3. Producción social del hábitat, cooperativismo autogestionario y derecho a la ciudad.
- Detalles
- Categoría: Número 17
- Publicado el Lunes, 31 Mayo 2004 21:00
- Visto: 16934
Reflexiones desde la ciudad de Buenos Aires.
Por María Carla Rodríguez
“....Debe profundizarse el significado de la palabra participación. Si participar se entiende como co-mandar, esto significa la apertura para una multiplicidad de formas, de estrategias de financiamiento y gestión y, sobre todo, de participación en los beneficios de la ciudad,...así la gestión popular debe tener un papel no sólo de corresponsabilidad por los costos y las cargas de todo el proceso, sino también un papel activo en la reversión de un modelo de ciudad que excluye y reproduce las desigüaldades”.
Red CYTED XIV.B. Hacia Habitat II.
Raquel Rolnik y Rosángela Paz.
Este trabajo plantea un conjunto de reflexiones donde se conjuga una práctica de
investigación académica, con otra de intervención sociopolítica en el campo del hábitat popular, en la ciudad de Buenos Aires.
Establece algunas consideraciones sobre los procesos sociales, económicos, culturales y, fundamentalmente, políticos, que se conjugan en el intento de desarrollo de una línea de política habitacional, el cooperativismo autogestionario, donde, aún en un contexto crítico como el actual, se reconocen procesos de interacción, transformación y resignificación - dinámicas y multidimensionales-, de las relaciones entre actores sociales emergentes, ámbitos de gobierno, generación de programas y normativas y su expresión en el ámbito urbano.
Como surge de una inquietud teórica (¿cuáles han sido las tendencias de transformación socioterritorial de la ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas? ) y política (¿quiénes ganan y quienes pierden? ¿cómo se sostiene el espacio posible para el desarrollo de formas de producción social del hábitat, como el cooperativismo autogestionario, que, aún en un contexto crítico, contribuyan al fortalecimiento de los sectores populares y el mejoramiento de sus condiciones de vida, a través de la construcción del derecho a la ciudad como terreno de la disputa política?), no está excento de juicios de valor explícitos, que también constituyen parte de su argumentación y del diálogo que propone.
La lucha por el derecho a la ciudad en el contexto argentino actual.
¿Que significa la lucha popular por el derecho a la ciudad? ¿ Cuál es su importancia estratégica para los sectores populares, en una situación como la Argentina actual?
La globalización capitalista, como proyecto político - económico, bajo el dominio cada vez más unipolar de EUA, ha construido durante las últimas décadas los fundamentos de un nuevo colonialismo, fortaleciendo el imperio de los capitales extractivos y especulativos que succionan los excedentes de países y amplias capas de sectores populares, expropiando - sin límites- sus activos y saberes. La situación Argentina actual, gestada progresivamente a lo largo de las tres últimas décadas, resulta un ejemplo paradigmático y doloroso.
El modelo capitalista impuesto en la fase "globalizadora" es concentrador en una escala nunca antes experimentada, polarizador en lo económico, disgregador y fragmentador de las amplias mayorías en lo político y, como señala Enrique Ortiz (2002), "reduccionista de la realidad, homogeneizador de las culturas, mentes, productos e incluso, los seres vivos".
A mayor avance de estas tendencias, mayor es la subordinación de los gobiernos nacionales a los dictados imperiales, que se concreta a través de la actuación de lo que parece una nueva clase capitalista transnacional emergente (compuesta por directivos de las grandes corporaciones transnacionales, burócratas de los diversos organismos internacionales, altos funcionarios y miembros de gobiernos nacionales que ejecutan las decisiones locales[2] y empresas de comunicación que actúan a escala global. Sklair: 2001).
En este proceso, los Estados nacionales han permitido la mutilación de su soberanía y, con ello, han reducido los espacios democráticos y la soberanía de sus pueblos.
En este contexto, que supone una transformación de la organización territorial en marcha a escala planetaria, las ciudades han jugado un nuevo papel. Las más importantes, se constituyeron en nodos de la política y la economía global, a los que se articulan en forma subordinada, los principales centros urbanos y las ciudades secundarias de nuestros países. [3]
Espacialmente, en las ciudades, estos procesos profundizan las tendencias a la segregación social y territorial. Por un lado, se constituyeron enclaves del sistema globalizado, en los que se instalan los edificios corporativos y los servicios sofisticados que ellos requieren. Para ello, se han hecho enormes inversiones en infraestructura, equipamientos y servicios urbanos pagados con recursos nacionales. Se ha subsidiado la instalación de estos enclaves, se ha subsidiado al gran capital y se han derivado allí ,los recursos con los cuales las sociedades nacionales debieran discutir y construir: ¿que país/es?, ¿qué ciudad/es?, ¿para quienes? y ¿con quiénes?
Cabe resaltar que, en el campo político, y como lo reconocen Mollenkopf y Castells para la propia ciudad de Nueva York, la "capital imperial", pareciera que lo único homogéneo en términos sociales y de actuación política, en esta etapa, ha sido el “corazón económico”: mayoritariamente blanco, masculino y formado por propietarios, gerentes y profesionales. Mientras, por fuera, aparece una “variedad caleidoscópica” de grupos subordinados y periféricos a ese desarrollo en términos de inserción en el mercado laboral, ocupaciones, etnia, origen, género, formas de habitar, participación comunitaria o modalidades de vinculación en relación a las políticas públicas. [4]
Buenos Aires, territorio en disputa: el papel de las políticas urbanas.
En el despliegue de estos procesos, la política urbana ha jugado un papel fundamental: las acciones gubernamentales de nivel nacional y local, han sido gestoras de las condiciones necesarias para el surgimiento de transformaciones económicas, sociales y ambientales en áreas degradadas y recalificables de las ciudades (H. Herzer et al, 1999). El caso de Buenos Aires[5] es ilustrativo al respecto. El Gobierno Nacional ha incidido significativamente con la puesta a disposición, para su valorización, a muy bajos costos, de 170 hectáreas de tierras fiscales nacionales, a través de la creación de la “Corporación Antiguo Puerto Madero”[6], posibilitando la expansión del área central, cuyo suelo disponible se encontraba agotado. En consonancia, el Gobierno de la Ciudad ha invertido en obras de infraestructura, como la realización de obras de defensa costera destinadas a mitigar las inundaciones en el barrio de La Boca, de localización continua sobre la ribera hacia el sur, respecto de Puerto Madero, posibilitando allí, el desarrollo de un proceso de renovación urbana , así como otras reorientaciones de la inversión pública,[7] realizadas bajo la ilustrativa consigna del primer gobierno de la ciudad elegido en forma directa (1996), el del Dr. De La Rúa, de “incorporar el sur al norte”[8]. Otras medidas que integraron el proceso fueron las modificaciones en el Código de Edificaciones y de Planeamiento Urbano, el diseño del Plan Urbano Ambiental y la creación de una Corporación del Sur [9].
En este sentido, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha establecido más continuidades que diferencias en el desarrollo de los lineamientos de políticas urbanas, a lo largo de los ´90.[10]
Este conjunto de proyectos recualificadores de la ciudad, en función del gran capital, ha supuesto también transformaciones importantes en los barrios adyacentes de Puerto Madero. El barrio de San Telmo, que se identifica con el centro histórico de la ciudad, ha sido objeto de un encuadre normativo de preservación patrimonial[11], progresivamente flexibilizado y permeable a la expansión de usos ligados a la “city”, pero tendiendo a recortar o preservar un “corazón histórico turístico” restringido a unas pocas manzanas, que han sido progresivamente rehabilitadas, junto con la aplicación de programas de corte “cosmético” como la recuperación de la iluminación y calzadas históricas o la ampliación de un circuito peatonal turístico que lo vincula con el barrio de La Boca[12]. (Díaz Orueta et al: 2002)
Renovación urbana en La Boca o San Telmo, han significado, en este contexto, un gran signo de interrogación respecto a los destinos de los sectores populares que residen allí: los ocupantes de edificios que se aferraron como pudieron a la ciudad, desde el retorno de la democracia, los habitantes de los viejos inquilinatos de La Boca, en muchos casos devenidos en ocupaciones por el propio proceso especulativo de sus propietarios, los inquilinos de hoteles pensión, buena parte de ellos subsidiados por el gobierno de la ciudad en la década de los ´90, a través de una política social que, nuevamente, ha beneficiado en primer lugar, a los propietarios de un negocio en baja con la progresión de la crisis.
Estas tendencias, en las cuales se plasma la producción de la ciudad, suponen una lucha, siempre presente, a veces en forma latente o velada y otras, claramente manifiesta, por la apropiación del espacio urbano y han significado, en muchos casos, la erradicación o el desalojo forzado de las capas populares y, casi siempre, una permanente situación de inestabilidad, de cuestionamiento de su identidad y de su derecho a la vida en la ciudad - y no a una supervivencia cada vez más precaria y pasiva. [13]
Desde la resistencia al desalojo ... al cooperativismo autogestionario.
La lucha por políticas populares de habitat.
En este marco, en las últimas décadas, también se han desarrollado en los mismos barrios, las experiencias de organización y resistencia de estos sectores, desde la fragmentación y la debilidad, luchando por recrear, por transformar, su situación. Resistencias que son una parte del trabajoso proceso de reconstrucción del campo popular argentino.
Experiencias, que a su vez, forman parte de las modalidades de producción social del hábitat impulsadas en toda América Latina durante estas décadas, a partir de las luchas y esfuerzos colectivos de las organizaciones sociales, movimientos de hábitat, desde capacidades técnicas comprometidas con la temática del hábitat y grupos universitarios, prefigurando - en una situación de gran asimetría de poderes, otros lineamientos y políticas que potencien y se correspondan con las perspectivas, esfuerzos y necesidades populares. (Rodríguez: 2002)
En la ciudad de Buenos Aires, la pelea por la radicación, se ha manifestado en procesos de resistencia, como el desarrollado en el barrio de La Boca a partir del año 1997, donde la constitución de una Asamblea de desalojados, a través de la movilización, logró instalar la existencia de un fondo de emergencia y de una normativa (la resolución 525), para incorporar las respuestas de hábitat no previstas en la política de renovación para los sectores populares, con la cual se implementaron varios cientos de prestamos individuales mancomunados, que, simplemente, no hubieran existido sin esa movilización.
Línea de política que muestra el poder (junto con el no poder) y la vigencia de la organización popular y también sus limitaciones. En esta experiencia, el proceso de organización emergente, siguió una tendencia a la fragmentación y multiplicación de pequeñas organizaciones, debilitando la contundencia de su accionar y favoreciendo el desarrollo de la política clientelar, el "internismo" y la competencia. En esta experiencia, a su vez, esas organizaciones, no fueron parte del diseño de la normativa ni de la aplicación de la política, otro signo de debilidad que tendió a la licuación o posibilitó desvirtuaciones de su sentido original. Sin embargo, en el barrio de La Boca, se dieron pasos significativos en la reconstrucción de actores y organizaciones que expresan la capacidad de resistencia de los sectores populares, en la ciudad[14] y que confluyeron con otras organizaciones, en la formulación y defensa de una línea de política más avanzada, desde el protagonismo y el rol de las propias organizaciones: la ley 341 de autogestión y emergencia habitacional .
Esta, la línea de política habitacional que hoy se defiende en la ciudad de Buenos Aires[15], en la grave y compleja situación actual, surge como todo proceso de lucha popular, de un entramado complejo de experiencias, irreductible a una única filiación. Entre las mismas, sin embargo, resulta significativa la síntesis que se ha elaborado, a partir de los propios pasos que los sectores populares dieron, en la década del ´80 en la ciudad de Buenos Aires, y que mostraron, masivamente, la dirección básica de la política que necesitan: ocupando por miles, los edificios vacíos y ociosos de la ciudad. Peleando, como pudieron, la radicación en la ciudad. [16]
- Cooperativismo autogestionario, generación de una nueva cultura y de unas nuevas prácticas en la lucha por la construcción de unas nuevas políticas.
La experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, en los últimos 12 años, ha recreado y racionalizado como propuesta organizativa y de formulación de políticas populares esta orientación básica: ganar colectivamente los edificios en la ciudad, como modo de ganar la radicación, es decir, el derecho a la ciudad, a través del desarrollo del cooperativismo autogestionario.[17] (Jeifetz: 1997)
Así se constituyeron las cooperativas pioneras a comienzos de los ´90, en ocupaciones de edificios en barrios como San Telmo, que pelearon y propusieron concretas propuestas de regularización dominial, demostrando capacidad de organización y de movilización de todo tipo de recursos, incluidos los económicos, así como de rehabilitación de esos edificios, a través de la ejecución directa por parte de las cooperativas, con sus propios equipos técnicos.
En este sentido, la principal herramienta es la autogestión, comprendida como la capacidad de las organizaciones populares de participar y decidir en todas las fases de la política pública y, en particular, en la fase de ejecución, efectuar la administración directa de los recursos por la población organizada y capacitada. Esto, con el fin de generar alternativas más eficientes tanto en términos sociales- adecuadas a las características de la población - como económicos- a menor costo que los sistemas tradicionales ejecutados a través de licitación empresarial.
-Construir sin ladrillos...la cultura de la autogestión...
La primer etapa (y quizás el corazón del desarrollo del cooperativismo autogestionario), tiene que ver con la "construcción sin ladrillos". Esta etapa implica el desarrollo de la capacidad autogestionaria de la población en sus aspectos de organización interna, capacidad de definir un objetivo colectivo en común, asumir roles y funciones, trabajar en equipo para su consecución y vislumbrar que se es parte de un proceso más amplio de lucha por las reconstrucción del campo popular. Al mismo tiempo, exige una reorientación en el plano de los recursos económicos, para movilizarlos, activar la capacidad de generarlos (aún en medio de la crisis) y reorientarlos en términos de reforzar sus objetivos. El eje central de este proceso es la participación, el eje económico si bien resulta un indicador de compromiso de las familias, no define situaciones de exclusión. Los procesos organizativos generan nuevas capacidades al interior de los grupos para definir estrategias que les permitan superar colectivamente obstáculos económicos individuales. Una cierta heterogeneidad en los niveles de ingresos de los grupos, garantizan cierta capacidad de contención hacia las situaciones más vulnerables y una amplitud y convivencia en la diversidad que se vincula con la construcción de una ciudad democrática. En síntesis, esta etapa tiene por objetivo la construcción de la cooperativa como organización en todos sus planos (por ello es construcción “sin ladrillos")
No se trata de una tarea sencilla. Las personas y familias no necesariamente tienen experiencias de prácticas colectivas más allá del funcionamiento de su núcleo familiar. El trabajo colectivo no está instalado ni es incentivado en nuestra cultura. Cuando la cooperación se concreta, normalmente, es comprendida más como una actitud o disposición personal que como un principio de organización que, además, se concreta en el funcionamiento de una estructura formal basada en la solidaridad, como práctica. Para asegurar el funcionamiento de la cooperativa, los socios usualmente definen un acuerdo interno - como parte de su proceso de conformación, basado en tres criterios que impulsa el MOI y que definen la pertenencia a la organización: participación, regularidad en el cumplimiento de los compromisos económicos definidos por el grupo (que puede ser una simple "caja chica")y capacidad de convivencia cooperativa.
La Construcción sin Ladrillos involucra, entonces, todos los aspectos vinculados al funcionamiento de la solución habitacional autogestionaria y a la incorporación a una organización social de vivienda: alcanzar un nivel de organización por parte del grupos de familias involucradas, su constitución formal como cooperativa (incluyendo la capacidad de asumir los roles y funciones institucionales pertinentes) y las gestiones tendientes a la obtención de recursos públicos para acceder a la compra de inmuebles y la lucha por la implementación de una política de hábitat popular autogestionaria en la ciudad.
En esa etapa, el MOI ha concretado un arco de experiencias diversas que lograron la consecución del techo colectivo en la ciudad, sentando experiencias pioneras en la lucha por la definición de una política. Se han formado muchas cooperativas y sólo algunas han alcanzado en buen término esta etapa, a través de la compra de inmuebles de propiedad pública o a través del mercado. Considerando la inversión económica desarrollada a través del propio ahorro en el período 1991-1997 por las cooperativas pioneras, así como de la consecución de financiación pública (aprovechando algunas operatorias existentes y resignificándolas en la instrumentación de este marco socio organizativo) , estimamos que las cooperativas, en esta etapa, han movilizado aproximadamente U$S 600.000 (de la Convertibilidad). La disposición a la acción colectiva a través de la cooperación, permite integrar y sostener a los que menos tienen. El resto, es responsabilidad de la acción pública estatal, recuperando conceptos tales como el “subsidio”, pero redefinidos en el contexto de la cultura autogestionaria y la cooperación.
-Construir autogestionariamente un edificio, para habitar cooperativamente.
La segunda etapa del proceso cooperativo autogestionario, denomina Construcción con Ladrillos, persigue el desarrollo de la capacidad de transformar esos edificios de propiedad cooperativa en conjuntos de viviendas dignas y adecuadas a las necesidades de las familias. El objetivo de esta etapa, a través de la construcción por autogestión cooperativa, fortalece la capacidad de administrar en forma directa los recursos públicos. Al mismo tiempo, esto implica una profunda transformación en la definición de las políticas a través de la participación de las organizaciones sociales en el proceso de toma de decisiones, y en lo que respecta a la concreción de las políticas y la búsqueda de solución eficientes de las necesidades habitacionales, por ello, el programa tiene diversas implicaciones. Por una parte, supone el diseño de proyectos adecuados a la escala y demandas que emergen de las necesidades específicas del contexto local, a través de la participación de los beneficiarios involucrados y las autoridades de gobierno. Por otra parte, induce el desarrollo de capacidades para la correcta materialización de los proyectos, tanto a nivel profesional como de generación y recuperación de calificaciones en la fuerza de trabajo requerida que es, al mismo tiempo, parte del segmento de la población en situación habitacional crítica definida por el proyecto.
Por ejemplo, el MOI ha desarrollado la primer experiencia de rehabiltiación edilicia en la ciudad de Buenos Aires, en un distrito central en área de renovación, el deslinde entre San Telmo y Puerto Madero. Cooperativa la Unión, constituida sobre finales de los ´80, compra en 1995 una vieja fábrica que sus miembros ocupaban y era propiedad del Gobierno Nacional, con el cargo de hacer un conjunto de viviendas cuyos recursos financieros el estado no garantizaba. En 1997 comienza la rehabilitación con recursos parciales gestionados por el MOI en otra dependencia nacional- la Subsecretaría de Vivienda. Estos fondos fueron transferidos al MOI para la generación de un fondo blando con destino a este tipo de emprendimientos. Todas las familias participaron en el diseño del proyecto arquitectónico, definieron colectivamente criterios equitativos para la redistribución del espacio dentro del edificio y para la distinción entre espacios públicos y privados. En lugar de contratar empresas constructoras, Cooperativa La Unión- con soporte profesional interdisciplinario y arquitectos en dirección técnica de obra- tomaron bajo su control la construcción del conjunto, comprando los materiales y reclutando la mano de obra calificada (entre ellos miembros de otras cooperativas del MOI), financiando esta última a través de Programas Trabajar. La cooperativa también ha introducido el sistema de ayuda mutua para cubrir, las tareas de mano de obra no calificada. Eliminando la ganancia empresarial, la cooperativa pudo construir a costos muy inferiores a los de mercado y aún, a los proyectos gubernamentales actualmente en curso. En cambio de 750U$S el m2, el mejor valor con que la CMV resolvía la ejecución de conjuntos habitacionales por licitación empresarial, en el período, el MOI, con La Unión, ha construido por rehabilitación edilicia en un costo de U$S 190 el m2, en Puerto Madero. El Programa involucra entonces, el diseño de mecanismos que plantean una eficiente utilización de los recursos a través de las organizaciones sociales involucradas. Las superficies de estas viviendas oscilan entre 44 m2 y 100 m2, asignadas en relación con las características de la composición familiar de los socios.
Otra característica de esta experiencias es la propiedad colectiva y la relación jurídica de uso y goce, adquirida en una primera etapa, como único camino posible de ganar el techo a la ciudad: peleando colectivamente y que, posteriormente, se plasmó en criterio de conformación de todas las cooperativas del MOI
Estas experiencias pioners, costosamente llevadas adelante en edificios de propiedad nacional, municipal y aún adquiriendo inmuebles en el mercado (Cooperativas la Unión, Perú y Yatay respectivamente), son la base de una línea, la del desarrollo del cooperativismo autogestionario en la ciudad, que el MOI abre al conjunto de los sectores populares, construyendo, actualmente, con los trabajadores sindicalizados de la Central de Trabajadores Argentinos y de la Federación Nacional de Tierra Vivienda y Hábitat de CTA, como propuesta para disputar el territorio y la producción del hábitat urbano, desde un protagonismo popular (el de los sin vivienda, que son los sin salud, sin educación, sin trabajo o con trabajo precario, etc.), y como herramienta de construcción de poder propio, desde la experiencia de un ámbito tan complejo como la ciudad capital.
-Construir autogestionariamente un pedazo de barrio, junto con otras organizaciones, para materializar la "ciudad democrática"...
En este sentido, porque la dimensión territorial juega un papel privilegiado en la lucha por la construcción de una ciudad democrática, también se comenzó a proponer, en el barrio de San Telmo la posibilidad de generar "Programas de desarrollo local". Una primer experiencia, nace de la propia lucha por la reivindicación por la regularización dominial de un predio de propiedad del Gobierno de la Ciudad por parte de una cooperativa del MOI localizada en el barrio mencionado (Cooperativa Perú). Para pelear su necesidad y ganar la radicación la cooperativa tuvo que ensanchar su demanda y manifestar su voluntad de ser parte protagonista de la transformación barrial. El desarrollo local, en esta perspectiva, parte de la idea de que las personas, la familia y la vida comunitaria no pueden concebirse en forma “sectorial” e independientes unos planos y necesidades de otros, sino como cadenas complejas de interacciones. Este tipo de propuestas, intentan articular distintos actores para definir programas complejos que respondan a necesidades barriales y de la trama organizacional: por ejemplo educativos y de equipamiento comunitario, definiendo mecanismos para la ejecución de políticas más integradas con participación de las organizaciones y de reapropiación de los espacios barriales con protagonismo popular.
- Una política autogestionaria y cooperativa de hábitat, intentando nacer en la crisis.
La Ley 341
La pelea por la radicación en la ciudad, a partir de 1999 se expresa en el proceso de reivindicación y formulación de la mencionada Ley 341[18], que se contrapone a la cultura llave en mano, de la pasividad, de esperar que otro resuelva el problema. Esta pelea, asumida por las cooperativas del MOI y progresivamente difundida en el seno de otras organizaciones y procesos, como en el caso de población subsidiada por el GCBA en hoteles pensión, y de algunas organizaciones de La Boca, establece otras formas de gestión y construcción que van más allá de la vivienda, que no persiguen la funcionalidad de algunos submercados para la ganancia capitalista y que implican en su concepción, la integración y la participación de la población en la materialización del conjunto de bienes y servicios urbanos de las ciudades, así como en los procesos sociales, culturales y políticos que los involucran, colocando como eje central, la perspectiva integral, política, por el derecho a la ciudad.
En diciembre de 2001, Cooperativa La FABRICA, integrada por 44 familias provenientes de hoteles pensión, sindicatos (APA y ATE) y ocupaciones de edificios, concretaron el puntapié inicial de esta operatoria, en el barrio de Barracas. Diversas experiencias de organizaciones del MOI, cooperativas conformadas por familias residentes en hoteles subsidiados por el GCBA y otras organizaciones sociales del barrio de La Boca, concretan el paso de la "compra" en julio de 2002, encontrándose en el umbral del inicio de una etapa "de construcción con ladrillos", desafiando en muy desiguales relaciones de poder, la inexistencia de "mercados", la volatilidad de los precios y otros obstáculos, para continuar construyendo una política de hábitat en la ciudad. [19]
Algunas reflexiones finales.
“ no es para quedarnos en casa que hacemos una casa
no es para quedarnos en el amor que amamos...”
Juan Gelman. Costumbres.
La experiencia de ciudad de Buenos Aires expresa, en el contexto de la diversidad de experiencias populares de producción social del hábitat, la multiplicidad de dimensiones implicadas en los procesos y la diversidad de alternativas y procesos posibles a este "pensamiento único", que se han prefigurado como repuesta y resistencia desde las organizaciones populares y demás actores involucrados
El cooperativismo autogestionario aporta en ese sentido. Implica, desde una perspectiva socio-cultural, una transformación significativa de actitudes y expectativas que tiene su raíz en dos de los principales requisitos de esta forma organizativa: la participación y el trabajo colectivo. Como los procesos autogestionarios suponen el compromiso activo de las personas involucradas, promueven y potencian el desarrollo de habilidades organizativas y la capacitación necesaria para tomar parte en la definición de procedimientos de la toma de decisiones, el manejo de los recursos y la planificación. A través de la participación, entonces, las personas adquieren las herramientas necesarias para una evaluación y comprensión acabadas de los problemas considerados con el objeto de tomar parte en el diseño de posibles soluciones. Sumado a esto, el trabajo colectivo favorece tanto el fortalecimiento del potencial cooperativo como el consecuente cambio de actitud respecto de problemas particulares. En efecto, cuando una necesidad usualmente considerada individual (tal como la vivienda) es comprendida y abordada como colectiva, se genera la posibilidad de extender la misma percepción sobre otras demandas o necesidades. Los grupos pueden entonces asumir formas organizadas de encarar otros temas como la educación, la salud, la violencia, para pelear el derecho a la ciudad y sumarse a un proceso de transformación mayor.
La implementacion de los proyectos de rehabilitación edilicia a través de cooperativismo autogestionario en Buenos Aires, donde existe un stock edilicio deshabitado de significativas proporciones, también conlleva implicaciones económicas importantes. De hecho, supone la recuperación y utilización de los inmuebles e infraestructura existentes en procedimientos que involucran a los sectores de menores ingresos de la población que residen en la ciudad y que por lo tanto forman parte de su economía real –tanto formal como informal. La autogestión permite a las familias movilizar y optimizar sus recursos, y constituirse sujeto activos (aún, en el caso de recepción de un "subsidio" que es ganado como derecho en la lucha colectiva). La supresión de costos de ganancia empresarial por medio de la administración directa de las obras y la eliminación de costos laborales para mano de obra no calificada a través del sistema de “ayuda mutua”, son ejemplos de la forma en que esta metodología favorece la movilización de recursos. Por otro lado, los inmuebles y estructuras edilicias deterioradas generalmente se venden al costo del terreno, y por lo tanto ,su renovación agrega valor a la propiedad, constituyendo un tercer factor de ahorro y capitalización por parte de la cooperativa. Finalmente, la construcción autogestionaria genera oportunidades de empleo en el trabajo de obra para las personas involucradas en el proceso posibilitando la recuperación de calificaciones y el aprendizaje de las mismas para algunos sectores de la población que los estaban perdiendo debido a la creciente informalización del mercado laboral. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, las operatorias autogestionarias –con las organizaciones sociales como administradoras de los fondos públicos- proponen una utilización mas eficiente de los recursos en términos de los resultados obtenidos y la calidad del hábitat producido. Esta aseveración es particularmente cierta desde la perspectiva de sectores sociales en situación critica que fueron tradicionalmente excluidos del diseño de las políticas habitacionales generalmente basadas en la construcción a través de empresa, y que solo recibían soluciones de “emergencia” como el alojamiento subsidiado en hoteles de manera temporaria, en todos los casos respuestas que no modificaban realmente sus condiciones cotidianas de vivienda.
En cuando a las consecuencias políticas generales, los procesos habitacionales autogestionarios implican un cambio importante en la relación entre organizaciones sociales y organismos gubernamentales, llevando a una transformación y democratización de las políticas publicas. Esto ocurre a través de un proceso de interacción donde tanto las relaciones como las percepciones de la separación entre la sociedad civil y el estado son re-significadas, una vez que la identificación de necesidades especificas y la consiguiente generación de respuestas políticas involucran a la población destinataria como sujeto activamente participativo (lo que implica transformaciones, aprendizajes y adeucuaciones aún dentro de las estructuras gubernamentales). Este proceso se desarrolla a través de la progresiva contribución de las organizaciones de base que pueden dotar a la planificación, implementaron y monitoreo de las políticas sociales de su experiencia acumulada concerniente a las necesidades, características y posibilidades de los sectores sociales a los que representan.
Desde estas consideraciones sostenemos que la autogestión facilita el diseño de políticas habitacionales adecuadas a las necesidades y posibilidades de los beneficiarios independientemente de su nivel de ingresos, previniendo así que las limitaciones causadas por la situación del mercado laboral se tornen el parámetro principal para la exclusión de la ciudad. Es sistema, además, privilegia y requiere del compromiso activo de los beneficiarios en la resolución de sus necesidades a través de la participación comunitaria permanente. Estos principios se oponen diametralmente al abordaje tradicionalmente asistencial de las políticas sociales dirigidas a “combatir” la pobreza. La autogestión, de esta manera, implica un desarrollo mas profundo de la ciudadanía y la consiguiente re-definición de la cultura política.
Así, el desarrollo del cooperativismo autogestionario, como proceso social, económico y cultural, supone la recuperación y actualización de la memoria popular, su recreación como parte de la historia de los sectores populares en su arraigo a la ciudad y plantea un aporte específico en la "parición" de una identidad popular colectiva, aportando su grano de arena hacia la síntesis de una posible (y deseada por muchos) experiencia política de transformación y liberación.
En un nivel más general, la articulación política en la lucha por el derecho a la ciudad y la transformación de los procesos de fragmentación en el campo de las organizaciones sociales y populares, se plantea como un desafío máximo, "instalando como un tema central el desafío de la transformación de la realidad socioespacial de la ciudad y el significado de la construcción de una ciudad democrática." (Jeifetz. 1997)
El derecho a la ciudad, en este sentido, debe ser comprendido en el seno de las construcciones políticas que se planteen como alternativas populares, como la expresión fundamental de los intereses colectivos, sociales y económicos. "Es necesario que la defensa del derecho a la ciudad valorice el espacio urbano como espacio social de uso colectivo de sus riquezas, de su cultura, bienes y conocimientos. Esto es un contrapunto a la concepción discriminatoria que ha garantizado el derecho a la ciudad a ciertos grupos de personas que tienen propiedades y bienes; un contrapunto al imperio del valor económico en las funciones y usos de la ciudad."[20]
Referencias bibliográficas.
Díaz Orueta F, Rodríguez MC, Lourés ML, Devalle V (2002). "Ciudad, territorio y exclusión social", Ponencia a la sesión Desarrollo Urbano y desigualdad social en América Latina en el XXV Congreso Mundial de la ISA. (Brisvane).
Herzer, Hilda ; M. Di Virgilio; M. Lanzetta; A. Redondo y C. Rodríguez, 1999, Características de la población de una barrio en procesos de renovación: luces y sombras”, Realidad Económica, nº 168, pp104-131.
Jeifetz, Néstor ;1997. Hacia la generación de políticas autogestionarias de rehabilitación edilicia. en Ciudadanía. I Seminario internacional sobre mejormianeto yreordenamiento de asentamientos urbanos precarios. MEJORHAB.CYTED, Caracas
Lourés, María Luisa 1997, Buenos Aires: centro histórico y crisis social, Alicante: ECU.
Lozano, Claudio, 2002. Análisis de la crisis argentina. IDEF-CTA http:// www.cta.rcc.com.ar
J.H. Mollenkopf y M. Castells (eds), 1991, Dual City: Restructuring New York, New York: Rusell Sage Foundation.
Ortiz, Enrique, 2002. "Hacia una ciudad de la gente" en La otra ciudad posible. Contribución del Grupo Latinoamericano de Producción Social del Habitat hacia el II Foro Social Mundial de Porto Alegre. Ed. Habitat International Coalition, Universidad de Buenos Aires, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, Asamblea Mundial de Pobladores.
Rodríguez MC, 2002. "Producción social del hábitat: un esfuerzo transformador colectivo". en en La otra ciudad posible. Contribución del Grupo Latinoamericano de Producción Social del Habitat hacia el II Foro Social Mundial de Porto Alegre. Ed. Habitat International Coalition, Universidad de Buenos Aires, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, Asamblea Mundial de Pobladores.
Sklair, 2001. The new transnational capitalist class. Blackwell. London.
Notas
[1] Socióloga, investigadora Conicet con sede en el Area de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Profesora adjunta de la Carrera de Sociología de la FCSOC, UBA. Integra los equipos técnicos del MOI, desde 1991, y de la FTV desde 1998, y participa en el Grupo Latinoamericano de Producción Social del Habitat de HIC.
[2] Aquellos destinatarios de la consigna popular Argentina "que se vayan todos". En Argentina, pueden reconocerse empíricamente como parte de esa clase capitalista transnacional, unos 3000 cuadros dirigenciales del espectro partidario tradicional que han ocupado los cargos de decisión de los aparatos de gobierno en sus niveles nacional y provincial desde el regreso de las democracias representativas (y en algunos casos desde la época dictatorial, como el ex ministro de economía D. Cavallo) y, aproximadamente, unas 170 empresas concentradas, con una visibilidad pública pocas veces tan contundente, en plena época de la "desmaterialización" de los flujos y "desterritorialización " del poder.
[3] Por ejemplo, en América del Sur, el "corredor logístico" latinoamericano que une Belo Horizonte con Santiago de Chile, involucran en Brasil, a Belo Horizonte, San Pablo, Curitiba y Porto Alegre (en conjunto, el territorio donde se genera el 40% del PIB del país); en Argentina, a Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza (más del 60% del PIB argentino), y en Chile, la región metropolitana de Santiago y Valparaiso, eje que constituye el núcleo central de su dinámica económica. (IDEP, 2000).
[4] Con ello no se desconoce el desarrollo progresivo de las resistencias, a escala local, nacional, regional y global, voces que elevan sus críticas y prefiguran los nuevos rumbos posibles, como en el Foro Social Mundial y las diversas manifiestaciones de los movimientos antiglobalización.
[5] Mirar la ciudad capital , como ciudad metropolitana donde vive casi la tercera parte de la población del país , lejos de una lectura "capitalina" ajena a los intereses y perspectivas de la diversidad de regiones, del país, invita a pensar , desde su particular inserción histórica, económica, social y política, los dilemas y desafíos del conjunto nacional, de un proyecto de país posible, en el cual se cuente con sus recursos y potencialidades.
[6] Que fue creada el 12 de noviembre de 1989, integrada a partes iguales por el estado nacional y el municipio. El 9 de septiembre de 1998, se aprobó el barrio número 47 de la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero.
[7] La asignación presupuestaria proyectada preveía que por cada 100 dólares invertidos en el norte, se dirigieran 130 a la zona sur, destinados a programas como “Buenos Aires y el Río” (obras de mejoramiento de la Costanera Sur), estudios para la realización de una futura línea del ferrocarril subterráneo, etc.
[8] El sur se asocia a la preponderancia de la presencia de sectores de menores ingresos y a la existencia de suelo urbano disponible, debido a su baja densidad constructiva. Es decir, a la disputa por el destino del suelo urbano.
[9] El impacto de la crisis actual ha implicado un impasse en este proceso. Unicamente se mantienen con un nivel de actividad significativo las obras de la segunda fase de Puerto Madero.
[10]En 1996 se sanciona la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su articulo 31, en cuya formulación participaron organizaciones sociales de la ciudad, como el MOI y la Mutual de Desalojados de La Boca, " La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a su hábitat adecuado. Para ello: 1-Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de la pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
2-Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.
3- Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario.
Estos principios generales, definen los grandes criterios que debieran plasmarse en la política habitacional de la ciudad. Sin embargo, además de, obviamente no haber un tema prioritario de la agenda pública, no existe un debate explícito, aún dentro de las fuerzas políticas del campo popular, acerca del papel que puede desempeñar la misma, concebida en una perspectiva integral de disputa política en la ciudad y de fortalecimiento organizativo del campo popular.
[11] El 25 de julio de 1979 el gobierno militar dicta la ordenanza de preservación del distrito U24, que estaba compuesto por 144 manzanas. En 1982, el área fue reducido a la mitad. En 1991, se sanciona la ordenanza que regula el funcionamiento de las Areas de Preservación históricas (APH), que flexibiliza aún más los criterios, estableciendo un catálogo con diversos niveles de protección para cada edificio. M.L. Lourés (1997).
[13]El desarrollo de estas tendencias en la política urbana a lo largo de la década del ´90 y en adelante, esta marcando un estrechamiento progresivo de las opciones de los sectores populares para habitar la ciudad . Desde el retorno democrático en 1983, si bien nunca se desarrollaron politicas habitacionales consistentes para abordar el déficit existente, sí se abrió una pseudo “tolerancia” hacia los asentamientos informales y se plasmó un espectro variado de alternativas con que los sectores populares abordaron su problema de falta de vivienda: asentamientos (tomas de tierra organizadas) en áreas suburbanas, repoblamiento de villas en la ciudad, alojamiento en hoteles-pensión e inquilinatos y ocupaciones de edificios en la ciudad, en buena medida localizados en la "zona sur".
[14] Como la Mutual de Desalojados de La Boca y el Comedor Los Pibes, que favoreció el desarrollo de instancias de coordinación como la Mesa de Enlace de La Boca, para fortalecer las posiciones de la trama de organizaciones populares.
[15] Que en el mes de marzo de 2002, corrió riesgo de desaparición con un intento de reestructuración de la Comisión Municipal de la Vivienda, que fue frenado, en buena medida, por la respuesta masiva de movilización y resistencia de una amplio espectro de organizaciones de base de habitat y territoriales que, aún con matices y diferencias, constituyeron una respuesta unificada en el Colectivo de Organizaciones de Base, dando un nuevo paso, significativo, en la lucha por el derecho a la ciudad.
[16]Las dos formas habitacionales introducidas a principios de los 80’s, asentamientos por tomas de tierras y ocupaciones de edificios se diferencian entre si, no solo en el contraste entre los fenómenos urbanos y suburbanos sino también en sus implicaciones. Por contraposición a las tomas de tierras en el GBA, que aparecieron como un fenómeno de construcción de barrios, de generación de pedazos de ciudad y de nuevas morfologías que emergieron en tierras periféricas, muchas veces rurales o inundables, de bajo o nulo valor inmobiliario al momento de la toma; las ocupaciones de edificios se desarrollaron intersticiales, dispersas, de bajo perfil, como un fenómeno de aferrarse a la ciudad, hacia adentro, a través de la materialización endógena de nuevas morfologías, en el interior de los edificios ocupados, bajo la ambigüa tolerancia gubernamental . (Jeifetz: 1997). En efecto, la ocupación de edificios es un fenómeno bastante particular cuya expansión solo pudo efectuarse gracias a la enorme proporción de stock inmobiliario vacío en la ciudad. Todo tipo de espacios como terrenos baldíos, edificios residenciales abandonados, inmuebles de pequeñas fabricas o depósitos y hasta estructuras de hormigón armado, tanto de propiedad publica como privada, han servido de albergue. A pesar de que los edificios ocupados se encuentran esparcidos por la ciudad, existe una mayor concentración en ciertos barrios que reúnen básicamente dos características: deterioro físico y ambiental (por ejemplo vulnerabilidad a inundaciones o obsolescencia edilicia) y alguna función urbana que genera una demanda tanto real como potencial de fuerza de trabajo (básicamente economía informal de servicios) en zonas de gran accesibilidad a las áreas centrales de la ciudad debido a su ubicación privilegiada. Además de la disponibilidad de changas y otras fuentes laborales, la ciudad reúne otras ventajas que la vuelven elegible para residir en detrimento de las áreas suburbanas, como la cantidad y calidad de servicios sociales y de salud, el nivel de la educación publica y la seguridad en general y la existencia de infraestructura urbana.
[17] Que también reconoce en su génesis los aportes sustantivos del desarrollo del movimiento cooperativo autogestionario uruguayo (la FUCVAM) y sus lineamientos de política nacional de vivienda.
[18] Que destina recursos a las organizaciones sociales para la compra y ejecución de conjuntos de vivienda, incluyendo recursos para máquinas y herramientas, asistencia técnica, capacitación, etc, contemplando el conjunto de componentes que garantizan el desarrollo de un proceso integrado de autogestión en control de las organizaciones de base Asímismo, define condiciones y plazos de de devolución de los créditos y niveles de subsidio en función de las características de los grupos populares y no de su exclusión de la política habitacional.
