Los factores objetivos y subjetivos de la problemática de la inseguridad

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Categoría: Numero 35

Publicado el Lunes, 31 Mayo 2010 15:30

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Los factores objetivos y subjetivos de la problemática de la inseguridad

Mariana Analía Domenighini



ÍNDICE

I    6
NOCIONES GENERALES Y CONTEXTO     6
DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA “INSEGURIDAD”    6
La “mediada” construcción social de la realidad    6
La “inseguridad” en los medios    8
Las implicancias de la seguridad    9
Inseguridad objetiva versus inseguridad subjetiva    10
La operatoria del impacto mediático en la “sensación de inseguridad”    11
El gobierno tradicional de la seguridad pública y el surgimiento de las necesidades de reforma en la provincia de Buenos Aires    12
Sobre el plan de reorganización general: propuestas para una nueva política de seguridad    18
II    22
EL ESCENARIO ACTUAL     22
EN MATERIA DE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD     22
Sobre el aumento del delito    22
Situación en la provincia de Buenos Aires    29
La respuesta estatal    33
La garantía estatal emanada del sistema penal    33
La selección fáctica de los criminales    35
Una acción criminal    37
III    40
ALGUNAS CONSIDERACIONES     40
ACERCA DE LOS EFECTOS DE LA “INSEGURIDAD”    40
La inequidad en el “otro”: los parias urbanos    40
La alquimia mediática y la panacea social.     49
El discurso mediático: víctimas de la inseguridad.    51
La novedad    52
ANEXO    54
BIBLIOGRAFÍA    58

INTRODUCCION





En la sociedad argentina, en las últimas dos décadas, el par temático seguridad-inseguridad ha ocupado un lugar central en la mayoría de los debates públicos. Como bien señala Smulovitz, la seguridad de los ciudadanos es hoy uno de los grandes problemas de política pública en América Latina, en tanto sus fallas inciden en la confianza social, debilitan el tejido comunitario y, en los casos extremos, son capaces de generar verdaderos problemas de inestabilidad política.1
Al igual que en gran parte del continente latinoamericano, en Argentina también existe un campo de diferencias interpretativas para dar cuenta de lo que estadísticamente se reconoce como condiciones objetivas de criminalidad y violencia, y los efectos que esos hechos tienen en la percepción social. De allí que las representaciones sociales2 sobre el delito y el conflicto social configuran lo que se denomina como sensación de inseguridad que se construye socialmente a través de la adquisición de conocimientos mediados, siendo una de las principales fuentes los medios masivos de comunicación en función de las condiciones de producción de esos mismos discursos mediáticos y no de acuerdo a condiciones objetivas del delito.
Las investigaciones sobre la inseguridad no pueden obviar la existencia de dos subproductos, dos variables claramente identificables, a saber: la inseguridad objetiva y la inseguridad subjetiva; las consecuencias y los efectos de ambos fenómenos  alimentan los debates actuales sobre el tema de la violencia y el conflicto social, multiplicando las interpretaciones y generando también un estado de incertidumbre, de tensión y de alarma sociales casi constantes. Esa situación ha tenido distintos tipos de respuestas institucionales cuyos deficits pueden adjudicarse a causas endógenas, propias de las características y el funcionamiento de las agencias estatales dedicadas al tema. Pero, a su vez, esos deficits también pueden adjudicarse a medidas de acción reactivas frente a las demandas y la crítica social que generan sus limitaciones a la hora de arribar a soluciones duraderas.
En virtud de esto, el presente trabajo pretende indagar en los modos en que se construyen socialmente las representaciones sobre la seguridad y la inseguridad en el escenario actual de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires, entendiendo estos fenómenos como productos de la percepción entre lo objetivo y lo subjetivo, y donde la intervención de los medios masivos de comunicación es crucial y decisiva así como la respuesta estatal en el marco del Sistema de Seguridad Pública de la provincia de Buenos Aires. Para ello, se analizarán las formas en que los discursos sociales, -ciudadanos, técnicos, institucionales- instalados en los medios de comunicación hegemónicos, incrementan la sensación de inseguridad gracias a la retórica particular que establecen. Por otro lado, se intentará describir la evolución de las respuestas que el Estado ha ensayado en los últimos veinte años para resolver los problemas que se derivan del aumento de los delitos y la violencia y se analizarán sus déficits a la hora de ofrecer soluciones de largo plazo en el marco de un sistema integral de seguridad pública.
Finalmente, es importante señalar, en acuerdo con Binder, que la perspectiva de la “pregunta” por la seguridad aquí abordada no implica la búsqueda por recuperar un orden3 alterado por acciones que no se corresponden con “lo que cada uno debe hacer” en sociedad, sino que más bien apunta a interpretar los fenómenos de la violencia y el delito en el marco de sociedades complejas que pretenden gestionar los conflictos sociales bajo un sistema democrático mediante la construcción de consensos sobre estos temas.

I

NOCIONES GENERALES Y CONTEXTO
DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA “INSEGURIDAD”





La “mediada” construcción social de la realidad

De alguna manera, la construcción social de la realidad4 en los distintos actores sociales, en mayor o menor medida, se lleva a cabo a partir de los tópicos que intervienen en el discurso cotidiano producto de acontecimientos experienciados o mediados que no están ajenos al contexto social.
Aquí, incursionar a la “realidad” en tanto “construcción” implica reconocer que lo que se plantea como tal es inabordable en su totalidad debido a su carácter inconmensurable, que hay tantas realidades como sujetos y que lo que se considera como real no es más que un acervo de conocimientos individuales y colectivos. Es decir, por “`realidad` [entendemos] (…) una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no podemos `hacerlos desaparecer`) y [por] (…) `conocimiento` (…) la certidumbre de que los fenómenos son reales y que poseen características específicas.”5. En este sentido, el ciudadano común –lo que Berger y Luckmann denominan como hombre de la calle, para diferenciarlo del científico y del filósofo- “vive en un mundo que para él es `real`, aunque en grados diferentes, y `sabe`, con diferentes grados de certeza, que este mundo posee tales o cuales características. (…) no suele preocuparse de lo que para él es `real` y de lo que `conoce` (…). Su `realidad` y su `conocimiento` los da por establecidos.”6. Es por ello que existe una relatividad social de lo que se considera como “real” a partir del “conocimiento”, sea de un individuo o de una colectividad. Así, aunque resulte paradojal, la construcción social de la realidad no es más que una ilusión social de la realidad.
Ahora bien, en la actual estructura social originada por el desarrollo del sistema capitalista las sociedades están inmersas en una cultura de masas y los individuos en tanto objetos de la masa pierden su particularidad. En este contexto, el principal exponente de la cultura de masas son los medios masivos de comunicación, que desde su aparición pueden situarse en la vanguardia de los grandes cambios sociales, políticos y culturales.
Es importante señalar que en la contemporaneidad una de las principales fuentes de “conocimiento”, de lo que posteriormente el ciudadano común podrá considerar como “real”, la establece los medios masivos de comunicación. Ellos contribuyen a una visión de mundo particular, presentan fracciones de acontecimientos como una totalidad; la “realidad” así mediada es sólo una visión de dicha “realidad” la cual está condicionada por su formato mediático. La redundancia e insistencia en los relatos de su discurso instalan determinadas temáticas que entablarán inquietudes, interrogantes, que interpelarán y estarán sujetas a críticas porque, de alguna manera, en algún momento, en la sociedad se habla o se hablará de ellas. Asimismo, los medios exponen cierta esperabilidad social inscripta en las demandas al mercado mediático.
Ahora bien, aquí no se está frente a una demonización de los medios masivos de comunicación; si bien una sociedad de masas es considerada como un todo homogéneo no se está frente a un programa homogenizador de las percepciones sociales, es decir, no se está frente a una comunicación lineal donde el medio es un emisor activo y el público un receptor pasivo. Entonces, ante determinadas informaciones Shaw sostiene que “como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el público es consiente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por las mass media a los acontecimientos, a los problemas, a las personas (Shaw, 1979, 96)7, así este autor se refería a la hipótesis de la agenda-setting que sustenta y argumenta el paradigma de los medios que aquí se emplea. No obstante, es importante resaltar los alcances de esta hipótesis ya que no pretende sostener que los medios masivos de comunicación intentar persuadir a sus destinatarios, sino que presentan temáticas sujetas a tener una opinión y discusión. Empero, “el presupuesto fundamental de la agenda-setting es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de la realidad social es modificada por los media”8. De todas maneras, esto no implica que los medios consigan que sus destinatarios piensen en los parámetros que ellos comunican sino que son capaces de conseguir que lo hagan sobre los determinados temas que exponen independientemente de la forma.


La “inseguridad” en los medios

Como en la gran mayoría de los países de América Latina, en la Argentina la seguridad es un tema que ocupa un lugar central en los medios masivos de comunicación, el impacto social sostenido en las últimas dos décadas es innegable. Así la seguridad conforma uno de los principales tópicos que aborda la agenda mediática, en tanto la denominada la agenda-setting9. Como fue mencionado de otro modo, los temas propuestos por la agenda configuran lo que en el entramado social se discutirá, se opinará, se comentará. Así, resulta evidente que los medios masivos de comunicación cumplen un rol decisivo, pero no exclusivo, en la construcción social de la realidad influenciando en lo que podría denominarse como la “cotidianeidad de la sociedad”.
No obstante, la comunicación que aquí nos referimos es mediada y a distancia, es un producto de la sociedad de masas que a su vez la reproduce y, por sobre todas las cosas, es un mercado. Desde sus orígenes constituyen “un importantísimo sector industrial, un universo simbólico objeto de consumo masivo, una inversión tecnológica en continua expansión, una experiencia individual cotidiana, un terreno de enfrentamiento político, un sistema de mediación cultural y de agregación social, una manera de pasar el tiempo, etc.”10. Pero en la actualidad Sartori sostiene que la gran parte de la mayoría de las personas está sometida a un “proceso de estupidización global, promovido esencialmente desde la televisión, que reemplazó el acto de discurrir por el de ver, desplazando cualquier valor cultural precedente, borrando los límites entre lo verdadero y lo falso, lo ético y lo moral; pero fundamentalmente, lo real de lo virtual, mediante un constante consumo de pasatiempos”11. En suma, esto brinda la forma al contenido, en este caso: la espectacularización de la inseguridad. Porque en el discurso mediático se manifiestan los acontecimientos mercantilizados con un tenor de carácter fetichista en lo que respecta al valor agregado de los íconos surgidos a través de las víctimas y victimarios. En sintonía con lo expuesto, existe una retórica que usualmente utilizan los medios que consta en exhibir ciertos aspectos infrahumanos que suscitan variadas respuestas, pero esta operación no es exclusiva ni fue consolidada por los medios, pues se encuentra en los orígenes del arte moderno, porque “el afeamiento, mostrar de algo su peor aspecto es una función (…) moderna: didáctica [e] incita a una respuesta activa”12 siempre que produzca la conmoción en el público. Así, la relación de los medios con el público, aunque aparenta ser asimétrica es complementaria, se establece una suerte de “perversión” que va desde el sadismo –intervención de los medios- hasta el masoquismo –percepción y demanda del público-, es decir, la perversión radica en la exposición y consumo mediático del dolor. La relación será necesaria siempre que la narrativa cruel describa el fantasma omnipresente de la inseguridad alojado en determinados sectores de la sociedad.
Retomando el abordaje de la temática seguridad –traducida en su problemática: inseguridad -por los medios masivos de comunicación éste es claramente impuesto y expuesto a la vez, es un conglomerado de información que parecería no tiene principio ni fin, es un tema controversial y que contiene distintas aristas. Pero la inseguridad, es un tema convocante y los medios presentan “de un modo u otro los acontecimientos, contribuyendo a desencadenar ciertos estados de ánimos colectivos”13, que dependiendo del nivel de demanda pueden desencadenar en reformas legislativas como así también en efectos institucionales trascendentes.


Las implicancias de la seguridad

Antes de continuar con el análisis resulta pertinente inferir en el término, a saber: seguridad. Se entiende que es la calidad de que se es o está libre y exento de todo peligro o daño, pero en lo que respecta a individuos de sociedades humanas; el término adquiere complejidad desde el momento en que se concibe como utópico, es decir, en este marco, la interpretación adquiere una impronta abstracta. No obstante, resulta evidente que no se puede establecer una definición sólida general, la cual signifique en la apreciación social de lo que se percibe como seguridad.
Para alcanzar una noción de seguridad que comprenda a los ciudadanos es necesario incursionar en las implicancias del “ser ciudadano” en un estado de derecho. Entonces, un ciudadano es un miembro de una comunidad política, de una ciudadanía, que contiene una serie de derechos y garantías. Así, la importancia de pertenecer a una ciudadanía radica en la participación de los beneficios de la vida en común, esto es: la salud, la educación de calidad y el acceso al bienestar general, como así también a la participación política. En lo ateniente a los deberes se destaca la obligación de respetar los derechos de los demás, de contribuir al bien común asumiendo los costos de tal condición, respetar los valores predominantes como el sentido de justicia y de igualdad y los que contribuyen a la tesitura social y la paz. De esta forma, una sociedad será, si se quiere, más democrática en la medida en que la conformen ciudadanos más plenos. En este sentido, la ciudadanía es una construcción social como asimismo es el Estado en la cuál se enmarca.
En términos generales -y con la particularidad social-, hablar de seguridad implica velar por los ciudadanos, por sus intereses. Más detalladamente, en este aspecto, seguridad “refiere al margen de protección que una determinada persona grupo o entidad tiene frente a amenazas o riesgos de diverso tipo, sean imaginarios o reales, naturales o sociales”14. Así, sobre esta conceptualización descansa una noción general de seguridad para los ciudadanos, pero para establecer una definición más concreta resulta necesario darle contenido a ciertos elementos incluidos dentro de dicha noción, a saber: quién o qué es lo que se encuentra bajo riesgo o amenaza, cuáles son los riesgos y amenazas que se perciben, qué aspectos se ven vulnerados por dichas amenazas o peligros y, finalmente, cuáles son los mecanismos de protección que son considerados válidos para hacer frente a tales riesgos.
En este contexto, resulta necesario hacer hincapié en la figura del Estado como el principal proveedor de seguridad en una sociedad democrática, en efecto, es el Estado el hacedor de los mecanismos de protección válidos para enfrentar los riesgos reales en los que se exponen los ciudadanos.
Así, existe un programa de seguridad ciudadana que se vincula con la protección de los ciudadanos a partir de su participación activa en el entramado social en concordancia con el Estado, pero ello no implica la salvaguardia de los ciudadanos por parte de este, porque es por medio de la seguridad pública que el Estado garantiza el goce de los derechos ciudadanos.
La seguridad pública supone una situación social libre de riesgos, peligros y conflictos. En este marco, los ciudadanos pueden gozar y ejercer los derechos, libertades y garantías constitucionales y, a tales fines, resulta necesario la formulación, implementación y evaluación de un conjunto de políticas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública. Dicho de otro modo y en palabras de Sain, “en un contexto democrático, la seguridad pública es la situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos –considerados éstos no solamente como principios o garantías formales sino también prácticas sociales-, a defender y a ser protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades y su efectiva participación en la organización política, económica y social, así como su igualdad ante la ley y su independencia ante los poderes del Estado, y a obtener el pleno resguardo de la totalidad de los derechos y garantías emanadas del Estado de derecho.”15


Inseguridad objetiva versus inseguridad subjetiva

En virtud de lo que se percibe como “real” en el marco del “conocimiento” ciudadano sobre la seguridad, en referencia a la inseguridad la construcción social de la realidad está mediada por lo que algunos estudios establecen como inseguridad subjetiva distinguiendo de la inseguridad objetiva. En rasgos generales, la interpretación de la inseguridad subjetiva radica en que es aquella que es “conocida” por los ciudadanos, mientras que la inseguridad objetiva es aquella que se basa en los niveles de delitos. Sobre estas dimensiones Binder16 establece que la inseguridad objetiva consiste en la cantidad de hechos de violencia, robos, secuestros, es decir, hechos delictivos que se producen en un espacio determinado, siendo sus datos cuantificables; mientras que por seguridad subjetiva o sensación de inseguridad establece que consiste en el temor, la incertidumbre, el miedo al otro, el sentimiento de vulnerabilidad que deviene de los hechos reales como así también de otros factores de carácter subjetivo. Por su parte, Kessler17 agrega a lo establecido por Binder y considera a “la inseguridad subjetiva como un problema autónomo de la seguridad objetiva o de las tasas de delito `reales`. El miedo al delito en una sociedad, en un periodo determinado, es el resultado de un proceso sociocultural cuya relación con la inseguridad objetiva no es del orden `representación-realidad`”18. En este sentido, la cultura de la seguridad comprende un nivel de aceptación de cierto tipo de delitos mientras que otros promueven la sensación de inseguridad. En suma, las respuestas institucionales en términos de seguridad objetiva deben considerar a la inseguridad objetiva y subjetiva en conjunto, es decir: “una respuesta de seguridad debe lidiar siempre con ambos aspectos de la cuestión y ésa es una de sus mayores dificultades. Las relaciones entre ellos son fluctuantes y no responden a una relación de espejo: Es decir: la dimensión subjetiva no es el reflejo exacto de la dimensión objetiva.”19
Ahora bien, el énfasis de los estudios de la seguridad subjetiva está focalizado en la sensación de inseguridad a través del “temor al delito” y la diferencia que existe entre dicho temor y la experiencia “real” del delito, es decir, la diferencia entre las condiciones subjetivas y objetivas. Sin embargo, en este trabajo no se puede establecer cómo es el temor social frente a la sensación de inseguridad, pero sí se puede vislumbrar a partir de qué y cómo se configuran algunas interpretaciones que hacen al fenómeno de la seguridad subjetiva.
La relevancia de analizar las interpretaciones o, mejor dicho, construcciones sociales, se establece por el impacto que genera a nivel social en la conducta de los individuos en su vida cotidiana y en la cohesión y segregación social de determinados grupos. Asimismo, es crucial destacar que las interpretaciones son intervenidas por una multiplicidad de voces y que se incluyen en distintos grupos sociales tales como la clase social, el género, el grupo erario, etc., aunque en general a determinados grupos le corresponde determinadas construcciones de lo que se percibe como inseguridad.


La operatoria del impacto mediático en la “sensación de inseguridad”

Es evidente que la alta presencia de los temas vinculados con la inseguridad en los medios masivos de comunicación genera un impacto en la población, aunque no es posible determinar con claridad en qué consiste tal impacto por la complejidad de llevar adelante estudios de audiencia sobre estas cuestiones y por la falta de ellos en el campo de la comunicación. A pesar de esta limitación, se intentará aquí determinar algunas características de esos impactos ante la evidencia de que generan reacciones sociales que van desde la alarma hasta la indignación irracional. En similitud con los grandes discursos sociales en general, los medios operan a partir de cubrir narraciones producidas en la cotidianeidad, sujetas a una probabilidad proporcional según la rareza y no tanto la frecuencia, pero los medios deben transmitir una “realidad” y es por ello que seleccionan determinados hechos delictivos que si se corresponden por semejanza a otros son considerados como determinadas “olas” de algún tipo de delito.
Por su parte, en lo que corresponde al medio más empleado por la población, la televisión, “en tanto experiencia vicaria central de la actualidad, es una de las formas de victimización indirecta más importante”20. Si bien la exposición que producen los medios, en lo ateniente a estas temáticas, aumenta la preocupación sobre el crimen en la población -porque contribuyen en la configuración de la agenda social- el impacto sobre el temor de los individuos no es tan claro. No obstante, según Kessler para que haya temor en primer lugar debería cumplirse una condición de resonancia, a saber: “que la víctima sea alguien `común`, parecida a uno, azarosamente elegida, que viva en un barrio comparable al propio (…). Los delitos dan temor cuando las noticias son locales; cuando han sucedido en otros lugares, contribuyen a reforzar la idea de que `acá no es tan malo como en otros lados` y, por ende, se consolida la sensación de seguridad del hábitat”21. Así, frente a determinados hechos delictivos, por semejanza de contextos y condiciones se configura la sensación de inseguridad pero, por lo contrario, se establece una sensación de “seguridad” establecida por comparación. De esta manera, y siguiendo el análisis de este autor, el efecto que produce el discurso televisivo es magnificado cuando la experiencia personal es similar a la narrada. En el caso de los conglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires la representación del delito se encuentra atravesada por la impronta de la vulnerabilidad en términos de una percepción potencial de ser objeto de un posible victimario que asecha a partir de lo discursivo y esto establece que la puesta y recepción de la información tenga un sentido particular.


El gobierno tradicional de la seguridad pública y el surgimiento de las necesidades de reforma en la provincia de Buenos Aires

La seguridad pública requiere de estructuras y lineamientos de gestión para su gobierno. Desde la conformación del Estado argentino y hasta finales de la década del 90 se encontró vigente un modelo que Sain señala como tradicional y que “estuvo signado por un recurrente desgobierno político de los asuntos de la seguridad pública y policiales, por el cual la dirigencia política y, en particular, las autoridades gubernamentales delegaron el monopolio de la administración de la seguridad pública a las agencias policiales”22. Como consecuencia de esto y siguiendo este análisis “el modelo tradicional ha supuesto el autogobierno policial sobre la seguridad pública y el sistema policial mismo”23. Por su parte, “[la relación entre comunidad y policía] ha estado caracterizada por la ausencia de toda modalidad y de instancia de intervención o participación comunitaria en los asuntos de la seguridad pública y, especialmente, en el diseño, implementación y control de políticas de seguridad y en el control del desempeño policial.”24
Por su parte, el mantenimiento de esta política en la década el 90 no fue azaroso. A principios de esa década la seguridad era un tema que comenzaba a preocupar en la población que contenía el conurbano Bonaerense. En ese contexto, Eduardo Duhalde iniciaba su carrera a la gobernación de Buenos Aires y su campaña electoral no podía descansar en los márgenes de un discurso legitimador frente a la creciente sensación de inseguridad que se experimentaba. Es así que en 1991, el candidato a la gobernación de Buenos Aires, incluía como “promesa” en su campaña electoral la propaganda de convertir a la Policía Bonaerense en la “Policía del siglo XXI”, además de implementar “mano dura” contra la delincuencia, sumándola a la lucha contra el narcotráfico.
El candidato fue electo y el 13 de diciembre de 1991, a dos días de asumir la gobernación, Duhalde designó como jefe de la cúpula policial a su amigo Pedro Klodczyk que fue convocado para ser “el Pirker de la Bonaerense”25. El Plan de Seguridad Provincial se hallaba sobre el modelo tradicional de la seguridad pública en el que la institución policial era la “gestora” de los asuntos de seguridad pública porque fue a través de un “supuesto” pacto, entre el gobernador y los uniformados, donde “el gobierno se comprometía a reequipar a la Fuerza y a no interferir en sus asuntos internos. A cambio, pedía subordinación, presencia en las calles y mano dura.”26
Una suerte de registro del pacto mencionado puede encontrarse en el acto de inauguración del “Tercer Congreso de Consejos Distritales de Seguridad de la Provincia”, llevado a cabo en San Nicolás, en 1992. Allí, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, afirmó que el sistema de seguridad en la provincia “`no admite más remiendos` [destacando que] `ha llegado el momento institucional de modificarlo, adoptando un servicio de seguridad moderno y eficiente, que lleve tranquilidad a la gente`”27. Las conclusiones del congreso suponían herramientas para la elección de un sistema que intervenga en la superación de la inseguridad que se registraba y que angustiaba y aterraba a la población, no sólo en el conurbano bonaerense sino que en todo el territorio bonaerense, según mencionaba el gobernador. En este marco deficitario de seguridad proponía elegir con inteligencia un modelo, de entre los tres o cuatro más eficaces del mundo, y ver como instrumentarlo en la provincia, subrayando que su gobierno “`no escatimaría esfuerzos para adquirir la tecnología y los equipamientos que sean necesarios` [argumentando que] `estamos muy atrasados respecto de los que se emplean en los países desarrollados`. [Además, para el cumplimento del desafío sería también necesario] `más móviles y agentes patrullando en las calles en prevención de delitos`”28
Los años iban pasando y el modelo se iba consolidando. Así una nota de tapa de la Revista Noticias del 10 de agosto de 1996, titulada como “maldita policía” describía el panorama de aquel momento, con sus trastiendas del poder político, que comienza de la siguiente manera: “la policía a ganado un espacio de poder increíble. Autoritaria y enemiga de los derechos humanos, la policía y el pueblo se han convertido en una terrorífica antinomia”29. No obstante, ésta era la herencia del “supuesto” pacto establecido entre el gobernador de entonces de la provincia de Buenos Aires y la cúpula policial; la afirmación de éste también fue señalada por un encuestador, que trabajó en la campaña por el plebiscito reeleccionario de 1994, a los efectos sostenía que “`Duhalde hizo un pacto con la Bonaerense: prometió no inmiscuirse en sus asuntos y aumentar su presupuesto a cambio de mayor tranquilidad en las calles. Con las Patrullas Bonaerenses al estilo estadounidense, Klodczyk` [entonces jefe de la institución policial] `logra buenos resultados. Para la política de Duhalde la seguridad fue casi tan importante como el Fondo del Conurbano: cambió el clima de la vida cotidiana. El efecto de las encuestas fue impresionante”30. Para unos se gestaba la mejor policía del mundo, para otros, un ejército de monos con navaja31.
Las consecuencias de la continuación de la implementación de este modelo de seguridad pública, en el periodo de Duhalde como gobernador, sumado a transformaciones emanadas de una serie de conflictos sociales e institucionales tales como las crisis económicas, el desempleo, la marginalidad, la exclusión social, el aumento del delito, la corrupción policial y la crisis de legitimidad del Estado, como así también un evidente déficit en lo ateniente a estructuras legales e institucionales para que la administración central ejerza el gobierno político de la seguridad pública comenzó a manifestar en paralelo una necesidad de reforma del sistema de seguridad pública. Empero, el imperativo de esta necesidad se encontró signado con el aumento significativo de la delincuencia en la segunda mitad de la década del 90 y con el insostenible sistema de seguridad pública como consecuencia del mencionado desgobierno político producto de la delegación de estos asuntos a la institución policial provocando su autogobierno.
En suma, el incremento de los fenómenos de inseguridad objetiva e inseguridad subjetiva en los conglomerados urbanos de Buenos Aires ocasionaron que la sensación de inseguridad se instalase cada vez más como un tema recurrente y preocupante en la población, este estado de situación culminó en una suerte de demanda social para que el Estado intervenga con políticas, pero “las cuestiones atenientes a la seguridad pública se convirtieron en un problema político cuando la creciente sensación de inseguridad comenzó a socavar la legitimidad de numerosos gobernantes, y algunos dirigentes vieron que con ello se cercenaba su proyección político electoral. (…) Bastó con que a partir de 1997 el pedido generalizado de resolución al aumento de la delincuencia pasara a ocupar el segundo lugar entre las principales demandas sociales, luego del desempleo, para que la seguridad pública se convirtiera en uno de los asuntos prioritarios de la agenda político institucional”32.
En este contexto de mediados de la década del 90 la crisis institucional era más que evidente y la divulgación del desprestigio de la policía no se había hecho esperar, “[encuentras realizadas en 1996 sobre la imagen de la Policía Bonaerense] indicaban que el ochenta por ciento de la población temía o no confiaba en quienes deberían ser sus protectores. No se trataba ya de los “desmanes” conocidos de “los muchachos de siempre” sino una parte sustancial del meneado `riesgo argentino`”33. Por otra parte, una encuesta, realizada por Germano & Giacobbe34 entre el 11 y 13 de marzo de 1996 y el 11 y 13 de agosto de 1996, sobre la sensación que la población tiene en referencia a la policía, publicada el 10 de agosto de 1996 en la Revista Noticias, también ilustra el aumento del desprestigio institucional. Los datos arrojados son los siguientes, a saber:









¿Qué sensación tiene frente a la policía?
SENSACIÓN
mar-96
ago-96
Miedo/Desconfianza
35,05%
37,26%
Inseguridad
5,61%
23,29%
Respeto
14,95%
7,67%
Indiferencia
28,96%
7,11%
Ninguna
0,47%
6,03%
Seguridad
11,68%
5,48%
Desprecio
2,34%
4,66%
Preponencia
0,47%
4,66%
Molestia
0,47%
3,84%
Fuente: GERMANO & GIACOBBE. Publicada en Revista Noticias, “Policía. Los soldados del diablo”, Nota de tapa, Maldita policía, 10 de agosto de 1996.

Esta encuesta deja de manifiesto que en el breve lapso de seis meses la imagen positiva de la policía disminuyó en concordancia con el aumento de todos aquellos aspectos más negativos vinculantes a la fuerza. Así las sensaciones que no suscitaban opinión alguna como la indiferencia aumentó en un 21,85 %; los casos más significativos de la sensación de la población frente a la policía en lo que refiere a las cuestiones negativas que aumentaron fueron: la inseguridad en un 17,68 % sobre la base de un 5,61 % y el miedo / desconfianza en un 2,21 % sobre la base de un 35,05 %; por otra parte, las sensaciones positivas que disminuyeron corresponden al caso de la seguridad en un 6,20 % y el respeto en un 7,28 %. El siguiente gráfico se encuentra en función de clarificar estos datos.


Fuente: GERMANO & GIACOBBE. Publicada en Revista Noticias, “Policía. Los soldados del diablo”, Nota de tapa, Maldita policía, 10 de agosto de 1996.
Empero, al interior de la institución la “imagen nefasta” de la policía por tratarse de un cuerpo de carácter “militarizado” era advertida por algunos. Así, con la semejanza de un relato fantástico, a muy poco tiempo del advenimiento de la democracia, en 1984, un comisario del escalafón profesional que acababa de jubilarse comentaba en una charla informal “la Bonaerense es un nido de víboras imposible de gobernar. Los tipos que se formaron con Camps [quién lideraba la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante los primeros años del régimen militar] no conocen otra vida, están cebados. Y si los enfrentás te pudren todo. No hay que olvidarse que ellos pueden llevar el nivel de la delincuencia a niveles insoportables. Los militares ya no tienen margen para aventuras golpistas en esta sociedad, pero la Policía le va a plantear más de un desafío a los políticos”35, según Dutil y Ragendordorfer el tiempo le dio la razón. Aunque la visión era apocalíptica hay que reconocer que en general la institución policial cumple con su función de control del delito en consonancia con la prevención y conjuración, con mayor o menor eficacia, de los tipos de delitos que responden a la sensación de inseguridad. Asimismo, el siguiente relato también significativo para pensar a la institución desde adentro, se trata del de una conversación entre el taxista, Roberto Pascolo, y Andrés Klipphan, hacia finales de 2003, “Roberto Pascolo arrancó así: No hay policías buenos y policías malos. Ni policías limpios que investigan a policías corruptos”. Y no paró: “Policías que investigan delitos, que descubrieron bandas de delincuentes integradas por policías. Pero eso no quiere decir que esos policías sean buenos. Simplemente cumplieron con la parte del trabajo que les pidieron hacer sus jefes. (…) Pascolo es un ex oficial de la Policía Bonaerense. Manejaba un taxi desde que solicitó la baja, en 1990”36, el taxista concluía manifestando las implicancias que mantenía la policía con el poder y que a este no se lo investiga.
Por su parte, el desprestigio y la estigmatización en la percepción social de la institución policial como una corporación represiva y corrupta se incrementó con la vinculación de miembros de la Policía Bonaerense en la participación de dos hechos que conmocionaron a la población y que fueron difundidos en todos los medios de comunicación, a saber: el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en julio de 1994 y el asesinato en Pinamar del reportero gráfico José Luís Cabezas, en enero de 1997. Corrían los años de la maldita policía37.
Entre tanto, el sistema de seguridad pública había colapsado, frente a esta problemática había que generar cambios y esos cambios comenzarían por la institución policial. Es así cuando a mediados de 1996 la agenda del gobierno provincial consideró promover algunos cambios de fondo del sistema policial bonaerense, cristalizandose en las declaraciones de “estado de emergencia” de la institución policial bonaerense. De esta manera la Ley Nº 13.40938 sancionada el 20 de diciembre de 1995 y promulgada el 2 de enero de 1996, establecía el estado de emergencia de las policías de la provincia de Buenos Aires, por el término de seis meses. Comprendía los aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de las policías y como objetivos contaba con la transformación de la estructuctura a fin de dotar a la institución con la eficiencia debida para atender sus misiones fundamentales. Similarmente, la Ley Nº 13.70439, publicada en el Boletín Oficial el 20 de julio de 1997, establece el estado de emergencia por un periodo de un año. Dentro de este último periodo, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde dispuso el 19 de diciembre la intervención civil de la policía bonaerense, siendo Luís Lugones el interventor del cuerpo, por primera vez un civil se encontraba al mando de la institución policial. En este escenario previo, en el que gobernaba la corporación policial los asuntos de seguridad pública, se encuentra el primer antecedente significativo y puntual que llevaría a cabo el proceso de reforma en el sistema de seguridad pública.


Sobre el plan de reorganización general: propuestas para una nueva política de seguridad

Hacia finales de la década del 90 la demanda para el saneamiento del sistema de seguridad pública en la provincia era generalizada. La búsqueda de soluciones implicaba resolver una multiplicidad de conflictos. En este contexto surge la decisión de implementar el Plan de reorganización general del sistema de seguridad e investigación de los delitos en la provincia de Buenos Aires, elaborado por Alberto Binder y León Arslanian40, en que se establecía el diagnóstico y plan de acción para la recomposición del sistema. Allí, se destacaban algunos puntos en la definición del problema, estos se engloban en dos cuestiones; la primera correspondiente a establecer soluciones a que no se limiten al corto plazo y la segunda a vislumbrar el problema como una problemática que vincula varios problemas entre sí. Más detalladamente se planteaba, a saber:
1.La situación no respondía a la existencia de soluciones a corto plazo. El modelo de seguridad e investigación ya no respondía a las necesidades de la vida moderna, a las expectativas sociales y a las exigencias que las nuevas formas de ilegalidad planteaban a estos sistemas; la ausencia de una política definida en este campo había generado un aumento de las demandas sociales y una aceleración de los tiempos políticos para el cambio; la dinámica política del país había visualizado a este tema como uno de los que se debía demostrar mayor capacidad de gobierno; las soluciones de “emergencia” no habían demostrado eficacia en éste o en campos similares; el desarrollo de cambios estructurales en otras áreas no vislumbraba la razón por la que no se podría utilizar una misma energía política en este área prioritaria; la resolución efectuada de algunos casos no ameritaba la solución del problema como un todo; las posibilidades de contar con un consenso eran muy escasas, debido a que el grado de relación del problema con el conjunto de la estructura institucional de la provincia de Buenos Aires era muy grande y afectaba a intereses de distinto nivel.
2.El problema debía considerarse como no unitario, tratándose de muchos problemas vinculados entre sí. Se planteaba que cuando las soluciones se mantienen sólo en el campo simbólico nunca se alcanza una solución efectiva y el problema comienza a girar en un circulo vicioso; cuando los jueces aparecen como parte de un sistema corrupto, aumenta la sensación de desamparo social; la modificación del sistema de investigación de los delitos dejaría atrás la delegación de dicha investigación a la policía, poniendo en un primer plano los fiscales y modernizando todo el sistema; toda estrategia de prevención al terrorismo internacional requiere un fuerte control del sistema de seguridad; la seguridad privada como mercado tendiente a crecer genera competencia con el sistema público, siendo fuente de corrupción, desaliento a los cuadros policiales, propicia el aumento de la desigualdad social, etc.; ausencia casi total de base empírica para todas las políticas de prevención, seguridad y persecución penal; el esquema de custodia de los detenidos en las dependencias policiales genera corrupción, ineficacia y constituye un desgaste para las actividades policiales; los problemas de tránsito, también, como generadores de desgaste policial son vistos como afecciones a la seguridad; los vecinos que reclaman la aplicación de técnicas nuevas; y el requerimiento de personal civil especializado como así también de una presencia política de gran nivel.

A partir de estos puntos que definen el problema, y entendido así, lo que se hallaba en crisis era todo el sistema de seguridad y de investigación de los delitos de la provincia. A los efectos, el plan contenía la modernización de la institución policial considerando que la respuesta elaborada a los conflictos no era capaz de encontrar una solución viable a esta crisis. En suma, la institución pensada hacía cien años como un cuerpo policial unitario y verticalizado no podía responder a las problemáticas y conflictos del nuevo paradigma coyuntural. Un contexto histórico distinto resultando de largos procesos políticos; el problema era complejo, global, regional y no podía ser solucionado sino sólo en la medida en que se asumiera la necesidad imperante de redefinir desde la base la política de seguridad, la política judicial, las relaciones con la comunidad y la forma de conducir esas políticas, resultando la gestión del gobierno de la seguridad. Estas ideas movilizaron cierta “voluntad política” para iniciar un proceso de cambio en el sistema de seguridad pública.
En virtud de intervenir en el escenario social e institucional y darle entidad al plan a los efectos de llevarlo a cabo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires fue creada la ley 12.15441 –actualizada por las leyes 12.987; 13.210, de la creación de la Policía Comunal; y 13.482- que establece el Sistema Provincial de Seguridad Pública, la ley 12.155 de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (sancionada el 15 de julio de 1998, promulgada el 5 de agosto y publicada en el Boletín Oficial el 11 de agosto), la ley 13.202 de la Policía Buenos Aires 2, y la Resolución 1625 del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entre otras normativas.
Con estas normativas se estableció la disolución de la Policía Bonaerense en los primeros tres meses de la intervención para dar origen a la Policía e Seguridad Departamental, a la policía de Investigaciones en función judicial y a la Policía de Seguridad Vial, siendo instituciones civiles armadas, jerarquizadas y con carácter profesional. Se propuso fraccionar y estructurar un nuevo sistema policial sobre la base de un conjunto de medidas centrales. En efecto es mediante la Ley Nº 12.155 que se produce la materialización de este postulado, será allí donde se establece la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de las policías de la provincia de Buenos Aires que integrarán el sistema provincial de seguridad pública –establecido en la Ley Nº 12.154-, con el fin de intervenir en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza, en protección de los derechos de los habitantes de su jurisdicción.
Los cambios que fueron suscitando a partir de leyes y resoluciones en función del proceso de reforma a lo largo de poco más de una década fueron plasmados en lo que dio por llamarse ley de Unificación42, a saber: ley Nº 13.482. Esta norma, que además modifica a la ley Nº 12.154, contiene a las leyes y resoluciones de la organización de la institución policial en la provincia de Buenos Aires. En lo que corresponde al sistema de seguridad pública en la actualidad está integrado por: el Gobernador de la Provincia, el Poder Legislativo de la Provincia, el Poder Judicial de la Provincia, el Sistema Penitenciario Bonaerense, el Sistema de Instituciones de Menores, el Patronato de Liberados, el Sistema de Defensa Civil, las Policías de la Provincia de Buenos Aires, los Foros Departamentales de Seguridad, los Foros Municipales de Seguridad, los Foros Vecinales de Seguridad, los Defensores Municipales de la Seguridad y los intendentes de los Municipios que tengan Policía de Seguridad Comunal.


II

EL ESCENARIO ACTUAL
EN MATERIA DE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD





Sobre el aumento del delito

Aproximadamente en los últimos quince años, con el significativo aumento del delito y la violencia, la seguridad objetiva ocupa un lugar constante en las preocupaciones de los ciudadanos, políticos e instituciones de Argentina. “La tasa de criminalidad, esto es, la tasa de hechos delictuosos registrados cada 100.000 habitantes, ha crecido desde los años 70, aunque, a partir de los 90, dicha tasa ha aumentado hasta el punto de superar sensiblemente los niveles alcanzados durante las décadas anteriores”43. De alguna manera, este incremento constituye a formar una sensación de inseguridad en la población que responde, aunque también puede exceder, a la inseguridad objetiva, dicha sensación es lo que se denomina como inseguridad subjetiva. No obstante, para abordar el análisis de la inseguridad objetiva, como así también la correspondencia o no entre inseguridad objetiva y subjetiva, al efecto es requisito indispensable contar con fuentes oficiales.
De esta manera, resulta pertinente destacar la importancia de los datos en materia de seguridad, porque, como se ha mencionado de algún modo, configura lo que aquí se denomina como inseguridad objetiva, al respecto Argentina cuenta con la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC) que depende orgánica y funcionalmente de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Desde enero de 1999 implementa el Sistema Nacional de Estadística Criminal (SNEC) que recolecta, produce y analiza informaciones estadísticas sobre el delito en la Argentina, reúne información de fuentes oficiales tales como la agencia policial y fuerzas de seguridad, el sistema penitenciario y el poder judicial, también lleva a cabo el desarrollo de encuestas como los estudios de victimización con el objeto de realizar un abordaje profundo sobre la cuestión de la criminalidad y, en su marco, el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) tiene por objeto observar y analizar las estadísticas policiales de la Argentina.
Pero la información que se origina a través de los datos recolectados no manifiestan el universo real de lo acontecido. Es importante tener en cuenta varias cuestiones al momento de utilizarlos como fuentes para explicar el fenómeno de la inseguridad objetiva. En primer lugar, cada dato alude a la fuente que lo produce, es decir, refleja el qué hacer de la institución que lo registra y no los hechos en sí. En segundo lugar, no se estableció un criterio homogéneo a nivel nacional en la esfera judicial, es decir, no se cuenta con estadísticas judiciales. En tercer lugar, los hechos registrados son presuntos dado que son informados a priori de su investigación. Finalmente, hay un sin fin de factores que influyen en constituir la denominada cifra negra que implica a los hechos delictuosos no registrados. Es por ello que las interpretaciones que realizan sobre los informes de los delitos registrados por las policías y fuerzas de seguridad deben tener en cuenta las limitaciones propias de este tipo de datos.
En lo que respecta a las estadísticas policiales los sistemas de la DNPC denominan presuntos a los hechos delictuosos –tan como fue mencionado- debido a que trabajan sobre la base de información brindadas por las fueras de seguridad al momento de conocer los hechos y previo a su investigación, de tal modo que un hecho puede ser considerado delictivo en dichos registros mensuales y posteriormente negado en el marco del proceso penal. Asimismo, también puede ocurrir que la definición de un determinado hecho según un tipo de delito sea alterada en el marco de las investigaciones judiciales y policiales.
El registro de las fuerzas de seguridad se realice sobre la base de las figuras y tipos penales descriptos en el Código Penal, es decir, los datos disponibles se encuentran agrupados siguiendo, en gran medida, la tipificación allí establecida posibilitando la identificación según los bienes jurídicos afectados. El primer grupo engloba lo que se denomina como delitos contra las personas, se agrupan todos aquellos delitos que con un grado mayor o menor de violencia afectan la vida de las personas, ellos son: homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tentativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos y otros delitos contra las personas. El segundo grupo, delitos contra la honestidad (hoy denominados delitos contra la integridad sexual) y el honor, las denuncias de este tipo de delitos has sido individualizadas para poder dar cuenta de este dato de manera desagregada así se diferencian en: delitos contra el honor, violaciones y otros delitos contra la integridad sexual. El tercer grupo, corresponde a delitos contra la propiedad, estos reúnen todos aquellos hechos que afectan este bien jurídico, ellos son: robos y tentativas de robo (excluye los agravados por el resultado de lesiones y/o muertes), robos agravados y tentativas de robo agravado por el resultado de lesiones y/o muerte, hurtos y tentativa de hurto y otros delitos contra la propiedad. El cuarto grupo, delitos contra el Estado y la Comunidad, éste incluye todos aquellos que afectan al Estado en mayor o menor medida, ellos son: delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público, delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, delitos contra la administración pública y delitos contra la fe pública. El resto de los grupos son los que se definen como delitos contra la libertad: amenazas y otros delitos contra la libertad; delitos contra el estado civil; delitos previstos en leyes especiales, con excepción de la ley Nº 23.737 de Estupefacientes porque concentra la mayor frecuencia de hechos dentro de este tipo de leyes.44
En suma, los informes de las estadísticas policiales de la DNPC permite abordar una de las cuestiones centrales aquí planteadas, a saber: la inseguridad objetiva. Para ello es notable manifestar el recorrido de la evolución de los hechos delictuosos registrados en los últimos 15 años a fin de manifestar el escenario actual en materia de criminalidad.
Dentro del denominado delito común45 los más significativos, en virtud de la configuración de la sensación de inseguridad, corresponden a los que engloba los delitos contra las personas -homicidios dolosos, homicidios dolosos en grado de tetativa, homicidios culposos en accidentes de tránsito, homicidios culposos por otros hechos, lesiones dolosas, lesiones culposas en accidentes de tránsito, lesiones culposas por otros hechos, otros delitos contra las personas- y los delitos contra la propiedad -robos y tentativas de robo (excluye los agravados por el resultado de lesiones y/o muertes), robos agravados y tentativas de robo agravado por el resultado de lesiones y/o muerte, hurtos y tentativa de hurto, otros delitos contra la propiedad-, porque este tipo de delitos registran un incremento significativo y más aún los que corresponden al segundo mencionado porque “particularmente desde mediados de la década de 1990 (…) se incrementó sustancialmente el denominado `delito común` (en términos técnicos: delito con bajo o nulo nivel de organización), en las modalidades de homicidios, robos, hurtos, delitos contra la libertad sexual, lesiones, vandalismos, etcétera.”46. Véase los valores de la cantidad de hechos delictuosos registrados en el siguiente cuadro:






EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE HECHOS DELICTUOSOS
DESDE 1990 a 2005
Años
Delitos contra las Personas
Delitos contra la Propiedad
Otros delitos
Total Hechos Delictuosos
1990
78.864
404.465
76.911
560.246
1991
83.949
327.722
77.619
489.290
1992
93.898
340.267
84.973
519.138
1993
107.905
358.428
92.527
558.860
1994
126.624
396.432
104.156
627.212
1995
135.135
462.344
112.988
710.467
1996
148.873
496.627
117.230
762.730
1997
156.897
539.292
120.151
816.340
1998
168.545
612.709
141.694
922.948
1999
185.726
723.731
152.784
1.062.241
2000
202.820
753.727
173.353
1.129.900
2001
210.752
782.784
184.994
1.178.530
2002
211.002
936.864
192.663
1.340.529
2003
219.417
856.710
194.598
1.270.725
2004
239.607
792.889
211.331
1.243.827
2005
247.887
739.250
219.809
1.206.946
Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadística Criminal. Año 2005.

Ahora bien, con respecto a la distribución de los hechos delictivos registrados se mantiene constante en los últimos años, entre el 60 % y el 70 % corresponden a los delitos contra la propiedad y alrededor del 20 % a los delitos contra las personas. En el gráfico que sigue a continuación se puede observar esta tendencia porcentual:


Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadística Criminal. Año 2005.

Por otra parte, resulta sumamente significativo, a fin de establecer un panorama más detallado de la situación de inseguridad en los últimos años, el análisis de los datos correspondiente a la cantidad de hechos delictuosos registrados en correlación con sus respectivas tasas. En términos globales, en 1992, la tasa de criminalidad fue de 1.553 hechos delictivos registrados en todo el país cada 100.000 habitantes, mientras que esa misma tasa en 1993 fue de 1.650, en 1994 de 1.828 y en 1995 de 2.043, es decir que para este último año citado se había incrementado en un 31,55 % con respecto a 1992, en los años sucesivos continuó el incremento encontrando sus valores más altos en 2002 con una tasa de 3.697 aumentando en tan sólo una década en un 138,05 %, -como fue mencionado en la generalización señalada anteriormente-. No obstante, a partir del año 2003 esta tasa comienza a bajar gradualmente y en el 2005 –último año de publicación virtual- es de 3.329, por lo cual demuestra la leve caída, que se sucedió a partir del 2003, de un 11,05 % con respecto al año en que se registró la mayor cantidad de hechos delitos. De todas maneras, “esto significa que, (…) [en aproximadamente 15 años] se ha producido un aumento de la tasa de hechos delictuosos registrados equivalente a casi un 100 %.”47. En términos absolutos, como así también sus tasas de cada 100.000 habitantes correspondientes a los hechos delictuosos registrados entre 1992 y 2005, puede apreciarse aquellos valores en el siguiente cuadro:

Evolución total de hechos delictuosos registrados 1992-2005
Valores absolutos y tasas cada 100.000 habitantes
AÑO
CANTIDAD
TASA
Año 1992
519.138
1.553
Año 1993
558.860
1.650
Año 1994
627.212
1.828
Año 1995
710.467
2.043
Año 1996
762.730
2.166
Año 1997
816.340
2.288
Año 1998
922.948
2.555
Año 1999
1.062.241
2.904
Año 2000
1.129.900
3.051
Año 2001
1.178.530
3.250
Año 2002
1.340.529
3.697
Año 2003
1.270.725
3.504
Año 2004
1.243.827
3.430
Año 2005
1.206.946
3.329
Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadística Criminal. Año 2005.

En general, durante la década del 90 se ha producido un constante aumento en la tasa de hechos delictivos registrados en todo el país, los años con picos más pronunciados fueron entre 1993 y 1995, pero es entre 1997 y 2000 y 2002 cuando la tendencia es aún más marcada. El principal aumento se encontró en los delitos contra la propiedad, mientras que los delitos contra las personas mostraron un crecimiento leve y gradual. Esta tendencia general del incremento del total de los delitos registrados y, en particular, de los delitos contra la propiedad comienza a declinar en el 2003, aunque los delitos contra las personas continuaron con su tendencia de escaso pero permanente aumento. Así, puede verse en las tasas de los delitos registrados su evolución, a continuación se encuentran los datos y el gráfico ilustrativo.





EVOLUCIÓN DE TASA DE DELITO
DESDE 1992 a 2005
Años
Delitos contra las Personas
Delitos contra la Propiedad
Total de Hechos Delictuosos
1992
281
1.018
1.553
1993
319
1.058
1.650
1994
369
1.155
1.828
1995
389
1.330
2.043
1996
423
1.410
2.166
1997
440
1.512
2.288
1998
467
1.696
2.555
1999
508
1.979
2.904
2000
548
2.035
3.051
2001
581
2.159
3.250
2002
582
2.584
3.697
2003
605
2.363
3.504
2004
661
2.187
3.430
2005
684
2.039
3.329



Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadística Criminal. Año 2005.



Cabe destacar que si bien estos datos corresponden a todo el país, aunque las tendencias manifiestan el estado de situación de los grandes conglomerados urbanos. Las fuentes oficiales marcan tendencias por su cronología. Gráficamente puede apreciarse la similitud en la tendencia de Buenos Aires con respecto al país:

Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadística Criminal. Año 2005.


Situación en la provincia de Buenos Aires

Un determinado hecho extraordinario en una población pequeña se manifiesta como aislado, pero en la medida que las poblaciones contienen a un mayor número de habitantes los hechos extraordinarios responden a esa cantidad y se tornan cotidianos con la reiteración. No obstante, en los conglomerados urbanos estos hechos se encuentran signados por la estigmatización de la pobreza y la marginalidad. Por su parte, los medios masivos de comunicación instalan los hechos particulares como totalidades generando así un incremento en la sensación de inseguridad. En suma, es importante considerar y analizar para el caso del conurbano bonaerense en comparación con el resto de la provincia el tipo de datos que se disponen para describir a la seguridad objetiva.
De esta manera, sobre la totalidad de los hechos delictuosos registrados y sus respectivas tasas, se realizó una comparación entre los 24 partidos que conforman al conurbano Bonaerense y el resto de la provincia en los años 1999, 2003 y 2004, de aquí surge que los hechos delictivos registrados pueden magnificar la sensación de inseguridad en referencia a la frecuencia y no a la tasa que registra la inseguridad objetiva. La tendencia establece que, entre el conurbano Bonaerense y el resto de la provincia, los valores de las tasas son similares mientras que la cantidad de hechos delictuosos registrados difiere en tanto el total de población, siendo mayor en el conurbano. Así en 1999 la tasa de delitos registrados se repartía en partes iguales y los hechos arrojaban un 60 % en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, en 2003 la tasa había aumentado levemente en el conurbano en un 3 % mientras que los hechos se repartían en un 66 % en el conurbano y el 34 % restante en el resto de la provincia, y en 2004 la tasa manifiesta los mismos valores que en el año anterior y los hechos manifiestan de un 63 % en el conurbano y un 37 % en el resto de la provincia. A los efectos se encuentran los siguientes gráficos (Asimismo, véase Anexo que incluye los datos en sus totalidades):






Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadística Criminal. Año 2005.

Utilizando la lógica de análisis similar a la recientemente expuesta se indagó en la relación entre la cantidad de delitos registrados y sus respectivas tasas en lo que corresponde a los 24 partidos del Gran Buenos Aires. En general puede apreciarse que los partidos con un mayor registro de hechos poseen tasas estándares en referencia al resto de los partidos. Es decir, según la inseguridad objetiva se puede considerar a determinados partido como peligroso, en referencia a otros, a partir de la frecuencia de los hechos delictuosos registrados, pero es en la tasa donde se debe establecer la consideración. No obstante estas lecturas parciales y no articuladas de los registros delictivos incrementan a la inseguridad subjetiva y con ello un aumento en la sensación de inseguridad que la sociedad puede manifestar al momento de referirse a determinados partidos del conurbano Bonaerense. Así, un ejemplo paradigmático es el caso del parido de la Matanza que registra en el año 2003 un total de 29.307 hechos delictuosos siendo su tasa de 2.334,70 %. Los datos y gráficos que continúan evidencian la relación causal entre cantidad de hechos delictivos registrados y cantidad de población –relación que determina las tasas de delitos- en todos los partidos del Gran Buenos Aires (Asimismo, véase Anexo que incluye los datos en sus totalidades).







Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadística Criminal. Año 2005.

No obstante, no hay que dejar de observar que las fuentes oficiales marcan tendencias y no un universo concreto, es decir, -como ya fue explicado- en cualquier caso no hay que dejar de considerar que el registro que obtiene la DNPC sobre los hechos delictuosos no muestra el universo de todos los acontecimientos devenidos en delitos. Así, lo que ocultan las estadísticas también puede sugerir distintos análisis y abordajes a fin de delimitar los fenómenos de inseguridad objetiva y subjetiva.


La respuesta estatal

La función principal del Sistema de Seguridad Pública frente al aumento de la inseguridad objetiva es elaborar políticas tendientes a intentar brindar respuestas al fenómeno para reducirlo y con ello reducir también la inseguridad subjetiva. Sin embargo, la experiencia de los últimos años deja de manifiesto que la existencia de las múltiples voces sociales remarcan los déficit del Sistema de Seguridad Pública y aumentan la sensación de inseguridad independientemente de los valores de la inseguridad objetiva. Así, los efectos políticos que tiene la sensación de seguridad en la población son: la pérdida de poder y de la razón de ser del Estado y, al mismo tiempo, una mayor demanda por parte de la sociedad para que el Estado intervenga en políticas de seguridad, incluso apoyando medidas autoritarias que atentan contra la propia libertad, la igualdad y la democracia. No obstante, a finales de la década del 90, en la provincia de Buenos Aires, se estableció una suerte de diagnóstico a partir del incremento de las tasas de delito y la situación institucional crítica, entre otros factores. De alguna manera, los cambios en el sistema de seguridad pública comenzaron con la intervención de la Policía Bonaerense, pues la seguridad pública se encontraba signada por el “el desgobierno político (…) y la delegación del gobierno de la seguridad a las policías [evidenciando] un significativo vacío institucional, que tuvo como trazo característico la conformación de una institucionalidad política deficiente en la materia”48 y, posteriormente, se elaboró un plan de reorganización que tomó cierta forma con la ley Nº 12.154. Empero uno de los postulados más innovadores no se pudo llevar a cabo en con eficacia, esto es, la participación de los ciudadanos en materia de políticas de seguridad pública49.


La garantía estatal emanada del sistema penal

Las legislaciones penales protegen la seguridad general y común ante la amenaza de quien cuenta y tiene a su alcance y dominio el medio idóneo para hacer efectivo un evento lesivo a esa seguridad, en tanto el Estado, que detenta el monopolio del uso de la fuerza pública, debe evitar el acaecimiento de cualquier acto contrario a la seguridad pública.
Ahora bien, en la definición de Estado que realiza Weber éste es una asociación política pero que no puede ser definida por el contenido de lo que haga como así también puede decirse que no hay una sola tarea que haya sido siempre exclusiva y peculiar de las asociaciones que designamos como Estados o sus precursoras. En suma, “puede definirse sociológicamente al Estado moderno, al igual que a toda asociación política, sólo en función del medio específico que le es propio, es decir, en función del uso de la violencia física”50. Esto es indispensable al momento de pensar un Estado dado que “si las instituciones sociales existentes no consideran el uso de la violencia, el concepto de Estado quedaría eliminado y surgiría una situación que se designaría como “anarquía”, en el sentido específico del término. […] la relación entre el Estado y la violencia es particularmente íntima. […] un Estado es una comunidad humana que reclama (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio determinado”.51
No obstante, Guillermo O’ Donnell define al Estado como “Un conjunto de instituciones y relaciones sociales (…) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Tales instituciones tienen último recurso, para efectivizar las decisiones que toman, a la supremacía en el control de medios de coerción física que algunas agencias especializadas del mismo Estado normalmente ejercen sobre aquel territorio.”52. Este autor manifiesta la influencia weberiana, pues se enfoca en que el Estado es, no en la enorme variedad de cosas que el Estado hace o puede hacer, pero se aparta de este autor clásico al no postular como atributo componente que la coerción, o la violencia, deba ser legítima, porque se trata de una variable histórica.
Por otra parte, el Estado incluye varias dimensiones siendo -en su calidad de tendencias y no atribuibles a priori- las más relevantes, a saber: un conjunto de burocracias, un sistema legal e intenta ser un foco de identidad colectiva. Ahora bien, tanto, y en palabras de Weber, el monopolio del uso legítimo de la fuerza física o, según O’ Donnell, la coerción, en tanto componente atribuido, como las tres dimensiones destacadas del Estado son elementos esenciales para explicar la “seguridad pública” y en su contexto el “sistema penal”.
Así, siguiendo el análisis de O´Donnell, a lo largo de la reciente existencia histórica de los Estados su principal función constituye en brindar seguridad y paz, siendo fuente de legitimación social y política permitiendo justificar el monopolio de la fuerza física.
De esta manera, la seguridad pública en un Estado, como el Argentino, será llevada a cabo por determinados aparatos estatales –fuerzas de seguridad y policiales, justicia y servicios penitenciarios- que ejercerán el uso de la fuerza de manera legítima y estará abocada a la prevención y/o reducción como así también la conjuración de ilícitos que interfieran a la seguridad de los ciudadanos. Así, en el modelo actual del Estado de derecho argentino el uso de la fuerza es legítima porque no puede ser arbitraria, es decir, ilegítima, sino que se encuentra limitada por el respeto a la ley y a los derechos fundamentales de las personas. De esta manera, “seguridad y libertad se convierten así en los ejes centrales de cualquier política de seguridad a ser implementada desde un Estado de Derecho.”53. De aquí que los delitos contra la seguridad pública son aquellos que generan una situación de peligro respecto de otros bienes jurídicos cuya integridad debe velar el Estado.
En las sociedades contemporáneas como la actual argentina, para que un Estado de derecho garantice la seguridad pública requiere necesariamente de un sistema penal propio, el cual está sujeto su derecho penal y poder punitivo que determinan cuando un a acción devino en delito. Según Zaffaroni, “el derecho penal es la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene [lo establece en un cuerpo de ley] y reduce el poder punitivo [determina solo un conjunto de acciones como sujetas a conmutarle una pena], para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho”54. Sin ello, se podría establecer totalitarismos o gobiernos de facto, porque el derecho penal interpreta las leyes penales siempre en el marco de las otras leyes –constitucionales, internacionales, etc.- que las condicionan y limitan.
Ahora bien, el poder punitivo no es ejercido por los jueces sino por las agencias ejecutivas. Así, “la función más obvia de los jueces penales y del derecho penal (como planeamiento de las decisiones de éstos), es la contención del poder punitivo. Sin la contención jurídica (judicial), el poder punitivo quedaría librado al puro impulso de las agencias ejecutivas y políticas y, por ende, desaparecería el estado de derecho y la República misma. [De esta manera,] “la contención y la reducción del poder punitivo, planificada por el derecho penal, impulsa el progreso del estado de derecho [que es] concebido como el que somete a todos los habitantes a la ley. [Por otra parte, cabe destacar que el] poder punitivo no resuelve los conflictos porque deja a una parte (la victima) fuera de su modelo. [Finalmente,] el volumen de conflictos suspendidos por un estado, será el indicador de su vocación de proveer de paz social y, por ende, de su fortaleza como estado de derecho” 55.


La selección fáctica de los criminales

El sistema penal es gestionado por un conjunto de agencias que seleccionan a un reducido grupo de personas que someten a la coacción con el fin de imponerles una pena. En el marco del poder punitivo, esta selección penalizante se denomina como criminalizante. La criminalización tiene dos etapas; en la primera, se sanciona una ley penal material, que incrimina o permite la punición de ciertas personas. Es un programa, un proyecto, en tanto esboza la voluntad de penar ciertos comportamientos bajo la presunción de que, en la segunda etapa, será imposible penar “en concreto” todas las acciones criminalizadas por la ley. Entonces, este proceso selectivo se lleva a cabo en dos instancias diferenciadas como criminalización primaria y criminalización secundaria.
La criminalización primaria es el acto y el efecto de sancionar una ley penal material, que incrimina o permite la punición de ciertas personas. La ejercen agencias políticas, tales como parlamentos y ejecutivos y el programa que implican lo deben llevar a cabo las agencias de criminalización secundaria, a saber, policías, jueces, agentes penitenciarios.
Retomando las implicancias y alcances de la criminalización primaria que corresponde al “hacer leyes penales” siendo una declaración que usualmente se refiere a conductas o actos. Su programa es tan inmenso que nunca y en ningún país se pretendió llevarlo a cabo en toda su extensión, y ni siquiera en parte considerable porque es inimaginable. Esto tiene que ver con los conflictos criminalizados que acontecen en relación con los que se conocen en las agencias del sistema penal, por ello se habla de cifra negra u oscura. Aunque “implica un primer paso selectivo, éste siempre permanece en un cierto nivel de abstracción, porque, en verdad, las agencias políticas que producen las normas nunca pueden saber sobre quién recaerá la selección que habilitan, que siempre se opera en concreto, con la criminalización secundaria.”56
Por su parte, en lo que respecta a “la criminalización secundaria es la acción punitiva ejercida sobre personas concretas, que tiene lugar cuando las agencias policiales detectan a una persona, a la que se le atribuye la realización de cierto acto criminalizado primariamente, la investiga, en algunos casos la priva de su libertad ambulatoria, la somete a la agencia judicial esta legitima lo actuado, admite un proceso, se discute públicamente si [efectivamete] se ha realizado y, en caso afirmativo, admite la imposición de una pena de cierta magnitud que, cuando es privativa de la libertad ambulatoria de la persona, es ejecutada por una agencia penitenciaria (prisionalización)”57. Su capacidad operativa es limitada y el crecimiento sin control desemboca en una utopía negativa, es por ello que se establece la cifra negra u oscura. Por ende, se considera natural que el sistema penal lleve a cabo la selección criminalizante secundaria, sólo como realización de una parte ínfima del programa primario. Así, esta limitada capacidad operativa hace que estas agencias procedan siempre de modo selectivo. Cabe destacar que la selección no siempre es de los criminalizados, sino también de los victimizados y este poder generalmente corresponde a las agencias policiales. Empero, desde el enfoque de la criminología crítica “la función policial estaría atrapada en una suerte de paradoja o contradicción, porque quienes deben prevenir o reducir el delito lo producen. (…) [Esta] argumentación trae un supuesto de orden teórico no explicitado, que nos remite a la teoría del etiquetamiento o labelling approach.”58
De cualquier manera, el criterio de selección de las agencias policiales no es conforme a su exclusivo criterio, sino que es condicionado por otras agencias, como es la comunicación social, las políticas, los factores de poder, etc. Así, es producto de variables circunstancias coyunturales mediadas por prácticas sociales.
La empresa criminalizante siempre está orientada por los empresarios morales que participan en las dos instancias o etapas, sin ello no se sancionan nuevas leyes penales como así también las agencias secundarias no comienzan a seleccionar a nuevas categorías de personas. En las sociedades actuales el rol de los empresarios morales puede asumirse en la comunicación social en razón de generar consenso político, en grupos religiosos, en organizaciones que reclaman derechos de minorías, etc. No obstante, en cualquier caso, “la empresa moral acaba en un fenómeno comunicativo, es decir, no importa lo que se haga, sino como se lo comunica. (…). [De esta forma es que surgen las demandas sociales, pero,] “el reclamo por la impunidad de los niños en la calle, de los usuarios de tóxicos, de los exhibicionistas, etc., no se resuelve nunca con su punición efectiva sino con urgencias punitivas que calman el reclamo en la comunicación, o que permiten que el tiempo les haga perder centralidad comunicativa”59.
En suma, todo este procedimiento se da de manera selectiva y es formal y programático. No existe la capacidad operativa para ocuparse de todos los actos criminalizados –de ser así se viviría en un permanente caos paranoico-. Por tanto, la selección de criminalizados y, por consecuencia, de victimizados recae sobre principalmente en las instituciones policiales. Ahora bien, la selección criminalizante que lleva a cabo la policía no se realiza sin auxilio del resto de la sociedad. Así, su criterio de selección ofrece margen para la colaboración y el condicionamiento de otros poderes, a saber: el sistema político, los grupos económicos, las instituciones religiosas y las organizaciones, públicas o privadas, de comunicación social.
En síntesis, existe un programa destinado a determinar cuáles son las acciones que serán consideradas criminales, las cuales serán tipificadas como delitos; existe a su vez un sistema para completar ese proceso de criminalización y seleccionar a quienes serán objeto del proceso punitivo requerido. Este emprendimiento, en su etapa secundaria, generalmente recae sobre las agencias policiales que, sin embargo, cuentan con el concurso de otros organismos que operan en la selección “sugiriendo” también cuáles son las conductas penalizables, estos grupos se denominan, según Becker y Zaffaroni, empresarios morales.


Una acción criminal

En términos generales, una acción criminal configura un delito pero éste entendido a partir de su definición lleva consigo una relativa ambigüedad, aún cuando cualquiera pueda comprender el significado de la frase “cometer un delito”, lo cierto es que no se aplica a nivel universal. Esto responde a que, entendido en forma genérica el delito es un acto humano que transgrede las normas sociales, las cuales evidentemente dependen de las convenciones existentes de cada sociedad. De esta manera, el “comportamiento delictivo” varía según las distintas culturas y momentos históricos, por ello resulta evidente que no puede formularse una definición teórica e inmutable sino que se considera desde un punto de vista pragmático. Así, la única forma de establecer si un acto es delito consiste, por tanto, en determinar si constituye un comportamiento ilícito de acuerdo con la ley penal vigente en el Estado donde se cometió. En suma, se determina que una acción devino en delito a través del derecho penal y el poder punitivo del estado de derecho en donde se cometió.
En este sentido, para que un delito pueda considerarse como tal suele exigirse, de forma explícita o implícita, que sea una acción humana –acto u omisión- atribuible a un sujeto determinado, que contravenga al orden jurídico vigente, y que esté tipificado por la ley como tal delito y, por tanto, sancionado penalmente60. En otras palabras, y aún más focalizado, el delito es definido en el marco del Derecho penal como una conducta o acción típica, es decir, tipificada por la ley; antijurídica, por ser contraria al Derecho; culpable porque supone la reprochabilidad del hecho calificado como típico y antijurídico, fundado en un autor al que se lo somete al Derecho por la situación concreta y en el que se ejecutará los mandatos del derecho penal; y punible, es decir, es sujeto a la aplicación de una pena, supone una conducta infraccional del Derecho penal. El problema de la culpabilidad es central, la conducta infraccional es una acción u omisión voluntaria tipificada y penada por la ley establecida en el Derecho penal.
En términos de criminalidad la conducta delictiva es antigua, tanto como la existencia de las leyes. A medida que las sociedades se han desarrollado y masificado han aumentado su complejidad y los índices de delincuencia no han quedado ajenos sino que en paralelo han crecido. Empero, es en las sociedades modernas -y más aún en los aglomerados urbanos- que la problemática que deviene del delito se ha convertido en un objeto prioritario para los programas de políticas públicas vinculadas con la seguridad de los ciudadanos.


III

ALGUNAS CONSIDERACIONES
ACERCA DE LOS EFECTOS DE LA “INSEGURIDAD”





La inequidad en el “otro”: los parias urbanos

El temor a un “otro” generalizado puede traducirse en el concepto de “pánico moral” que se utiliza para dar cuenta de procesos sociales en los que se identifica a un hecho como temible y amenazante y a un enemigo interno que lo representa, constituyendo un peligro para la “gente común”. El accionar de los medios masivos de comunicación mediante la instalación en la agenda de ciertos temas es crucial al momento de construir ese pánico moral. La sensación de inseguridad puede compararse con el pánico social que se traduce en el temor a ser víctima de un delito. Por su parte, el temor puede caracterizar un objeto, real o imaginario, al cual se le teme y este temor posee un carácter individual y, a su vez, colectivo; como afirma Reguillo, se trata de “una experiencia individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida.”61. En el siguiente gráfico se encuentra el registro de la sensación de inseguridad que tiene la población del conurbano Bonaerense según las encuestas de victimización realizadas en el año 2003 por la Dirección Nacional de Política Criminal.


Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. Departamento de Investigaciones, Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Estudio de Victimización. Gran Buenos Aires. Año 2003.

Por su parte, el temor al otro marca una ruptura con el pensamiento clásico, para Hobbes esto es lo que llevó al contrato social, a la adscripción al Leviatán; en el miedo se encuentra el origen de la política en tanto no la habría sin el temor, así, “Hobbes logra, por un lado, transponer el miedo de sentimiento vergonzoso a primer motor de la actividad política y, por otro, a ubicarlo en el origen de no de las formas más defectuosas de Estado sino de las más legítimas y positivas. (…). [El miedo] no sólo genera fuga y aislamiento, sino también es constitutivo y generador de comunidad”62  Entonces, el temor al crimen se destaca a partir de la modernidad, y es cuando se produce la pacificación de la vida social que emerge el sentimiento de inseguridad subjetiva.
Por otro lado, como indica Alessandro Baratta, “el delito es una construcción social  producidas por las instancias oficiales de control social. Desde esta perspectiva se estudia el efecto estigmatizante de la acción de la policía, de los organismos de acusación pública y de los jueces (…). Esta teoría inscripta en la criminología crítica, explica la desviación por el uso de categorías o estereotipos que se aplican al desviado, y a partir de las cuales se produce el fenómeno de la desviación”63. Dichos estudios aplican esta concepción para definir una visión de la implicancia de la función policial con respecto al delito, argumentando que la policía es, paradójicamente, la constructora de este. Pero esto no quedaría sólo aquí, sino que además, como señala de algún modo Frederic, intervienen otros factores como el social al momento de la conformación de lo que se selecciona, es decir, que el objeto que se seleccionará no es una construcción propia y exclusiva de la policía sino que intervienen otros actores sociales en la criminalización primaria y secundaria. Así, la visión de esta teoría crítica “[recarga] sobre un actor, lo que es un mandato social y público. Esta interpretación no se condice con la propia concepción del etiquetamiento, la cual impugna esta visión al hablar de instancias oficiales de control social. Entonces, la policía no es un objeto que se define como actor por sí mismo, independientemente de los mandatos y valores que la sociedad y el Estado le asignan. (…) Las categorías de la desviación tales como villero, inmigrante, boliviano, paraguayo, narco, etc. son categorías socialmente construidas, de las que la policía se apropia. No son los policías los que las inventan. Lo que sí hace la policía es aplicarlas y esa aplicación arriesga el sentido del estereotipo tanto como lo reproduce.”64
En términos aún más técnicos y en palabras de Zaffaroni “los hechos más groseros cometidos por personas sin acceso a la comunicación terminan siendo proyectados por ésta como los únicos delitos y las personas seleccionadas como los únicos delincuentes. Esto último les proporciona una imagen comunicacional negativa, que constituye a crear un estereotipo en el imaginario colectivo. Por tratarse de personas desvaloradas, es posible asociarles todas las cargas negativas que existen en la sociedad en forma de prejuicios lo que termina fijando una imagen pública del delincuente, con componentes clasistas, racistas, etarios, de género y estéticos. El estereotipo acaba siendo el principal criterio selectivo de criminalización secundaria, por lo cual son observables ciertas regularidades de la población penitenciaria asociadas a desvalores estéticos (personas feas) que el biologisismo criminológico consideró como causas del delito, cuando en realidad son causas de la criminalización, aunque terminen siendo causa del delito cuando la persona acaba asumiendo el rol asociado al estereotipo (en el llamado efecto reproductor de la criminalización o desviación secundaria).”65
En general, con la inseguridad la estigmatización de un otro amenazante opera alojando un incremento de la intolerancia, del temor y hasta la ira. No obstante, ese otro representa figuras imaginaras portadoras de antivalores y su apariencia más común corresponde a la de un varón joven de sectores populares que aparenta no estudiar, consumir drogas, lo que Kessler denomina como neo-marginal moderno66. Esta problemática se extiende más allá de las representaciones porque -y a partir del accionar previo de los empresarios morales- es en estos estereotipos donde se traslada la fracción más considerable de la selección criminal en general y, particularmente, aún con un mayor rigor la que corresponde a la selección de los hechos en la instancia de la criminalización secundaria.
Ahora bien, en las sociedades actuales la inseguridad subjetiva aumentó en casi todas las regiones, en general los rasgos que la atraviesan son: la creciente sensibilidad frente a todas formas de riesgo e inseguridad y una mayor experiencia del delito en los sectores medios. En la Argentina, desde hace unos años, la preocupación por el delito tiene un lugar central en la agenda de preocupaciones de la sociedad. En el caso particular del conurbano Bonaerense, en una investigación realizada por Kessler67, se observa que el miedo regula la vida social -como en una suerte de ocupar el lugar vacante que dejó la organización fabril como principio regulador que marcaba rutinas diarias, horarios, determinaba períodos especiales y mantenía en vilo a la comunidad frente a algún conflicto; la sensación de inseguridad de algún modo llenó ese vacío-, “el temor compartido llevaba a regular horarios de entrada y salida del hogar, marcaba circuitos de pasaje y evitaba otros; la amenaza se transformaba en un tema central de conversación entre vecinos y servía como criterio de demarcación y exclusión interna, entre peligrosos y sus potenciales víctimas”68
De esta manera, la percepción de cierto estrato social que se genera de ese otro amenazante se encuentra vinculada con las condiciones materiales de existencia de los individuos que pertenecen a estratos sociales desfavorecidos o a grupos desvalorados. A partir de ello, surge una desigualdad, más allá de las condiciones propias del nivel socioeconómico o de la discriminación en sí misma, que radica en las implicancias que genera dicha percepción estableciendo la inequidad en aquel que por su condición de otro es marginado de los beneficios de pertenecer a una ciudadanía; éstos se transforman en los parias urbanos. Ante cierta invisibilidad de la inequidad entre los ciudadanos Russo se pregunta “¿Cómo es la ruta de la inequidad? [Obteniendo como respuesta que] es difícil describirla cuando está tan naturalizada. Es posible hablar de una ciudadanía por nacimiento. Quienes nacen en determinados sectores sociales se hacen acreedores al derecho de ciudadanía y con él pueden reclamar, defenderse, exigir algunas cosas concretas, como cloacas, y algunas cosas abstractas, como justicia. Si se nace en otros sectores sociales, con el nacimiento no se adquiere derecho a nada. No se nace en el siglo XXI, sino en el XVIII, en el XIX, se nace antes del descubrimiento de la penicilina y antes de la invención de la máquina de escribir.”69
En lo que aquí resulta crucial reforzar, siguiendo el análisis de Zaffaroni, es que la seguridad no sólo objetiva sino también subjetiva está desigualmente distribuida según los determinados grupos sociales ocasionando que las experiencias con las instituciones de seguridad como así también con el delito configuren opiniones que incrementan la brecha social. Esto se sistematiza en la sociedad a partir de varias condiciones, a saber: “en primer lugar, fractura el sentido de comunidad y vecindad al ir vedando el uso de espacios públicos considerados peligrosos (…). En segundo lugar, la reputación de área peligrosa genera una espiral de degradación socio-económica (…). En tercer lugar, el temor está en la base de un incremento de la inequidad: si los habitantes de barrios más pudientes adoptan medidas privadas de protección y presionan a la Policía para una mayor presencia local, esto también desplaza el delito a las áreas de menor poder socioeconómico y capacidad de presión política, implicando una nueva desventaja para los más pobres, menos protegidos por las fuerzas públicas.”70
En síntesis, de alguna manera el sentido común aloja a la figura del victimario en los “marginados” y éstos a su vez en tanto víctimas no son considerados por los aquellos “otros” y por ellos mismos como tal dado su carácter marginal. Quizás en los gráficos que continúan sostengan en parte esta cuestión, a los efectos se realizó una comparativa en los 24 partidos del conurbano Bonaerense entre el porcentaje de delitos registrados en los años 1999, 2003 y 2004 y el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) registrado en el año 2001, en general la tendencia que aparece como más evidente es que los partidos que registran una mayor cantidad de delitos son los que poseen un índice de NBI más bajo, como es el caso de San Isidro en 1999 la tasa más alta de hechos delictuosos registrados, 3.265,50, su índice de NBI se encuentra en el anteúltimo lugar con respecto al resto de los municipios, similarmente Vicente López, en ese mismo año, con una tasa de 2.938 hechos delictuosos registrados y con el índice de NBI más bajo, contrariamente, Florencio Varela en 1999 registró una tasa de 1.163,20 hechos delictuosos siendo la segunda más baja y con el índice de NBI más alto respecto a la totalidad de los partidos(Asimismo, véase Anexo que incluye los datos en sus totalidades).












Relación entre delitos registrados (1999) e índice de NBI (2001) - en porcentajes sobre el total de la población
Partido
Hechos delictivos registrados
Necesidades básicas Insatisfechas
Almirante Brown
2,36
19,3
Avellaneda
2,58
10,7
Berazategui
1,32
19,4
Esteban Echeverría
3,09
20,4
Ezeiza
3,92
26,1
Florencio Varela
1,59
30,4
General San Martín
2,82
13,0
Hurlingham
2,50
12,6
Ituzaingó
2,16
10,8
José C. Paz
2,38
26,7
La Matanza
2,31
20,0
Lanas
2,38
11,7
Lomas de Zamora
2,30
17,2
Malvinas Argentinas
1,98
22,9
Merlo
1,62
23,4
Moreno
2,06
26,0
Morón
2,22
7,7
Quilmes
2,16
17,6
San Fernando
2,22
16,1
San Isidro
3,18
8,3
San Miguel
3,09
18,2
Tigre
3,04
20,3
Tres de Febrero
2,46
8,7
Vicente López
2,78
4,8




Relación entre delitos registrados (2003) e índice de NBI (2001) - en porcentajes sobre el total de la población
Partido
Hechos delictivos registrados
Necesidades básicas Insatisfechas
Almirante Brown
1,94
8,7
Avellaneda
3,02
7,7
Berazategui
1,86
4,8
Esteban Echeverría
2,39
10,8
Ezeiza
2,24
10,7
Florencio Varela
2,12
8,3
General San Martín
2,93
17,6
Hurlingham
2,66
13,0
Ituzaingó
3,24
11,7
José C. Paz
2,64
18,2
La Matanza
2,33
12,6
Lanas
2,89
26,7
Lomas de Zamora
2,13
23,4
Malvinas Argentinas
2,22
20,4
Merlo
2,45
20,0
Moreno
1,28
26,1
Morón
3,55
22,9
Quilmes
2,96
17,2
San Fernando
0,99
30,4
San Isidro
3,00
20,3
San Miguel
2,81
19,3
Tigre
2,11
19,4
Tres de Febrero
3,71
26,0
Vicente López
3,25
16,1





Relación entre delitos registrados (2004) e índice de NBI (2001) - en porcentajes sobre el total de la población
Partido
Hechos delictivos registrados
Necesidades básicas Insatisfechas
Almirante Brown
1,68
7,7
Avellaneda
2,65
8,3
Berazategui
1,78
4,8
Esteban Echeverría
2,01
8,7
Ezeiza
1,56
10,7
Florencio Varela
2,02
17,6
General San Martín
0,77
10,8
Hurlingham
2,39
11,7
Ituzaingó
2,48
12,6
José C. Paz
2,36
18,2
La Matanza
2,05
26,7
Lanas
2,46
20,3
Lomas de Zamora
1,68
13,0
Malvinas Argentinas
1,97
23,4
Merlo
2,25
20,0
Moreno
1,18
30,4
Morón
3,21
20,4
Quilmes
2,55
22,9
San Fernando
1,87
16,1
San Isidro
3,20
19,4
San Miguel
2,37
17,2
Tigre
2,35
19,3
Tres de Febrero
2,98
26,1
Vicente López
3,08
26,0



Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadística Criminal 2005 e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2001.
En general estas tendencias pueden manifestar que los partidos que poseen un mayor registro de denuncias de hechos delictivos son aquellos con una situación de ventaja con respecto a las condiciones materiales. Si bien los registros establecen la inseguridad objetiva, cabe destacar que hay un sin fin de hechos que no se denuncian y que constituyen la cifra negra. No obstante, al estar dirigida la criminalización secundaria a los individuos de los sectores marginados éstos perciben a las instituciones encargadas del control social como enemigas. Así, es evidente que en este contexto los ciudadanos –que no se consideran como tal- no confíen en las instituciones estatales.
De lo dicho y considerando la conformación de los estereotipos desde el sentido común, se puede encontrar un ejemplo en una encuesta realizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al respecto de la afirmación “la mayoría de los/as drogadictos/as son delincuentes”, si bien el punto de vista central se encuentra en la discriminación dirigida a un consumidor de estupefacientes se puede referenciar a éste como un portador de antivalores, de ello se puede observar que los resultados obtenidos a nivel nacional apoyaron en casi un 50 % a la afirmación, así: un 42,9 % de los encuestados estaban parcialmente acuerdo, un 42,4 % parcialmente en desacuerdo, un 12 % ni en acuerdo, ni en desacuerdo y un 2,7 % no sabe o no contesta, al efecto, véase el siguiente gráfico con los valores mencionados:


Fuente: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Recomendación general en materia de discriminación a consumidores/as de drogas prohibidas. Año 2008.

No obstante, cabe destacar en la provincia de Buenos Aires los resultados obtenidos fueron menos parcialmente más distribuidos que a nivel nacional, así fueron: un 26,8 % de los encuestados estaban parcialmente acuerdo, un 49 % parcialmente en desacuerdo, un 21,2 % ni en acuerdo, ni en desacuerdo y un 3 % no sabe o no contesta, en virtud de ello véase el siguiente gráfico:

Fuente: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Recomendación general en materia de discriminación a consumidores/as de drogas prohibidas. Año 2008.

Por otra parte, en el mismo documento del INADI se afirmaba que en la población Argentina “ya es habitual la relación estrecha que se ha instalado en el imaginario colectivo de los sectores más acomodados, asociando “pobre” con ciertas tipificaciones como villero, negro, ladrón, prostituta o drogadicto”71. Así, “la inseguridad descansa, más allá de las tasas reales de delitos, sobre la definición metafórica del autor de delitos. Es la imagen de un delincuente omnipotente y omnipresente la que condensa un temor generalizado y, por lo mismo, exagerado. El criminal deviene, al menos en parte, en el chivo expiatorio que nombra (y esconde) una realidad difícil de asir. El análisis de la seguridad ciudadana remite pues a factores subyacentes. En el miedo al otro resuenan otras inseguridades; aquellas provocadas por el debilitamiento del vínculo social, del sentimiento de comunidad y, finalmente, de la noción misma de orden”.72
Empero, es importante señalar que el abordaje del temor al delito o del miedo al crimen es problemático porque se trata de una problemática de carácter polisémica, es decir, no hay suficientes elementos para trabajar con emociones y sentimientos colectivos.


La alquimia mediática y la panacea social.

Los medios de comunicación hegemónicos de la Argentina, en ocasiones, muestran deficiente a la administración de las instituciones del Estado que imparten justicia frente a la complejización del fenómeno social de la inseguridad subjetiva como así también a la burocratización de las sociedades modernas. Empero en ciertas circunstancias –quizás más de las deseadas- esta cuestión no queda sólo aquí, sino que “parecería” que la función comunicacional de informar no es suficiente. En este marco, el centro de esta cuestión se encuentra en que los medios se apropian de un cierto discurso del saber que lo transfieren a un qué hacer, es decir: imparten justicia a la sociedad.
En las sociedades actuales “los medios masivos de comunicación empresarial han producido determinadas formas judiciales que les permiten emplazarse en el seno de la sociedad, judicializando aquello que revelan como noticia. (…) la noticia se vuelve criminalizante; la prensa criminaliza.”73. De este modo se emplea la administración de la justicia en los medios de comunicación. Surge una búsqueda constante de justicia atravesada por la historia del día cuyos tiempos no guardan una correspondencia lógica, es decir, el ritmo inscripto en los medios sobre lo noticiable requiere de acontecimientos emanados a la orden del día donde su objeto es mutable en virtud de la última novedad, mientras que los tiempos de la gestión judicial albergan una duración que se extiende en el tiempo en correspondencia al tratamiento del caso particular. A partir de esto, el discurso jurídico expone el sentido común de las cosas para la fácil interpretación del ciudadano. Así, toma la característica del bricollage definido por Levi-Strauss74 manifestando una suerte de doxa que se traslada en un efecto homogeneizador de los temas que por añadiría se convierten para la sociedad en una “causa común” que se engloba a la sensación de inseguridad social permitiéndole proponer “soluciones”.
La disposición de los medios en el país sobre la temática del crimen es sumamente considerable y se perpetúa a partir del temor de los ciudadanos a ser víctima de agresiones de terceros. Esto deriva a una sensación social basada en la necesidad de defensa frente a un posible ataque y los medios, “preocupados por la seguridad de sus consumidores”, abordan el tratamiento de la seguridad como si se tratase de un servicio que pueden impartir. Así, “el discurso que se elabora con los llamados de los consumidores (…) termina fatalmente enfrentado a los intentos de interpretación y delimitación sistemática, provenientes del campo criminológico, penal y sociológico y de las políticas criminales modernas, que estas instancias proponen desarrollar siguiendo argumentos estrictamente racionales. Esto significa que es impensable esperar una influencia eficiente desde lo científico, desprovista del abrumador poder de configuración de los medios y su presentación -básicamente emocional- del delito.
En la mayoría de las oportunidades, la demanda de la víctima no es acertada. La tentación de impartir moral y el pedido de “justicia” aumenta con la toma de posición vulnerabilizada en relación a la iconografía de la víctima. De todos modos, como sostiene Zaffaroni75, la víctima de un hecho no tiene solución y ello puede ser el imperativo del temor a ser víctimas de determinados delitos que atentan a la integridad de los individuos. Empero, en la multiplicidad de voces y la desigualdad social puede traducirse en que “Ahora la lucha contra la inseguridad vuelve a insinuar la necesidad de mano dura, la misma que convirtió este país provinciano en una postal amarga de gente que come basura.” 76


El discurso mediático: víctimas de la inseguridad.

Como ya fue señalado, todo conocimiento que el hombre posee sobre el mundo se encuentra mediado por la forma en que lo conoce y en la actualidad la principal vía de conocimiento la recibe a través de los medios masivos de comunicación, “ellos cumplen la función mediadora pero también (esencialmente) conformadora de su realidad. Se trata ni más ni menos, de un sistema de producción masiva del conocimiento, que luego reciben y asimilan grandes conjuntos de población”77. Ahora bien, un importante aspecto a destacar en lo ateniente al accionar de los medios con respecto a los temas vinculados con la seguridad y el delito es que producen un “mantenimiento constante de una sensación consensual de la sociedad que uniforma la percepción de los acontecimientos, disimulando sus matices y diferencias. De hecho, estandarizan el sentimiento de pertenencia social que, al mismo tiempo, legitima incondicionalmente la visión del orden establecido”78. Con este accionar, sumado a la espectacularización de los hechos delictivos, los medios no se detienen en los aspectos contextuales sociales y biográficos de los individuos implicados. Continuando este análisis, Elbert sostiene que el esquema de transmisión -de lo que explicitan como real- es unilateral y que provoca la remisión de las responsabilidades a un desconocido, a un “otro”, que desafió la ley justificando con ello una posible reacción vengativa.
De algún modo, se puede inferir que los medios masivos de comunicación perciben a dos tipos de víctimas que las plantean en sus discursos, a saber: victima consensual y víctima potencial. Empero, aquí se destacaría una más, la víctima omitida.
En este sentido, la víctima consensual es la que se establece como real, la que ha sido producto de un victimario y en la que se establece socialmente un acuerdo tácito que incluye a todas las víctimas en ese tipo de víctimas. Por otra parte, la semejanza de por determinadas condiciones de vida sumada a la sensación de inseguridad convierte a ciertos individuos de sectores sociales favorecidos de la población en víctimas potenciales que no experimentaron la experiencia real, pero las expectativas subjetivas y la inclusión a un determinado sector social, y aún sin tal pertenencia, convierten a esos individuos en víctimas por una supuesta proximidad a la víctima consensual. Por último, la víctima omitida es aquella que aún siendo víctima real su figura no existe en el entramado social, en tanto no es consensuada socialmente y muchas veces se la considera como victimario, en oposición a lo que el otro no es.
Pero surge otra problemática, en la estructura del sistema social fracturado la víctima omitida es producto de las desigualdades sociales que culminan en la inequidad y en la marginalidad de ciertos estratos sociales desfavorecidos, esto origina lo que se denomina como “estigmatización de la pobreza”. Lo cierto es que hay una relación en el momento en que los índices de pobreza aumentaron y el aumento de la delincuencia en el conurbano bonaerense, pero pensar sólo en esta relación simplista lleva a errores del sentido común en el cual se vincula al delito y a la pobreza. Por ello, “las desigualdades sociales irritantes, sobre todo las producidas violentamente en tiempos muy cortos, producen permanentemente conductas ilegales de parte de los que han quedado violentamente en desventaja. Esto puede producirse por el descenso rápido de algunos o por el ascenso rápido de otros o por las dos cosas a la vez. Y este proceso se da a lo largo de todos los estratos sociales, pero principalmente en la base más baja y en el vértice más alto de la pirámide social por razones de subsistencia y de alta complejidad respectivamente.”79
Frente a la adicción de las victimas omitidas, las víctimas potenciales son las que generan la mayor demanda social de seguridad, porque en ellas se instala el fenómeno de la inseguridad subjetiva. Esta demanda surge a partir del discurso de las víctimas consensúales, es amplificado por la retórica de los medios de comunicación y se incrementa gracias a la presión de las víctimas potenciales; en ellas la sensación de inseguridad se instala de manera radical.
¿Es posible pensar que, en algunos contextos sociopolíticos, esta presión es aprovechada por determinados sectores para manifestar sólo los déficit de las respuestas institucionales y con ello erosionar la legitimidad política de los encargados del gobierno del sistema de seguridad pública? ¿O acaso, esos deficits de las respuestas institucionales son tan profundos que explican el estado de alarma por el aumento de las tasas de criminalidad en los últimos 15 años? Sea cual sea el caso, queda claro que los medios de comunicación hegemónicos no actúan solamente como “informadores objetivos” o “comentaristas” de los casos de criminalidad; sino que en realidad los espectacularizan, los convierten en una mercancía y los repiten con insistencia para vender tantas veces sea posible esa producción simbólica. Y ya sea que el sistema de seguridad pública sea deficitario o que la demanda social sea excesiva, los medios de comunicación más influyentes regulan la “temperatura social” de los reclamos cada vez que eligen acentuar una u otra cuestión para conformar su agenda.


La novedad

La novedad en materia de inseguridad en la Argentina, y en especial en Buenos Aires, se ubica en la sensación de que no hay soluciones factibles para enfrentar el delito. Los medios de comunicación masifican el fenómeno que con la redundancia de la reiteración de los hechos delictivos se extiende en una suerte de impotencia que deviene de la presunción de una víctima futura.





“...cuanto más crímenes haya,
más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población,
más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial.
La existencia de ese pequeño peligro interno permanente
es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control,
lo que explica por que en los periódicos, en la radio, la TV (...),
se concede tanto espacio a la criminalidad
como si tratase de una novedad cada nuevo día...”80

ANEXO





Total País según provincia. Población, superficie y densidad. Años 1991 - 2001
Provincia
Año
1991
2001
Población
Superficie
Densidad
Población
Superficie
Densidad
en km2
hab/km2
en km2
hab/km2







Total
32.615.528
2.780.400
11,7
36.260.130
2.780.403
13,0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2.965.403
200
14827,0
2.776.138
203
13679,6
Buenos Aires
12.594.974
307.571
40,9
13.827.203
307.571
45,0
24 Partidos del Gran Buenos Aires
7.969.324
3.680
2.165,6
8.684.437
3.627
2.394,4
Resto de la Provincia de Buenos Aires
4.625.650
303.891
15,2
5.142.766
303.944
16,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2001.


Provincia de Buenos Aires: 24 Partidos del Gran Buenos Aires según partido.
Población censada en 1991 y 2001
Partido
Población
Hechos delictuosos registrados

1991
2001
1999
2003
2004

Frecuencia de hechos delictivos registrados
Tasa de hechos delictuosos registrados - 100.000 hab.
Porcentaje de la frecuencia según la cantidad de población
Frecuencia de hechos delictivos registrados
Tasa de hechos delictuosos registrados - 100.000 hab.
Porcentaje de la frecuencia según la cantidad de población
Frecuencia de hechos delictivos registrados
Tasa de hechos delictuosos registrados - 100.000 hab.
Porcentaje de la frecuencia según la cantidad de población
Almirante Brown
450.698
515.556
10.632
2.062,30
2,36
9.996
1.938,90
1,94
8.641
1.676,10
1,68
Avellaneda
344.991
328.980
8.902
2.706,00
2,58
9.934
3.019,60
3,02
8.708
2.647,00
2,65
Berazategui
244.929
287.913
3.230
1.121,70
1,32
5.359
1.861,30
1,86
5.118
1.777,60
1,78
Esteban Echeverría
198.335
243.974
6.122
2.509,40
3,09
5.835
2.391,60
2,39
4.897
2.007,20
2,01
Ezeiza
75.298
118.807
2.954
2.486,60
3,92
2.667
2.244,80
2,24
1.855
1.561,40
1,56
Florencio Varela
254.940
348.970
4.059
1.163,20
1,59
7.400
2.120,50
2,12
7.038
2.016,80
2,02
General San Martín
406.809
403.107
11.472
2.846,00
2,82
11.822
2.932,70
2,93
3.116
2.261,40
0,77
Hurlingham
166.935
172.245
4.180
2.426,50
2,50
4.580
2.659,00
2,66
4.119
2.391,40
2,39
Ituzaingó
142.317
158.121
3.073
1.943,40
2,16
5.121
3.238,70
3,24
3.924
2.481,60
2,48
José C. Paz
186.681
230.208
4.435
1.926,50
2,38
6.066
2.635,00
2,64
5.439
2.362,60
2,36
La Matanza
1.121.298
1.255.288
25.866
2.060,60
2,31
29.307
2.334,70
2,33
25.785
2.054,10
2,05
Lanas
468.561
453.082
11.158
2.462,70
2,38
13.088
2.888,70
2,89
11.127
2.455,80
2,46
Lomas de Zamora
574.330
591.345
13.205
2.233,00
2,30
12.616
2.133,40
2,13
9.962
1.684,60
1,68
Malvinas Argentinas
239.113
290.691
4.742
1.631,30
1,98
6.445
2.217,10
2,22
5.721
1.968,10
1,97
Merlo
390.858
469.985
6.314
1.343,50
1,62
11.506
2.448,20
2,45
10.555
2.245,80
2,25
Moreno
287.715
380.503
5.913
1.553,90
2,06
4.887
1.284,40
1,28
4.481
1.177,70
1,18
Morón
334.301
309.380
7.406
2.393,70
2,22
10.997
3.554,50
3,55
9.925
3.208,00
3,21
Quilmes
511.234
518.788
11.052
2.130,40
2,16
15.335
2.955,90
2,96
13.204
2.545,20
2,55
San Fernando
144.763
151.131
3.210
2.123,70
2,22
1.499
991,90
0,99
2.819
1.865,30
1,87
San Isidro
299.023
291.505
9.520
3.265,90
3,18
8.744
2.999,60
3,00
9.321
3.197,50
3,20
San Miguel
212.692
253.086
6.573
2.597,10
3,09
7.100
2.805,40
2,81
5.990
2.366,80
2,37
Tigre
257.922
301.223
7.844
2.604,00
3,04
6.370
2.114,70
2,11
7.072
2.347,80
2,35
Tres de Febrero
349.376
336.467
8.598
2.555,50
2,46
12.474
3.707,30
3,71
10.028
2.980,40
2,98
Vicente López
289.505
274.082
8.053
2.938,00
2,78
8.913
3.251,90
3,25
8.449
3.082,70
3,08
Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Informe Anual de Estadística Criminal 2005 e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2001.


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Otros documentos

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“Recomendación general en materia de discriminación a consumidores/as de drogas prohibidas”, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Año 2008.
Diario CLARÍN, “Admiten que es deficitaria la seguridad en Buenos Aires”, en Sección Policía, Viernes 10 de abril de 1992.
Diario PÁGINA/12, RUSSO, Sandra, “Seguridad / inseguridad, en Página/12. Contratapa. 2 de septiembre de 2006.
Dirección Nacional de Política Criminal. Departamento de Investigaciones, Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Estudio de Victimización. Gran Buenos Aires. Año 2003.
Encuesta realizada por: GERMANO & GIACOBBE. Publicada en Revista Noticias, “Policía. Los soldados del diablo”, Nota de tapa, Maldita policía, 10 de agosto de 1996.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2001.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2001.
LEY 12.154, “Ley de Seguridad Pública”, en Legislación Policial de la Provincia de Buenos Aires, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2007.
LEY 13.409, “Declaración del estado de emergencia de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, en Legislación Policial de la Provincia de Buenos Aires, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2007.
LEY 13.704, “Declaración del estado de emergencia de las Policías de la Provincia de Buenos Aires por un año. Convalidación del Decreto 2555/06”, en Legislación Policial de la Provincia de Buenos Aires, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2007.
Macropedia, Volumen 5, en Enciclopedia Hispánica, Enciclopedia Britannica Publishers, Inc., Estados Unidos, 1993.
Naciones Unidas, PNUD, Informe Desarrollo Humano en Chile, 1998. Las paradojas de la modernización, 1998.
Revista Noticias, “Policía. Los soldados del diablo”, Nota de tapa, Maldita policía, 10 de agosto de 1996.
Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Estudio de Victimización. Gran Buenos Aires. Año 2003.
Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Sistema Nacional de Estadística Criminal (SNEC), Informe Anual de Estadística Criminal. Año 2005.

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