mediante la inversión de capitales y generación de empleo privado.

“La masividad de hogares con problemas de bajos ingresos responde a factores estructurales asociados con la baja acumulación de capital humano y la insuficiencia de empleos que se ajusten a sus limitadas capacidades. Sin una adecuada formación para el trabajo son bajas las probabilidades de conseguir empleo de calidad. Con bajos ingresos, la pobreza y la indigencia se masifican y las políticas públicas quedan entrampadas en los vicios del asistencialismo. (…) La conformación de cooperativas de trabajo no es la solución al masivo problema de empleo y pobreza (…) tanto o más importante aún es facilitar por la misma vía la posibilidad de que las empresas más pequeñas -que hoy son informales en su mayoría- se integren a los procesos comerciales de las empresas más grandes y dinámicas y para eso es fundamental contar con una institucionalidad laboral, tributaria y de la seguridad social especial para los pequeños emprendimientos.Con este tipo de reformas estructurales es posible resolver de manera genuina y sostenible el grueso de los problemas sociales. El remanente, integrado por personas con limitaciones agudas, es el que se debe atender de manera marginal con programas asistenciales” (UCA, 2011:3-4)

Dicho párrafo que parece la antítesis a los planteos de las políticas socioproductivas desarrolladas desde el MDS del gobierno anterior, sin embargo no eran disonantes para el Ministerio de Economía de entonces de acuerdo a las acciones ejercidas. Como hemos visto, desde el Mecon las políticas fueron tendientes a sostener un modelo de producción capitalista al tiempo que desde el MDS se proponía una forma de producción alternativa pero sin que ésta logre ocupar espacios propios del escenario económico hegemónico. Así, vuelven a nuestra mente las palabras de Bobbio, en tanto que, la función principal del Estado Nacional es la de sostener el modelo capitalista que lo ha generado.

La política de generación de empleo -más allá del signo político- se vislumbra bajo la conformación de pequeños grupos, organizados del mismo modo que cualquier empresa del capitalismo y dependiente de empresas más grandes, las cuales determinan la actividad de éstos de acuerdo a sus necesidades. Por tanto, queda desdibujada la propuesta de un desarrollo local y se refuerza la idea de un desarrollo signado por el mercado y a su ritmo de oportunidades. 

Nos parece necesario, y así lo ha entendido quienes han planteado teóricamente las políticas socioproductivas de generación de empleo desde la conformación de cooperativas, que debería iniciarse un modelo más complejo para la inclusión. Las carencias son tantas que se requiere de políticas previas como lo es la alfabetización y educación formal, la capacitación en oficios, la resolución de problemas de identificación, de salud, de violencia familiar, etc. Carencias todas que limitan la posibilidad de adquirir la autoestima y confianza suficiente como para vislumbrar posibilidades y alternativas de bienestar.

Pero las cooperativas deben generarse -y así lo define el propio INAES- con las características que quedaron acordadas por el ACI[6], no transformarlas en seudo-modelos que distorsionan sus Principios y Valores. Por eso entendemos que los acuerdos alcanzados con las Federaciones Cooperativas o con la Comisión Nacional de Cooperativas de Trabajo, así como otras instituciones vinculadas al movimiento cooperativo de Argentina posibilitarían el sostén necesario para dar continuidad a las cooperativas gestadas por el Estado; es la manera de consolidarse y adquirir la independencia necesaria para su autodeterminación y para ser conducidas por la toma de decisiones de sus propios asociados que, voluntariamente, manifiesten permanecer en ellas y construir un proyecto común con sus pares.

Rescatamos los avances que hacia este camino se han dado con el Programa Ingreso Social con Trabajo-Capacitación con Obra y el Programa Ingreso Social con Trabajo “Ellas Hacen”, puesto que superan las propuestas del Plan “Manos a la Obra” y a las primeras instancias del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” en cuanto a las cualidades que hemos mencionado; sabiendo que resta mucho camino por recorrer.

Los fondos invertidos en este tipo de políticas que apostaron a la conformación de cooperativas para generar trabajo, más allá de las críticas que puedan hacerse respecto al modo de gestionarse y lo resultante -si son o no cooperativas genuinas-, creemos que deben ser aprovechados de manera que sean fructíferos al movimiento cooperativo global; la continuidad de estas experiencias deben ser sostenidas y defendidas; perfeccionadas notablemente y adecuadas al modelo de cooperativismo que resulte del debate entre sus miembros.

Las cooperativas generadas por decisión estatal, ¿son cooperativas?, definitivamente, no. Pero si, embriones. ¿Debilitan al movimiento cooperativo al desvirtuar sus Valores y Principios? Algunos creen que sí al adoptar un formato que generaría confusión entre las personas que desconocen las posibilidades de constituirse en cooperativa. Pero, dicho sea de paso, el movimiento cooperativo convencional también cuenta con ejemplos de cooperativas que no funcionan como tales, en el sentido estricto del concepto consensuado en la ACI, y permanentemente está en discusión la extralimitación de los Valores y Principios. De modo que, se hace necesario un espacio de encuentro y de lucha común para sostener dicha visión de reproducción de la vida económico-social. Retroalimentarse como experiencias en marcha, sostenerse y transferir conocimientos y puntos de coincidencias.

El movimiento cooperativo argentino parece bregar en aunar voluntades y fortalecerse, así es como quedó consensuado en el Congreso Argentino de las Cooperativas  (CAC 2012), realizado el 6 y 7 de septiembre de 2012 en la Ciudad de Rosario, donde todos los sectores adhirieron a la propuesta de Naciones Unidas que declaró al 2012 como Año Internacional de las Cooperativas. Al mes siguiente la ACI Regional-América, tomando las propuestas de Argentina y otros países vecinos, promueve en la Asamblea General Extraordinaria de la ACI celebrada en Manchester, la construcción de un Plan Estratégico común destinado a favorecer la expansión sostenida del modelo cooperativo basándose en que: “…a partir de sus valores y sus principios, ha construido un modelo empresarial que ha permitido a trabajadores, consumidores, ahorristas, usuarios y pequeños empresarios rurales y urbanos disputar el control de la economía a los actores de mayor poder económico (…) Ello requiere ser eficaces y éticos en la construcción de caminos y herramientas para aumentar el nivel de participación y mejorar los sistemas de gestión, consolidar en cada ámbito de nuestras sociedades a las cooperativas como constructoras de sostenibilidad, consolidar el mensaje e identidad cooperativa, mejorar los marcos jurídicos, fortalecer la incorporación de capital a nuestras empresas y promover la educación cooperativa y la consolidación de redes de comunicación que disputen el necesario espacio de nuestro mensaje frente a los medios de comunicación hegemónicos, comprometidos con la economía de la especulación y la depredación” (ACI América, 2012: 2)

Desde el Estado, creado en función de una economía capitalista, tampoco podemos tener expectativas de un cambio de sistema; pero sí lograr apoyo, mejores condiciones de desarrollo, mayor inserción y centralidad en sus políticas para el desarrollo del cooperativismo; es en dicho movimiento y en su crecimiento donde se pueden gestar una visión superadora, es el protagonista genuino que desde sus inicios viene peticionando dichos cambios.

Algunas políticas socioproductivas hasta el 2015, impulsaron la conformación de cooperativas de trabajo como propuesta de inclusión social de los sectores marginados del mercado pero no dejan establecido -ni explícita o implícitamente- intenciones futuras que pretendan impulsar al cooperativismo como modelo contra hegemónico. El impulso a la formación de cooperativas fue coyuntural, un paliativo emergente para generar puestos de trabajo y el sostenimiento del formato cooperativo es más operativo que valorativo.

No podemos decir que lo impulsado son cooperativas -el Estado mismo las reconocía hacia el final del 2013 como pre cooperativas- pero rescatamos la posibilidad que dichas políticas otorgan a la integración, a la participación, al aprendizaje y a la generación de autoestima resaltadas por algunos asociados al sentirse parte de actividades aplicadas al bienestar comunitario.

Estas políticas tienen merito en tanto y en cuando reformuladas, abran posibilidades de obtener reconocimiento e integración a las asociaciones ya constituidas. Pero, asimismo, solo si se constituyen como políticas universales. No todos tienen acceso, no todos tienen las mismas posibilidades. Fueron discrecionales, en tanto que no se aplicaron en muchos distritos gobernados por otras expresiones políticas no afines a la nacional. Tampoco deberían estar limitadas a los sectores vulnerables, es necesario la difusión y el apoyo hacia todos los sectores económicos y sociales. El Estado, si verdaderamente se propone impulsar el modelo cooperativo, debe hacerlo fuertemente a través de la educación formal, modificar la currícula desde los niveles iniciales a los universitarios. Propiciar los espacios para que sus Principios y Valores se ejerzan en la práctica cotidiana.

La cooperativa es una vieja receta de cómo se establecen mejores relaciones económicas y sociales, cómo se mejora la calidad de vida y el bienestar social colectivo. Argentina, históricamente y en su presente, posee un vigoroso movimiento cooperativista que quedó relegado y fuertemente combatido en los años de la Dictadura Militar y en los ’90 con las políticas neoliberales. Es el modelo alternativo a reconstruir; y no es insignificante, hay mucha experiencia dada que para absorberla requiere de un crecimiento consciente “de abajo hacia arriba”; no impuesto, no replicándolo como un mero recurso de forma pero sin contenido. La cooperativa no es una manera de agruparse sino un sistema solidario de construcción colectiva, es decir, una cultura.

Conclusiones y proposiciones

Por lo concluido hasta aquí, cuando el Estado habla de políticas públicas que impulsan “otra economía” o una “economía alternativa” no se refiere a acciones concretas de cambio de sistema sino que, dichas políticas son pensadas y destinadas a un solo sector de la sociedad: los vulnerables o excluidos; no fueron pensadas teniendo en cuenta a la sociedad en su conjunto. Dichas políticas sostienenal modelo de producción capitalista como central yabren una vía paralela o secundaria para quienes no acceden de manera directa al núcleo central del sistema.

Pero decimos que, más allá de esta situación, es menester proponer algunas ideas que reviertan esta divisoria económico-social de modo que, las cooperativas ya constituidas desde el Estado, contribuyan a consolidar una alternativa sólida de cambio.

Por tal razón, hemos valorado el acercamiento de las cooperativas en construcción al movimiento cooperativo nacional. De modo de obtener autonomía y desprenderse de la dependencia Estatal directa, tal como dicho movimiento sostuvo desde su nacimiento.

Creemos que el Estado, si se propone dar sostén a las cooperativas como modelo de producción alternativo, debería -en nuestro país- brindar su apoyo directamente al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos[7]  para que el mismo -de manera autónoma y bajo la decisión colectiva de los cooperativistas- administre y distribuya la capacitación y financiación de las cooperativas que se van incorporando y en tanto necesiten de dicho apoyo.

Dar poder al cooperativismo, empoderarlo. Transfiriendo las partidas presupuestarias utilizadas por el MDS para promover trabajo cooperativo al IMFC se evitaría -de este modo- el uso político, el asistencialismo, la discrecionalidad y otras distorsiones que tienen que ver con las relaciones de propiedad y explotación propias del capitalismo y que se reproducen en las cooperativas cuando son gestadas desde el Estado. Quién debe promoverlas es el mismo movimiento cooperativo, utilizando los fondos para la capacitación cooperativa permanente, como está constituido en sus Principios. Es una posibilidad de generar puestos de trabajo colectivo y solidario en su ámbito natural, sumándolos al movimiento cooperativo y a sus instituciones de larga experiencia y trayectoria en Argentina.

Por otro lado, sería auspicioso que el Poder Legislativo logre aprobar una ley que defina y establezca las características, derechos y obligaciones de las cooperativas de trabajo, tal como se reclama desde las diversas Federaciones que reúnen a las cooperativas llamadas por nosotros resilientes.

El objetivo de crecimiento hacia “otra economía” o “economía alternativa” estará dando un verdadero avance cuando las cooperativas en construcción y las resilientes dejen de pertenecer a categorías diferentes y se reconozcan únicamente bajo el rótulo de “cooperativas de trabajo”.

También, cuando todas incorporen los Valores y Principios que las caracterizan y los lleven voluntaria y conscientemente a la práctica. De allí la necesidad de reforzar y difundir la capacitación para los asociados, en particular, pero hacia todo el tejido social en general. Que la opción de conformar una cooperativa sea voluntaria y consciente y no una necesidad emergente o impuesta.

Cuando la cooperativa deje de ser visualizada como una forma más de asociativismo, y solo para cuando no se puede producir o acceder en el mercado capitalista, sino cuando se la visualice como una oportunidad consciente de entrelazarse en relaciones sociales solidarias y gestoras del cambio social. Cuando el Estado deje de considerarla solo como un paliativo para los pobres y excluidos; es decir, un esquema de contención del conflicto social, acorde a la concepción funcionalista.

En definitiva, cuando se conciba al cooperativismo como un modelo socioeconómico complejo, como una cultura que nace como resistencia. La cooperativa no es una forma más de asociativismo, un formato con una particular manera de funcionar; es una institución que cuestiona y revierte un sistema de producción basado en la explotación, la propiedad privada y la especulación que generan desigualdad y exclusión. Por eso, cuando se las incorpora en una larga lista de “otras economías alternativas”, en realidad, le quitan protagonismo, se las desdibuja; máxime cuando bajo ese mismo rótulo lo que no encontramos es, precisamente, “cooperativas”.

Las políticas públicas que promovieron la creación de cooperativas en el período analizado las impulsaron omitiendo -de acuerdo a nuestra visión- la concepción clásica o convencional del movimiento cooperativo histórico, independientemente de que se las describa bajo los Principios y Valores propuestos por la Alianza Cooperativa Internacional. Así sucedetambién con las definiciones que el Estado asume respecto al “trabajo decente”  (OIT) y los derechos laborales.

Pero, creemos que esta advertencia no cabe solamente a las cooperativas en construcción o a las resilientes, también las cooperativas convencionales deben replantearse su esencia en la gestión, cuánto han adquirido y asimilado del modelo capitalista de “empresa” o de “gerencia” dado que se encuentran compitiendo con éstas en un mismo escenario. Repetimos y sugerimos la necesidad de reincorporar la idea de cultura cooperativa, tal como fue concebida en sus orígenes. Respetar sí la forma pero reforzar también su esencia.

Agosto 2017

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