Violencia simbólica en la disputa por el espacio
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- Publicado el Martes, 04 Julio 2006 00:00
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Violencia simbólica en la disputa por el espacio o los dilemas del Estado en una política de relocalización
María Laura Canestraro (CONICET-CEDU/UNMDP)
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El desarrollo urbano de la ciudad de Mar del Plata, ha estado signado por la convergencia de diversos factores que marcan un proceso creciente y sostenido de valorización del capital inmobiliario, que han ido configurando una particular división social del espacio.
Siguiendo a Núñez, podemos decir que la ciudad conjuga tres procesos históricos en su desarrollo urbano, que le otorgan un particular interés al estudio de la configuración de la sociedad y el espacio marplatenses: es un loteo aprobado por excepción, es decir que nace de una transgresión a las normas vigentes, fundándose sobre tierras privadas; hay un predomino histórico de la lógica del capital comercial; y presenta un proceso de urbanización mucho más acelerado que el país en su conjunto, producto de la migración.
De esta forma, el crecimiento de Mar del Plata,cabecera del Partido de General Pueyrredón, fue históricamente presidido por particulares, ligados fundamentalmente al sector inmobiliario; mientras que el Estado ha llegado a posteriori; con instrumentos legislativos que no cuestionan la centralidad no sólo de la ciudad sino de la estructura fundiaria, legitimando intereses privados. En ese sentido, el campo urbano ha recibido una fuerte influencia del campo político y del campo económico. (Núñez; 2000a).
Sumado a ello, su consolidación como centro turístico fue significativo tanto en lo referente a la acumulación como a la atracción de fuerza de trabajo, coadyuvando a ello las corrientes migratorias: externas, en un primer momento, e internas, después. Esta dinámica se vincula básicamente con la estacionalidad y el dinamismo de su mercado de trabajo, en el que son predominantes las actividades del sector terciario.
Si bien estos procesos históricos han signado el desarrollo urbano de la ciudad, aquí nos interesa destacar el particular sentido que ellos adquieren en el contexto del modelo económico vigente desde mediados de la década de 1970, en general, y a partir de su profundización en los últimos quince años, en particular. Es en este marco que se evidencia la ausencia del Estado, su retirada de la política social y, como contrapartida, un cambio a favor del mercado[1]. Esta retracción relativa del Estado, se acompaña de nuevas funcionalidades que apuntan a implementar la reestructuración de su aparato productivo y administrativo, con la idea de afirmar la supremacía del mercado, para optimizar la asignación de recursos. Y en lo que hace específicamente al Estado municipal, jurisdicción que mayor injerencia tiene en la producción del espacio de la ciudad, se promueve una gestión[2] que se enmarque en tres pilares: la concertación público-privada, el reforzamiento de las instituciones y la participación comunitaria.
Paralelamente, y como consecuencia de la profundización de este modelo económico excluyente, la pobreza y las deterioradas condiciones de vida de diversos sectores sociales crecen de manera inusitada. En ese sentido, las demandas vinculadas al acceso al hábitat resultan cada vez más postergadas y encuentran sólo soluciones parciales que no abordan la temática desde una política integral, sino desde una concepción acorde con una definición de ciudad vinculada a intereses privados, e incluso legitimados desde el Estado, tendiente a fragmentar, atomizar y segregar socioespacialmente a los sectores más vulnerables.
El propósito de este trabajo[3] es comprender cómo se aborda la problemática del acceso al hábitat desde el Estado y cómo se interviene sobre ella, en función de las visiones (y divisiones) que las sustentan[4].
Consideramos que, por un lado, se evidencia un constructo ideológico y político tendiente a despolitizar y naturalizar las “vivencias de y en la marginalidad” y que subyace a las prácticas estatales; y, por otro, que éstas, lejos de presentar cierta coherencia, se enmarcan en un complejo y contradictorio proceso de definición de políticas, que no hacen sino evidenciar la forma en que la violencia simbólica, en el sentido bourdieuano, encuentra en el espacio, uno de los lugares para afirmar y ejercer ese poder en su forma más sutil.
Esta violencia se manifiesta de manera inadvertida, presentando la acción del Estado como natural y volviendo casi incuestionable su arbitrariedad, en tanto manipula sus propias normas omitiendo su propia legalidad[5], y creando una borrosa frontera entre la legalidad y la legitimidad de sus propias prácticas.
El análisis se centra en el caso de la relocalización de la “Villa de Paso” de la ciudad de Mar del Plata, recorriendo los aparentes tensiones y dilemas entre: “erradicación - relocalización” y “posesión - expropiación”, en tanto evidencias del ejercicio de la violencia simbólica por parte del Estado.
Una disputa histórica
Uno de los asentamientos pública e históricamente más cuestionados de Mar del Plata y que, a diferencia de otros, es asumido como un “conflicto de la ciudad”[6] es la “Villa de Paso”.
Originariamente conocida como “Villa del Divino Rostro”, esta se configura alrededor de la década de 1940. Si bien por entonces su localización se consideraba inmejorable, por ubicarse en una de las zonas más altas de la ciudad, no existía infraestructura de servicios (Ver plano). Sus habitantes son en general migrantes internos, provenientes en su mayoría de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, que en verano trabajan en servicios como gastronomía y hotelería, en primavera en la pesca y en invierno en la construcción (Núñez; 2000b).[7]
Durante la década de 1960, y a medida que se va acrecentando la cantidad de habitantes, aparecen las primeras reticencias de quienes se consideran los “legítimos vecinos” del barrio, con respecto al asentamiento y a quienes habitan en él. Paulatinamente, la cuestión se instala en la prensa y aparecen propuestas para su erradicación, tanto por parte de los vecinos y la Asociación Vecinal de Fomento del barrio San Carlos[8], en el que se emplaza la villa, en un primer momento; como del Estado, después, que interviene ante el pedido de aquellos[9].
En coexistencia con estos planteos vinculados a las posibilidades de erradicación del asentamiento, aparecen diversas opiniones en la prensa local que critican un posible traslado hacia el entonces Hogar Municipal de Tránsito[10], cuestionando el accionar de la comuna, tanto un intento de “supresión de los pobres”, llevándolos a zonas alejadas que carecen de servicio alguno, y como el inminente beneficio al interés privado, a partir de la liberalización de las tierras[11].
Sin embargo, para marzo de 1969, el comisionado municipal Martí Garro (1966-1971) hace público el propósito de erradicar la villa. Se define la relocalización del asentamiento en cuatro de los pabellones que componen el HMT, en la localidad de Batán, situada aproximadamente a 15 kilómetros de Mar del Plata; y en terrenos cercanos al Hospital Regional, donde se les otorgará un prototipo de vivienda económica: la vivienda espacial. Es en octubre de 1970 que diez familias son trasladadas al HMT, que se encuentra habilitado informalmente, proveyéndoles materiales necesarios para pintar las viviendas. Como un claro mecanismo de control se considera que el cuidado de las mismas, su buen mantenimiento, tener huerta o jardín y buena conducta son factores que significan un 20% menos del costo de la superficie cubierta ocupada.
Por su parte, quienes se quedan siguen padeciendo la falta de infraestructura pero no quieren irse por la cercanía a sus fuentes laborales (Núñez; 2000b). Otros, fueron al HMT pero al tiempo regresaron a la villa.
Desde ese momento hasta la concreción del actual proyecto no aparecen intenciones firmes por parte de los distintos actores que representaron al gobierno municipal. De hecho, las acciones estatales respecto a la problemática de los asentamientos de la ciudad, en general, y de la “Villa de Paso” en particular, han sido disímiles[12].
Mientras tanto la AVF San Carlos y un grupo de vecinos, a veces juntos, otras separados; elevan esporádicamente ciertas peticiones, para la erradicación de la villa, hacia el gobierno municipal que frecuentemente se hacen eco en la prensa local.
A partir del año 1998 comienza a delinearse con firmeza la intención de trasladar el asentamiento a otro lugar de la ciudad; el Concejo Deliberante local sanciona el Programa de Relocalización pero se debate la necesidad de conseguir fondos genuinos. Finalmente, en el 2002 se aprueba, desde la Provincia, el “Programa Bonaerense IX – Dignidad”, cuyo objetivo principal es la construcción de quinientas viviendas de interés social, las que, en su mayoría, serán afectadas a la relocalización de los dos asentamientos precarios más antiguos de la ciudad: la Villa de Vértiz y la Villa de Paso; por el momento sólo se ha comenzado a trabajar con esta última.
Desmitificando la neutralidad estatal
“Intentar pensar el Estado es exponerse
a retomar en su provecho un pensamiento de Estado,
a aplicar al Estado categorías de pensamiento
producidas y garantizadas por el Estado,
a desconocer, por consiguiente,
la verdad más fundamental del Estado”
(Bourdieu; 1996)
El Estado moderno aparece, de la mano de la filosofía de la democracia del siglo XVIII, como entidad neutral concebida para representar los intereses de la mayoría y que encarna en sí mismo la defensa del bien común12. Sin embargo, el complejo y conflictivo devenir de los hechos ha demostrado de manera harto evidente que es imposible afirmar la existencia de tal cosa como el bien común y, por ende, pensar en una voluntad común del pueblo. Pese a tal evidencia, los postulados expuestos, basados en el racionalismo utilitarista, subyacen aún hoy en gran medida al fundamento de los regímenes democráticos occidentales y al discurso oficial sostenido y ampliamente difundido) desde los actores estatales.
Ya con Weber se avanzó en la definición del Estado como relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el medio de la coacción legítima, considerada legítima (Weber; 1997). Así, la asociación política se define como relación de dominación y, congruentemente, por sus medios (para asegurarla); esto es el ejercicio legítimo de la violencia, en un territorio determinado.
Bourdieu fue aún más allá de esta definición y le confirió al Estado además del monopolio del uso legítimo de la violencia física el de la violencia simbólica, en tanto violencia inadvertida, que naturaliza las acciones estatales, logrando imponer significaciones que aparecen como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza. “Hacen ver y hacen creer”, como dice Bourdieu, una realidad como entidad dada, y no como una construcción social, como un campo de lucha.
La violencia simbólica está presente en cada uno de los campos donde circulan y se disputan entre los agentes sociales, los bienes simbólicos que allí están en juego, en el marco de estructuras de posiciones y de relaciones de posiciones de dominación-dependencia (Gutiérrez; 2002).
Este ejercicio se encarna tanto en la objetividad, bajo la forma de estructuras y mecanismos específicos, como en la subjetividad, bajo la forma de estructuras mentales, de categorías de percepción y de pensamiento. Al realizarse en ambas estructuras, la institución instituida hace olvidar que es la resultante de una larga serie de actos de institución y se presenta con todas las apariencias de lo natural (Bourdieu; 1996).
En ese sentido, se vuelve fundamental estudiar los procesos de institucionalización del Estado; ya que sólo es posible a partir de la reconstrucción de la génesis estatal, cuestionar y desnaturalizar sus categorías esenciales, ejercicio primordial para pensar en la posibilidad de un orden social democrático en su sustancialidad.
Desde esta perspectiva, podemos entender cómo las aparentes tensiones entre: “erradicación - relocalización” y “posesión - expropiación”, juegan un continuo proceso de apelación y resignificación desde el Estado, que busca reposicionarse en el espacio social global (o, en última instancia, no perder su posición), evidenciando el ejercicio de la violencia simbólica. Tales categorías requieren ser aprehendidas a partir de la comprensión del ejercicio de la legítima (y constantemente (re) legitimada) violencia simbólica en las prácticas estatales.
La ciudad que se muestra y la ciudad que se esconde
La creación y difusión de categorías de pensamiento y discursivas, con su correlato en las prácticas sociales, forman parte de una realidad que aparece naturalizada.
En ese sentido, los habitantes de las villas son portadores de una identidad estigmatizada que proviene de diversos ámbitos; uno de ellos el Estado, y sus agentes, desde donde son considerados como sujetos “a educar”, tratándose de un problema de hábitos y no de economía, ligado fundamentalmente a una cultura provinciana que muchas veces resulta inmodificable. Este estigma, como mecanismo de asignación de identidades, no es nuevo. Históricamente se han construido categorizaciones y caracterizaciones provenientes de sectores dominantes que inferiorizan, ridiculizan o repudian a los sectores subalternos[13] (Herrán; 1996).
Desde una visión de totalidad, que intenta superar la fragmentación pero que no hace más que reproducirla, se asume que estos sectores forman parte de “otra realidad”, anómala, patológica, que debe ser corregida o, en su defecto, ocultada.[14]
“Las villas no dejan de ser un lacerante para la vida urbana de la ciudad”[15] sostiene un concejal en una de las primeras discusiones sobre el proyecto de relocalización. La Villa de Paso aparece desde el discurso estatal como un “conflictivo asentamiento que aflige y perjudica a un amplio sector de la comunidad marplatense, en particular, y a toda la ciudad en general, los primeros por inmediatez y los segundos por la inseguridad que genera el paso por la misma”.[16]
Esta concepción se refuerza en los últimos años, en el marco de la definición e implementación de planes estratégicos de desarrollo urbano, vinculados con un “modelo de ciudad” que deja de lado explícitamente problemáticas fundamentales para vastos sectores de la población. Las agendas incluyen temáticas relativas a la promoción de la ciudad para hacerla competitiva y la cuestión particular del problema del acceso a la tierra o bien queda relegada o encuentra soluciones parciales, relativas a intereses particulares[17].
En palabras de Vainer (2000), el discurso sobre la ciudad se estructura sobre la articulación de tres analogías: la ciudad es una mercancía, que tiene que ser vendida en un mercado extremadamente competitivo en el que otras ciudades también están a la venta; la ciudad es una empresa, por la cual hay que apuntar a la productividad, a la competitividad y a la subordinación a la lógica del mercado; y, finalmente, la ciudad es una patria, que necesita la existencia de consenso, sin él no hay posibilidad de estrategias exitosas.
La ciudad aparece como escenario del crecimiento económico, por lo cual hay que procurar un aumento de su productividad y hacerla eficiente importando, sin mediaciones, planes estratégicos, presupuestos participativos, cooperación intermunicipal, entre otras recetas.[18] En función de ello, las ciudades se embarcan en procesos de “rejuvenecimiento” o “gentrificación”, se modernizan y se descentralizan, y el gobierno local se posiciona en el centro de dichos procesos, promoviendo una imagen de ciudad tendiente a valorizarse en el mercado internacional (Borja y Castells; 1997).
Se vuelve fundamental recualificar la “ciudad para mostrar”, la ciudad turística y productiva; y ocultar, atomizar y segregar hacia la periferia aquello que es considerado anómalo, que atrasa el crecimiento y el reposicionamiento de la ciudad. “Necesitamos instalar una nueva agenda en el debate de los marplatenses y comenzar a discutir temas estructurales que hacen al futuro” sostiene el intendente del partido de Gral. Pueyrredón, Daniel Katz.[19]
Y precisamente en concordancia con esta visión a futuro, la definición de políticas como la de la relocalización de la Villa de Paso “significan cambiar la postal de la ciudad de Mar del Plata y cambiar el desarrollo urbano de barrios importantes”.[20] Además, “este proyecto tiende a la integración, tiende a la inclusión, a decir “señores, formemos una comunidad organizada, integrada, que tenga en cuenta a todos, que dé a cada uno lo que necesite” (...) buscamos garantizar la oportunidad a todos los pobladores de la ciudad de Mar del Plata, que todos tengan la oportunidad de ejercer el derecho a una vivienda digna, a la educación, a la salud, en definitiva, de ejercer plenamente todos los derechos ciudadanos” sostiene el Concejal GC durante uno de los debates sobre el proyecto de relocalización[21].
Desde este marco, la constante apelación al consenso, al “hacer creer”, juega un papel central en las prácticas estatales. En ese sentido, el accionar del Estado se vuelve confuso, en un continuo que va desde la autoadjudicación del rol de vocero del interés común, de intérprete de las necesidades de la ciudad y de garante de la ley hasta un trasgresor y (re) intérprete de la misma según la coyuntura y las propias necesidades de legitimar lo ilegítimo (e, incluso, lo que se normativiza como ilegal).
Se cuela un discurso en apariencia democrático y filantrópico, que naturaliza y opaca la violencia que lo constituye en su esencialidad.
¿Erradicación versus relocalización?
Las políticas de erradicación de villas y asentamientos toman un impulso drástico durante la última dictadura militar, en donde el Estado se propone resolver “la cuestión villera”, mediante acciones erradicatorias aisladas y una amplia campaña de estigmatización de la población villera. Ese otro diferente al habitante de la ciudad, considerado inmodificable y al que únicamente puede controlárselo entre otros que sean distintos a esa especie extraña (Hermitte y Boivin; 1985)[22].
Quienes promueven la relocalización de la villa de Paso intentan despegarse constantemente de este pasado. “(....)nos molesta terriblemente la palabra “erradicación”, porque algunos confunden relocalizar con erradicar. Erradicar es lo que se ha hecho en otros lugares cuando venían las topadoras, cargaban las personas y muebles en los camiones volcadores y los trasladaban de un lado a otro; esa jamás fue la aspiración de quienes trabajamos en este proyecto, muy por lo contrario (...) esto tiene que sustentarse sobre la base del consenso, sobre la base de la confianza, sobre la base del trabajo solidario”[23], sostiene OP, principal artífice del proyecto, actual Secretario de Legal y Técnica de la MGP.
Esta visión es compartida también por JB, actual presidente de la AVF San Carlos, que ha ejercido cierta presión para que se defina esta política y ha intentado instalar la problemática en la agenda municipal.[24] Según el fomentista, los habitantes de la villa que eran “referentes” en esa organización barrial “no llegaban a entender que “el sacar” era un retirarse pero con todas las cosas dispuestas, desde una casita hasta todo... eso era lo que no querían entender. Creían, siempre han creído, a través de lectura, a través de información, de los medios y demás, lo que en Buenos Aires sucede, pasan las topadoras y se van; pasan las topadoras y entran otros y así. Ellos no entendían que eso acá no iba a ocurrir, sino que realmente iban a tener la llave en mano”[25].
Sin embargo, simbólicamente, persiste la idea de que hay que alejar al villero, al que no contribuye a embellecer la ciudad, a que esta recobre su perfil turístico y se posicione competitivamente en el mercado nacional e internacional. Se pretende “hacer creer” que esto es proyectarse a futuro, de manera consensuada.
Sumado a ello, se reconoce discursivamente que los habitantes de la villa de Paso “fueron primero” en tanto fueron los que originariamente ocuparon la zona, pero han quedado en medio de un espacio que históricamente ha venido valorizándose[26], por lo cual su traslado a una zona de menor valorización es algo que no se cuestiona: “los habitantes de la villa fueron primero” (pero la villa) “ha quedado inmersa en un sector de alta valorización en términos de mercado, de suelo urbano…y hay mucha presión inmobiliaria” [27]
Finalmente, no se apela al calificativo de “erradicar” pero sí insiste en el traslado de “manera atomizada”, a pesar de que en los hechos ha comenzado a proyectarse lo contrario[28] y reiteradamente se discute la presencia policial como “garantía” del proceso. Físicamente los terrenos están ubicados en zonas periféricas, cuyo equipamiento de servicios es insuficiente[29], alejados de las fuentes laborales de los habitantes de la villa[30] con difícil acceso a servicios urbanos, con problemas de hidráulica y, en algunos casos, de riesgo ambiental, que primero fueron aprobados y luego evaluadas sus aptitudes.[31] (Ver plano)
F, habitante de la villa, comenta en relación a los terrenos de uno de los barrios de destino: Don Emilio “los otros días a mí me dijo un muchacho conocido mío (...) ”uy, ¡sabes el desastre que están haciendo!”. Dice que las bases son así no más, aparte que son lugares que cuando llueve se inunda, hay una semana de agua...Yo te cuento porque tengo mi tío por ahí y mi suegra, viste, viviendo por ahí cerca; así que ellos una semana están con agua”[32].
J, que también habita en el asentamiento, admite que “el trato era que nos iban a llamar para ver las viviendas. Nosotros fuimos a verlas, pero los obreros que estaban trabajando no nos dejaron entrar. Vimos que están haciendo casas gemelas, con una sola pared de por medio, en un terreno están haciendo dos casas y que no tienen capa aisladora”[33]
Considerando las acciones estatales llevadas a cabo, el cuestionamiento que surge es si acaso la relocalización no comparte la misma lógica de la erradicación pero con distintos medios. La ausencia del ejercicio de violencia física, que en algunos casos aparece, se confunde con el despliegue de violencia simbólica, ambas formando parte de una suerte de continuo; esto es, cuando no se logra ejercer la violencia desde lo simbólico, se recurre a la fuerza física. Lejos quedaron la confianza, el consenso y el trabajo solidario. Pareciera que sólo es un juego de palabras. Erradicación o relocalización sólo son dos etiquetas de una misma estigmatización y asunción de la realidad.
De la posesión legítima a la expropiación legitimada
“Y un derecho que no le sirve a la gente
para resolverle sus problemas, porque es inaccesible,
no es derecho, no es justicia (...).
El derecho no es, no ha sido, no será nunca
un fósil inconmovible, inalterable, eterno.
Es una creación permanente de todos los sujetos
que convergen en su gestación,
en su ejercicio, en su aplicación práctica”
(Fundamentos del proyecto de “Ley Pierri”)
El Código Civil de la nación, mediante el artículo 4015, garantiza la adquisición de un dominio a través de la prescripción, esto significa que habilita "la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor (…).” Complementariamente, agrega que “al que ha poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta del título, ni su nulidad, ni la mala fe en la propiedad” y, a través de la ley 14159[34], regla el juicio de adquisición del inmueble. Este procedimiento ha sido conocido como usucapión, esto es, la transferencia del dominio del bien a favor de quien lo ocupa, posterior a veinte años de posesión continua.
En el año 1993 y vista “la verdadera situación de marginalidad jurídica en que se encuentra un vasto sector de la población”[35] , que no puede tener acceso a la propiedad de su vivienda, se presenta y aprueba un proyecto de ley de “Regularización Dominial de Inmuebles Urbanos”, cuyos principales destinatarios son quienes ocupan inmuebles urbanos de propiedad privada que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente y que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1 de enero de 1992. La legislación contempla la gratuidad en todos los actos y procedimientos, la exención en todo tipo de impuestos, tasas de servicios y contribuciones; y la condonación de deudas preexistentes por impuestos, servicios sanitarios y municipales.
Conocida como “Ley Pierri”[36], se considera que la legislación “termina con ciudadanos de segunda, que no pueden tener acceso a la propiedad de su vivienda, incorpora un enorme caudal de bienes inmuebles al comercio y, por añadidura, también beneficia a la sociedad en su conjunto, ya que, a partir de su regularización (sus beneficiarios) se convertirán en contribuyentes de impuestos, tasas y demás gabelas públicas, tanto nacionales cuanto provinciales y municipales.” [37]
La ley contempla diversas situaciones que posibilitan escriturar un inmueble y, en la situación particular que nos interesa, acorta los tiempos de la usucapión; dado que el proceso deja de ser veinteañal y pasa a ser decenal. A partir de ella “se convertirá de pleno derecho en dominio perfecto transcurrido el plazo de diez años contados a partir de su registración”[38]. Además, la ley incorpora una figura novedosa, otorgando en primera instancia el status de “poseedores legítimos”, a quienes inicien los trámites, inscribiendo el dominio para comenzar la escrituración[39].
Varios de los habitantes de la “Villa de Paso” son propietarios[40] y otros estarían enmarcados en esta legislación; algunos por la usucapión y otros por la Ley Pierri, a pesar de que aún no se han cumplido los plazos para adquirir el dominio por prescripción[41]. Esto significa que, no habiendo reclamos por parte de los propietarios originarios, ellos estarían en medio del proceso de adquisición y se han convertido en poseedores legítimos. Es decir que, en el camino de “legalizar” su condición de irregularidad respecto de la tenencia del terreno; son considerados como ocupantes/poseedores “legítimos”[42].
No es casual que la ley presente ambigüedades, ligadas principalmente a la figura de poseedor-propietario, que en apariencia sugeriría cierta equivalencia pero que no la tiene. El “ocupante” recibe un certificado de dominio transitorio, mientras se desarrolla un trámite administrativo y judicial de diez años de duración, en los que el propietario original puede accionar en su contra.
Más allá de ello, consideramos que la posesión, en tanto transitoria, fue legalizada y legitimada mediante una ley que ahora se transgrede, que no establece ningún tipo de garantía para una figura que ahora es legal pero no legítima: el poseedor del dominio. Por tanto, desde su propia arbitrariedad el Estado transgrede la posesión legítima, en tanto figura estatuida por él mismo.
Esta ambigüedad queda evidenciada en diciembre de 2003 cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires dicta la Ley Nº 13158 que declara la “utilidad pública y/o el interés general” de setenta y dos terrenos localizados en las seis manzanas que ocupa la villa y autoriza al Estado Municipal su expropiación, que implica la venta forzosa de los terrenos al municipio, a valor de la tasación fiscal.
Esta arbitrariedad estatal no sólo se produce respecto de la posesión (y en algunos casos, propiedad) de los terrenos sino también en relación a su posterior venta, posibilitada a través de la expropiación. En ese sentido, OP sostiene que “(...) han existido señales de especulación inmobiliaria (...) muchos terrenos han sido adquiridos a un precio vil esperando la acción del Estado, que venga a generar la plusvalía a esos propietarios” y seguidamente manifiesta que, fundamentando la elección del caso (por qué “relocalizar” esa villa y no otras) “está ocupada en terrenos que tienen alto valor de reventa, que si después no subastamos no tendríamos posibilidades financieras de hacer hoy las inversiones o tomar los créditos necesarios para pagar la indemnización y para hacer las viviendas”[43]
De esta forma, aparece el Estado condenando y denunciando las intenciones de especulación inmobiliaria y es lo mismo que después él hará, mediante la creación de un instrumento legal, vendiendo los terrenos a mayor precio que el pagado a los propietarios, es decir, de su tasación, generando una renta diferencial, con la excusa de financiar la relocalización.
Sin embargo, la finalidad no queda demasiado clara ante la evidencia de que el financiamiento proviene del Instituto Provincial de la Vivienda[44] y de que las viviendas deberán ser abonadas por la totalidad de los beneficiarios, a través de lo cual se va a producir un recupero de lo invertido[45].
Bajo el discurso de la expropiación como vía de financiamiento y con una finalidad de interés general, subyace la idea de que es la única forma de lograr que la gente no vuelva a los terrenos y que la relocalización es parte de un interés público y general.
Entre las tensiones y los dilemas...
“Hay justicia para unos que tienen plata;
y para los pobres, vos tenes que ir preso,
vos tenes que pagar el pato del otro”
F, habitante de la villa
“No tenés que pensarlo mucho,
vos te das cuenta que esa gente está usurpando terrenos
y están sentados arriba de una mina de oro”
HA, vive en el barrio San Carlos
y es vocal de la Comisión Mixta para la relocalización.
“No se pueden dejar de reconocer las cosas bien planteadas,
bien hechas y, por sobre todas las cosas, bien intencionadas
no solamente porque es un acto de justicia
sino porque es parte de lo que necesita ese motor político
que debe tener encendido la comunidad
para poder transformar las cosas”
Concejal GP
(Sesión HCD, Debate proyecto
de relocalización de la Villa de Paso)
Dice Bourdieu “debido al hecho de que el espacio social está inscripto a la vez en las estructuras espaciales y las estructuras mentales, que son en parte producto de la incorporación de las primeras, el espacio es uno de los lugares donde se afirma y ejerce el poder, y sin duda en la forma más sutil, la de la violencia simbólica como violencia inadvertida (...)”[46]. Esta frase bien podría resumir el propósito general de este trabajo.
Al intentar comprender la lógica de las prácticas estatales en relación con la política de relocalización de la Villa de Paso, en particular los dilemas presentados en torno a las categorías de “erradicación” – “relocalización” y “posesión” – expropiación” aparece lo legal mezclado con lo legítimo y lo legítimo con lo legal. Pero siempre es en última instancia la violencia, ya sea física o (principalmente) simbólica, la que le confiere al Estado un poder omnipotente.
Y es que en realidad estas aparentes tensiones no hacen sino constituir dilemas, en su sentido lógico y epistemológico, en tanto se presentan como términos contrapuestos que conducen a la misma conclusión. Lejos de su acepción corriente, asumida como “alternativa”, el Estado no se sumerge en la elección entre dos “soluciones”, llamémoslas entre la disyuntiva de “erradicar” o “relocalizar” y de “otorgar la posesión” o “expropiar”; sino que más allá de cuál sea el camino que se elija, cualquier supuesto conduce a un mismo fin, responde a una misma lógica de acción estatal; pero “hace creer y hace ver” que el conflicto se aborda desde otro lugar o desde otra posición en el campo político, subvirtiendo momentáneamente las relaciones de fuerza. Sin embargo, la estrategia apunta a conservar una posición dominante, a (re) legitimarse en el campo.
En ese sentido, legitimar una dominación es dar toda la fuerza de la razón a la razón del más fuerte. Esto supone la puesta en práctica de una violencia simbólica, violencia eufemizada y por lo mismo socialmente aceptable, que consiste en imponer significaciones, “en hacer creer y en hacer ver” para movilizar (Bourdieu y Wacquant; citado en Gutiérrez; 2002).
Hacer creer y hacer ver que “lo natural” es producir una ciudad para mostrar, sin pobres ni miserias; hacer creer y hacer ver que el Estado es un imponderable, que puede crear instrumentos a fin de legitimar y relegitimar su dominación.
Este estudio de este caso relativo a la división social del espacio constituye sólo una ilustración del complejo accionar del Estado en la definición de la ciudad y la apropiación del espacio social y evidencia la “aceptación del papel estructuralmente constitutivo de lo político que juega la violencia” (Grunër; 1997)[47] , tanto en cuanto a la naturalización de su esencialidad (y al correlato de visiones y divisiones del mundo que genera y disemina), que se presenta como inevitable, como a la arbitrariedad de su accionar, en tanto manipula sus propias normas, haciendo caso omiso de su propia legalidad.
Y allí es recurrente el ejercicio de la violencia simbólica, que es tanto más fuerte cuanto mayor es el desconocimiento de su arbitrariedad. Sin embargo, uno puede destruir ese poder de imposición simbólica a partir de una toma de conciencia de lo arbitrario, develando la verdad objetiva y el aniquilamiento de la creencia que la sustenta. (Gutiérrez; 2002).
Sin dudas, este debería ser el desafío de quienes creemos que la ciencia debe recuperar su carácter crítico, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Fuente: Centro de Estudios del Desarrollo Urbano – UNMDP (2005)
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§Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el Taller “Ciudad y Región”, coordinado por el Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, del II Congreso Nacional de Sociología y las VI Jornadas de Sociología de la UBA; realizados en la Universidad de Buenos Aires, del 20 al 23 de octubre de 2004; y otra publicada bajo el título “Tensiones y dilemas en la apropiación del espacio: el accionar del Estado en la relocalización de la `Villa de Paso´” en KAIROS, Revista de Temas Sociales, UNSL, año 9, nº15, marzo de 2005.
*Licenciada en Sociología (UNLP). Becaria de Formación de Posgrado del CONICET con sede en el Centro de Estudios del Desarrollo Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente de las carreras de Psicología y de Trabajo Social (UNMDP) y alumna de la Maestría en Ciencia y Filosofía Política (UNMDP). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
[1]En este sentido la retirada del Estado es selectiva, en tanto existen áreas en las que, lejos de replegarse, redefine funciones tendientes a generar más eficaces instrumentos de acción (Gambina y Campione; 2002).
[2]La gestión de la ciudad es el conjunto de procesos dirigidos a articular, utilizar, coordinar, organizar, asignar recursos humanos, financieros, técnicos, organizacionales, políticos y naturales, en pos de la generación de condiciones que permitan producir, hacer funcionar y mantener la ciudad, brindando a las actividades económicas y a la población los satisfactores para sus necesidades. Supone la elección de alternativas que ponen en juego intereses diferentes, contradicciones y conflictos entre actores sociales, políticos e institucionales sobre el uso y destino de los recursos. (Herzer, Pírez y Rodríguez; 1994).
[3]Este artículo presenta reflexiones preliminares que forman parte de una investigación más amplia, cuyo propósito es abordar las estrategias de los diversos actores involucrados en una política de relocalización de un asentamiento urbano precario (propietarios de los terrenos ocupados y circundantes, “vecinos del barrio”, Asociación Vecinal de Fomento, Policía, operadores inmobiliarios, concejales y funcionarios municipales, habitantes del asentamiento, etc.); sin embargo, aquí nos limitaremos a presentar sólo algunas notas sobre las prácticas estatales.
[4]En el sentido de Bourdieu, es decir, ligadas al habitus que, en tanto estructura estructurante, es un esquema generador y organizador de prácticas sociales y de percepciones y apreciaciones de las propias prácticas y de las de los demás. Así, las “visiones” y “divisiones” actuarían como categorías de pensamiento que no son universales sino que están histórica y socialmente condicionadas.
[6]Así lo asume el Dtor del Banco de Tierras de la MGP, CR: la “Villa de Paso” constituye un conflicto a nivel de ciudad, mientras que otros asentamientos lo son sólo a nivel barrial. Por ello, hay comparativamente un mayor interés y cerelidad en encontrarle una “solución”. Tal categorización no se sustenta ni en la densidad de población ni en las condiciones de habitabilidad ni siquiera en el dominio de los terrenos (sean fiscales o privados) sino en la existencia de intereses disímiles y en pugna, fundamentalmente la progresiva valorización de la zona en la que se enmarca el asentamiento, desde diversos sectores con intereses particulares, no sólo de los directamente afectados sino de terceros interesados en resolver la cuestión para obtener algún tipo de rédito, ya sea económico o político.
[7]Actualmente viven en el asentamiento 386 familias, haciendo un total de 1489 personas, según datos del Censo realizado en la Villa en diciembre de 2003, provistos por el Departamento de Promoción Social de la Dirección de Vivienda Proyectos e Infraestructura dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la MGP ). Sin embargo, en temporada de verano, con el aumento de la demanda de mano de obra, llegan a ser alrededor de 1900, luego (por el mes de abril) muchos regresan a sus ciudades de origen y retornan en octubre.
[8]En adelante AVF. Justamente la institución barrial se forma hacia fines de los 50, teniendo como preocupación central la consolidación del barrio. Por el tema de la villa aparecen los primeros conflictos en torno a los límites barriales o, mejor dicho, radios de acción, entre las AVF San Carlos y Divino Rostro; ubicándose la villa precisamente en la "frontera" entre ambas jurisdicciones. Si bien actualmente el asentamiento se ubica en el barrio San Carlos (en uno de sus límites con Divino Rostro), cuando comienza a configurarse el asentamiento ocupa terrenos que quedan dentro de los límites establecidos para el barrio Divino Rostro ("llegaba hasta Arenales y Formosa"); tal como lo testimonian los diarios de la época, en donde se habla de la villa de "Divino Rostro", ubicándosela por momentos en San Carlos y, por otros, en Divino Rostro. Precisamente la AVF Divino Rostro se conforma en el año 1971 (y es disuelta en 1990), teniendo también como preocupación central los inconvenientes causados para el inminente progreso del barrio (apertura de calles, limpieza de lotes baldíos, etc.). Tal vez una de las cuestiones subyacentes en los 70 era quién se hacía cargo de la villa.
[9]Los diarios de la época testimonian el reclamo de los vecinos en la comuna y la posterior "visita" del Municipio al barrio. Tal es el caso, por ejemplo, de algunas cartas al Director que aparecen en el diario local tituladas: "Villa emergencia en una barrio residencial" y "El "Divino Rostro" es una villa de emergencia", ambas publicadas en el Diario La Capital de Mar del Plata, los días 21/08/1969 y 2/09/1969, respectivamente.
[11]Así lo testimonian, por ejemplo: “¿Erradicación o exilio?”, publicado el 21/01/1969; “El problema de las guarderías y los Hogares Municipales de Tránsito”, Sección Editorial, publicada el 23/01/1969; y “El tránsito hacia una muerte higiénica”, publicado en la sección Cartas al Director, con fecha 31/01/1969, todos ellos en el Diario La Capital.
[12]Por ejemplo: durante la intendencia de Fabrizio, en el año 1974, el municipio se encarga de la provisión en forma permanente de agua potable a barrios y villas de emergencia que carecen de ella, comprometiéndose el Ejecutivo a mejorar el servicio (Ord. Nº 3571/74). Durante el gobierno radical de Angel Roig, se produce un incendio en el lugar, concretamente en septiembre de 1990, y el propio Municipio ayuda a los damnificados a reconstruir allí sus casillas. Posteriormente, con el gobierno de Russak (1991-1995), se suscribe un convenio con la entonces Empresa Social de la Energía de la provincia de Buenos Aires (ESEBA) a los fines de abastecer de energía eléctrica a los asentamientos precarios del Partido, creando la categoría de “Usuarios con Limitador de Consumo” (Ord. Nº 8557/92, 8931/93 y 9696/94).
12Se concibe a la democracia como sistema institucional de gestación de decisiones políticas que realiza el bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones mediante la elección de individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad. Este supuesto tiene anclaje en la existencia de dos elementos fundamentales: un bien común, como faro orientador de la política; y una voluntad común del pueblo, que se corresponde exactamente con el anterior. (Schumpeter; 1996).
[14]Una visión fundamentada en los postulados de la Escuela de Chicago, que teóricamente parece haber sido descartada pero que empíricamente subyace (de manera naturalizada) a un significativo cúmulo de prácticas sociales.
[15]Palabras del Concejal S; Acta de sesiones “Programa de Relocalización Asentamiento Precario Poblacional Paso”, HCD; 16/07/1999.
[16]Proyecto de Ordenanza presentado por el Concejal EB, para la creación de la “Comisión Administradora Mixta, Municipalidad–Vecinos del Fondo para la Erradicación del Asentamiento Paso”, presentado el 23/09/2003 y aprobado en diciembre del mismo año. La Ordenanza nº 15831 establece la constitución, integración, funcionamiento y atribuciones, etc. de la Comisión Mixta, integrada por cuatro representantes de la MGP y cuatro representantes de los “vecinos” del Barrio San Carlos, dejando afuera a los principales involucrados: los habitantes de la villa.
[17]Un dato significativo en ello es que la Comisión Mixta del Plan Estratégico de la ciudad de Mar del Plata no surgió del propio Municipio sino que fue formada fundamentalmente por intereses empresarios y profesionales, donde el Estado local sólo es un invitado más; además, se excluyen las organizaciones vecinales (Núñez ; 2004).Aparecen representados, entre otros organismos: Cámara de la Construcción, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Centro de Constructores, Colegio de Martilleros, Confederación General del Trabajo, Universidades Privadas, etc.
[18] En palabras del coordinador del Plan Estratégico del Partido de General Pueyrredón, esta es la "metodología que acorta los tiempos para vincular el futuro con el presente. Las ciudades son organismos vivos que tienen que dar respuesta hoy, pero con un impacto en el futuro” (Ver “Dieron a conocer detalles del plan estratégico de Mar del Plata”; Diario La Capital, 11/11/2003). Retomando la necesidad de proyección a futuro, sostiene el Intendente Katz, “¿Cuál es el modelo económico de Mar del Plata? ¿se bancan en un futuro 700, 800 mil marplatenses nada más que la pesca, el turismo, la industria textil o tenemos que empezar a redefinir el perfil productivo?”, en “Cerrar la “vieja agenda”, un compromiso del intendente” Diario La Capital; 29/06/2004.
[19]En “Cerrar la “vieja agenda”....”; op. Cit. Bajo este mismo discurso hoy se promueve la realización de la “IV Cumbre de las Américas”, que se llevará a cabo en la ciudad en el mes de noviembre y que permitirá que esta “se muestre ante los ojos del mundo”. Para ello desde hace unos meses se han comenzado a realizar costosas obras de infraestructura: alumbrado público en las vías de acceso a la ciudad, remodelación del Aeropuerto, culminación de la Autovía 2, obras de pavimentación y desagüe, remodelación de diferentes espacios públicos, etc; varias realizadas con fondos provenientes de la Provincia y la Nación, otras con coparticipación de los vecinos; e innumerables operativos de seguridad en las calles.
[20]Palabras del Concejal S, op. Cit. En ese sentido, la Avenida Paso, arteria principal sobre la que se emplaza el asentamiento, es el “paso obligado” a la vista del turista (desemboca en la costa, donde se ubican el Hotel Sheraton y el Golf Club), por lo cual requiere ser renovada. Entre los diversos destinos pensados para los terrenos sobre los que hoy se asienta la villa, y que aún no han sido definidos, encontramos: un hotel cinco estrellas, un complejo de multicines, una plaza, la “ciudad judicial”, etc. Muchos de ellos, retomando las “prácticas estatales arbitrarias”, plantearían la necesidad de modificar los indicadores urbanísticos de la zona para poder ser llevados a cabo. Al respecto, JR, quien viven en el San Carlos y preside la Comisión Mixta para la Relocalización, dice “no podemos caer en la incoherencia de declarar a la Avenida Paso como “avenida jardín” y tener sobre ella dos manzanas de asentamiento. No podemos caer en la incoherencia de solventar un buen plan como es “Mar del Plata 2000”, hay que reconocer que es bueno, obras se están haciendo, y dejar en la ciudad los asentamientos precarios que hoy tiene”. (Banca Abierta del HCD, 10/09/1997. La Banca Abierta (o “25”) ha sido creada mediante el Decreto 478/94 con la finalidad de que los vecinos la ocupen para expresar una opinión, realizar un reclamo o fundamentar una propuesta.)
[22]Prevalece lo que Giménez (1997) denomina una “identidad etiquetada”, es decir que si bien los villeros se autoidentifican de forma autónoma, su diversidad ha sido fijada por otros; es decir, en nuestro caso, entre quienes se consideran “vecinos legítimos” del barrio. Ellos naturalizan la idea de que quienes habitan la villa no pueden vivir ahí, eso no se discute; sin embargo, su condición varía desde aquellos que consideran al asentamiento como un lugar de perdición, cuyo habitantes “están perdidos”; otros, que es gente que hay que “aculturar”, finalmente hay quienes, incluso le otorgan a algunos el status de “vecino”.
[24]JB ocupó la Banca Abierta en diciembre de 1997. Allí el fomentista presentó la problemática de los asentamientos irregulares en la ciudad, cuestionando los diversos proyectos de erradicación de la villa de Paso que quedaron archivados. Asimismo, actualmente reconoce haber entablado relaciones cercanas con “el líder ejecutivo” OP; “tramar algo para acelerar” los tiempos con el Concejal EB, como fue la creación de la Comisión Mixta; comunicarse vía internet con diputados para presionar sobre la Ley de Expropiación, etc.
[26]De acuerdo a información suministrada por un consultor inmobiliario de la ciudad, se calcula que un terreno en la zona aledaña a la villa tiene un valor de aproximadamente $ 450 por m2 mientras que los terrenos dispuestos para relocalizar a quienes habitan en el asentamiento oscilan entre $ 23 y $ 40 por m2 .
[27]Palabras de GC, directora del Dto de Promoción Social de la Dirección de Vivienda, Proyectos e Infraestructura de la MGP, quien se encarga de la “cuestión social” de la relocalización: relevamiento de características sociodemográficas, ingresos de la población, distribución de las familias según la amplitud de las viviendas, etc. Entrevista realizada el 3/11/2004.
[28]Tanto el intendente Katz como el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos y Gestión Ambiental (EMVISURyGA), Antonio Constantino, manifestaron públicamente la firme intención de relocalizar a los habitantes de manera “atomizada” . Sin embargo, las casas se han comenzado a construir en bloque: 75 en el barrio Don Emilio y 122 en Las Heras.
[29]En ese sentido, los habitantes de aquellas zonas en las que se trasladarían los habitantes de la villa en diversas oportunidades se han manifestado en contra del traslado del asentamiento, debido fundamentalmente al deficitario equipamiento de infraestructura con el que cuentan, que se vería agravado con el traslado de la gente, mediante diversos instrumentos: han presentado notas al presidente del HCD, también se les ha dado un espacio antes de una sesión en el HCD y han tenido lugar en la prensa local, aunque es un tanto contradictorio, primero no aceptaron, después sí y se volvieron atrás: tal como lo testimonian diversos artículos publicados en el Diario La Capital: “Rechazan la relocalización de una villa en El Martillo”, 8/10/2003; “Preocupa la ocupación de terrenos a vecinos de barrios de zona norte”, 10/11/2003; “En Bosque Grande no quieren habitantes de las villas”, 11/03/2004; “En Don Emilio se resisten a la relocalización de la villa de Paso”, 14/03/2004, etc. De hecho, han unido su acción de protesta, por diferentes motivos, junto a los habitantes de la villa, estos últimos pidiendo la indemnización y poder elegir dónde vivir; aquellos por la infraestructura deficiente. Ver: “Vecinos de las villas protestaron junto a frentistas de otros barrios”, 07/04/2004.
[31]En relación a ello, existen una serie de obstáculos vinculados a la construcción de las viviendas: por un lado, en cuanto a la calidad tanto de los terrenos, algunos aprobados sin la realización de pruebas hidráulicas o estando previamente afectados a otros programas provinciales, y como de las viviendas.
Por otra parte, en cuanto a los “barrios de destino”, donde originariamente se previeron cuatro zonas para la construcción de las 500 viviendas del Programa Dignidad: Don Emilio, Las Heras I, Las Heras II y Fortunato de la Plaza, y sólo se han comenzado a levantar 75 casas en el Don Emilio y una parte de las 122 que se harán en un predio de Las Heras, dado que los otros presentan dificultades en relación a las aptitudes de los terrenos afectados. Concretamente, Fortunato de la Plaza fue previamente afectado a un proyecto educativo por la provincia, dato aparentemente obviado a la hora de seleccionar las tierras y Las Heras II fue vetado porque las obras necesarias para alcanzar su aptitud son demasiado costosas. Aparentemente se destinaría una zona del barrio El Martillo pero aún no se ha definido.
Finalmente, existen ciertos reclamos en relación a la Asociación Civil “Trabajar”, encargada de la construcción de las casas; cuyos dirigentes provienen de la UOCRA e incluso uno de ellos ha sido concejal cuando se definió la relocalización; dado los problemas que se han presentado en el manejo de fondos también es conflictivo, dado que el Instituto Provincial de la Vivienda manifiesta haber girado una suma de fondos a “Trabajar”, como mediadora entre el IPV y las empresas constructoras, pero éstas han parado periódicamente las obras porque los fondos no han llegado a destino (sumado ello quienes dirigen la ONG tienen una causa por irregularidades en la construcción de un Plan de Viviendas en la ciudad vecina de Miramar)
[33]Extraído de “Vivir en la villa de Paso”; Suplemento Especial Revista De Todo, domingo 29/08/2004.
[35]Fundamentos Proyecto de ley 24374/94, Senado y Cámara de Diputados de la Nación, diciembre de 1993.
[36]En razón de su mentor, el entonces Diputado Nacional Alberto Pierri (PJ). El proyecto fue presentado también por Eduardo Camaño, Alberto Balestrini, Juan Pablo Baylac, Oscar Alende, entre otros
[39]Esto significa que la persona que demuestre que tiene la posesión, o sea, que está viviendo en ese inmueble, luego de un expediente que inicia en la Municipalidad, a través de la Casa de Tierras (organismos provinciales de Registro de la Propiedad, creados precisamente para implementar la Ley Pierri); realiza un acta de posesión por escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad; si en el transcurso de diez años desde la inscripción, no hay oposición del titular de dominio, queda como nuevo dueño. Ahora sí pasando de “poseedor” a “propietario”.
[40]Vale recordar aquí que si bien la villa se emplaza hoy en una de las zonas más valorizadas de la ciudad; esto no era así al momento de su configuración, por la década de 1940; dado que no existía aún infraestructura de servicios y era una zona escasamente poblada. Según datos del Censo poblacional realizado en la villa en Septiembre de 1998, en relación a la tenencia del terreno las familias se distribuyen de la siguiente manera: propietarias (26); cesionarias de propietarios o terceros (46); inquilinas (6); ocupantes de hecho (229) y otros (29).
[41]Dado que la ley fue sancionada en 1994 y establecía un mínimo de tres años de posesión con anterioridad a 1992.
[42]A pesar de que los funcionarios consultados afirman que "nadie ha acreditado la propiedad o la posesión con papeles", información relevada por el mismo municipio confirma lo contrario (mediante diversos censos realizados en el asentamiento). En ese sentido, el Estado podría "promocionar" la implementación de este instrumento legislativo (la Ley Pierri) para que los ocupantes resuelvan su situación; más aun teniendo en cuenta que, tal como lo reconocen los propios funcionarios, los propietarios originarios no han hecho casi nada para recuperar sus terrenos (exceptuando algunos juicios por desalojo) y que incluso las acciones para erradicar la villa ni en los 70’ ni en los 90’ han sido impulsadas por estos. De hecho, ante el llamado que hizo la MGP a los propietarios para cumplir con la expropiación, según OP, sólo se han presentado 6 ó 7 (propietarios de 2 ó 3 lotes cada uno); esto significa que si sólo se registran estos 15 lotes, el resto sería denunciado como "herencia vacante" , es decir, quedarían bajo el dominio del Estado. Es, entonces, evidente que bien podrían cumplirse los requisitos de la Ley Pierri; pero claro está que la intención del Estado transita por otros carriles.
[44]Hoy el proyecto es financiado por la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, por la suma de $19.914.220,22. La financiación había sido objeto de innumerables discusiones. Sólo por citar un ejemplo vale mencionar que a través de la ordenanza nº 12740/99 se encomendó al Departamento Ejecutivo “la realización de las gestiones tendientes a contratar un empréstito con entidades financieras públicas y/o privadas, provinciales, nacionales o internacionales (…) destinado al pago de las indemnizaciones producto de la expropiación de los predios declarados de utilidad pública y/o interés general, ubicados en el sector comprendido por la Avenida Juan José Paso y las calles Lamadrid, Alsina y Larrea (...)”; además, en el Cálculo de Recursos del Presupuesto Municipal para el ejercicio del año 2000 aparecen remesas por 300 mil pesos afectadas a la Relocalización del Asentamiento Villa de Paso.
[45]De esta forma, el Estado no “subsidia” la vivienda; sino que sólo realiza un préstamo que posteriormente va a recuperar. En definitiva, la cuestión de acceder definitivamente a una vivienda vuelve a quedar en la esfera privada; dado que no sólo se traslada los costos de la vivienda a los hogares sino que estos luego tendrán que afrontar los gastos que significa mantener una vivienda (tasas, impuestos, servicios, etc.). Como contrapartida del recupero del dinero, la MGP sostiene la realización de obras de infraestructura en los barrios de destino, pero aún no hay evidencias de ello.
[46]BOURDIEU PIERRE (dir) (2002); La miseria del mundo; Fondo de Cultura Económica; Buenos Aires; 2da reimpresión; pp. 122.
[47]Grüner dice que Foucault invierte a Clausewitz, en tanto no sería la guerra la continuación de la política por otros medios sino que “es la política lo que implica la continuación de la guerra por otros medios”, en Grüner Eduardo (1997), Las formas de la espada. Miserias de la teoría política de la violencia; Colección Puñaladas. Ensayos de punta; Colihue; Buenos Aires; pp. 34.
