Detrás del trabajo infantil hay una familia pobre

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Categoría: Numero 36

Publicado el Jueves, 17 Febrero 2011 15:10

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DETRÁS DEL TRABAJO INFANTIL HAY UNA FAMILIA POBRE[1]

Lucrecia Teixidó

INTRODUCCION

La condición de individuo es una conquista de la modernidad, pero es una conquista frágil que expresa el carácter profundamente problemático de la concepción liberal de individuo. Presupone un individuo autónomo, con libertad de elección y de movimiento, es decir un individuo propietario autosuficiente y positivo. Desde esa perspectiva, ¿quéocurre cuando el individuo no es propietario? Si es un individuo sin protecciones, sin soportes ni solidaridades colectivas es un individuo sin nada, un individuo por defecto. (Castel 1997)

No se puede vivir sin protecciones. Para vivir en sociedad debemos estar protegidos y esa no es una condición natural sino construida. Las modalidades, características y magnitud de estos recursos, soportes y ayudas fueron cambiando históricamente. Caridad y filantropía, beneficencia individual o de la iglesia, paulatina expansión de las protecciones sociales resultado de las luchas de los trabajadores, fueron conformando una nueva forma de propiedad alternativa, la propiedad social y la conquista de derechos colectivos ligados al trabajo y la condición asalariada.

Los diferentes modelos de Estados de Bienestar, resultados de una combinación variable de interacciones de poder entre los actores políticos y sociales, las instituciones y las tradiciones, garantizaron y asumieroncompromisosvariables para asegurar la calidad de vida y el futuro de sus sociedades.Las diferencias estuvieron centradas, especialmente, en las facilidades o dificultades para acceder a esas protecciones, su duración y el alcance de los derechos sociales garantizados. (Sping Andersen 1993)

Esos estados capaces de garantizar un conjunto más o menos amplio y coherente de protecciones dentro de una frontera geográfica y simbólica entró en crisis a partir de los años setenta y los resultados posterioresen términos societales expresan una derrota política que aún hoy necesita revertirse.

Hasta los años ochenta el sistema de protecciones sociales en la Argentina formaba una tríada de fuertes e igualadoras políticas universales, una seguridad social arraigada en un alto nivel de salarización y un conjuntooportuno y adecuado de políticas asistenciales residuales. El eje estaba puesto en la expansión creciente de los derechos sociales y la ciudadanía.

No es objeto de este artículo analizar las causas que llevaron a una drástica transformación de una estructura social igualitaria, móvil y de inclusión a los actuales niveles de pobreza y desigualdad. Se pretende señalar el proceso de deterioro de las protecciones para luego centrarnos en un sector especialmente vulnerable de la población como son los niños, niñas y adolescentes y elimpacto de estos cambios en sus posibilidades presentes y futuras.

Algunos datos ayudan a demostrar la evolución regresiva de indicadores clave: hacia 1940 el70% de la población económicamente activa estaba asalariada y entre 1945 y 1980 la desocupación no superaba el 5%.A partir de las reformas de ajuste estructural implementadas en los noventa el trabajo asalariado fue decreciendo de manera sostenida y sin pausa: en 1989 fue de 7,6%,en 1990 de 8,6%, en 1994 de 13%, en 1995 de 18% que sumado al subempleo trepaba a30%,en 2000 aproximadamente el 50% de la población urbana era pobre. Asistimos a un proceso de desindustrialización, desempleo, desalarizacion y retiro de las responsabilidades de un Estado que había protegido amuchas generaciones de argentinos nativos y naturalizados.

En 2004 la tasa de empleo no registrado a nivel nacional alcanzó el 43,4%, en 2006 fue de 42,9% y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) actualmente es de 41,6%. La región con mayor tasa de informalidad es el Noroeste con el 49,1% de trabajadores sin ningún tipo de protección, le sigue el Nordeste con 46,6%, el Conurbano Bonaerense con 45%, Cuyo con 44,4%, la región pampeana con 39,1%, la la Ciudad de Buenos Aires con 33%, registrándose el índice más bajo en la Patagonia con 26,2%.

La violenta reestructuración social que experimentó toda América latina y la Argentina en particular, reorientó las políticaspúblicas en lo social. El resultado fue que las políticas universales se fueron debilitando por sucesivas descentralizaciones, falta de inversión y de financiamiento y ausencia de una política adecuada de recursos humanos, entre otros factores. La seguridad social asociada al trabajo se redujo y dejó desprotegidas por el desempleo creciente a familias enteras. De manera inversa, las políticas asistenciales hasta entonces residuales se expandieron conjuntamente con el auge de los proyectos focalizados con participación de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales de crédito. La consecuencia para la estructura social fue la pauperización de amplios sectores dentro de los cuales los niños, niñas y adolescentes constituyen el mayor porcentaje, y una desigualdad desconocida para una memoria social que guardaba y aún guarda recuerdos de otras formas de relación social.

En el anterior sistema de protecciones sociales los actores clave eran el Estado, los trabajadores y los sindicatos. Con las reformas estructurales los nuevos actores pasaron a ser los estados locales, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales de desocupados.

En una primera etapa estos movimientos sociales pretendieron mantener los derechos adquiridos en etapas previas, perocuando las relaciones de fuerza demostraron que no lo lograrían reorientaron sus estrategias dirigiéndolas, entonces, a conseguir prestaciones asistenciales que los compensaran por los derechos perdidos. Es en este contexto quese produjo el auge de la gestión por proyectos y programas como forma de enfrentar los problemas de los más pobres.

Ocurrió entonces que, conceptos como planes, programas, proyectos, que en los años setenta aún remitían a Carlos Matus[2] y la planificación normativa o estratégica, a los grandes programas nacionales de vacunación, de erradicación del Mal de Chagas, a las iniciativas de Santiago Carrillo o Alvarado, fueron mutando sus significados y se convirtieron en estrategias más acotadas en recursos financieros, en tiempo, en espacio geográfico y en alcance poblacional.

Las reformas macroeconómicas de los noventa no sólo desregularony privatizaron los ámbitos de la vida laboral y económica sino queimpactaron sobre las familiasque cada vez más solas, más privatizadas y libradas a sus recursos comenzaron abuscar y encontrar alguna forma alternativa de protecciónen diferentes programas que compensaron de alguna manera el deterioro o la pérdida total de derechos sociales. En los ochenta fue el Plan Alimentario Nacional (PAN) que además de alimentos trabajaba en la capacitación y organización de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), a fines de los ochenta fueron los fallidos bonos alimentarios, luego surgieron el Programa de Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social (PROFAM), el Programa Materno Infantil de la Nación (PROMIN), el Programa de Asistencia a Menores en Riesgo( PROAME), el antiguo Programa de Comedores Escolares fue reemplazado por el Programa Social Nutricional (PROSONU) y Programas Sociales Comunitarios (PROSOCO). En los noventa aparece también el Plan Social Solidario (PAS), la distribución de cajas con alimentos secos a familias con hijos entre 2 y 5 años y mayores sin beneficio jubilatorio, más tarde elPlan Jefes y Jefas de Hogar (PJJH) y el PlanFamilias. Hacia 2002 existían aproximadamente 52 programas orientados a paliar la pobreza, distribuidos entre los diferentesministerios. Es decir que a mayor pobreza y desigualdades, más particulares y segmentadas se volvían las protecciones sociales.

Ahora bien, la pobreza es un problema y una condición horizontal que acumula desventajas mientras los proyectos son verticales en su definición y en su implementación. Para los amplios sectores sociales que viven en condiciones de pobreza con la multiplicidad de carencias que ello implica, para los amplios sectores que viven con ingresos mínimos, irregulares y esporádicos, sin ningún tipo de protección social y tributarios de políticas universales deterioradas y segmentadas, la materialidad inmediata de la vida se les transformó tal vez para siempre. Se les desarmó y rearmó de manera absolutamente diferente el significado de lo posible, lo aceptable, lo deseablepara ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos.En este contexto, los indicadores de trabajo infantil y adolescente y la observación cotidiana de niños, niñas y adolescentes trabajando en el ámbito urbano y rural bajo diferentes modalidades constituye un desafío para la definición e implementación de políticas públicas sociales.

EL TRABAJO INFANTIL EN ARGENTINA: LOS SIGLOS XIX Y XX

En la Argentina el Estado tuvo inicialmente una función subsidiaria con relación a la problemática de la infancia ya que delególa prevención y atención de los niños pobres y abandonados en la caridad privada y religiosa a través de instituciones como la Casa de Niños Expósitosy la Sociedad de Beneficencia.[3]

Las primeras décadas de 1900 fueron de una profundatransformación económica, sociodemográfica y cultural como resultado de la creciente inserción de la Argentina en la economía capitalista mundial a través de la exportación de materia prima, la explotación intensiva de la tierra, la importación de manufacturas, el desarrollopaulatino de una industria local y los fuertes flujos inmigratorios. El Estado, en expansión, comenzó a tomar funciones que hasta ese momento habían sido desempeñadas por la Iglesia o la caridad, tales como la educación, el registro de las personas, matrimonios, nacimientos, higiene pública, leyes referidas a los niños y niñas abandonadas, huérfanos o simplemente pobres.(Recalde, 1989)[4]

El proceso de centralización estatal impulsado por las elites gubernamentales entre 1895 y 1904 buscó dos objetivos clave: garantizar la inserción de la Argentina en el concierto de naciones modernas y homogeneizar una masa social heterogéneaen proceso de integración. Los instrumentos fueron el liberalismo económico, el conservadurismo político, la educación universal y las leyes destinadas a las masas de trabajadores inmigrantes.

La preocupación por la niñez surgió justamentecomo una consecuencia del proceso inmigratorio ya que población urbana creció sistemáticamente y hacia 1914 laproporción de extranjeros con relación a los habitantes de la ciudad de Buenos era del 49%. La ampliación de los sectores populares y obreros y el proceso de urbanizaciónacentuó el déficit crónico de viviendas, lo que llevó a la expansión de conventillos, hacinamiento y pobreza. Las familias trabajadoras debían soportar extensas jornadas de trabajo, inestabilidad laboral, bajos salarios, ausencia de protecciones sociales frente a la vejez, desempleo, enfermedad, invalidez o muerte.[5] Las crisis económicas recurrentes generaban una desocupación crónica que acompañaba la característica inestabilidad laboral del trabajo estacional, tan típico de una economía agroexportadora como laArgentina.

En ese contextonacieron y se criaron los niños y adolescentes de las familias trabajadoras pobres y comenzaron a participar tempranamenteen actividades artesanales y manufactureras o en la calle a través de oficios como lustrabotas y canillitas.

En los primeros años del Siglo XX las iniciativas referidas a la niñez y el trabajo infantil surgieron de los higienistas, legisladores socialistas y defensoras de los derechos de la mujer quienes buscaron una participación más activa del Estado a través de mecanismos institucionales de control y aplicación de leyes reguladoras.

En 1870 Lucio V. Lópezse mostrabasatisfecho al vera niños y mujeres trabajando en la industria textil ya que en su opinión el trabajo“…forma una alta moralidad de costumbres tan necesaria entre nosotros si consideramos la multitud de vagos que comienzan a pulular en nuestras calles debido a la negligencia con que miramos las bajas clases sociales y a la ola de inmigración extranjera que arriba anualmente a nuestras playas”. (Armus, 1990).

Los censos de 1887 y 1895 no discriminan la edad de los trabajadores, sin embargo el de 1887 menciona una significativa cantidad de niños que a partir de los 9 añostrabajan en fábricas de alpargatas, fósforos y cartón. En la Ciudad de Buenos Aires en 1903 se registraron 10.922 menores de 16 añosy 1.197 menores de 14 años que trabajaban en talleres, comercios y emprendimientos familiares (OIT-Cooperación Española, 2006). En el Censo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires de 1904 representaban aproximadamente una décima parte de los trabajadores de los talleres y fábricas siendo las industrias textil yfrigorífica las que más mano de obra infantil concentraban, seguida de las artes gráficas y el rubro químico. (Armus, 1990).

No hay registro del trabajo a domicilio destinado a estas fábricas y tallerespero en una serie de artículos sobre la reglamentación del trabajo de los niños y las mujeres en la industria de fósforos de Buenos Aires publicados en los Anales del Departamento Nacional de Higiene en 1891, el Dr. Emilio Coni señalaba que las inspecciones realizadas en las industrias mostraban que las condiciones de trabajo de niños y mujeres eran iguales a las que describiera Marx en la Inglaterra de la Revolución Industrial (Recalde, 1988).

El problema de la niñez ydel trabajo infantil comenzó a instalarse en la agenda pública y generó iniciativas desde distintos actores sociales y políticos, en algunos casos para erradicar el trabajo de los niños y niñas, en otros para reglamentarlo y controlarlo con el argumento de que para los pobres el trabajo, aún temprano, era mejor que la vagancia. El movimiento en pos de proteger los derechos de los trabajadores y reglamentar el trabajo infantil provino de sectores obreros y legisladores de origen socialista entre los cuales Gabriela de Coni tuvo un papel destacado.[6] Producto de estas iniciativas, en 1907 se creó la Dirección Nacional del Trabajo y la Ley 5291 protectora del trabajo femenino e infantil.Esta Ley basada en un proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios, establecía la prohibición del trabajo industrial a los menores de 14 años y una jornada máxima de 6 horasy obligaba a los empresarios a permitir el ingreso de inspectorespara registrar la edad de los trabajadores, tarea que era muchas veces obstaculizada no solo por los patrones sino por los propios padres que ocultaban a sus hijos de las inspecciones. Los sectores industriales a través de la Unión Industrial Argentina (UIA), lograron que la ley finalmente fijara la edad en 12 años, una jornada de 8 horas y la prohibición de empleara menores de 16 años en industrias insalubres.

En 1907 y de acuerdo a los boletines publicados por el Departamento Nacional del Trabajo, la tercera parte de los obreros que trabajaban en las fábricas de fósforo de la Ciudad de Buenos Aires y en Avellaneda eran menores de 14 años y una encuestaaplicada sobre 770 talleres y establecimientos de la misma zona muestra que el 10% de los obreros empleados eran niños (UNICEF, 2002).

¿Quéocurría mientras tanto con el trabajo infantil en el ámbito rural?La investigación sobre el estado de la clase obrera en la Argentina realizada por el doctor Juan Bialet Massé en 1903 no se centra en el trabajo infantil, pero describe las graves consecuencias que las largas jornadas de trabajo y las pésimas condiciones laborales tenían sobre la salud de los niños y niñas, a lo que se sumaba una pésimaalimentación y peor descanso. (Lvovich, Suriano, 2005)[7]

En 1910 y a partir de inspecciones rurales realizadas, la Dirección de Trabajo de la Nación en el Boletíndel Departamento del Trabajo señala que a través de las inspecciones realizadaspudo comprobarse quelos niños realizaban jornadas de más de 12 horas en el pelado de la caña de azúcar, en el arado y el desyerbe, en desmedro de su salud y de las horas de escolaridad.

Como resultado de las demandas de los trabajadores, los reclamos sindicales y las iniciativas políticas y legislativas, el Estadoavanzó en su poder regulador. En 1912 dispuso que los menores de 16 años que ingresaran al mercado laboral debían registrarse obligatoriamente en las oficinas de Trabajo para comprobarcondiciones físicas y escolaridad.Posteriormente sancionó la ley de Patronato 10.903 de 1919 conocida como Ley Agote, a partir de la cual se institucionalizó la Doctrina de la Situación Irregular y el Estado pasó a ser el tutor del menor. (Lvovich y Suriano, 2005).

Tomó fuerza entonces la discusión sobre las responsabilidades del Estado y delos padres. Los menores huérfanos, abandonados, pobres que se identificaban con la vagancia y la delincuencia, debían ser objeto de intervenciónde los organismos pertinentes delEstado para ser reformadosy protegidos de si mismos yde sus padres. (Lvovich y Suriano, 2006). [8] Sin embargo, el niño trabajador fue y aún hoy es un verdadero marginado de la historiay para ello se conjugan una serie de factores que van desdeuna inserción laboral más débil que la del trabajador adulto, el carácter complementario e informal de su trabajo, ausencia de peso sindical, la transitoriedad biológicapropia del períodoque abarca la niñez y adolescencia y la percepción de ciertos sectores sociales acerca de que el trabajo ennoblece y templa el espíritu de los pobres (Armus, 1990).

EL TRABAJO INFANTIL SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (EANNA)

El Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la República Argentina 2006-2010 elaborado por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) define el trabajo infantil como “toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas que no tienen la edad mínima de admisión de empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria, o que no cumplieron los 18años si se trata de trabajo peligroso”.

La CONAETI realizó en 2004 la primera encuestaespecífica sobre trabajo infantil, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA)[9] con una cobertura urbana y rural que incluyó a tres provincias del Noroeste (NOA), Jujuy, Salta y Tucumán; dos del Noreste (NEA), Formosa y Chaco; la provincia de Mendoza y el Área Metropolitana de Buenos Aires. La muestra de 14.000 viviendas representa aproximadamente el 50% de la población del país e incluye a 4.309.652 niños de 5 a 18 años

Algunas de sus conclusiones advierten que en el país trabaja el 6.5% de los niñosy el 20,1% de los adolescentes y que la edad promedio de incorporación está entre los 8 y 9 años; que en el NEA y NOA, el porcentaje de los niños y niñas de 5 a 13 que trabajan y no asisten a la escuela es de7,8 y 4,7% respectivamente superando al Gran Buenos Aires que registra 1,6% y a Mendoza con 1,2%;que el 10% de los adolescentes que trabajaen zonas urbanas recibe un beneficio laboral acotado a vacaciones y riesgos de trabajo y este porcentaje se reduce a 3% de beneficiarios en las zonas rurales.

En el mismo sentido, el estudio destaca las diferencias regionales ya que si bien el 97% de los niños argentinos está escolarizado, en las zonas urbanas el 21,4% de los jóvenes de 14 a 17 que trabajan no están en el sistema educativo, mientras que en las zonas rurales este porcentaje se eleva al 62%.

La EANNA señala queel trabajo de recolección y reciclado de basura estáubicado entre las primeras razones que explican el trabajo infantil y que esta actividad muestra variaciones regionales en las áreas urbanas. En el Gran Buenos Aires afecta al 17% de la población total, porcentaje muy superior al estudiado en NOA y NEA. La recolección de basura se concentra en las áreas urbanas ya que prácticamente no está presente en las áreas rurales.Asimismo, permite concluir que el trabajo infantil en recicladoafecta en mayor medida a los pequeños ya que en las ciudades estudiadas el 60% del trabajo infantil de recolección y reciclado lo realizan niños y niñas de 5 a 13 años. De acuerdo con este estudio, las condiciones de vida de quienes se dedican a la recolección y reciclado de residuos son más vulnerables, muestran mayores índices de indigencia y tienen una fuerte impronta de hogares con jefatura femenina.

DESIGUALDADES REGIONALES: FACTORES SOCIO DEMOGRAFICOS E INSTITUCIONALES A CONSIDERAR

En este punto deseamos destacar algunas características regionales que deben ser consideradas para la planificación y programación de intervenciones integradas, continuas y planificadas con las jurisdicciones. No es un dato menor que en nuestro país hay 2.243 gobiernos locales con diferentes jerarquías municipales, de las cuales la municipalidad de la ciudad de Córdoba y La Matanza en la provincia de Buenos Aires superan el millón de habitantes[10] y el 1,2 de los gobiernos locales tiene un promedio de 470.000 habitantes. El 80% de esos gobiernos tiene menos de 10.000 habitantes y el 38% tiene menos de 1000 habitantes. Sin embargo, los municipios han manifestado diversas dificultades para encarar las funciones asignadas sea por deficiencias o ausencia de planificación y programación, de prácticas de monitoreo y evaluación, débiles circuitos administrativos, falta de informatización y sistemas de información adecuados, recursos humanos con bajos niveles de capacitación, carencia de personal especializado, bajos niveles de recaudación genuina a lo que se suman los escasos recursos presupuestarios ya que sólo reciben el 8% del presupuesto público total a pesar de que se hacen cargo de una parte importante del gasto social. A esto podemos añadir deficits político institucionales derivados de la fuerte impronta centralista de nuestro federalismo que en conjunto contribuyen a debilitar las capacidades municipales de planificar, programar y gestionar y dar continuidad a líneas de política propias y articuladas con otras áreas del gobierno provincial y o nacional. [11]

Según el Censo Nacional de Población 2001 el 10,7% del total de la población es rural, pero varía considerablemente en las distintas provincias. En el NEA la población rural representa el 23,7, en el NOA el 21,5%, en Cuyo un 18,5% y en la Patagonia y la región pampeana aproximadamente el 11%%. Es importante registrar que la región con mayor tasa de informalidad es el Noroeste con el 49,1% de trabajadores sin ningún tipo de protección, le sigue el Nordeste con 46,6%, Conurbano Bonaerense con 45%, Cuyo con 44,4%, 39,1% la región pampeana, 33% la Ciudad de Buenos Aires, registrándose el índice más bajo en la Patagonia con 26,2%.[12] Un dato significativo para analizar las diferencias regionales refiere a las pruebas de calidad educativa y supervivencia en la escuela ya que, mientras en las ciudades los niños y niñas en general finalizan el último año de la primaria, en las zonas rurales más de un cuarto no llega a ese nivel y el 15% abandona en cuarto grado.[13]

Si observamos los datos sobre pobreza infantil a nivel regional nuevamente podemos apreciar profundas desigualdades: En la región Nordeste la pobreza infantil supera el 60% mientras en el Conurbano bonaerense llega al 43,2%. En Corrientes, la pobreza infantil es de 63,4%, en Resistencia de 62,4% mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llega al 20,1% y en Río Gallegos de 9,3%.

De acuerdo con el Censo Nacional 2001 el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en relación al total de la población de cada provincia es muy alto. Con excepción de la Ciudad de Buenos Aires donde esa franja etarea es de 20,6 %,en el resto de las jurisdicciones los porcentajes superan el 35%,y una cantidad importante especialmente en NOA y NEA superan el 44% de niños, niñas y adolescentes, lo que vuelve a mostrar la importancia de las políticasdirigidas a garantizarsalud, educación y acceso a los fluidos básicos necesarios para una vida digna y saludable física y espiritualmente.

AVANCES INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS

En el año 2000 los países miembros reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas acordaron trabajar cooperativamente sobre ocho puntos propuestos como Objetivos del Milenio dirigidos a erradicar la pobreza extrema y el hambre, alcanzar la educación básica universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el HIV, la tuberculosis, el Chagas, el paludismo y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sostenible y promover una asociación global para el desarrollo. La Argentina ha incorporado un noveno objetivo dirigido a promover el trabajo decente[14] y erradicar el trabajo infantil y adolescente no registrado.

La CONAETI ha elaborado un Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo infantil a implementar a lo largo de 5 años. La decisión del Ministerio de Trabajo de avanzar en este sentido brinda el contexto necesario para resignificar y potenciar muchas de las iniciativasgubernamentalesy privadas dirigidas a prevenir el trabajo infantil.

La Convención Internacionalde los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 fue incorporada a nuestra Constitución a partir de la reforma de 1994. En 2005 el Estado argentino, en concordancia con la legislación internacional, derogó la Ley 10.903 y sancionó la ley 26.061 de Protección Integralde las Niñas, Niños y Adolescentes.

En junio de 2007 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social presentó y el CongresoNacional sancionó la Ley 26.390de Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente con lo cual la Argentina cumple así con los compromisos asumidos en el momento de ratificarel convenio 183 de OIT de edad mínima de admisión al empleo. A partir de ahora la misma se fija en 15 años y a partir de 2010 se extiende a los 16 años.

CONCLUSIONES

En el Reporte Global 2006 de la OIT se señala que hace un siglo los países industrializadoslograron erradicar el trabajo infantil a partir de poner en práctica una combinación depolíticas y herramientas técnicas tendientes allevar y retener a los niños en la escuela, impulsar una mejoradel mercado laboral de los adultos, implementar estímulos a la revolución tecnológica, garantizar escuelas decentes para todos y estimular una transformación de las pautas culturales, los instrumentos jurídicos y su puesta en práctica. En el documento se afirma: “Un enfoque general y coherente del trabajo infantil debe, por tanto, aspirar a reducir la pobreza, ofrecer una educación de calidad y adoptar medidas de protección social, incluida la protección de los derechos de los trabajadores, para responder a la multidimensionalidad del trabajo infantil”. El documento concluye que su erradicación va de la mano de la reducción de la pobreza, el empleo decente y el apoyo a las familias.

A los pobres, sean de antigua data o recientes, no se los debe victimizar ni simplificarlos. No sonpobres víctimassin demasiadas capacidades a los que hay que alimentar de alguna manera y constituirlos en objetos de nuestra beneficencia. Tampoco hay que simplificarlosen sus necesidades, expectativas y deseos. Finalmente, debería evitarse caer en la tentación de romantizar la pobreza y a los pobres convirtiéndolos en los portadores de todas las virtudes humanas que parecerían surgirmejor en la adversidad. Son ciudadanos portadores de derechos exigibles aunque hasta hoy no accesibles.

Para que cada familia pueda proyectar más allá de los límites de la supervivencia debemos volver a recuperar las buenas cosas que supimos conquistar muchos años atrás: a) trabajo decente y buenas condiciones de trabajo; b) una educación de calidad universalmente extendida, pues de esta manera podremos separar el presente y futuro de los niños y adolescentes de las desigualdades de origen; c) protecciones sociales y un ingreso seguro desvinculados de la condición laboral del trabajador; d) acceso a fluídos básicos y servicios esenciales como son agua potable y corriente, cloacas, gas, recolección de residuos, transporte. Es decir garantizar las condiciones de realización del individuo en sus dimensiones política, social, económica y cultural.

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