Violencia simbólica en la disputa por el espacio

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Categoría: Numero 29

Publicado el Martes, 04 Julio 2006 00:00

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Violencia simbólica en la disputa por el espacio o los dilemas del Estado en una política de relocalización

María Laura Canestraro (CONICET-CEDU/UNMDP)

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El desarrollo urbano de la ciudad de Mar del Plata, ha estado signado por la convergencia de diversos factores que marcan un proceso creciente y sostenido de valorización del capital inmobiliario, que han ido configurando una particular división social del espacio.

Siguiendo a Núñez, podemos decir que la ciudad conjuga tres procesos históricos en su desarrollo urbano, que le otorgan un particular interés al estudio de la configuración de la sociedad y el espacio marplatenses: es un loteo aprobado por excepción, es decir que nace de una transgresión a las normas vigentes, fundándose sobre tierras privadas; hay un predomino histórico de la lógica del capital comercial; y presenta un proceso de urbanización mucho más acelerado que el país en su conjunto, producto de la migración.

De esta forma, el crecimiento de Mar del Plata,cabecera del Partido de General Pueyrredón, fue históricamente presidido por particulares, ligados fundamentalmente al sector inmobiliario; mientras que el Estado ha llegado a posteriori; con instrumentos legislativos que no cuestionan la centralidad no sólo de la ciudad sino de la estructura fundiaria, legitimando intereses privados. En ese sentido, el campo urbano ha recibido una fuerte influencia del campo político y del campo económico. (Núñez; 2000a).

Sumado a ello, su consolidación como centro turístico fue significativo tanto en lo referente a la acumulación como a la atracción de fuerza de trabajo, coadyuvando a ello las corrientes migratorias: externas, en un primer momento, e internas, después. Esta dinámica se vincula básicamente con la estacionalidad y el dinamismo de su mercado de trabajo, en el que son predominantes las actividades del sector terciario.

Si bien estos procesos históricos han signado el desarrollo urbano de la ciudad, aquí nos interesa destacar el particular sentido que ellos adquieren en el contexto del modelo económico vigente desde mediados de la década de 1970, en general, y a partir de su profundización en los últimos quince años, en particular. Es en este marco que se evidencia la ausencia del Estado, su retirada de la política social y, como contrapartida, un cambio a favor del mercado[1]. Esta retracción relativa del Estado, se acompaña de nuevas funcionalidades que apuntan a implementar la reestructuración de su aparato productivo y administrativo, con la idea de afirmar la supremacía del mercado, para optimizar la asignación de recursos. Y en lo que hace específicamente al Estado municipal, jurisdicción que mayor injerencia tiene en la producción del espacio de la ciudad, se promueve una gestión[2] que se enmarque en tres pilares: la concertación público-privada, el reforzamiento de las instituciones y la participación comunitaria.

Paralelamente, y como consecuencia de la profundización de este modelo económico excluyente, la pobreza y las deterioradas condiciones de vida de diversos sectores sociales crecen de manera inusitada. En ese sentido, las demandas vinculadas al acceso al hábitat resultan cada vez más postergadas y encuentran sólo soluciones parciales que no abordan la temática desde una política integral, sino desde una concepción acorde con una definición de ciudad vinculada a intereses privados, e incluso legitimados desde el Estado, tendiente a fragmentar, atomizar y segregar socioespacialmente a los sectores más vulnerables.

El propósito de este trabajo[3] es comprender cómo se aborda la problemática del acceso al hábitat desde el Estado y cómo se interviene sobre ella, en función de las visiones (y divisiones) que las sustentan[4].

Consideramos que, por un lado, se evidencia un constructo ideológico y político tendiente a despolitizar y naturalizar las “vivencias de y en la marginalidad” y que subyace a las prácticas estatales; y, por otro, que éstas, lejos de presentar cierta coherencia, se enmarcan en un complejo y contradictorio proceso de definición de políticas, que no hacen sino evidenciar la forma en que la violencia simbólica, en el sentido bourdieuano, encuentra en el espacio, uno de los lugares para afirmar y ejercer ese poder en su forma más sutil.

Esta violencia se manifiesta de manera inadvertida, presentando la acción del Estado como natural y volviendo casi incuestionable su arbitrariedad, en tanto manipula sus propias normas omitiendo su propia legalidad[5], y creando una borrosa frontera entre la legalidad y la legitimidad de sus propias prácticas.

El análisis se centra en el caso de la relocalización de la “Villa de Paso” de la ciudad de Mar del Plata, recorriendo los aparentes tensiones y dilemas entre: “erradicación - relocalización” y “posesión - expropiación”, en tanto evidencias del ejercicio de la violencia simbólica por parte del Estado.

Una disputa histórica

Uno de los asentamientos pública e históricamente más cuestionados de Mar del Plata y que, a diferencia de otros, es asumido como un “conflicto de la ciudad”[6] es la “Villa de Paso”.

Originariamente conocida como “Villa del Divino Rostro”, esta se configura alrededor de la década de 1940. Si bien por entonces su localización se consideraba inmejorable, por ubicarse en una de las zonas más altas de la ciudad, no existía infraestructura de servicios (Ver plano). Sus habitantes son en general migrantes internos, provenientes en su mayoría de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, que en verano trabajan en servicios como gastronomía y hotelería, en primavera en la pesca y en invierno en la construcción (Núñez; 2000b).[7]

Durante la década de 1960, y a medida que se va acrecentando la cantidad de habitantes, aparecen las primeras reticencias de quienes se consideran los “legítimos vecinos” del barrio, con respecto al asentamiento y a quienes habitan en él. Paulatinamente, la cuestión se instala en la prensa y aparecen propuestas para su erradicación, tanto por parte de los vecinos y la Asociación Vecinal de Fomento del barrio San Carlos[8], en el que se emplaza la villa, en un primer momento; como del Estado, después, que interviene ante el pedido de aquellos[9].

En coexistencia con estos planteos vinculados a las posibilidades de erradicación del asentamiento, aparecen diversas opiniones en la prensa local que critican un posible traslado hacia el entonces Hogar Municipal de Tránsito^[10], cuestionando el accionar de la comuna, tanto un intento de “supresión de los pobres”, llevándolos a zonas alejadas que carecen de servicio alguno, y como el inminente beneficio al interés privado, a partir de la liberalización de las tierras^[11].

Sin embargo, para marzo de 1969, el comisionado municipal Martí Garro (1966-1971) hace público el propósito de erradicar la villa. Se define la relocalización del asentamiento en cuatro de los pabellones que componen el HMT, en la localidad de Batán, situada aproximadamente a 15 kilómetros de Mar del Plata; y en terrenos cercanos al Hospital Regional, donde se les otorgará un prototipo de vivienda económica: la vivienda espacial. Es en octubre de 1970 que diez familias son trasladadas al HMT, que se encuentra habilitado informalmente, proveyéndoles materiales necesarios para pintar las viviendas. Como un claro mecanismo de control se considera que el cuidado de las mismas, su buen mantenimiento, tener huerta o jardín y buena conducta son factores que significan un 20% menos del costo de la superficie cubierta ocupada.

Por su parte, quienes se quedan siguen padeciendo la falta de infraestructura pero no quieren irse por la cercanía a sus fuentes laborales (Núñez; 2000b). Otros, fueron al HMT pero al tiempo regresaron a la villa.

Desde ese momento hasta la concreción del actual proyecto no aparecen intenciones firmes por parte de los distintos actores que representaron al gobierno municipal. De hecho, las acciones estatales respecto a la problemática de los asentamientos de la ciudad, en general, y de la “Villa de Paso” en particular, han sido disímiles^[12].

Mientras tanto la AVF San Carlos y un grupo de vecinos, a veces juntos, otras separados; elevan esporádicamente ciertas peticiones, para la erradicación de la villa, hacia el gobierno municipal que frecuentemente se hacen eco en la prensa local.

A partir del año 1998 comienza a delinearse con firmeza la intención de trasladar el asentamiento a otro lugar de la ciudad; el Concejo Deliberante local sanciona el Programa de Relocalización pero se debate la necesidad de conseguir fondos genuinos. Finalmente, en el 2002 se aprueba, desde la Provincia, el “Programa Bonaerense IX – Dignidad”, cuyo objetivo principal es la construcción de quinientas viviendas de interés social, las que, en su mayoría, serán afectadas a la relocalización de los dos asentamientos precarios más antiguos de la ciudad: la Villa de Vértiz y la Villa de Paso; por el momento sólo se ha comenzado a trabajar con esta última.

Desmitificando la neutralidad estatal

“Intentar pensar el Estado es exponerse

a retomar en su provecho un pensamiento de Estado,

a aplicar al Estado categorías de pensamiento

producidas y garantizadas por el Estado,

a desconocer, por consiguiente,

la verdad más fundamental del Estado”

(Bourdieu; 1996)

El Estado moderno aparece, de la mano de la filosofía de la democracia del siglo XVIII, como entidad neutral concebida para representar los intereses de la mayoría y que encarna en sí mismo la defensa del bien común12. Sin embargo, el complejo y conflictivo devenir de los hechos ha demostrado de manera harto evidente que es imposible afirmar la existencia de tal cosa como el bien común y, por ende, pensar en una voluntad común del pueblo. Pese a tal evidencia, los postulados expuestos, basados en el racionalismo utilitarista, subyacen aún hoy en gran medida al fundamento de los regímenes democráticos occidentales y al discurso oficial sostenido y ampliamente difundido) desde los actores estatales.

Ya con Weber se avanzó en la definición del Estado como relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el medio de la coacción legítima, considerada legítima (Weber; 1997). Así, la asociación política se define como relación de dominación y, congruentemente, por sus medios (para asegurarla); esto es el ejercicio legítimo de la violencia, en un territorio determinado.

Bourdieu fue aún más allá de esta definición y le confirió al Estado además del monopolio del uso legítimo de la violencia física el de la violencia simbólica, en tanto violencia inadvertida, que naturaliza las acciones estatales, logrando imponer significaciones que aparecen como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza. “Hacen ver y hacen creer”, como dice Bourdieu, una realidad como entidad dada, y no como una construcción social, como un campo de lucha.

La violencia simbólica está presente en cada uno de los campos donde circulan y se disputan entre los agentes sociales, los bienes simbólicos que allí están en juego, en el marco de estructuras de posiciones y de relaciones de posiciones de dominación-dependencia (Gutiérrez; 2002).

Este ejercicio se encarna tanto en la objetividad, bajo la forma de estructuras y mecanismos específicos, como en la subjetividad, bajo la forma de estructuras mentales, de categorías de percepción y de pensamiento. Al realizarse en ambas estructuras, la institución instituida hace olvidar que es la resultante de una larga serie de actos de institución y se presenta con todas las apariencias de lo natural (Bourdieu; 1996).

En ese sentido, se vuelve fundamental estudiar los procesos de institucionalización del Estado; ya que sólo es posible a partir de la reconstrucción de la génesis estatal, cuestionar y desnaturalizar sus categorías esenciales, ejercicio primordial para pensar en la posibilidad de un orden social democrático en su sustancialidad.

Desde esta perspectiva, podemos entender cómo las aparentes tensiones entre: “erradicación - relocalización” y “posesión - expropiación”, juegan un continuo proceso de apelación y resignificación desde el Estado, que busca reposicionarse en el espacio social global (o, en última instancia, no perder su posición), evidenciando el ejercicio de la violencia simbólica. Tales categorías requieren ser aprehendidas a partir de la comprensión del ejercicio de la legítima (y constantemente (re) legitimada) violencia simbólica en las prácticas estatales.

La ciudad que se muestra y la ciudad que se esconde

La creación y difusión de categorías de pensamiento y discursivas, con su correlato en las prácticas sociales, forman parte de una realidad que aparece naturalizada.

En ese sentido, los habitantes de las villas son portadores de una identidad estigmatizada que proviene de diversos ámbitos; uno de ellos el Estado, y sus agentes, desde donde son considerados como sujetos “a educar”, tratándose de un problema de hábitos y no de economía, ligado fundamentalmente a una cultura provinciana que muchas veces resulta inmodificable. Este estigma, como mecanismo de asignación de identidades, no es nuevo. Históricamente se han construido categorizaciones y caracterizaciones provenientes de sectores dominantes que inferiorizan, ridiculizan o repudian a los sectores subalternos[13] (Herrán; 1996).

Desde una visión de totalidad, que intenta superar la fragmentación pero que no hace más que reproducirla, se asume que estos sectores forman parte de “otra realidad”, anómala, patológica, que debe ser corregida o, en su defecto, ocultada.[14]

“Las villas no dejan de ser un lacerante para la vida urbana de la ciudad”[15] sostiene un concejal en una de las primeras discusiones sobre el proyecto de relocalización. La Villa de Paso aparece desde el discurso estatal como un “conflictivo asentamiento que aflige y perjudica a un amplio sector de la comunidad marplatense, en particular, y a toda la ciudad en general, los primeros por inmediatez y los segundos por la inseguridad que genera el paso por la misma”.[16]

Esta concepción se refuerza en los últimos años, en el marco de la definición e implementación de planes estratégicos de desarrollo urbano, vinculados con un “modelo de ciudad” que deja de lado explícitamente problemáticas fundamentales para vastos sectores de la población. Las agendas incluyen temáticas relativas a la promoción de la ciudad para hacerla competitiva y la cuestión particular del problema del acceso a la tierra o bien queda relegada o encuentra soluciones parciales, relativas a intereses particulares[17].

En palabras de Vainer (2000), el discurso sobre la ciudad se estructura sobre la articulación de tres analogías: la ciudad es una mercancía, que tiene que ser vendida en un mercado extremadamente competitivo en el que otras ciudades también están a la venta; la ciudad es una empresa, por la cual hay que apuntar a la productividad, a la competitividad y a la subordinación a la lógica del mercado; y, finalmente, la ciudad es una patria, que necesita la existencia de consenso, sin él no hay posibilidad de estrategias exitosas.

La ciudad aparece como escenario del crecimiento económico, por lo cual hay que procurar un aumento de su productividad y hacerla eficiente importando, sin mediaciones, planes estratégicos, presupuestos participativos, cooperación intermunicipal, entre otras recetas.[18] En función de ello, las ciudades se embarcan en procesos de “rejuvenecimiento” o “gentrificación”, se modernizan y se descentralizan, y el gobierno local se posiciona en el centro de dichos procesos, promoviendo una imagen de ciudad tendiente a valorizarse en el mercado internacional (Borja y Castells; 1997). 

Se vuelve fundamental recualificar la “ciudad para mostrar”, la ciudad turística y productiva; y ocultar, atomizar y segregar hacia la periferia aquello que es considerado anómalo, que atrasa el crecimiento y el reposicionamiento de la ciudad. “Necesitamos instalar una nueva agenda en el debate de los marplatenses y comenzar a discutir temas estructurales que hacen al futuro” sostiene el intendente del partido de Gral. Pueyrredón, Daniel Katz.[19]

Y precisamente en concordancia con esta visión a futuro, la definición de políticas como la de la relocalización de la Villa de Paso “significan cambiar la postal de la ciudad de Mar del Plata y cambiar el desarrollo urbano de barrios importantes”.[20] Además, “este proyecto tiende a la integración, tiende a la inclusión, a decir “señores, formemos una comunidad organizada, integrada, que tenga en cuenta a todos, que dé a cada uno lo que necesite” (...) buscamos garantizar la oportunidad a todos los pobladores de la ciudad de Mar del Plata, que todos tengan la oportunidad de ejercer el derecho a una vivienda digna, a la educación, a la salud, en definitiva, de ejercer plenamente todos los derechos ciudadanos” sostiene el Concejal GC durante uno de los debates sobre el proyecto de relocalización[21].

Desde este marco, la constante apelación al consenso, al “hacer creer”, juega un papel central en las prácticas estatales. En ese sentido, el accionar del Estado se vuelve confuso, en un continuo que va desde la autoadjudicación del rol de vocero del interés común, de intérprete de las necesidades de la ciudad y de garante de la ley hasta un trasgresor y (re) intérprete de la misma según la coyuntura y las propias necesidades de legitimar lo ilegítimo (e, incluso, lo que se normativiza como ilegal).

Se cuela un discurso en apariencia democrático y filantrópico, que naturaliza y opaca la violencia que lo constituye en su esencialidad.

¿Erradicación versus relocalización?

Las políticas de erradicación de villas y asentamientos toman un impulso drástico durante la última dictadura militar, en donde el Estado se propone resolver “la cuestión villera”, mediante acciones erradicatorias aisladas y una amplia campaña de estigmatización de la población villera. Ese otro diferente al habitante de la ciudad, considerado inmodificable y al que únicamente puede controlárselo entre otros que sean distintos a esa especie extraña (Hermitte y Boivin; 1985)[22].

Quienes promueven la relocalización de la villa de Paso intentan despegarse constantemente de este pasado. “(....)nos molesta terriblemente la palabra “erradicación”, porque algunos confunden relocalizar con erradicar. Erradicar es lo que se ha hecho en otros lugares cuando venían las topadoras, cargaban las personas y muebles en los camiones volcadores y los trasladaban de un lado a otro; esa jamás fue la aspiración de quienes trabajamos en este proyecto, muy por lo contrario (...)  esto tiene que sustentarse sobre la base del consenso, sobre la base de la confianza, sobre la base del trabajo solidario”[23], sostiene OP, principal artífice del proyecto, actual Secretario de Legal y Técnica de la MGP.

Esta visión es compartida también por JB, actual presidente de la AVF San Carlos, que ha ejercido cierta presión para que se defina esta política y ha intentado instalar la problemática en la agenda municipal.[24] Según el fomentista, los habitantes de la villa que eran “referentes” en esa organización barrial “no llegaban a entender que “el sacar” era un retirarse pero con todas las cosas dispuestas, desde una casita hasta todo... eso era lo que no querían entender. Creían, siempre han creído, a través de lectura, a través de información, de los medios y demás, lo que en Buenos Aires sucede, pasan las topadoras y se van; pasan las topadoras y entran otros y así. Ellos no entendían que eso acá no iba a ocurrir, sino que realmente iban a tener la llave en mano”[25].

Sin embargo, simbólicamente, persiste la idea de que hay que alejar al villero, al que no contribuye a embellecer la ciudad, a que esta recobre su perfil turístico y se posicione competitivamente en el mercado nacional e internacional. Se pretende “hacer creer” que esto es proyectarse a futuro, de manera consensuada.

Sumado a ello, se reconoce discursivamente que los habitantes de la villa de Paso “fueron primero” en tanto fueron los que originariamente ocuparon la zona, pero han quedado en medio de un espacio que históricamente ha venido valorizándose[26], por lo cual su traslado a una zona de menor valorización es algo que no se cuestiona: “los habitantes de la villa fueron primero”  (pero la villa) “ha quedado inmersa en un sector de alta valorización en términos de mercado, de suelo urbano…y hay mucha presión inmobiliaria” ^[27]

Finalmente, no se apela al calificativo de “erradicar” pero sí insiste en el traslado de “manera atomizada”, a pesar de que en los hechos ha comenzado a proyectarse lo contrario[28] y reiteradamente se discute la presencia policial como “garantía” del proceso. Físicamente los terrenos están ubicados en zonas periféricas, cuyo equipamiento de servicios es insuficiente[29], alejados de las fuentes laborales de los habitantes de la villa[30]  con difícil acceso a servicios urbanos, con problemas de hidráulica y, en algunos casos, de riesgo ambiental, que primero fueron aprobados y luego evaluadas sus aptitudes.[31] (Ver plano)

F, habitante de la villa, comenta en relación a los terrenos de uno de los barrios de destino: Don Emilio “los otros días a mí me dijo un muchacho conocido mío  (...) ”uy, ¡sabes el desastre que están haciendo!”. Dice que las bases son así no más, aparte que son lugares que cuando llueve se inunda, hay una semana de agua...Yo te cuento porque tengo mi tío por ahí y mi suegra, viste, viviendo por ahí cerca; así que ellos una semana están con agua”[32].

J, que también habita en el asentamiento, admite que “el trato era que nos iban a llamar para ver las viviendas. Nosotros fuimos a verlas, pero los obreros que estaban trabajando no nos dejaron entrar. Vimos que están haciendo casas gemelas, con una sola pared de por medio, en un terreno están haciendo dos casas y que no tienen capa aisladora”[33]

Considerando las acciones estatales llevadas a cabo, el cuestionamiento que surge es si acaso la relocalización no comparte la misma lógica de la erradicación pero con distintos medios. La ausencia del ejercicio de violencia física, que en algunos casos aparece, se confunde con el despliegue de violencia simbólica, ambas formando parte de una suerte de continuo; esto es, cuando no se logra ejercer la violencia desde lo simbólico, se recurre a la fuerza física. Lejos quedaron la confianza, el consenso y el trabajo solidario. Pareciera que sólo es un juego de palabras. Erradicación o relocalización sólo son dos etiquetas de una misma estigmatización y asunción de la realidad. 

De la posesión legítima a la expropiación legitimada

“Y un derecho que no le sirve a la gente

 para resolverle sus problemas, porque es inaccesible,

no es derecho, no es justicia (...).

El derecho no es, no ha sido, no será nunca

un fósil inconmovible, inalterable, eterno.

Es una creación permanente de todos los sujetos

que convergen en su gestación,

en su ejercicio, en su aplicación práctica”

(Fundamentos del proyecto de “Ley Pierri”)

El Código Civil de la nación, mediante el artículo 4015, garantiza la adquisición de un dominio a través de la prescripción, esto significa que habilita "la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor (…).” Complementariamente, agrega que “al que ha poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta del título, ni su nulidad, ni la mala fe en la propiedad” y, a través de la ley 14159[34], regla el juicio de adquisición del inmueble. Este procedimiento ha sido conocido como usucapión, esto es, la transferencia del dominio del bien a favor de quien lo ocupa, posterior a veinte años de posesión continua.

En el año 1993 y vista “la verdadera situación de marginalidad jurídica en que se encuentra un vasto sector de la población”[35] , que no puede tener acceso a la propiedad de su vivienda, se presenta y aprueba un proyecto de ley de “Regularización Dominial de Inmuebles Urbanos”, cuyos principales destinatarios son quienes ocupan inmuebles urbanos de propiedad privada que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente y que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1 de enero de 1992. La legislación contempla la gratuidad en todos los actos y procedimientos, la exención en todo tipo de impuestos, tasas de servicios y contribuciones; y la condonación de deudas preexistentes por impuestos, servicios sanitarios y municipales.

Conocida como “Ley Pierri”[36], se considera que la legislación “termina con ciudadanos de segunda, que no pueden tener acceso a la propiedad de su vivienda, incorpora un enorme caudal de bienes inmuebles al comercio y, por añadidura, también beneficia a la sociedad en su conjunto, ya que, a partir de su regularización (sus beneficiarios) se convertirán en contribuyentes de impuestos, tasas y demás gabelas públicas, tanto nacionales cuanto provinciales y municipales.” [37]

La ley contempla diversas situaciones que posibilitan escriturar un inmueble y, en la situación particular que nos interesa, acorta los tiempos de la usucapión; dado que el proceso deja de ser veinteañal y pasa a ser decenal. A partir de ella “se convertirá de pleno derecho en dominio perfecto transcurrido el plazo de diez años contados a partir de su registración”[38]. Además, la ley incorpora una figura novedosa, otorgando en primera instancia el status de “poseedores legítimos”, a quienes inicien los trámites, inscribiendo el dominio para comenzar la escrituración[39].

Varios de los habitantes de la “Villa de Paso” son propietarios[40] y otros estarían enmarcados en esta legislación; algunos por la usucapión y otros por la Ley Pierri, a pesar de que aún no se han cumplido los plazos para adquirir el dominio por prescripción[41]. Esto significa que, no habiendo reclamos por parte de los propietarios originarios, ellos estarían en medio del proceso de adquisición y se han convertido en poseedores legítimos. Es decir que, en el camino de “legalizar” su condición de irregularidad respecto de la tenencia del terreno; son considerados como ocupantes/poseedores “legítimos”[42].

No es casual que la ley presente ambigüedades, ligadas principalmente a la figura de poseedor-propietario, que en apariencia sugeriría cierta equivalencia pero que no la tiene. El “ocupante” recibe un certificado de dominio transitorio, mientras se desarrolla un trámite administrativo y judicial de diez años de duración, en los que el propietario original puede accionar en su contra.

Más allá de ello, consideramos que la posesión, en tanto transitoria, fue legalizada y legitimada mediante una ley que ahora se transgrede, que no establece ningún tipo de garantía para una figura que ahora es legal pero no legítima: el poseedor del dominio. Por tanto, desde su propia arbitrariedad el Estado transgrede la posesión legítima, en tanto figura estatuida por él mismo.

Esta ambigüedad queda evidenciada en diciembre de 2003 cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires dicta la Ley Nº 13158 que declara la “utilidad pública y/o el interés general” de setenta y dos terrenos localizados en las seis manzanas que ocupa la villa y autoriza al Estado Municipal su expropiación, que  implica la venta forzosa de los terrenos al municipio, a valor de la tasación fiscal.

Esta arbitrariedad estatal no sólo se produce respecto de la posesión (y en algunos casos, propiedad) de los terrenos sino también en relación a su posterior venta, posibilitada a través de la expropiación. En ese sentido, OP sostiene que “(...) han existido señales de especulación inmobiliaria (...) muchos terrenos han sido adquiridos a un precio vil esperando la acción del Estado, que venga a generar la plusvalía a esos propietarios” y seguidamente manifiesta que, fundamentando la elección del caso (por qué “relocalizar” esa villa y no otras) “está ocupada en terrenos que tienen alto valor de reventa, que si después no subastamos no tendríamos posibilidades financieras de hacer hoy las inversiones o tomar los créditos necesarios para pagar la indemnización y para hacer las viviendas”[43]

De esta forma, aparece el Estado condenando y denunciando las intenciones de especulación inmobiliaria y es lo mismo que después él hará, mediante la creación de un instrumento legal, vendiendo los terrenos a mayor precio que el pagado a los propietarios, es decir, de su tasación, generando una renta diferencial, con la excusa de financiar la relocalización.

Sin embargo, la finalidad no queda demasiado clara ante la evidencia de que el financiamiento proviene del Instituto Provincial de la Vivienda[44] y de que las viviendas deberán ser abonadas por la totalidad de los beneficiarios, a través de lo cual se va a producir un recupero de lo invertido[45].

Bajo el discurso de la expropiación como vía de financiamiento y con una finalidad de interés general, subyace la idea de que es la única forma de lograr que la gente no vuelva a los terrenos y que la relocalización es parte de un interés público y general.

Entre las tensiones y los dilemas...

 “Hay justicia para unos que tienen plata;

y para los pobres, vos tenes que ir preso,

 vos tenes que pagar el pato del otro”

F, habitante de la villa

“No tenés que pensarlo mucho,

vos te das cuenta que esa gente está usurpando terrenos

 y están sentados arriba de una mina de oro”

HA, vive en el barrio San Carlos

y es vocal de la Comisión Mixta para la relocalización.

 “No se pueden dejar de reconocer las cosas bien planteadas,

bien hechas y, por sobre todas las cosas, bien intencionadas

no solamente porque es un acto de justicia

 sino porque es parte de lo que necesita ese motor político

 que debe tener encendido la comunidad

para poder transformar las cosas”

Concejal GP

(Sesión HCD, Debate proyecto

de relocalización de la Villa de Paso)

Dice Bourdieu “debido al hecho de que el espacio social está inscripto a la vez en las estructuras espaciales y las estructuras mentales, que son en parte producto de la incorporación de las primeras, el espacio es uno de los lugares donde se afirma y ejerce el poder, y sin duda en la forma más sutil, la de la violencia simbólica como violencia inadvertida (...)”[46].  Esta frase bien podría resumir el propósito general de este trabajo.

Al intentar comprender la lógica de las prácticas estatales en relación con la política de relocalización de la Villa de Paso, en particular los dilemas presentados en torno a las categorías de “erradicación” – “relocalización” y “posesión” – expropiación”  aparece lo legal mezclado con lo legítimo y lo legítimo con lo legal. Pero siempre es en última instancia la violencia, ya sea física o (principalmente) simbólica, la que le confiere al Estado un poder omnipotente.

Y es que en realidad estas aparentes tensiones no hacen sino constituir dilemas, en su sentido lógico y epistemológico, en tanto se presentan como términos contrapuestos que conducen a la misma conclusión. Lejos de su acepción corriente, asumida como “alternativa”, el Estado no se sumerge en la elección entre dos “soluciones”, llamémoslas entre la disyuntiva de “erradicar” o “relocalizar” y de “otorgar la posesión” o “expropiar”; sino que más allá de cuál sea el camino que se elija, cualquier supuesto conduce a un mismo fin, responde a una misma lógica de acción estatal; pero “hace creer y hace ver” que el conflicto se aborda desde otro lugar o desde otra posición en el campo político, subvirtiendo momentáneamente las relaciones de fuerza. Sin embargo, la estrategia apunta a conservar una posición dominante, a (re) legitimarse en el campo.

En ese sentido, legitimar una dominación es dar toda la fuerza de la razón a la razón del más fuerte. Esto supone la puesta en práctica de una violencia simbólica, violencia eufemizada y por lo mismo socialmente aceptable, que consiste en imponer significaciones, “en hacer creer y en hacer ver” para movilizar (Bourdieu y Wacquant; citado en Gutiérrez; 2002).

Hacer creer y hacer ver que “lo natural” es producir una ciudad para mostrar, sin pobres ni miserias; hacer creer y hacer ver que el Estado es un imponderable, que puede crear instrumentos a fin de legitimar y relegitimar su dominación.

Este estudio de este caso relativo a la división social del espacio constituye sólo una ilustración del complejo accionar del Estado en la definición de la ciudad y la apropiación del espacio social y evidencia  la “aceptación del papel estructuralmente constitutivo de lo político que juega la violencia” (Grunër; 1997)[47] , tanto en cuanto a la naturalización de su esencialidad (y al correlato de visiones y divisiones del mundo que genera y disemina), que se presenta como inevitable, como a la arbitrariedad de su accionar, en tanto manipula sus propias normas, haciendo caso omiso de su propia legalidad.

Y allí es recurrente el ejercicio de la violencia simbólica, que es tanto más fuerte cuanto mayor es el desconocimiento de su arbitrariedad. Sin embargo, uno puede destruir ese poder de imposición simbólica a partir de una toma de conciencia de lo arbitrario, develando la verdad objetiva y el aniquilamiento de la creencia que la sustenta. (Gutiérrez; 2002). 

Sin dudas, este debería ser el desafío de quienes creemos que la ciencia debe recuperar su carácter crítico, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Fuente: Centro de Estudios del Desarrollo Urbano – UNMDP (2005)

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