1. EL SURGIMIENTO DE FORMAS ASOCIATIVAS EN EL DERRUMBE, ¿ES POSIBLE OTRA ECONOMIA?

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Categoría: Número 27

Publicado el Lunes, 05 Septiembre 2005 21:00

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Por Alberto M. Federico Sabaté

EL SURGIMIENTO DE FORMAS ASOCIATIVAS EN EL DERRUMBE

¿ES POSIBLE OTRA ECONOMIA?[1]

Alberto M. Federico-Sabaté

Las nuevas bases materiales de la sociedad

Creemos que para examinar los cambios ocurridos en la base de la sociedad y con ello captar aspectos sustantivos de la llamada globalización o la mundialización de los mercados, hace falta tener en cuenta aspectos históricos y otros de mayor singularidad que marcaron la materialidad de la estructura o campo  fundante.  Porque no sólo tienen capacidad explicativa, sino que además permiten vislumbrar, prefigurar, proyectar escenarios a mediano y largo plazo que son esenciales para reflexionar en la búsqueda de propuestas estratégicas viables. Estas, a su vez, pueden ser hipotéticamente vinculadas a organizaciones e instituciones existentes o en gestación que llevan en su seno la potencialidad del futuro, así como de impulsar respuestas a los dilemas contemporáneos.

Más allá de esto, como usuarios de gran parte de la producción de estudios y ensayos que se realizan fuera de nuestro contexto disciplinario, la economía, hemos observado que muchos trabajos centrados en el campo sociopolítico e ideológico-cultural incorporan, necesaria y razonablemente, explicaciones desde la economía y lo económico, pero con referencias demasiado sintéticas, parciales, externas o poco articuladas, que sólo captan algunos efectos de la sobre determinación y sobre construcción. Intentando contribuir para mejorar esto,  abordaremos someramente:

a)      las modificaciones  revolucionarias en los procesos productivos derivadas de la aplicación de la ciencia y la tecnología  a disposición  del capital e incorporables a los cambios,

b)      el agotamiento del esquema de crecimiento anterior y la coyuntura existente en países dominantes y dominados cuando se inician los cambios, y

c)      los acuerdos estratégicos de las grandes potencias dominantes o centrales sobre las políticas destinadas a imponer e implementar para asegurar los cambios al ritmo exigido.

Quiere decir que estamos visualizando la globalización como la puesta en marcha de un esquema de crecimiento del capitalismo[2] que demanda e implica, el impulso decidido y paralelo acompañamiento para darle eficacia y eficiencia de transformaciones en otras dimensiones sociales, incluso con una trascendente en el campo cultural. Y la más visible, como un éxito que registramos alcanzado, en lo político e institucional. 

Lo que no se presenta a la inmediatez de la evidencia (porque exige un examen conceptual) es que la globalización (según nuestra conjetura), originada y requerida por  un proceso cambiante del régimen de acumulación de capital,  se ha basado en la puesta en funcionamiento casi simultáneo y acoplado a gran escala de nuevos conocimientos científicos e invenciones técnico-ingenieriles (llevados a cabo y acumulados durante casi medio siglo o más,  en distintos campos). Es lo que se expresa comúnmente como innovación tecnológica del saber y el hacer (incluyendo en la misma la organización de la producción), destinada a establecer la restauración de la tasa de ganancia del capital en momentos en que el régimen corría riesgos de agotamiento al paralizarse la inversión y la iniciativa económica por descenso de aquélla ante la desaparición, de estímulos adecuados (Matner, 1995). Modificación ocurrida, posiblemente,  a partir de mediados de la década del `70.

Los efectos de este trastrocamiento del patrón histórico dominante, creemos,  dio lugar al proceso de reinicio de otra fase expansiva del ciclo del capital, arrastrando en el proceso antedicho la cristalización de nuevas formas productivas e instalando una nueva configuración territorial a escala planetaria (Pradilla Cobos, 1995), tema este último, que no va a ser abordado aquí sobre el cual existe amplia bibliografía especializada.

Pero el nuevo esquema de crecimiento del capitalismo no sólo implica un nuevo patrón de acumulación de capital y está basado en otro paradigma tecnológico o industrial,  también requiere combinar un modo de regulación adicional, diferente al anterior, el que en general va a ser conocido en los escritos económicos como modo de flexibilización o de abandono parcial de las pautas, institucciones y normas que regían con anterioridad el proceso de trabajo y el mercado laboral.

En el paradigma industrial predominante hasta allí (sustentado en el  maquinismo), la industria manufacturera era el fundamento principal de la economía y fue acompañada por el desarrollo del taylorismo y del fordismo, con crecientes tasas de eficiencia productiva a lo largo del tiempo.   Como es conocido, ayudó a estandarizar las prácticas operativas en serie del proceso de trabajo y la permanente sustitución de operarios por maquinas especializadas. Estos trabajadores a su vez,   podían ser menos entrenados y calificados, resultando más sustituibles entre sí, siguiendo el plan de trabajo inserto en la máquina, con gran rapidez  y precisión. La producción de bienes perseguida es masiva, estandarizada, en general monótona y en la búsqueda de economías de escala (consistentes en aumentos de la producción con reducción de los costos unitarios), llevando a la verticalización. Con separación tajante en el proceso de trabajo entre dirección, diseño, ingeniería, gerencia y métodos, etc. de las operaciones materiales. A las economías de escala se van a adicionar las economías de aglomeración, que permitiendo aumentar la velocidad de rotación del capital, incrementan la ganancia e impulsan a la concentración territorial (áreas metropolitanas y megaciudades). Es la consolidación monopólica de la gran empresa industrial como núcleo dinámico y de la economía sectorial y por ramas (industria pesada, siderúrgica, mecánica y metalmecánica, química pesada y liviana, petroquímica, agroquímicos y fertilizantes, etc.,  vinculadas a la utilización intensiva de los combustibles fósiles). 

El modo de regulación se apoya en relaciones más o menos estables entre el capital y el trabajo. Esto dicho de manera general, con diferencias y variedades de estilo en los distintos países. De manera más amplia en los países industriales y desarrollados, de manera incompleta o trunca en los periféricos y subdesarrollados con poco peso, en consecuencia,  del proletariado manufacturero y clase obrera.  Se supone que el paradigma tecnológico puesto en funcionamiento requiere como contraparte frente a la oferta masiva y creciente de la producción, una demanda solvente sostenida de bienes finales, lo que se logra por la intervención programada del sector público, mediante la aplicación de políticas sociales y económicas (estado de bienestar, benefactor o keynesiano) favorables a la distribución del ingreso, el reconocimiento del salario indirecto y la existencia de políticas sociales diversas y universales (educación, salud pública, vivienda social, garantía de la canasta de bienes de pan llevar, sistema previsional solidario de reparto, crédito al consumo subsidiado, recreación, urbanización intervenida, etc.). Esto es, que se plantea la intervención estatal para asegurar la reproducción social de la población y la fuerza de trabajo, así como mantener la dinámica del mercado en función del paradigma industrial. La equidad social es pregonada, el sindicalismo es aceptado y permitido pero relativamente cooptado, y se dan las formas sociopolíticas conocidas como populismo, desarrollismo, etc. (con modalidad autoritaria en varios latinoamericanos) que planean alianzas sociales más o menos amplias y estables en cada país.

El régimen de acumulación de capital reconocido en general, sin entrar en los matices por autores, aceptaba en el nivel planetario la metáfora espacial de existencia de centro vs. periferia, desarrollo vs. subdesarrollo, países dominantes vs. dependientes, como un parte aguas fundamental de la clasificación de las naciones para considerar su movimiento. En el centro colocada la dominación o el imperialismo exportador de bienes, capitales y violencia armada, y en la periferia la dependencia y el mundo colonial, receptor de aquéllos y exportador de bienes primarios y minerales. Para los países periféricos más atrasados, la existencia histórica de excedente bajo la forma de renta del suelo y/o de los recursos naturales, oligárquicamente apropiada, pero posible, mediante la política de sustitución de importaciones,  su traslado o transferencia por distintos mecanismos al sector industrial y urbano emergentes, en los menos atrasados o semi-industriales.   Con la esperanza de aparición y consolidación en el tiempo de una “burguesía industrial” nacional, aliada “natural” de las capas medias (con posibilidad de movilidad vertical) y los sectores proletarios. Este régimen implica la expansión territorial interna nacional completa  (descampesinización y desestructuración de áreas de refugio de los grupos étnicos en los países con este tipo de zona rural) para abarcar y ampliar el mercado interno, la existencia de empresas estatales de servicios públicos y productivas básicas o estratégicas para apoyar el crecimiento (subsidiando a las privadas si era el caso) y mantener más bajo el costo de la mano de obra, apoyar la ciencia y la técnica nacionales para impulsar la innovación tecnológica, impulsar la formación superior para generar cuadros profesionales y directivos, formar bancos de desarrollo para financiar emprendimientos de largo aliento e impulsar el desarrollo regional “equilibrado”, poner en vigencia leyes de inversión extranjera orientadas por la expansión productiva, separar la producción y el consumo por y para el crecimiento de las ciudades como núcleos dinámicos, financiar políticas públicas para amortiguar la marginalidad social y asegurar la integración, etc.   

En grandes y gruesos trazos, estos eran los componentes pre – globalización,  característicos de lo que se ha denominado Estado de Bienestar cuyas bases e impulso parecen haberse desgastado y agotado para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, como ya señalamos.

La explicación breve sobre el agotamiento de este esquema de crecimiento y su necesidad de trastrocamiento en otro distinto para la continuidad y garantía del sistema basado en la apropiación del lucro privado no resulta sencilla, pero algunos autores consultados la sintetizan en los siguientes rasgos de corte estructural:

-          la caída de la acumulación del capital productivo a favor del proceso de aumento de preponderancia y comando del capital financiero, con tasas de beneficios inferiores a las tasas de interés en plazos extensos;

-          la saturación creciente de los mercados de bienes de consumo final quedando el aumento de la demanda sólo garantizado por el ritmo de crecimiento vegetativo de la población contra una producción construida y establecida para continuar generando bienes de manera masiva;

-          las políticas sociales y públicas redistributivas a favor de los sectores populares y medios generan déficits fiscales continuos que limitan también llevar a cabo obras públicas promotoras e incrementar el gasto estatal para compensar la reducción de la demanda, salvo que se aumenten los impuestos y tributos;

-          el sistema de regulación de los grandes acuerdos sociales y el avance del aparato sindical impiden realizar una explotación más intensiva del trabajo ajeno, eliminar o reducir los derechos laborales y despedir trabajadores ocupados si resulta necesario;

-          en función del avance técnico y los descubrimientos realizados que ponen nuevas tecnologías a disposición, es posible realizar inversiones más intensivas de capital y muy ahorradoras de mano de obra[3];

-          la velocidad de rotación del capital que permite aumentar lo beneficios del capital encuentra trabas para incrementarse por la imposibilidad de realizar grandes inversiones públicas y por la existencia de estados nacionales con fronteras firmes que limitan el movimiento internacional de las mercancías y los capitales (como las normas de protección del mercado interno y la leyes sobre inversión extranjera).  

Y la coyuntura en ese momento histórico señala que la situación de vulnerabilidad se agravaba para los capitalismos de los países centrales, por un lado,  como consecuencia del déficit energético y el aumento mundial de los precios del petróleo, que era  el combustible básico del complejo industrial predominante, el déficit permanente de las cuentas agregadas de los EE.UU. impulsando inflación vía dólar, y por el otro, la debilidad externa de los países periféricos dada su creciente deuda externa y problemas de balance de pagos que los “preparaba” para aceptar la imposición de un nuevo modelo basado en la reestructuración productiva y el ajuste estructural como el que finalmente fue impuesto a través de políticas económicas nacionales (Federico-Sabaté, 2002).

No debe olvidarse, además,  que las tecnologías que ya están a la mano y bajo control de los conglomerados, permiten abrir mercados nuevos con renovados sectores líderes (incluso des-sectorializando y des-territorializando el capital productivo), mover a gran velocidad los componentes financieros y tentarse al mismo tiempo, en ejecutar una estrategia global para redimensionar el aparato público (privatizando y descentralizando), desestructurar la masa de conquistas sociales y redisciplinar a la fuerza de trabajo (des-universalizando las políticas sociales y restringiendo los ámbitos solidarios vía estado “facilitador”). Esto es, en materia social, “barajar y dar de nuevo”.

Las mencionadas tecnologías del nuevo paradigma, no obstante, pueden ser vistas como compatibles con una constelación más o menos variada de esquemas de crecimiento, vale decir, como no determinantes mecánicas del actual “modelo” (Benko, 1999). Algunos autores sostienen la necesidad de incorporar a esta visión del cambio en el proceso de acumulación,  la incidencia en la producción de armas y el mercado respectivo.  Pero dejemos de lado estos detalles aunque el tema es de importancia sectorial.

La acción gubernamental. La política socioeconómica implementada

Para continuar con esta apretada exposición con que queremos dar cuenta de los cambios en las bases materiales de la sociedad, resulta imprescindible traer los requerimientos organizativos globales que los sectores concentrados de los países dominantes se plantearon y aparecieron luego como “recomendaciones insistentes” a los menos desarrollados o periféricos. Resulta plasmada en lo que se denomina Consenso de Washington que conforma el acuerdo estratégico de las grandes potencias para los años futuros.

A la vez, existen una serie de factores considerados fundamentales que se constituyeron en sustentos de la acción gubernamental de los países periféricos y que llevaron a implementarla, en el caso argentino aquí abordado,  en la década de los 90´.

1)      Las recomendaciones de las instituciones internacionales (FMI, BIRF, BID) reforzadas por la condicionalidad de los préstamos dirigidos a reorientar el gasto público y reformar la seguridad social y la legislación laboral en un momento en que el país era muy dependiente del ingreso de los capitales y los préstamos externos.

2)      La presión de grupos económicos locales y extranjeros coincidentes en la necesidad de la subsidiariedad del Estado (que ya había regido las políticas sociales bajo las dictaduras militares).

3)      El clima ideológico local en que amplios sectores de la población culpaban al Estado, los sindicatos y los trabajadores estatales por el deterioro y mal funcionamiento de los servicios públicos y las empresas “estratégicas” en manos estatales o nacionalizadas.

Los denominados Principios del Consenso de Washington resultan una pieza clave que no puede dejarse de lado para entender el por qué de la política socioeconómica aplicada en nuestro país. Ellos son (Willamson, 1993):

1)      disciplina presupuestaria, aun a costa de reducir gastos anticíclicos y expulsar empleados públicos;

2)      prioridad del gasto público en áreas que cuentan con elevados beneficios económicos y  potencial para mejorar la distribución de la renta (asistencia médica primaria, educación elemental e infraestructura urbana y productiva);

3)      reforma tributaria;

4)      liberalización financiera, para facilitar el movimiento de los capitales;

5)      tipos de cambio unificados;

6)      liberalización comercial, con reducción o anulación de protección;

7)      inversión directa extranjera basada en el principio de que las empresas extranjeras y nacionales compitan en términos de igualdad;

8)       privatización de empresas públicas y otras productivas estatales;

9)      desregulación de los mercados;

10)  derechos de propiedad garantizados por el sistema legal.

La política socioeconómica aplicada en nuestro país, de manera esquemática, abordó los siguientes aspectos:

a) Estabilidad monetaria. Ley de Convertibilidad (de 1991 hasta 2001) estableció la convertibilidad estricta entre la moneda local y el dólar estadounidense.

b) Desregulación de la economía  y los mercados (a través de la desaparición de instrumentos de políticas económicas activas del sector público como regulación de precios, cambios e inversiones,  subsidios, retenciones, crédito, etc.).

c) Apertura externa ampliamente promovida que permitió el movimiento indiscriminado de capitales, mercancías y servicios.

d) Privatización de las  empresas públicas de servicios de uso económico masivo y productivas estratégicas (teléfonos, gas, electricidad, agua y saneamiento, transporte ferroviario, subterráneo y aéreo, petróleo, puertos, aeropuertos, bancos provinciales y municipales, seguros y reaseguros, siderúrgica, corredores viales, etc.).

e) Cambios profundos en la legislación laboral tendientes a la flexibilizacion:  reducción de la estabilidad en el puesto de trabajo, promoción de modalidades contractuales por tiempo determinado, fomento de la negociación salarial por empresas, baja de los costos de contratación y despido, disminución de la responsabilidades del empleador frente a accidentes laborales y quiebras de empresas (vía la regulación de los juicios laborales, reducción de las indemnizaciones por accidentes laborales, etc.).

f) Reprogramación permanente de la deuda externa, acompañado de continuo incremento del endeudamiento, con compromiso de cumplimiento de pagos y tasas de interés crecientes expresadas en dólares, en función del riesgo y vulnerabilidad.

g) Cambio en los ejes de política pública  (pase del Estado promotor del desarrollo al de priorizar el solo crear condiciones para la inversión), con reducción de funciones, minimización y desdibujamiento en lo técnico y administrativo del aparato público. 

h) Cambios en las políticas sociales: transformación en sus formas de financiamiento, funcionamiento y administración (focalizadas y descentralizadas), en el régimen de acceso y el tipo de beneficios con la finalidad de reducir el gasto público y  abrir al sector privado nuevos campos de actividad (educación, salud, obras sociales, jubilaciones y pensiones, riesgos del trabajo, entre los principales).

i) Construcción de un sistema institucional en lo fiscal, impositivo y financiero, que actuará como un “cerrojo” para realizar cambios o reformas, y propende a la fuga de capitales.

Sustento teórico e ideológico de la  nueva base económica

Existe una importante cantidad de creyentes convertidos al credo del mercado absoluto. Convencidos de que estas políticas de ser aplicadas adecuadamente, con persistencia, iban a eliminar los efectos negativos evidentes, innegables, que se presentaron muy tempranamente como desequilibrios sociales. La utopía neoliberal sostiene que en el largo plazo, asintóticamente, se reconstituirán los equilibrios económicos y estos traerán mecánicamente los sociales. Esto está expresado en la conocida teoría del goteo o del derrame, que pronto va a ser poco menos que ridiculizada en lo empírico y teórico por los resultados observados (entre otros, en una reacción tardía por el Plan Fénix, 2002).

Dejemos de lado las versiones ortodoxas de este pensamiento, ya inaceptables, y consideremos las que actúan bajo la incorporación de nuevos supuestos en los modelos “puros”, subsistiendo bajo el alibi de las imperfecciones destinadas a proteger el núcleo.

Sucede que la nueva realidad emergente está imponiendo a través de los hechos, la reconsideración para cierto pensamiento económico apegado al fundamento de la economía de mercado, en función de las relaciones entre el avance tecnológico y la acumulación de capital como fase de la producción-reproducción social.

Efectivamente, en los economistas clásicos, el conocimiento y la inventiva se articulaban con los estímulos a la inversión y la acumulación de capital y riqueza, vía innovación. En el paradigma neoclásico fundado en valores neoliberales, en cambio, con su visión estrecha del crecimiento y del ciclo, desde aproximadamente los años 60´ la innovación tecnológica resulta (o es supuesta en su modelística) como una variable exógena.

Recién 20 años después (y a pesar de los aportes aislados de la escuela sueca) se recupera el carácter endógeno del saber, el capital humano, el aprendizaje y el modo en que se impulsa el progreso técnico, bajo influjo de ideas schumpenterianas y neomarxianas. Incluso con avances en el pensamiento de la acumulación progresiva, circular e intencional del conocimiento y la inversión en él y en los “recursos humanos” como elemento clave del desarrollo. Más aún, las teorías del crecimiento más recientes, de base territorial y local, van a poner de manifiesto la relevancia que tiene el contexto socio-cultural endógeno, la generación continua de tecnologías y la capacitación, junto a las constelaciones de firmas en red (cluster),  frente a la microeconomía ortodoxa que asignaba la capacidad competitiva a una firma aislada. Entre otras cosas.

Desde esta renovada óptica micro y meso, se puede decir que la tecnología incorporada en las fuerzas productivas va a ir en sentido de incrementar y facilitar la acumulación del excedente económico y que los valores introyectados socialmente en la producción de conocimientos (Napoleoni, 1976) van a ser coincidentes o van a evitar la colisión con estos objetivos (por ejemplo, van a ser justificadores de esfuerzo en el ahorro de fuerza de trabajo o van a sustituir los insumos y recursos naturales no controlados por un grupo, por  los que ya están bajo su control).

El fenómeno de la mundialización económica y de la globalización social en general, trae la novedad analítica de explicar que se tiende a hacer que partes del territorio de un país aparezcan más articuladas a lugares situados en otros países que a las propias áreas internas nacionales.  Queremos significar que este régimen de acumulación predominante, necesita el desdibujamiento de las fronteras nacionales y del estado-nación, por lo menos en ese aspecto coincidente con la desaparición del Estado de Bienestar (Federico-Sabaté, 2000). Es más, el que polos mundiales operen con y en centros aglomerados de menor nivel con requerimientos mínimos de intervención “nacional”, acelera las relaciones y los movimientos económicos, colaborando en incrementar la velocidad de rotación de los capitales  y activa con ello la suba de la ganancia. Por ello en ocasiones es “funcional” la pertenencia a un área multinacional de libre comercio y la división en tajadas regionales del planeta es una forma aparentemente paradojal que se adopta de avanzar en la mundialización de los mercados. Y también es “funcional” a este movimiento, la política recomendada de descentralización y su contraparte, el denominado desarrollo local o micro regional[4]. Hasta ahora, sólo una promesa en los países periféricos que no han logrado recuperar su industria, detener la desocupación o dar seguridad con ella.

Es interesante que recordemos que estos hechos y estados de cosas que son presentados como efectos naturales derivados de la tecnología puesta a punto por la globalización, son principalmente construcciones humanas (de Mattos, 1999).  Veremos como se gestaron en el caso argentino para comprender la sobre determinación y sobre construcción en la dimensión sociopolítica.

Desde el punto de vista industrial y en términos generales de la actividad económica, se promueve durante dos décadas por los sectores dominantes una reestructuración y reconversión productiva a partir de los grandes conglomerados económicos, apoyada por las naciones más poderosas del mundo.

La reestructuración significa la desintegración vertical y horizontal de los procesos, la terminación donde es posible con el fordismo, y la reconversión, abordar la modernización, la desvalorización por amortización avanzada del capital técnico existente y su reemplazo por bienes de producción que incorporan las nuevas tecnologías (Legna, 1996). De manera que ya no queden ramas o subramas obsoletas, sino procesos, procedimientos y maquinarias obsoletas, las que van a ser empujadas escalonadamente fuera de la concurrencia.

La propia geografía está siendo revolucionada, tanto en el antiguo centro desarrollado dominante, como en la antigua periferia dependiente del sistema, según es dable que observemos. Se están imponiendo novedades en procesos y productos, que llevan a la segmentación de plantas, la  operatoria sectorial multiplanta basada en una nueva división técnica del trabajo, la tercerarización de servicios de apoyo y la “kanbanización”, toyotización, el diseño ingenieril de “fábrica mínima”, el mayor control del ciclo de producto,   etc., lo que reduce la necesidad de la contigüidad de ciertos procesos y da mayor libertad para algunas localizaciones de plantas y con ello a los movimientos del capital.

En nuestro país la nueva situación, el ordenamiento requerido y la necesaria inserción en los mercados mundiales son planteos bajo la idea de la crisis.

“En síntesis, `crisis , globalización, ajuste estructural´ formaron parte de un corpus de ideas y permitieron una narrativa amplia, que más allá de expresar procesos y medidas que más o menos pueden  sistematizarse, resultaron categorías de percepción y recurso práctico de interpretación de los acontecimientos político-económicos, equivalentes al `subdesarrollo, el cambio, y el desarrollo´ de los años `60, pero sin la contrapartida que ofrecía la dependencia” (Grassi, 2003).

Contrapartida requerida para disputar la conquista del sentido común, por lo que a pesar de los hechos y las modificaciones analíticas indicadas, el discurso neoliberal de la lógica pura del mercado que venía a superar la crisis, no encontró una visión contra-hegemónica que se impuso de manera arrolladora.

La reestructuración y reconversión son los aspectos concretos que se impulsan para generar los cambios en el funcionamiento del aparato productivo. La reestructuración consiste, como antes indicamos,  en el abandono de la producción en línea basada en las economías de escala y su sustitución parcial o total por las economías de variación o alcance,  y la integración llamada diagonal (enunciado como posfordismo). Su característica principal es un término ambiguo y multidimensional que ya usamos,  flexibilización, entendiendo por ella la capacidad y velocidad de una unidad en dar respuesta y lograr adaptación frente a las perturbaciones externas. Se busca lograr flexibilidad frente a cambios en los volúmenes de producción requeridos, las necesidades de los recursos humanos impulsados a la polivalencia, en materia de procesos y productos y en los bienes de capital aplicados para competir en el sistema  (Benko, 1996).

La utilización de técnicas de producción flexibles son las que permiten adaptarse a la gama, concepción y volumen de los productos y están basadas en la robótica, máquinas cibernetizadas con capacidad de llevar a cabo distintas operaciones. El ciclo de vida de la máquina se disocia del ciclo de vida del producto, pues terminada la producción de éste por la razón que sea, la máquina inicia otra actividad, bajando de esta manera el riesgo de la inversión, tanto sobre el capital fijo como el variable, pues el capital total puede ser dosificado. Se requiere que la fuerza de trabajo esté preparada para su adaptación y que no existan impedimentos reglamentarios.

La posibilidad de externalizar etapas del sistema productivo hacia empresas menores genera lo que se denomina estructuras productivas flexibles.  Se trata de organizar redes de elaboración de componentes, módulos, diversos servicios productivos, etc., por vía de la tercearización mediante la subcontratación de los mismos. Esos servicios pueden consistir en la concepción, diseño, acople, manejo de recursos locales, mercadología,  artesanado moderno fino, y otras actividades que incluyen “high tech”. Con la subcontratación, la experiencia demuestra que etapas del proceso se realizan bajando gastos salariales con mayor explotación horaria de la mano de obra, trabajo a domicilio, formas precarizadas y en “negro”, inclusión de pasantes, y otros.

La mayor adaptación a las condiciones de la demanda, en función de la moda, formas culturales y simbólicas locales o nacionales, condiciones cambiantes de la competencia, consumo sofisticado y especializado, segmentación y estratificación de los nichos de mercado y otros, es lo que se considera como la flexibilización frente a la demanda, y que suele tener como contrapartida necesaria una flexibilización en la estructura del capital, para poder segmentar, fraccionar, tercerizar y localizar porciones del mismo para producciones particulares. Ello independizó el tamaño de la planta del tamaño de la demanda (Legna, 1996). Esto va a afectar bruscamente las relaciones sindicales.

Finalmente, todo ello desemboca en la flexibilización en la esfera del trabajo la que  permite distinguir dos formas: a) flexibilización numérica, desregulando la actividad laboral de manera que se puedan tomar, suspender o despedir operarios en función de la demanda; y b) flexibilidad funcional o cualitativa, que permite la adaptación de los trabajadores a la flexibilidad de los equipos y su movilidad, de acuerdo a las necesidades. Este es el fundamento de las economías de variación y a la vez, de la precarización creciente de los contratos laborales En América Latina, por ejemplo, se estima que el 70% de los puestos nuevos en los 10 últimos años son precarios (CEPAL, 2002). En la reciente reactivación argentina, la proporción generada de puestos precarios es similar a la indicada.

Las otras políticas impulsadas para “adaptarse” (construir) a la globalización por los organismos internacionales y multinacionales de crédito, así como por la presión evidente de los países más desarrollados, son bien conocidas y denunciadas actualmente por sus resultados más evidentes (Federico-Sabaté, 2002b, Lozano, 2003). Consisten principalmente, en el paquete de políticas económicas y sociales formado por la “recomendación” del listado que presentamos con anterioridad, que se impulsa como una receta en todas partes.

No nos caben dudas de que este paquete de medidas socio – económicas forma parte del nuevo esquema de crecimiento y que los exámenes que se llevan a cabo sobre los aspectos productivos y sociales no pueden dejar de tomarlo en cuenta. No hacerlo, es renunciar técnicamente al sentido crítico y al interés por explicar y operar sobre lo concreto real.  Porque esta es la base estructural de la “macroeconomía” de la globalización, donde se instalan las reglas del sistema, e ilumina con sus fulgores todos los rincones, sea para los aspectos sectoriales, mesoeconómicos y microeconómicos.  Los actores sociales participantes en el juego del capital tienen que jugar esas reglas, son “sujetos” de ese tablero una vez instaladas. 

Y la geografía planetaria no puede escapar a ella, aunque es dable reconocer especificidades (en los niveles territoriales multinacionales, nacionales, de las regiones y ámbitos nacionales y estaduales, metropolitanos, urbanos y locales) y que el propio sistema sustancializa contradicciones, tensiones y conflictos alternativos (Coraggio y otros, 1989). Como trataremos de enunciar más adelante (y que muestran en general los trabajos incorporados en este libro).

No mencionamos más que al pasar otro aspecto de la globalización la que, junto a la mundialización de los mercados, también globalizó la corrupción generando este tipo de capitalismo que algunos pretenden calificar como “capitalismo prebendario” (Barrera, 1994; Lozano, 2003), donde predomina el privilegio y el arreglo en las distintas escalas geográficas, en el sentido de que la competencia abierta va siendo un recuerdo y un supuesto para inculcar al credo del análisis económico, salvo la realizada por los monopolios en sus complejos arreglos transnacionales o en sus distintos métodos para presionar o amenazar con desbancar a funcionarios públicos (o en el otro extremo de la escala social para traer un ejemplo simple,  la concurrencia ejercida por los vendedores ambulantes, los artesanos y los proveedores de abarrotes en lo local y barrial).

Un fugaz diagnóstico de las consecuencias del esquema económico

El último cuarto de siglo y con más intensidad durante la última década y media, esto es a partir de los 90´,  es dable registrar profundas modificaciones ocurridas en la estructura económica y social del país, que aquí deseamos registrar. Nos centraremos en caracterizar y comentar los cambios de la última década, realizando sólo referencias puntuales cuando resulte necesario a la comprensión de instalación de algún componente  acaecidos en un momento anterior.

Cabe hacer notar, que algunos de los aspectos estructurales para dar lugar a la nueva situación que vivimos actualmente, se encontraban presentes desde mediados de los 70´.  Lo que se manifiesta contemporáneamente, como consecuencia de la drástica ejecución de la política económica enunciada, es una exacerbación de los aspectos negativos que de manera larvada estaban  presentes en sus anteriores modalidades de crecimiento.

El contexto general de todos estos cambios es la mundialización de los mercados o proceso de globalización, como queda dicho. Esto es, cambios que parecen dirigirse a articular e integrar la economía del país a las condiciones exigidas por los procesos de mundialización, los que resultan presentados a la población como ineludibles.  Los hemos interpretado como la implantación en el nivel nacional de un nuevo régimen de acumulación de capital y del sistema regulatorio que el mismo requiere para su amplio funcionamiento, en función del nuevo paradigma tecnológico.

El comportamiento combinado de estos componentes, en las condiciones mundiales imperantes, condujeron a serios desajustes en los aspectos, primero, sociales y laborales, pero más recientemente en las propias actividades económicas.[5] En un primer momento, hasta aproximadamente 1997,  los analistas interpretaban que los beneficios de la estabilidad y los equilibrios macroeconómicos (que aparentemente se habían logrado) se pagaban en costos con los desequilibrios macrosociales y microeconómicos. Pero desde allí no es posible afirmar siquiera esto. Los desbalances fueron apareciendo por todos lados y en todos los frentes.

Dichos desajustes pueden plantearse como una cuestión trascendental, dado que significa, en el  nivel teórico, la aparición de un hiato o divorcio estructural, entre el proceso de acumulación de capital y el de la reproducción social. Esto implica que el sistema económico en los países de la periferia, como un todo, tiende a polarizar o dualizar los distintos sectores de la comunidad, generando grave exclusión social e impidiendo la integración, aunque sea subsumida, alienada, típica y esperable del sistema capitalista en cuanto tal hasta época reciente.

En el caso argentino, esto es dable visualizarlo en los aspectos sociales, pero que por tienen detrás,  los siguientes parámetros y resultados económicos:

1) Proceso general de fuerte centralización y concentración de la economía, de los ingresos y de los patrimonios, en la cúspide de las clases sociales, grupos y fracciones dominantes.

2) Como consecuencia, se visualizan tendencias crecientes a la generación y consolidación de una estructura monopólica y oligopólica.

3) Desnacionalización generalizada del aparato productivo en distinto grado, de las más importantes actividades (manufactureras, prestaciones de servicios públicos y a la producción, agropecuarias, construcción e inmobiliarias, transportes, etc.) que pasan a ser controladas en alta proporción desde el exterior.

4) Sobre dimensionamiento inédito del capital financiero y su lógica de acumulación, con alto grado de concentración y luego su extranjerización en el sector bancario, con desnacionalización de los seguros y reaseguros.

5) Desindustrialización y extranjerización de amplios sectores de la industria, con regresión de la misma, pues ahora presenta una estructura similar a la que presentaba a principios del siglo pasado por su carácter recurso natural intensivo y bajo contenido tecnológico.

6) Apertura comercial externa no discriminada con desregulación asimétrica de los mercados, que llevó a la quiebra y al cierre a cientos de miles de pequeñas y medianas empresas de capital nacional.

7) Rápida y discutible transferencia de empresas estatales y otros activos públicos a la actividad privada bajo la forma –no exclusiva- de privatizaciones, con la cifra record de 130 empresas en pocos años; entre ellos, energía y sus reservas, transportes por tierra, mar y aéreo, telecomunicaciones, y otros considerados como "estratégicos" años atrás durante la etapa desarrollista de sustitución de importaciones.

8) Privatización de parte del sistema provisional y de la prestación de salud que interesaba a la inversión financiera.

9) Transferencia de instrumentos y mecanismos de política económica junto a las privatizaciones, con debilitamiento del sector público para enfrentar políticas activas en lo sectorial y regional.

10) Distribución regresiva del ingreso y el patrimonio, debilitando la demanda interna y concentrándola en bienes suntuarios con fuerte componente de importaciones, lo que a su vez, redujo la actividad de gran cantidad de pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno (IDEF, 2003).

11) Modificación del perfil y concentración de la propiedad de la producción agropecuaria, dejando  de producir los alimentos básicos (vulnerabilidad alimentaria) por el incremento desmedido de la producción de soja acompañada de agrotóxicos, contra los cereales, tambos y frutales que son desplazados; a la vez, se produce una reducción de cientos de miles de chacareros y minifundistas en las diversas regiones (“agricultura sin agricultores”).

12) Durante más de una década, déficit presupuestario permanente que se genera en la crisis del sector fiscal y por la inestabilidad financiera, lo que ocasionó continuos ajustes y éstos cada vez más profundos y seguidos. Luego de la devaluación, el sector público aparece como excedentario; pero si se reducen los impuestos a las exportaciones de los bienes con alto componente de recursos naturales, reaparece el aludido déficit.

13) Pérdida de competitividad de actividades exportadoras, dado que la convertibilidad llevó a una revalorización automática del peso argentino pegado al dólar, respecto del Euro y de nuestros socios del Mercosur (Brasil), resultando así un “requerimiento” la presión a la baja de los costos internos; esto ha hecho que el salario real (y nominal en el caso de los trabajadores estatales), resulte la principal y más sensible variable de ajuste, por no poder afectarse los costos tarifarios, los financieros y las rentas tecnológicas, vinculados directamente a las empresas de capital extranjero y al bloque dominante (hasta la fuerte devaluación posterior a la crisis del 2001).

14) La propia convertibilidad, asociada a la dolarización de hecho de la economía, también se convirtió en una traba para que el sector público pueda impulsar políticas económicas activas; así, en general,  resultaba más sencillo importar que producir.

15) Enorme e impagable deuda e(x)terna pública y privada, con constitución creciente de colocaciones financieras de residentes argentinos en el exterior del país acompañando la lógica de la fuga de capitales de las empresas concentradas y el capital financiero.     

Para completar el panorama desde otra visión, en lo territorial, se ha producido una concentración de la riqueza en la Ciudad de Buenos Aires y algunos tramos de los ejes del conurbano norte. Tal es así, que el ingreso por persona en Buenos Aires y esos tramos en el 2001, triplicaba el promedio nacional, pareciéndose al nivel de algunos países desarrollados. Es la otra cara de la exclusión y donde existen algunas plataformas globalizadas (Federico-Sabaté, 2002).

La enorme mayoría de las actividades económicas y financieras más importantes tienen sus sedes centralizadas y se generan transferencias desde el interior a la Ciudad de Buenos Aires, aunque también aparece aumento de la concentración productiva (Federico-Sabaté, 2002).  Sin embargo, en la propia región de la metrópolis bonaerense, existen partidos del tercer cordón con ingresos por habitante varias veces inferiores a los de las provincias más pobres. Mientras tanto, se registra descenso o desaparición de actividades productivas en las ciudades de regiones del interior del país y crisis económicas y financieras en varios estados provinciales, donde comenzaron a iniciarse tiempo atrás  protestas sociales de importancia. Como era de esperar, la tendencia a la polarización social arriba indicada, genera fragmentación territorial y verdaderas islas de pobreza, donde no circula siquiera el dinero de curso legal (el trueque va a operar en ellos, como muestra Hintze, 2003).

Este sector público nuevo y facilitador de mercado (como se dice en la jerga de los organismos multinacionales de crédito), surgido del ajuste y la reestructuración, desdibujado en sus capacidades después de haberse desembarazado de tantas actividades y empresas, destruido y renunciado al manejo de tantos mecanismos e instrumentos de política sectorial y regional, quedando limitado sólo al manejo de un pequeño núcleo de instrumentos relacionados a los aspectos macroeconómicos y monetarios, continuó acumulando déficit fiscales de manera permanente, lo que va a aparecer como poco elegantemente compensado con una incrementada deuda externa, año tras año. La explicación de este fenómeno del endeudamiento argentino no puede ser explicado aquí, pero existen excelentes trabajos mostrando sus mecanismos y procedimientos, así como su conexión con la política de privatizaciones (Basualdo, 2001).

¿Resultará suficiente este sintético panorama de la situación y estructura de la economía de Argentina, visiblemente generada en la política económica seguida desde los `90, suficiente para alcanzar a derivar la comprensión de la situación social  que va a empujar al movimiento colectivo de rebeldía y los intentos populares de organizarse casi espontáneamente en nuevas formas asociativas? Sigamos un poco más adelante y completemos el cuadro que nos ayude a instalarnos en torno a la “explicación” buscada.

Las bases de la pobreza y la exclusión en la política laboral flexibilizada

En los países centrales, y con mayor razón en los periféricos o del tercer mundo, se observa desde hace más de dos décadas y de la mano de la llamada globalización la aparición de una profunda crisis de las relaciones sociales constitutivas del mundo del trabajo. En ellos, hasta ese momento, el Estado –como mediador social entre el poder político y el mercado o la economía— asumía la responsabilidad de aplicar políticas que, actuando principalmente sobre el mercado de trabajo, garantizaran el pleno empleo  o bien niveles de desocupación perentorios y socialmente aceptables. La seguridad era un componente adicional, que significaba la protección contra el despido arbitrario y la existencia de condiciones razonables reguladoras de la contratación. Esto se hacía extensivo a los niveles salariales en función de habilidades y capacidades acumuladas de acuerdo a cada puesto de trabajo. Y en momentos de inflación, también significaba el establecimiento del salario mínimo, compensaciones por disminución del ingreso real ante incrementos de precios de los artículos básicos, cobertura de riesgos derivados de enfermedad o discapacidad, y el sistema de previsión para cobertura de retiro o jubilación.    

La regulación estatal se extendía con la aceptación oficial de las organizaciones gremiales de los trabajadores ocupados y de las asociaciones de empresarios, entre las que mediaba el poder político, apoyando los procesos de negociación colectiva entre ambos, como si fuera un tercero independiente de los intereses en juego.

Hemos señalado con anterioridad que ese tipo de Estado Benefactor alcanzaba en el caso argentino un desarrollo no completo pero aceptable, en comparación con otros países de América Latina. Los derechos y conquistas sociales de los trabajadores y la política social desarrollada constituyeron una pieza clave del ideario argentino desde medio siglo antes, asentados en la constitución, el sistema legal del país y el imaginario popular.

Desde inicios de los ‘90, se instaló en el país –acompañado de una intensa campaña mediática— un pensamiento sobre la crisis, que afirmó la ineficiencia del Estado como administrador y las bondades del mercado en la asignación equitativa y eficaz de los recursos. La crisis se explicaba como consecuencia de la transgresión de las leyes del mercado –planteadas como hechos naturales y no como una construcción social—, a causa de la intromisión de la política a través de controles y regulaciones que ofendían a las leyes naturales, basadas únicamente en el interés privado y que son propias del género humano (Grassi, 2003a). Así eran reflejados los supuestos antropológicos del pensamiento adamita.

En consecuencia, y de manera algo simplificada, el regreso al juego libre de las fuerzas económicas restablecería el equilibrio económico y las potencialidades de la iniciativa en pro del beneficio; y con ello, se retomaría la senda del crecimiento. Si el tal "equilibrio económico" generaba “desequilibrio social”, no era una cuestión sustantiva o que pareciera preocupar por el momento.

Ya señalamos que la denominada flexibilización laboral constituye el principio que procura el mecanismo que debe ser alcanzado, para restablecer la parte del equilibrio económico que le toca ejercer al mercado de trabajo en este modelo neoclásico. Y que esta flexibilización o desregulación se vincula profundamente a los requerimientos de equilibrio de los otros mercados y de la acumulación de capital, en función de un nuevo paradigma tecnológico. La globalización exige garantizar la más "alta movilidad de los factores productivos", tanto desde el punto de vista sectorial como espacial –aunque las migraciones desde la periferia sean tan temidas y reprimidas en los países desarrollados—.

Por ende, se trataba de dotar de movilidad territorial, ocupacional y en el empleo a la fuerza de trabajo, permitiendo así el traslado de un lugar a otro de la misma, el cambio de ocupación cuantas veces fuera necesario y  el cambio de empleador por despido. Es decir, se inducía la menor estabilidad y seguridad posibles, junto al achatamiento de la pirámide de ingresos y de funciones de la grilla de cada actividad –salvo en el caso de los ejecutivos—. En el discurso de los empresarios, este mecanismo económico se traduce como reducción de costos para alcanzar mayor competitividad en el mercado mundial y poder exportar para crecer. El posible desequilibrio social –a veces no conviene negar los datos de la realidad— no era considerado como permanente, sino que se suponía su corrección en el mediano y largo plazo, con el famoso efecto derrame, y en algún momento intermedio, actuando sobre las “imperfecciones” del mercado o por algunas políticas públicas sociales compensatorias. Ello era lo que justificaba hablar del “modelo neoliberal asistencialista” (Grassi, 2003a).

Para alcanzar la flexibilización en el trabajo, hacía falta modificar de hecho y de derecho la situación que había dominado hasta mediados de los 70´ y que había sido instalada a finales de la segunda guerra mundial por el populismo o el desarrollismo de inspiración keynesiana. En lo referido a los hechos, se puede observar el hostigamiento de los dirigentes sindicales llamados combativos durante el régimen militar genocida, la obstrucción de la vida gremial, el debilitamiento de los instrumentos de fiscalización de la situación del proceso de trabajo en las actividades fabriles y los cambios introducidos en la organización del proceso productivo en la fábrica o la oficina de la mano de las tecnologías y las formas de gestión asociadas a éstas. Todo esto continuó hasta años recientes.

En los aspectos de derecho, el proceso de modificación normativo arrancó con la Ley nº 22.250/80 –de la dictadura militar—, que modificó el régimen de despido y de negociaciones colectivas. Y se intensificó durante toda la década de los ‘90, con algunas cortas interrupciones temporales, las que fueron consecuencia de oposiciones, resistencias y presiones puntuales de alguna dirigencia sindical –con la aparición de la CTA y MTA— y  representantes de la justicia social en el parlamento nacional. En efecto, la Ley de Empleo nº 24.013/91, según acuerda la mayor parte de los especialistas,  fue el instrumento legal que reinició este ciclo flexibilizador. Cabe recordar que en 1991 se restablecieron topes monetarios al despido, formación y límites a la indemnización por accidentes del trabajo, se estableció el empleo temporal y, en general, una mayor mercantilización de la fuerza de trabajo, con la ley mencionada y la 24.028, también de ese año.

Más adelante, se estableció el contrato de aprendizaje, la modificación del período de prueba y el contrato a tiempo parcial. En 1995, la Ley de Régimen Laboral para PyMEs y de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) redujeron el amparo de los trabajadores, dado que: 1) los que no están registrados o declarados pueden accionar contra su empleador, pero el sistema es tan complicado y burocrático que  al final los deja indefensos; 2) como las ART compiten entre sí bajando precios, reducen exigencias de normas de seguridad para que bajen los costos, por lo que el fin de lucro termina creando complicidad entre la empresa y la ART, contra el asalariado; y 3) se redujeron las indemnizaciones por accidentes y poco menos que desaparecieron las enfermedades profesionales, pero las ganancias de las ART aumentaron.

Por otro lado, completando el esquema, se llevó a cabo la reforma del sistema provisional y la desregulación del sistema de obras sociales. Además, se aumentó la edad jubilatoria para las mujeres. También, se instaló un nuevo régimen indemnizatorio disminuido para los despidos, lo que se complementó con una serie de normas flexibilizadoras que restringieron el derecho de huelga en los servicios públicos, de negociación salarial con base en incrementos de productividad, los contratos especiales, etc. Este andamiaje laboral llegó a niveles inauditos con la sanción, bajo sospecha por la compra de  legisladores para su aprobación, de la llamada "Ley Banelco" (22.250), en junio de 2000, la que blanqueó y cristalizó un sistema de relaciones de trabajo retrógradas, que ya estaban operando en la realidad antes de la aprobación de esta norma (Grassi, 2003a).

A fin de tener una idea estructural de las condiciones laborales del sector asalariado, que resultaban numéricamente crecientes –aumento de la tasa de asalarización y no del autoempleo—, era dable ordenar el sistema legal que impulsaría en parte el empobrecimiento de la población del país con algún procedimiento comprensivo. Para examinar el tema desde la meta capitalista de la flexibilización, Mariana L. González (2003) elige tres ejes: a) estabilidad en el puesto de trabajo (no en el ingreso), b) protección por las instituciones laborales y c) extensión de la jornada de trabajo. Y lo hace, además, intentando conectar los cambios ocurridos en lo legal y en el funcionamiento real –cumplimiento y aplicación ordenada—.

Con respecto a la estabilidad, lo que estaba en juego era la precarización laboral. Ésta, a su vez, era un suelo abonado para que fertilizara la pobreza y la exclusión social, en especial, si el trabajador precario era el jefe de familia. Veamos con un poco más de detalle el problema central de la precarización que resulta un concepto esencial. 

El denominado “sector informal”, donde se incluyen empleados domésticos, cuentapropistas, microemprendedores, etc. resulta un grupo con una definición no unívoca –y también arbitraria—, que ha evolucionado hasta confundirse con la precarización en algunas interpretaciones, y con un posible “deslizamiento” reciente hasta abarcar la totalidad de las relaciones asalariadas flexibles (Beccaria, 1999). Sin embargo, desde el punto de vista de los criterios para la definición, así como del enunciado de un conjunto de atributos y propiedades para su medición,  no existen dudas de que la precarización es una noción más concreta que la de informalidad, en las actuales circunstancias del caso argentino. Efectivamente, cuando es el propio sistema legal y el Estado que generalizan la desregulación de los vínculos entre empleador y trabajador, o entre éste y el Estado, ¿qué sentido tiene entonces, hablar de informalidad de manera tan amplia?

Cabe señalar, que al utilizar el término precarización, se pretende realizar una diferenciación provechosa de este tipo de enfoque con respecto a los de informalidad, dado que éste no abarca a los trabajadores asalariados. En efecto, la informalidad tiende a no considerar las relaciones que se establecen entre los actores sociales intervinientes, con especial visión de las relaciones de poder entre capitalistas y fuerzas laborales, centrándose en determinadas características de la tipología de las unidades o establecimientos de producción y circulación. De esta manera, la idea de precariedad aborda mejor la desregulación y parece aplicable incluso al llamado sector moderno de la economía.  

En un ensayo que intenta considerar la noción de exclusión social y su vehiculización por medio de la precarización de las relaciones laborales en la Argentina de los años ’90, se procuran establecer los rasgos sobresalientes de esta última (Lindenboim, 2000). Al respecto, se postula que el avance de la precarización es un resultado de las transformaciones que se produjeron en la lógica de funcionamiento del sistema económico de manera global, y en particular en el mercado de trabajo, con sentido negativo para amplios sectores sociales. Abarca a los asalariados y la forma de inserción laboral –diferenciada— que tienen en el capitalismo argentino, caracterizadas con los términos “fragilidad” y “polarización”. Aquí, la precariedad es entendida como una situación generadora de exclusión.

En efecto, la inseguridad en el empleo y, por lo tanto, la incertidumbre acerca de los ingresos presentes y futuros, pueden entenderse como una forma inmediata de exclusión, dado que no permiten que los trabajadores puedan participar en el proceso de producción y en el de intercambio, accediendo a los bienes y servicios que hacen a su reproducción social. Los empleos precarios son identificados de acuerdo a las dimensiones básicas asociadas a la inseguridad e incertidumbre (Salvia y otros, 2000). Una relación laboral que puede ser finalizada en cualquier momento de manera arbitraria por decisión del empleador y sin costo ninguno,  implica que el trabajador no tiene acceso a garantías, como son los aportes jubilatorios, cobertura por enfermedad o por accidente y otras. En lo temporal, se alude a empleos que, aún siendo legales, están regulados por relaciones de duración determinada y sin ninguna certeza de continuidad para el trabajador.

Los atributos de un vínculo salarial estable, en consecuencia,  son los señalados con el tiempo diario de actividad, los nexos contractuales de tiempo indeterminado y los regidos con  protección por la legislación laboral vigente. La precariedad abarca los trabajos que no cumplen con alguno de estos aspectos. No obstante, la subocupación puede pesarse como una situación diferente, por lo que la precariedad será considerada en el estudio aludido como la  inexistencia de los dos últimos aspectos. O dicho de otra forma, que la definición operativa de precariedad, se basa en primera aproximación en: a) falta de protección y b) vínculo contractual por tiempo determinado.

Con respecto al marco legal, como veremos, es importante indicar que durante los últimos años ha bajado la protección ofrecida por arbitrio de la imposición de la llamada flexibilización laboral o desregulación. Así, puede hablarse de un proceso continuo de deterioro en los empleos que están bajo protección legal y de suba de los que no tienen  ninguna.

Según la evidencia empírica -fundamentada en la elaboración de datos de la EPH-INDEC—, durante la última década, la situación socio–laboral se caracterizó por el escaso dinamismo del empleo, el aumento de la tasa de actividad y el consecuente aumento de la tasa de desocupación y subocupación.  Puede agregarse, sin embargo, que el peso relativo de los asalariados aumentó en el total de los empleados. También, que entre estos asalariados creció en general el número de precarizados, pero con mayor intensidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires –40% en los diez años de los `90 y aún después—, que en el resto del sistema urbano nacional.

Resulta interesante subrayar que la precarización ha crecido en el país de la mano de la profundización de los vínculos sociales de producción típicamente capitalistas, dado que “… el trabajo asalariado aumenta su importancia pero asociado a la reducción de la fracción del gasto laboral destinada a financiar los servicios que contribuyen a la reproducción segura y estable de la fuerza de trabajo” (Lindenboim, 2000). Esto significa que se redujeron las obligaciones del capital frente al trabajo, al mismo tiempo que el Estado abandonó la prestación de servicios y la protección, excluyendo el trabajo como mecanismo de integración social por excelencia, como era hace algunos años. Y no sólo esto, sino que además, creció la proporción de dependientes públicos en situación precaria, por lo que cabe registrar que el sector público no sólo facilita el deterioro en las modalidades de inclusión, sino que se constituye en emblemático de tal proceso.

Parece interesante resaltar –aunque sea de manera abreviada— algunos detalles que surgen en el análisis de la precarización, según el investigador recién citado:

a)      existen cada vez mayores dificultades para la reproducción social de las unidades domésticas a las cuales pertenecen los trabajadores precarizados, teniendo en cuenta que la reducción de beneficios sociales no resultó compensada por mayores ingresos;

b)      el aumento relativo de la precarización puede observarse en todas las ramas de actividades, siendo más considerable en los servicios financieros, el comercio y los servicios personales y dominando en la construcción;

c)      la evolución de la precariedad según el tamaño del establecimiento registra que crece más en la grandes empresas, aunque muestra que las peores condiciones de trabajo predominan en las unidades con hasta cinco empleados –más de la mitad—;

d)      la precariedad en el lapso considerado crece más entre los jefes de hogar (25 a 30%);

e)      en Argentina, se asiste al extraño fenómeno de que aumenta la desocupación y subocupación entre los trabajadores urbanos,  al tiempo que se produce un importante descenso paralelo de las actividades que se llamaban informales –con un comportamiento anómalo procíclico—, normalmente adoptadas como sector refugio en momentos recesivos.

Como se señala en el ensayo que sirve de fundamento a estas últimas reflexiones, en referencia a este fenómeno de la precariedad, derivado del esquema económico adoptado, de una parte importante del empleo urbano –hasta un 40% en números redondos al final de la década—, con todas las consecuencias socio-económicas aquí mencionadas, “nada indica que su situación sea reversible, sino que, por el contrario, se va ahondando cada vez más” (Lindenboim, 2000). Y no parece haberse equivocado.

Desde entonces, para el trabajador asalariado existe el contrato de trabajo,  pero es por tiempo determinado, sin garantías de continuidad y, de alguna manera, también actúa en la estabilidad el problema del costo de ruptura de la relación, vale decir, el nivel fijado de la indemnización por despido.

El contrato promovido por la aludida ley de 1991 fue denominado por los representantes sindicales más blandos y colaboracionistas –“políticamente deslegitimados” dice Grassi ( 2003a)— como “contrato basura”. Con posterioridad, se establecieron otras excepciones parciales y especiales a los aportes patronales al sistema de seguridad.

La denominada Ley PyME (24467/95) amplió la facultad de promoción de esos contratos e hizo que fueran aplicables por estas empresas, pero llegando a considerar como PyME a aquellas con 300 personas ocupadas, lo que resulta un criterio extraño o discutible. En el mismo año, se introdujo el “contrato de aprendizaje” para jóvenes desocupados de 14 a 25 años y, en 1998, apareció el régimen de pasantías (Ley 25013), que no implica relación laboral alguna entre empleado y empleador, y despoja de todo derecho al que lo asume. Además, el establecimiento de un periodo de prueba amplio para el trabajador incorporado con los contratos normales, significa de hecho una reducción del costo del despido. También en 1998, se estableció otra reducción a los aportes patronales –o su eliminación en casos sectoriales—. 

Es dable observar que los convenios colectivos de trabajo tendieron a reducirse en número, propensión entendida como “un comportamiento defensivo por parte de los trabajadores” (González, 2003). Si en épocas de alto desempleo las posibilidades de los trabajadores se reducen de hecho, parece razonable que los sindicatos eviten discutir sus convenios en particular cuando la norma vigente da la facultad de bajar derechos otorgados por otra ley. Las negociaciones mayores en esta materia, se presentaron en los sectores de las empresas privatizadas y en los que recibieron inversiones extranjeras directas, convenios colectivos que fueron impuestos por los intereses de esos capitales porque podían resultar precondiciones al desembolso de las inversiones. No resulta nada extraño en consecuencia, el alto porcentaje de acuerdos que introdujeron cláusulas de flexibilidad según se constata en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Otro componente importante que va de la mano de la precarización del trabajo se refiere al significativo aumento del llamado empleo en negro o no registrado, que alcanza a todo tipo y tamaño de empresa. La inestabilidad en el empleo se expresa en la mayor rotación de la fuerza de trabajo, en la reducción de la antigüedad registrada en el puesto y en que los desempleados y subempleados aumentan visiblemente el tiempo en que se encuentran fuera del circuito de inserción, hasta periodos alarmantes, que van de seis meses, a un año o más –cuando no definitivamente—. La ausencia y/o reducción de la protección del trabajador asalariado es inducida por la falta de contrato laboral –no estar blanqueado— o por la existencia del contrato basura. Y esta es la situación que ha predominado en el periodo que nos interesa.

Como paliativos del esquema flexibilizador neoliberal, González (2003) menciona el subsidio al desempleo de inicios de la década del ‘90, el intento de contralor del trabajo tercearizado, y la creación de un sistema integral de inspección y fiscalización del trabajo…  ¡en el año 2000!

En materia de extensión del número de horas trabajadas, en la ley de 1991 se estableció la posibilidad de aumentarlas por arriba de las 48 horas semanales, a través de los convenios colectivos. Estadísticamente, se observa que se incrementaron las series por los extremos: cada vez apareció más subocupación con menos de 30 horas trabajadas y, a la vez, una fuerte sobreocupación con más de 62 horas. Es sabido que muchas de esas horas adicionales no eran pagadas, especialmente, en las empresas donde la relación con el dueño era directa y éste solicitaba apoyo ante situaciones que actuaban como amenaza de cierre. Los datos también expresan que aquellos que podían hacerlo, solían tener más de una ocupación por el bajo salario percibido y que la patronal extienda la jornada antes de crear nuevos puestos, debido a la amenaza de recesión (Hintze, 2003b).

“… la deficitaria situación del mercado de trabajo también generó una flexibilización e inestabilidad que se dio de hecho; es decir, más allá de lo establecido por la legislación laboral y del resultado de las negociaciones colectivas. Esto resulta esperable en un contexto en el cual los trabajadores se mostraban dispuestos a aceptar condiciones de trabajo degradadas en vistas a mantener o a conseguir un empleo, y el gobierno manifestaba poco interés en hacer cumplir esas normas” (González, 2003)

En definitiva, el justificativo de aumentar la eficiencia económica por reducción de costos laborales que iba a traer este paquete desregulador, así como el incremento en la creación de puestos de trabajo que se decía esperar del mismo, concluyó en un sistema dominado por la desocupación, la subocupación y la precarización laboral. El mundo del trabajo se tiñó de inseguridad e inestabilidad, a la vez que los ingresos y la actividad de los trabajadores fueron afectados por la disciplina impuesta por el dominio del capital, con la finalidad de mantener o  maximizar la tasa de ganancia. 

En efecto, para la adaptación a la producción flexible y globalizada, “en la práctica y en el imaginario colectivo”, se trataba de alcanzar el empleo “a cualquier precio y en cualquier condición” (Grassi, 2003). Así hoy, contamos con una generación educada en el trabajo precario que no tiene vivencia ni idea de sus derechos a un mejor trato y de la justicia social.

La reforma  de la cuestionada Ley 22.250 ha sido realizada en el 2004 bajo la nueva administración gubernamental elegida, y aborda centralmente aspectos relacionados con algunas características de los convenios colectivos de trabajo, la jerarquía de los mismos y la modificación del periodo de prueba o de desempeño adecuado del asalariado contratado. Respecto del primero, la nueva normativa repone la ultra actividad de los convenios, que implica que continúan rigiendo hasta tanto sean modificados por alguno nuevo, evitando la obligación de firmarlos cuando las condiciones son adversas. En el segundo, vuelve a establecerse la preeminencia de estos convenios sobre los de empresa, lo que da más fuerza a los sindicatos, evitando la atomización en las negociaciones de los derechos laborales. En el tercero y último, el periodo de prueba se acorta hasta una cuarta parte de lo establecido anteriormente para las PyMEs, por ejemplo. Por lo que, en general, puede decirse que la nueva normativa mejora la situación de una parte de los trabajadores asalariados.

Las repercusiones socioeconómicas de la política económica aplicada

Algún lector puede suponer que hemos “separado”  las consecuencias o repercusiones de la aplicación de una política económica y social en el caso argentino, porque aceptamos que los procesos económicos –y como parte de ellos, la tal política económica— no tienen vinculación con los movimientos y las estructuras sociales –y como tal, con la política social—. O dicho de otra manera, que el circuito de producción-reproducción del capital  es sólo un circuito económico, y poco o nada tiene que ver con la producción y reproducción de las formas sociales de existencia. Esto es, que los desocupados no son generados por el desempleo en el proceso productivo, o que la aparición de las instituciones económicas es independiente de la construcción de las sociales; o bien suponer que el predominio financiero en el ciclo del capital no orienta a la población con capacidad de ingreso excedente hacia conductas socialmente especulativas. Creer, por fin,  que lo social es separable de lo económico.

Es posible tal confusión, dado que para el pensamiento neoliberal y la economía neoclásica son dos esferas completamente independientes. En la modelística ortodoxa –metodológicamente reduccionista y economicista—, los aspectos sociales y culturales constituyen “variables exógenas”. Por ello, en materia de política pública, en el Estado, no es problema que los entes que desarrollan la política económica –ocupados en el crecimiento, los equilibrios de los mercados, el sistema de precios, los sistemas financieros, etc.— actúen de manera cerrada e independiente de los entes responsables de las políticas sociales que  se ocupan “del resto”, de los efectos, que resultan nada menos que de las consecuencias de todo ello sobre la vida y bienestar de la población. La diferenciación y separación,

“… está inscripta en las disciplinas teóricas y en el discurso de los medios de comunicación de masas, pero también en el sentido común y en las prácticas de los innumerable agentes que se ven (y son así reconocidos) como representantes de una u otra preocupación (…) La actual oposición cruda entre lo social y lo económico es una clara regresión a épocas pre-keynesianas y contribuye a justificar el debilitamiento del papel del Estado” (Coraggio, 1999).

Por oposición, entendemos esta separación, e inclusive el ordenamiento, como un momento provisorio, analítico, por formar parte de un objeto de estudio complejo, estratificado, como es la sociedad, los comportamientos de los actores y su evolución, que necesariamente debe ser recompuesto en su unidad múltiple y en tensión para la comprensión concreta en un momento posterior integrador (Federico-Sabaté, en Coraggio y otros, 1989). 

Efectivamente, la política económica, laboral y social aplicada en la década del ’90, configuró un escenario de destrucción de empleos, de avance del subempleo y, como ya mostramos, de la precarización laboral, factores responsables en conjunto del incremento de la pobreza y de la exclusión en sus aspectos económico-sociales, así como de la fuerte distribución regresiva del ingreso y de la propiedad, que se registra en numerosos estudios.

Esta desocupación y subocupación parecen tener su explicación en que el crecimiento de la producción en algunos sectores no fue acompañado por la creación de nuevos y suficientes puestos de trabajo. Fue en el momento de la reestructuración y de la reconversión productiva, cuando se generó el grueso de la desocupación abierta en el país y luego, con la decadencia posterior, se agravó. La innovación tecnológica en las actividades industriales, de la construcción, comerciales, financieras y de servicios, implicó el ahorro de trabajadores –por aplicación de tecnologías intensivas en la mano de obra, ya fueran duras o blandas— y la flexibilización de la misma en cantidad y calidad —las denominadas economías de variación o economies of scope de las que ya hemos hablado—, por lo que  el crecimiento no fue suficiente como para lograr la absorción de la fuerza de trabajo disponible y desplazada de otras. La reestructuración del sector público y la reorganización de las empresas de servicios públicos privatizados también hicieron su aporte significativo al aumento de las tasas.

Se puede observar, además, que en momentos de crecimiento importante del PBI, como en los primeros años de la convertibilidad, se generaron tasas de desocupación y subocupación que alcanzaron los dos dígitos. Vale decir que la experiencia muestra que se puede crecer de manera impactante en el producto por algunos años, pero sin aumentar la ocupación e incluso descendiendo la misma.

La “marginalidad laboral” que aparecería se refiere a aquellos que, desalentados por la situación, ya no intentaron siquiera buscar trabajo, por desaliento o porque no podían enfrentar los gastos y los costos del traslado para hacerlo. La exclusión social desatada –de los que estaban fuera del mercado y del consumo y tendían a convertirse en laboralmente irrecuperables en términos de la lógica del capital—, como sabemos, era enfrentada con políticas sociales compensadoras del daño, manejadas con gasto social del presupuesto insuficiente, dada la magnitud de recursos requeridos para hacerlo, y focalizadas las que, como es conocido, son consideradas por los especialistas como ineficientes, a la vez que estigmatizadoras, asistencialistas, clientelísticas y políticamente mercantilizadoras, cuando no directamente corruptas (Grassi y otros, 1994).

Desde 1995 en adelante, la estrategia de desigualdad social impulsada por la política económica ejecutada se completa con el verdadero desastre económico que ya se mencionó, con tendencia al deterioro y hasta destrucción del aparato productivo –desaparece medio millón de pequeñas y medianas empresas de predominante capital nacional—, especialmente, el vinculado al mercado interno. Esto redunda todavía más en la suba de las tasas de desocupación, subocupación y precarización laboral, lo que se traduce en menores ingresos de los sectores populares, que ahora incluyen no sólo a los sectores “bajos” o proletarios, sino también a amplias capas de los denominados sectores medios y medios bajos en pendiente negativa.

En efecto, como era de esperar, existe una fuerte asociación entre el aumento de la desocupación, la subocupación y la precarización, y el incremento de la pobreza y la indigencia desde 1995 a 2002 en Argentina. La pobreza se reduce entre 1990 y 1994, creciendo de allí en adelante hasta alcanzar su pico más alto en octubre de 2002 (57.5%). Esto implica que ese año se encontraban más de 7 millones de menores de 22 años por debajo de la línea de pobreza. Algunos de ellos jamás vieron trabajar a su padre o conocieron la estabilidad social. La indigencia, en cambio, sube de manera continua desde 1991 hasta octubre del 2002 (27.5%). En ambos casos, son los guarismos más altos registrados desde que se llevan estadísticas al respecto. Es que el esquema económico impuesto cae desordenadamente cuando la convertibilidad estalla en mil pedazos,  “… pero las esquirlas de esa bomba, como siempre, no cayeron sobre los que mejor podían aguantar y otra vez hirieron a quienes ya venían castigados” (Battistini, 2002).

Esa “salida del modelo” amplió todavía más la brecha entre pobres y ricos, pero arrastrando a una gran proporción de sectores medios que antes habían ayudado a legitimar ese modelo –y todavía soñaban con la convertibilidad—, esta vez, con diversos mecanismos, dada su intensidad y profundidad –el ingreso por habitante en dólares  se redujo a la mitad en poco tiempo—. Uno de aquellos, realmente insólito y de corte nada capitalista, fue la expropiación de la propiedad privada que el capital financiero, apoyado compulsivamente por el Estado, realizó sobre los excedentes de ingreso bajo la forma de ahorros en dólares que estaban depositados en las cuentas bancarias de unos cuatro millones de personas. Otro, más tendencioso y menos manifiesto, fue que los grupos económicos concentrados, asociados a los capitales internacionales, acumularon grandes excedentes cuando la economía del país crecía y lo hicieron también cuando llegaba la recesión, logrando independizar su suerte del conjunto social al cual pertenecían (Federico-Sabaté, 2002). La flexibilización ha impulsado la existencia de un sector social privilegiado, anti-cíclico, sobre-colocado por arriba del resto de la sociedad e independiente de su destino.

Parafraseando a Lozano (2003), podemos sostener que la decadencia social se observa con claridad cuando se considera la historia económica de la Argentina de las últimas tres décadas. En 1975, había 22 millones de habitantes y menos de 2 millones de pobres; actualmente, 37 millones de habitantes y alrededor de 18 millones de pobres. Consecuentemente, lo que se concluye es que, en el lapso indicado, la pobreza aumentó más de lo que creció la población –15 millones—, registrando un proceso de involución feroz, en el que la mayor parte de esos pobres proceden de las capas medias. Sociológicamente, comprendemos que ha desaparecido uno de los rasgos más interesantes del país, que era la movilidad ascendente asociada a la importancia de las clases medias y medias bajas urbanas en la estructura social.

En los últimos meses –unos diez y ocho en total, desde el último trimestre del 2002— y como rebote de la devaluación antedicha de la moneda, se generó una importante reactivación de la economía nacional, que seguramente continuará por un par de años más si es razonablemente guarnecida y consolidada con las medidas adecuadas. Entre ellas, no sólo las que garantizan la continuidad del funcionamiento productivo del sector real, sino las referidas a la distribución menos injusta del ingreso.

Como consecuencia de la reactivación apuntada, según información oficial, se incrementó la creación de empleo privado “genuino” y la elasticidad empleo-producto fue alta (0,9), superior a la histórica de largo y mediano plazo (0,5), lo que resulta alentador si se mantiene. Esa elasticidad expresa el crecimiento porcentual de la ocupación –incluso informal y precaria—, contabilizada ante cada crecimiento de un punto del producto bruto interno. En estos cálculos se incluyen los desocupados que reciben el subsidio nacional del Plan Jefas y Jefes de Hogar, que oscilan en este momento en un millón ochocientos mil beneficiarios. 

Este fenómeno se tradujo a su vez en un descenso de la desocupación (en 3.3%), de la pobreza (en 6,2%) y de la indigencia (en 7.2 %) en seis meses, desde la medición de la EPH-INDEC realizada en la onda de mayo a la de octubre del 2003, última llevada a cabo. Por supuesto, existen a esa fecha, casi 5 millones de adultos activos con serios problemas de ocupación, alrededor de 18 millones de habitantes impactados por los problemas de la pobreza y unos 8 millones que sufren la indigencia (Consultora Equis, 2004).

No obstante el gobierno nacional concedió un aumento salarial que abarca a los ocupados privados formales, como es obvio,  éste no llega al agregado de los trabajadores precarizados y en negro –7 de cada 10 en total—, cuya importancia ya consideramos; tampoco a los empleados públicos. Esto ha acarreado como consecuencia una repercusión heterogénea y muy desigual del fenómeno positivo de la reactivación sobre la masa de trabajadores y la población carenciada.

En un examen del IDEF-CTA (2004) se señala: 1) el ingreso promedio de los asalariados registrados apenas llega al escalón de la pobreza –$ 725 para una familia tipo—; 2) el ingreso promedio estimado de los trabajadores en negro está por debajo del valor de la canasta de indigencia –$ 340 para una familia tipo—; y 3) el ingreso promedio de todos los asalariados es un 27.3% menor que el requerido para salir de la pobreza. Estos niveles son todavía inferiores a los de diciembre de 2001, cuando explotó socialmente el sistema. Por ende, los reclamos sobre la enorme injusticia social implicada en la matriz distributiva del ingreso en el caso argentino siguen en pie. Esto sucede porque la recuperación de la economía en estas condiciones continúa enriqueciendo a muy pocos. Y no garantiza el futuro.

El hecho de que la indigencia se haya reducido en mayor proporción que la pobreza es una evidencia de la mala calidad y peor remuneración de los empleos “genuinos” generados; de que los efectos de la flexibilización resultan muy activos a pesar de la alta tasa de crecimiento del PBI; y de que la pobreza tenderá a cristalizarse, si no se transforma seria y estructuralmente el esquema de crecimiento instalado, que el gobierno elegido no ha mostrado modificar, a pesar de las declaraciones,. 

La política, la democracia y el cambio institucional

Tres pares de atributos dicotómicos principales forman parte del acerbo popular del reciente periodo de vida republicana en el caso argentino: a) frente a la tajante oposición dictadura/democracia, una rotunda definición de las mayorías por la democracia –aunque reducida a la puja y competencia electoral—, a la que se le asignaron inicialmente numerosos atributos positivos, algunos vinculados a expectativas sociales y culturales; b) frente a la oposición violencia/pacificación, una reiterada apuesta de la población por la paz y los métodos no violentos para resolver los conflictos y modificar las instituciones, lo que evidentemente se vincula a lo anterior, y c) frente a la oposición corrupción/transparencia en el manejo de los asuntos públicos, por supuesto, una decidida apuesta a comportamientos que aseguren conductas intachables al respecto y un rechazo a la exhibición de riqueza.

Sin embargo, mirados desde el presente, estos  atributos han estado cargados de tensiones desde el arranque del actual periodo democrático, aun reconociendo positivamente que es el más extenso que se ha vivido en la historia del país. Una de ellas, la más evidente, es la que usualmente se denomina crisis de representación por debilitamiento de los partidos históricos y de masas, exacerbado en el caso argentino por el papel anodino, negociador y deslucido que cumplieron durante la dictadura militar genocida. Esto causó, primero, la puesta en duda, luego la desconfianza y desilusión, y más recientemente el abierto rechazo de todo el sistema político por parte de amplias capas de la sociedad. Incluso, porque los partidos tradicionales quedaron por detrás de las organizaciones sociales surgidas en oposición a dicha dictadura, en especial, los movimientos de derechos humanos en sus acciones de denuncia y de reivindicación, actualmente ampliadas a otras esferas que afectan la reproducción social de la vida y que son llamadas derechos humanos de segunda generación: "Las organizaciones de derechos humanos incorporan en años recientes, nuevas generaciones de derechos humanos, vinculados a derechos sociales, culturales, autodeterminación de los pueblos…" (Argumedo y otros, 2003).

Otro aspecto, que ha sido puesto de manifiesto por diversos trabajos socioeconómicos y recogido en los análisis políticos, es que esta democracia de dos décadas ha nacido bajo parámetros económicos y financieros heredados de la dictadura, y no ha sido capaz de desembarazarse de ellos. Ya hemos intentado  dar cuenta de las determinaciones constitutivas que les dieron origen e inspiraron, así como las numerosas y regresivas modificaciones institucionales que han sido establecidas, las cuales fueron incrementadas en la década del ‘90. Todos nos preguntamos hoy si con la profundización de la brecha de desigualdad instalada y las limitaciones a la libertad y los derechos que ésta implica, es viable un funcionamiento democrático aceptable. Sin embargo, la mayor parte de la población, a pesar de manifestarse desconforme con el funcionamiento de  las instituciones y organizaciones políticas, no parece dispuesta a buscar senderos alternativos, sino muy tímida y confusamente, mediante avances y retrocesos, procesados a través de una maraña de organismos y formas culturales que oscurecen la visión y limitan las perspectivas.

Numerosos especialistas en ciencias políticas señalan como uno de los rasgos sobresalientes de la actual situación social, el distanciamiento y hasta la disociación entre la política y la economía. La utopía neoliberal, en efecto,  pretendió

“… someter la sociedad a la economía, escindir los lazos económicos de los sociales, privatizar lo público y con ello suprimir la política como arena o campo imprescindible y privilegiado en el cual construir democráticamente, de verdad, compromisos racionales y consensuados entre lo deseable y lo posible” (Bisio, 2002)

Se puede pensar, incluso, que la economía ha tomado el lugar de la política, entendida ésta como la instancia de la vida social que instituye nuevos horizontes de lo posible. Esto es, la instancia que conecta a los hombres con la construcción de futuro, lo que abarca disputas, debates, diálogos, confrontaciones, negociaciones, intercambios sobre temas diversos; la construcción de un espacio público en que se enfrentan y procesan las diferencias. Un lugar soberano de creación. En este sentido, la economía usurpó el lugar de la política, al imponerle márgenes estrechos de actuación, límites para impulsar temas, polémicas y propuestas, De tal forma, que el distanciamiento y disociación entre representantes y representados que significa el actual modelo de partidos, llega a constituir con existencia real una verdadera y minoritaria "clase política"[6], separada de las otras y, por tanto, de la ciudadanía. Ciudadanía que, a su vez, no alcanza la constitución esperada, pues el proceso de debate y construcción de interpares incide sobre y moldea al sujeto político. La participación ha sido reducida al mínimo, empobrecida,  y el espacio público presencial, devaluado y defenestrado.

Puede decirse que existen dos problemas: por un lado, la forma en que la clase política tomó tal autonomía absoluta, y por el otro, cómo se reformó el proceso de constitución de la identidad de los representados para no aceptar tal representación –en cuanto instancia de regulación simbólica y material— por pérdida de sentido de la misma.

La idea de "democracia excluyente" que desarrolla Alfredo Pucciarelli (1999 y 2002) resulta una respuesta apasionante. Esta denominación permitiría captar, según este ensayista, el estrecho vínculo existente entre las políticas neoliberares y la forma que ha tomado actualmente la democracia en nuestro país. Lo que observamos es

"… la expansión de un entramado político institucional que, acompañando la exclusión social con la expropiación y el despojo de todo aquello que constituye la identidad social, cultural y política de los actores subalternos, se transforma en un estratégico instrumento de producción de un proceso de declinación económica, decadencia social y descomposición institucional que ha venido sufriendo el país durante los últimos veinte años" (Pucciarelli, 2002).

La pérdida del sentido de pertenencia a la comunidad y la ruptura de los procesos de construcción de identidades colectivas que antes mencionamos impulsaron a la "desafección" de la subjetividad ciudadana[7]. Como este espacio no podía quedar vacío, fue ocupado por la tecnocracia, la gestión, la ingeniería social de las instituciones de gobierno, que se arrogaron la tarea de proponer y administrar el destino común desde los institutos especializados fundados y mantenidos del poder político, en sustitución de los ciudadanos desplazados de la participación directa.   

Ha sido algo paradojal, insiste el citado investigador, pues la democracia ha perdurado, se ha fortalecido y legitimado entre nosotros, vaciándose de contenido y desnaturalizando sus finalidades. También habla de la existencia de un proceso con un nuevo tipo de expropiación –“expoliación” le dice Battistini (2002), que denomina "expropiación simbólica", la cual constituye un despojo y abarca bienes materiales y conquistas sociales –algunas de las cuales ya hemos mostrado, pero que también se extiende a las esperanzas de futuro—, lo que modificó la condición social profunda de los sectores populares. Esto ha constituido una verdadera ofensiva empresarial y estatal contra las conquistas populares –destinada además a romper el tipo de matriz distributiva que caracterizaba la Argentina, por lo que Lozano (2003) entiende que “hay un cierto contenido revanchista clasista en una parte del proceso abierto…”—, la que logró prolongar los objetivos de la última dictadura militar durante el periodo democrático. "…La lógica del despojo amplía el campo de la pobreza, transforma una parte de la pobreza en indigencia y marginalidad y a la marginalidad indigente en exclusión" (Pucciarelli, 2002)

La exclusión social[8], por lo tanto, es el resultado de una producción social compleja, en la que intervienen la economía, el régimen político y el Estado. “Exclusión social” "…designa (…) a una fuerte y generalizada crisis del lazo social y por eso, se refiere mucho más a procesos y relaciones que a grupos particulares de individuos. Pero, sobre todo, no es una exclusión definida como residual sino que ahora se la considera un producto directo del propio orden socioeconómico de nuestros días". (Nun, 2000). 

Esta paradoja encuentra superación en la crisis de consenso, cuando se advierte en sectores de la comunidad la falsa representación de sus intereses y la ruptura del pacto electoral[9] que se ha consumado. Si se produce la redefinición identitaria de los representados, se inicia un proceso de resistencia (Livszyc, 2003), expresado en la movilización popular y la búsqueda de alternativas de creación de espacios públicos de participación no estatales. Pero la búsqueda de alternativas, de nuevos pactos sociopolíticos por quienes ya no se sienten representados, es una construcción lenta y sinuosa, que intenta ser evitada por la política dominante. Si ésta lo lograra, estaríamos frente a "… una nueva modalidad sumamente eficiente de generar consenso por omisión, por resignación, por impotencia y, en suma, por inanición hacia un nuevo modelo de dominación social" (Pucciarelli, 2002).

Así, operativamente, la política se “encierra” entre cuatro paredes, en las oficinas, despachos y gabinetes de especialistas, y se reduce a la oferta de candidatos en exhibición, en tanto los ciudadanos se vuelven consumidores, que dejaron de producirla, de trabajar para generarla. Y como en el consumo excluyente, en este esquema económico predominante con dominio neoliberal, sólo hay espacio para la demanda efectiva y no para todos, la que puede situarse en el mercado, esto es, para una franja reducida y selecta de la población. Al compás del mercadeo, los partidos tradicionales se convierten en "empresas políticas" –reemplazo de militantes por profesionales rentados y ñoquis, retornos y venta de servicios a lobbys, costosas campañas con financiamiento privado, despolitización mercantilizada, contrato de publicitarios y expertos marquetineros para campañas—, por lo cual la instancia deja de ser vivida por los ciudadanos y aparece como una esfera ajena. Se percibe como un ámbito de corrupción y de negociados, especialmente, cuando se observa la dependencia creciente e irresponsable del Poder Judicial de otro poder y que el Parlamento disminuye su participación en temas cruciales, para dejarlos en manos del ejecutivo, como sucedió durante la década del ’90, lo que fue puesto de relieve críticamente, incluso, por el periodismo y expertos en imagen de origen liberal que aprovecharon para subrayar sesudamente la maldad congénita del Estado y la política.

Sin embargo, se advierte que el Estado no dejó de cumplir su papel estratégico en la fijación de metas y contenidos –impulsados por los principios de la economía neoliberal—, que afectaron seriamente la vida y suerte de las personas. Se trata de una política que ha resultado "privatizada", según Pucciarelli – formas de corrupción en altas esferas y de clientelismo entre otros niveles, basadas en la mercantilización de la acción política, serían ejemplos de ello—. Por eso, afirma que la política no está vacía ni está en crisis, simplemente ha sufrido una mutación, cambiando de función y contenido: en lugar de potenciar y ordenar las luchas sociales, jerarquizándolas, busca inhibirlas, volverlas impotentes, sumergidas en la resignación y el desaliento.

El muy elaborado estudio de Pucciarelli de la democracia excluyente  puede ser matizado en una gruesa aproximación, invocando los criterios de Robert Dahl (2000) para hablar de poliarquía. La poliarquía es un sistema en el que los líderes políticos son seleccionados entre candidatos que compiten por un electorado suficientemente amplio en unas elecciones que son razonablemente honestas, esto es, sin fraudes ni manipulaciones abiertas. Dice Dahl:

 “...una poliarquía es un orden político en el que la ciudadanía se extiende a una proporción relativamente alta de adultos y los derechos de ciudadanía incluyen la oportunidad de oponerse y quitar mediante el voto a quienes ocupan los puestos más altos en el gobierno”.

¿Esto incluye la capacidad instalada por ciertos mecanismos de que dicha ciudadanía tenga la oportunidad de participar para establecer creativamente la agenda que constituye el centro de los asuntos públicos, o cualquiera de los aspectos más sustantivos que mencionamos con anterioridad? La poliarquía no es la democracia en sentido estricto, la que requiere una mayoría de población activa, contribuyendo realmente a dicha agenda y resolución de  los asuntos públicos decisorios. No se encuentra, por tanto, obstruida por algún sector minoritario. Pero cuando existe predominio de un grupo concentrado sobre las bases materiales de la sociedad de la cual se trata, que ha logrado apropiarse de los ingresos y patrimonios de las mayorías, ¿cómo se impide que ese predominio económico no se exprese como hegemonía o como dominio?

El dominio en la poliarquía se expresa en que los grupos concentrados del capital poseen un poder igual o mayor que los miembros elegidos del gobierno, dice Dahl. Así, para muchos ensayistas de la ciencia política y la teoría del Estado, la poliarquía es la forma dominante en los países desarrollados de occidente, los que se encuentran ubicados alrededor del Atlántico norte. Y tiende a extenderse a los europeos orientales.  

El poder de los grupos dominantes se ejerce a través de diversos mecanismos, unos obvios, que se visualizan inmediatamente, otros no tanto. Los primeros, los más evidentes, se conectan a cuestiones monetarias, como ser el aporte a las campañas políticas, que en algunos países hasta está reglamentado. Pero también están los aportes para el sostén de fundaciones que operan como asesorías y encuestadoras de opinión de los partidos; el apoyo publicitario o más directo al diseño y desarrollo de programas en los medios que difunden mensajes de amplia llegada y que son de interés compartido; el financiamiento de estudios sobre temas y propuestas que tienen incidencia en las agendas electorales, o bien para que se desechen algunos asuntos urticantes para los intereses fundamentales; la donación o sostenimiento de centros universitarios de estudio e investigación privados, los que a su vez sostienen escuelas medias en lugares relevantes para la constitución del capital cultural y simbólico.

Los segundos mencionados, no monetarios, resultan también muy efectivos en ayudar a formar la opinión pública y el “sentido común”. Es un arma formidable, dado que en general no requiere poner en marcha acuerdos previos, que resultan de una coordinación invisible e implícita, casi automática cuando la cultura mercantil ha logrado ser bien instalada: se trata de la denominada “huelga de inversiones” (Schweickart, 1999). Ella afecta el carácter regular y sostenido de recursos financieros, que exige el proceso de acumulación para asegurar el crecimiento económico según las ideas sembradas por el “pensamiento único”, y que puede ser amenazado por la interrupción cuando aparece un gobierno que impulsa políticas y estrategias consideradas como lesivas para los intereses dominantes.

Con mercados “libres” de controles como los que se han impulsado con el recetario que se esquematizó con anterioridad, en un contexto de globalización al infinito como el que domina el horizonte del imaginario, la “pérdida de confianza” en una administración estatal puede ser castigada con reducción, eliminación e, incluso, retirada de inversiones y actividades. Los secuaces y corifeos caseros domesticados se encargan de colocarlo en la primera plana generando pánico en la población, como ya lo hemos registrado en el caso argentino para los aspectos vinculados a la negociación de la deuda externa o los intentos de poner freno a los intereses de las empresas públicas privatizadas.  Es lo que Pucciarelli ha llamado “terrorismo de mercado”, que organizó la cultura del “imposibilismo” argentina en el concepto de la democracia excluyente que elaboró. Y que de alguna manera abreviada introduciremos.

“El terrorismo de estado confrontó a la gente con la muerte, la hiperinflación con la anomia social, la crisis de la deuda con la inequidad e injusticias sociales, la corrupción con la impotencia” (Ana Dinerstein, 1997, citada por Battistini, 2002). Podemos agregar, posiblemente, que la cultura neoliberal de la estabilidad monetaria y de la racionalidad del mercado ingresó al imaginario como fuente del bienestar y alimento del denominado imposibilismo.

El vector de estas acciones compuestas de amenazas y recompensas tiene visibles efectos sobre la “cultura económica” de amplios sectores sociales, sostenida por el cortoplacismo, la lógica rentística de los mercados financieros y el mercado de cambios. Hace que una parte amplia de componentes de la mesocracia intelectual, funcionarios públicos, directivos de asociaciones empresarias y de bancos, la plana mayor del periodismo “ilustrado” especializado, e incluso otras personas bien intencionadas bombardeadas de información,  perciban y respondan sin pensarlo, de manera casi lineal, a la manera que los intereses dominantes quieren que lo hagan. Para ello, ha calado con profundidad el pensamiento único desde  hace más de 25 años, que se constituyó en un impulsor eficaz y eficiente de estos “reflejos condicionados” en los sectores sociales que le interesa.

“... una economía capitalista se encuentra estructurada con bastante perspicacia. Mientras sus instituciones básicas permanezcan intactas, prácticamente todo el mundo tiene interés en mantener elevados los estados de ánimo de las clases dirigentes. En una economía capitalista está en el interés egoísta racional de casi todo el mundo el mantener contentos a los capitalistas” (Schweickart, 1999).

Se podrán plantear y discutir temas sobre género –si no se llega a la reproducción social—, aborto, problemas juveniles, enseñanza religiosa, migraciones, enlace de personas del mismo sexo, reformas electorales –cosméticas—, derecho a tenencia de armas, algunos temas medioambientales –cuidado, no todos, ni siquiera los de la agenda marrón—, etc., pero nada que atañe directamente a las instituciones básicas antedichas. Esto es lo que lleva a sostener que la poliarquía es viable con el capitalismo, pero que éste no tolerará la democracia. Justamente, la elección de la dupla democracia-excluyente en Pucciarelli, parece buscar ese efecto paradojal, indicando las diferencias existentes con la poliarquía  y, a la vez, planteando los términos de la tensión entrañada en nuestra sociedad. 

Numerosos estudios acompañan estas visiones interpretativas del caso argentino que venimos reseñando, para lograr conjeturas plausibles sobre la comprensión de la nueva situación que rodea los fenómenos del asociativismo y la complementan. Aparece, por ejemplo,  la noción de "teledemocracia" y la idea de "espectacularización" de la vida social. Se entiende con ellas la elaboración conceptual de que los procesos sociales imponen los sentidos y formas que asumen las expresiones mediáticas y los instrumentos interactivos, contra la noción simplista que entiende que las tecnologías de comunicación y la telemática son las que fortalecen o debilitan la democracia. Este fenómeno se relaciona con la idea de oferta política de candidatos y temas para una audiencia de espectadores que sólo consume eligiendo sobre y entre lo presentado. El sujeto pasa

“… de ser un ciudadano y un  productor a ser un consumidor, hay una privatización de las acciones, avanza la insignificancia, ya que los individuos no tienen señales colectivas para orientar su vida, hay cinismo político en el voto de la gente, ya que votan por un candidato sin creer demasiado en él y lo hacen por considerar que es el mal menor” (Franco Castoriadis, citado por Battistini, 2002)  

Por ello,

"Podría decirse entonces que la televisión favorece el desplazamiento de la política hacia la administración y el ‘marketing’, siempre y cuando no se atribuya a la imagen misma la extraña virtud de colapsar toda cadena de razonamientos sino que, por el contrario, se ponga el acento en las formas predominantes de la propiedad de los medios y la lógica económica que rige todo el sistema de comunicaciones". (Livszycs, 2003).

La crisis de representación de los partidos y, poco después, de los propios políticos, uno a uno, "…ha erosionado rápidamente los grandes márgenes de legitimidad y consenso popular con que contaba el sistema…" (Pucciarelli, 2002), tomado desde el momento en que cae el gobierno militar hasta hace un par de años atrás, el punto de inflexión que conjeturamos.

No obstante, para que la "cuestión social" ocupe el lugar donde debería haber estado desde mucho antes, hace falta que eclosionen las contradicciones insertas en las bases materiales de la sociedad, que significan la inviabilidad del "modelo" que se analizaba como imposible en sus diversas dimensiones, bajo la forma de cinco largos años de estancamiento económico con descenso del PBI mes a mes –desde mediados del 1997 a mediados del 2002—, y que se transformen en tensiones y conflictos sociales emergentes,. El "imposibilismo" cultural, que paralizaba cualquier intento de búsqueda de construcción alternativa, también salta hecho pedazos[10].

Es en este contexto que se precipita la eclosión de fines del 2001 y que surge la consigna –cuasi anarquista— "que se vayan todos", la cual posiblemente abarca no sólo a los políticos, sino a los cuadros dirigentes del sindicalismo tradicional –especialmente los llamados "gordos" de la Confederación General del Trabajo— y los directivos de las corporaciones económicas y de los bancos.

"Si el voto bronca (octubre de 2001) fue el primer indicio de la decisión de romper con el papel de espectadores, expresando su negativa de elegir representantes, esa ruptura se profundiza en las jornadas de diciembre (de 2001) en la demanda masiva: que se vayan todos" (Argumedo y otros, 2003; lo que está entre paréntesis es agregado nuestro)

Entre esta elección de octubre y los sucesos de diciembre de 2001, cabe hacer referencia al intento de construcción social llevado a cabo bajo la sigla FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza), que conjugó a diversas organizaciones populares que movilizaron a unos 60 mil militantes, con propuestas sociales y económicas basadas en elaboraciones de equipos de la CTA, entre otros. Se construyó mediante un proceso de voto voluntario en lugares públicos diversos, que alcanzó a sumar más de 3 millones de sufragios en pocos días, despertando suficiente interés en la opinión pública. Estos hechos y la fecha de diciembre del 2001, parecen marcar, subrayamos, un punto de inflexión en la historia social y política contemporánea del país.

“… el año 2001 fue un año muy importante en términos de la movilización social y política en Argentina. Es un año en el que se manifiesta otro contenido importante de la crisis: la existencia de una crisis de hegemonía del bloque dominante. Se observan, a partir del 2001, dificultades muy concretas por parte del bloque dominante para reproducirse bajo condiciones elementales de consenso.” (Lozano, 2003)

Pero además,

"El carácter de estas protestas indicaría que la crisis de representatividad de los partidos y de los sindicatos tradicionales no se debe a una falta de interés en la política, sino a un duro rechazo hacia la acción de los supuestos representantes, a los dobles discursos, a la corrupción, a la impunidad y a las prácticas en las que la sociedad sólo participa durante las contiendas electorales -optando casi siempre por el mal menor- sin que esa participación tenga una real incidencia en la toma de decisiones sobre los problemas que la afectan" (Argumedo y otros, 2003).

Se ha mencionado como hipótesis que la política tiene constitutivamente una "dimensión de desborde", que la asocia a los movimientos sociales que intentan asumir aquello de lo que la política convencional no se hace cargo. Según esta visión, la no representatividad de los partidos y el vaciamiento de la ciudadanía que hemos mencionado generaron en ese momento, un traslado de componentes políticos hacia los movimientos y emergentes sociales, especialmente los vinculados al mundo del trabajo. Se registran al respecto una amplia variedad de actores sociales –como por ejemplo, piqueteros, asambleístas barriales, trabajadores de fábricas recuperadas, prosumidores de redes de trueque, organizaciones de ahorristas expropiados, asociaciones barriales voluntarias, campesinos y microproductores agrarios—, algunos de los cuales intentaron plantear plataformas reivindicativas definidas como no políticas y otros, en cambio, rebasaron hacia nuevas formas de hacer política, intentando superar la crisis de representación partidaria, creemos,  por la vía de la anulación de la misma.  “Todo este proceso de movilización política se vio conducido y vinculado a organizaciones sociales o a experiencias políticas que no tienen que ver, ni están subordinadas a las estructuras de poder económico y político tradicionales” (Lozano, 2003).

También se mencionan en los niveles regionales y locales, la reactivación y aparición de asociaciones voluntarias que surgieron rechazando el clientelismo partidista tradicional. Pusieron en práctica acciones fundadas en relaciones solidarias que no necesariamente tenían que ver con maneras de promoción de la participación política, ni con actividades que implicaran para todos que de dicha solidaridad pudiera desembocar en alternativas de ese nivel. Hubo una afirmación de la democratización de la vida social, pero no de la política.

"Durante los 90´ se crean ONGs y fundaciones. En esta perspectiva se impulsa el desarrollo de ONGs que funcionan de mediadoras entre los sectores carenciados y el gobierno, para llevar adelante la gestión y administración de los programas sociales focalizados, con financiamiento internacional. Las asociaciones civiles y las ONGs conforman el llamado Tercer Sector y reivindican su carácter apolítico, centrando sus actividades en acciones comunitarias destinadas a paliar las carencias cotidianas en especial de alimentación, salud y educación. Al estar dedicadas básicamente a tareas de asistencialismo, estas organizaciones resultaban funcionales al modelo económico en tanto tendían a descomprimir las tensiones generadas por el deterioro social; y los reclamos sociales se van desvinculando de la actividad política, que aparece como privativa de los representantes partidarios transformados en profesionales y especialistas. Pero la agudización de la crisis incrementa las necesidades y gran parte de estas asociaciones fueron encontrando límites en una acción orientada puntualmente a paliar las carencias cotidianas y se plantean la necesidad de articular redes con otros agrupamientos comunitarios en la búsqueda de soluciones más integrales." (Argumedo y otros, 2003)

En los casos antes enunciados, como en estos últimos, es evidente que el lugar, el territorio de la protesta, el barrio y la localidad cumplen un papel definitorio. Es más, en el caso de los piqueteros, se ha mencionado la denominación de “sindicatos territoriales”, por oposición a los clásicos sindicatos sectoriales y por rama, discusión que es dable encontrar por ejemplo, tanto en Brasil como en Francia (Cattani, 2004, Alonso, 1999).

Las perspectivas del empleo en el contexto del esquema actual

¿Qué perspectivas existen de que el crecimiento económico argentino, en un plazo no muy extenso y por los procedimientos y mecanismos tradicionales, resulte capaz de morigerar la actual situación de desocupación, subocupación y precarización laboral, contribuyendo a un funcionamiento  socialmente sostenible? Numerosos especialistas se han formulado esta pregunta. Y numerosos especialistas han respondido que salvo tasas de crecimiento muy altas y continuas, resulta difícil creer que pueda alcanzarse el equilibrio social sostenible en una década (Abramovich y otros, 2004). 

Los nuevos frutos asociativos de las asambleas barriales

Las asambleas barriales, como parte de los movimientos sociales emergentes han influido, no únicamente en el campo de lo político o de la experiencia social participativa,  sino, para nuestro entender no menos interesante, en la orientación hacia el descubrimiento de la viabilidad de construcción de nuevas formas económicas y comunitarias  que van a extender posiblemente su historia hacia el futuro.

Como resultado de discusiones e intercambios de ideas en algunas de ellas, surgió la propuesta de orientarlas hacia el desarrollo de formas asociativas que se insertaran en una economía alternativa. Incluso, planteando un logo propio con la marca “economía solidaria” en varios casos. Algunos participantes se separaron, pues no se interesaron en estas ideas que entendían un abandono de la política; otros se quedaron para formar los "grupos de afinidad" y, a partir de la práctica de las compras comunitarias –en enero de 2002—, el experimento del trueque y la ocupación de inmuebles abandonados –desde mediados de 2002—, el apoyo a cooperativas cartoneras y las ferias artesanales, la relación con microemprendimientos y fábricas recuperadas, descubrieron la posibilidad de integrarse a los circuitos y redes de producción y circulación de bienes y servicios de la economía social y solidaria (Quintar, 2003). Posiblemente la experiencia "de la Panadería del Borda" o de las clínicas recuperadas fue importante en este sentido.   

Por supuesto, las ideas centrales sobre la posible construcción comunitaria de una economía alternativa, fueron traídas, según entendemos, por profesionales y universitarios de los barrios pertenecientes a las clases medias y medias bajas, que participaban en los movimientos originarios. 

Aquí vamos a dar cuenta de dos casos –aunque mencionamos otros— entre los más conocidos  que se localizan en la Ciudad de Buenos Aires: la Cooperativa La Asamblearia del barrio de Núñez y la asociación La Trama de la Asamblea de Palermo Viejo.

La Asamblearia es una cooperativa dedicada a comercializar bienes producidos por emprendimientos populares de la protoeconomía social y solidaria, que son elaborados en empresas autogestivas, cooperativas campesinas, asociaciones de artesanos o microempredendores y fábricas recuperadas. Surgió de los encuentros de vecinos de dos barrios de la ciudad, Nuñez y Saavedra, alentados por los principios del comercio justo o intercambio solidario (Cattani, 2004), vale decir, basados en la compra-venta de productos que respetan la sustentabilidad medioambiental y el consumo solidario, los valores transparentes, las formas organizacionales democráticas, que son elaborados en procesos de trabajo en que se respetan las normas laborales que se atienen a los derechos del trabajador, etc.  

“Sin esperanzas ilimitadas, pero con las suficientes, comenzaron a aprender sobre alimentos, sobre su elaboración, distribución y comercialización, hasta que se les hizo visible la asombrosa idea de que podían intentar poner en red a toda esa cadena a través de una cooperativa (como ellos dicen con sorna en el documento original de presentación), limitada”.

Esos productos pueden resultar, en muchos casos, algo más caros que los que ofrece el mercado convencional, pero su materialidad es portadora de justicia y equidad frente a la humanidad y la naturaleza. Pagar un poco más por el producto es como afirmar: “apuesto a que apoyo solidariamente el trabajo (o doy ocupación) de alguien que cree y defiende mis principios”.

Dichos principios son los sostenidos desde hace muchos años por los fundadores del cooperativismo y la Acción Cooperativa Internacional (NN.UU.), ahora renovados: sin fines de lucro, ingreso de socios irrestricto, sin diferencias de ningún tipo –sexo, raza, credo, etc.—, democracia en la toma de decisiones a través de asambleas sin privilegios para ningún asociado, colocación de productos de generación “social y solidaria”, difusión de propuestas de economía social y solidaria.

Otra diferencia de esta cooperativa, como administración, es su transparencia económica: "La apuesta a una gestión popular económica en el contexto capitalista, para que vaya siendo asumida por cada vez más personas, debe tener criterios muy estrictos de transparencia". (documento de presentación citado)

La forma de la cooperativa fue otro tema de debate arduo. Se resolvió integrarla como cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo:

"A diferencia de una cooperativa de trabajo, así pueden participar los que trabajan, y también los que no vamos a estar con un trabajo específico con horario, pero sí con trabajo voluntario (...) Para los que la creamos, es importante que esta cooperativa esté al servicio de la Economía Solidaria".

“(…) ¿Cómo es la organización social de esa producción? Hay cooperativas, hay cooperativas medio truchas, y hay productores que son empresarios capitalistas. Nosotros buscamos a los que contienen un proyecto de gestión social más interesante, que por lo general tienen origen en comunidades cristianas de base." (documento citado)

La cooperativa La Asamblearia con 150 socios, que obtienen descuentos especiales, tiene un local alquilado donde exhibe los productos, pero también coloca los mismos a través de algunos comercios pequeños dispersos; además tiene convenios al por mayor con comedores populares municipales y un equipo de vendedores callejeros. Los valores de venta de los bienes incluyen costos que contemplan los gastos de estos vendedores y los sueldos de las personas que atienden al público. Por otra parte, han solicitado un subsidio para enfrentar los gastos de alquiler. En ese mismo local, se realizan actividades culturales y sociales, entre ellas, talleres y cursos de capacitación vinculados a la difusión de la economía social y solidaria. El propio Foro Social Mundial –capítulo Buenos Aires, dedicado en el año 2004 a la economía social y solidaria— ha realizado encuentros en el lugar.

Arrancaron con 50 socios en junio del año anterior y un grupo de productos: huevos agroecológicos, sin hormonas, antibióticos ni contaminantes, empollados en cooperativas de Florencio Varela; pollos  verdaderos,  que son criados naturalmente y tienen un inesperado gusto a pollo;  yerba Tietrayjú del Movimiento Agrario Misionero, cuyo nombre está formado con las palabras “tierra”, “trabajo” y ”justicia”; carbón del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero); verduras orgánicas –que también tienen la rara cualidad de ser verdura verdadera—; pan francés; budines, bizcochos de grasa y prepizzas de empresas recuperadas; toda clase de embutidos, quesos y muzzarella  de una flamante cooperativa; tapas de empanadas y de pascualina; grisines de otras firmas recuperadas; envases plásticos fabricados por otra cooperativa; calzado, alpargatas, pañales, trapos de piso, dulces y una multiplicidad de productos –algunos decididamente artesanales— realizados por socioemprendedores. En esta cooperativa, no utilizan el término "microemprendedores", porque sus proyectos están sintonizados con la idea de economía social y porque consideran que "micro" parece hacer alusión a capitalistas enanos o jibarizados. Ahora, se intercambian más de dos docenas de tipos de bienes.

Todos estos participantes del proyecto funcionaron sin crédito, que no existe en la Argentina. "Como pensamos que nuestra idea es perfectamente sustentable y razonable, cualquier banquero honesto nos debería dar un crédito. Pero no hay. Ni crédito ni banqueros honestos, pero sobre todo crédito." (del documento citado)

Además, los integrantes de esta plataforma asociativa, sostienen: "Queremos salir de la pura práctica que es común en el movimiento social, y generar un conocimiento que sea aprovechable para la construcción de otras experiencias". Su problema principal de sostenibilidad se vincula a la necesidad de un local, pues el que utilizan es alquilado.

La asociación La Trama de la Asamblea de Palermo Viejo ha tenido otro tipo de problemas en el desarrollo de un plan similar. Para ello, ha recorrido un largo trayecto de foros y encuentros, en que se discutieron las bases del proyecto y las maneras de encararlo. Vamos a dar cuenta de algunas etapas de este proceso, que implicó la inserción de diversas organizaciones sociales, originadas en movimientos políticos, volcadas a la construcción de formas asociativas de economía social y solidaria.  

Desde enero del 2002, los vecinos de Palermo Viejo se organizaron para intentar construir colectivamente otros modos de habitar el barrio. Desde los debates y discusiones, las manifestaciones y las acciones de protesta, las charlas-debate, los espectáculos, las actividades solidarias, los proyectos en conjunto con otras asambleas y organizaciones sociales, la Asamblea de este barrio ha venido construyendo, lentamente pero con convicción, vínculos alternativos y de cooperación entre los vecinos.

En este sentido, la organización y desarrollo de “La Trama”, realizada en mayo del 2002, es el mejor ejemplo del objetivo de la Asamblea: recomponer en el barrio los lazos sociales, culturales y productivos, a la vez que brindar un lugar social para la exposición y salida de numerosos productos de centenares de asociaciones y empresas sociales que intentan articularse.

La idea ha sido llevar adelante una plataforma de intercambio y vinculación como base del proyecto de economía social y solidaria en la nave central del predio recuperado por la Asamblea de Palermo Viejo, en cuyo fondo y calles laterales realiza actualmente sus actividades. Dicho predio, ubicado en el corazón del barrio, en la calle Bonpland  (entre Honduras y Gorriti) es un ex Centro de Abastecimiento Municipal (CAM) subutilizado y con gran parte de su superficie en mal estado y abandonada durante las últimas décadas.

La Asamblea ha presentado ante el Gobierno de la Ciudad un pedido de declaración de patrimonio histórico, como un paso en el proceso de reforzar el carácter público y fuertemente identitario del mercado. Dicho gobierno ha cedido de manera parcial el uso del predio, lo que no resulta suficiente para un proyecto integrador, por lo que continúan las gestiones al respecto. A la vez que resignifica ese espacio con prácticas comunitarias, solidarias y cooperativas, el predio se constituye en un centro de condensación e inclusión social en donde expresar opiniones, interactuar constructivamente y satisfacer las necesidades más cotidianas. Asimismo, la Asamblea de Palermo Viejo –que cuenta con numerosos profesionales— ha iniciado su reconstrucción material, ya que se encontraba en condiciones de alta degradación. Como un ejemplo de la colaboración de trabajo manual e intelectual, podemos señalar que la obra es realizada en conjunto con un emprendimiento cooperativo de servicios de construcción del M.T.D. de La Matanza.

Desde sus inicios, la Asamblea de Palermo Viejo buscó formas activas y solidarias de intervención ante la necesidad de enfrentar la crisis económica, social y cultural (Fernández y otros, 2003) [11]:

§         Se organizaron compras comunitarias, acciones directas en los supermercados bajo la consigna “Aumento de Precios = Aumento de la Pobreza”, un proyecto de nodo de trueque y campañas contra de los aumentos de tarifas de empresas privatizadas.

§         En La Trama 2002 –encuentro entre cultura y política—, el primer Foro de debate sobre Economía Solidaria se centró en las experiencias de los clubes de trueque, de las ferias francas y de cooperativas de recolección de residuos. Uno de los resultados de esta Trama fue la concreción de la Feria de Artesanos que se realiza semanalmente.

§         La recuperación de la parte posterior del mercado en octubre del 2002 permitió la creación de la mencionada Feria de Artesanos nocturna y el intento de desarrollar microemprendimientos. Se buscaba generar un espacio de producción y comercialización autogestionado.

§         Se realizaron  talleres formativos a cargo de artistas y artesanos del barrio –Pintura, Música, Confección de instrumentos, Cartapesta, Fotografía, etc.—

§         En el Plenario de Asambleas Autónomas[12], se conformó una comisión de Economía Social y Solidaria y se dio estímulo al desarrollo de experiencias conjuntas. Durante varios sábados consecutivos, se realizó una feria de exposición y venta de productos de empresas sociales –fábricas recuperadas, emprendimientos de asambleas y movimientos de desocupados—.

Las experiencias y conocimientos elaborados en este proceso, y las articulaciones y redes encaradas, permitieron convocar a un Foro de Economía Solidaria[13] con el “objetivo de intercambiar las experiencias de economía alternativa… y debatir la instalación de un mercado de distribución y venta de productos (de emprendimientos sociales)”.

En el 2º Foro de Economía Solidaria, realizado el 16 de agosto, las organizaciones alcanzaron consenso sobre el proyecto preliminar y avanzaron en la discusión acerca de su implementación. Se decidió hacer la presentación del plan al barrio, en el contexto de “La Trama 2003, re-construyendo espacios”. Es interesante detallar cómo entiende una economía alternativa este colectivo. En el documento resultante se fijan, entre otros, los siguientes objetivos:

“Generar las condiciones necesarias para establecer nuevas relaciones sociales en los ámbitos de la producción, la circulación y el consumo. Constituir, a partir de la articulación entre distintos sectores y experiencias sociales, un espacio de cooperación productiva que responda a las necesidades del barrio y que se enmarque dentro de los principios básicos de la Economía Solidaria, es decir, en una búsqueda teórico y práctica de formas alternativas de hacer economía basadas en la solidaridad y el trabajo”. 

Se sostiene que ello se alcanzará por medio de:

§         Crear un espacio físico de comercialización, exposición y promoción de la producción autogestiva llevada a cabo por organizaciones sociales, movimientos de trabajadores desocupados, fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores, asambleas barriales, microemprendedores autogestionados, cooperativas de trabajadores, pequeños productores orgánicos, entre otros.

§         Fomentar la comercialización de los distintos productos y servicios que se ofrezcan bajo las normas del comercio justo, es decir, aquel en el que los precios no están determinados por el mercado, sino por un acuerdo al que llegan productores y consumidores, y que reconoce tanto el valor del trabajo insumido en la producción y distribución de los artículos como las posibilidades de pago que tienen los vecinos.

§         Promover la necesidad e importancia por parte de los vecinos de un consumo responsable o solidario mediante campañas de concientización y difusión.

§         Impulsar la creación de normas de certificación social y ambiental para la regulación de todas las prácticas comerciales.

§         Promover la participación directa de los vecinos del barrio en el proceso de construcción de formas alternativas de intercambio económico.

§         Fomentar la autogestión colectiva y la asociatividad de los propios vecinos en torno a soluciones y respuestas a sus distintas necesidades económicas, de modo tal que se generen redes solidarias de intercambio.

§         Generar un ámbito de sociabilidad e intercambio cultural en donde se promuevan los valores de la solidaridad y la cooperación.

§         Desarrollar actividades de capacitación e información sobre la producción autogestiva, el comercio justo y el consumo responsable.

§         Aprovechar el perfil de un sector comercial del barrio, el del Diseño y la Gastronomía, para impulsar emprendimientos  sociales relacionados con dichos rubros.

Con posterioridad, el 21 de septiembre, en el contexto de “La Trama re-construyendo espacios”, se realizó la primera experiencia del “Mercado Social Solidario” en el predio de Bompland, ocupando ambas calles laterales con puestos de 45 microemprendimientos de 20 organizaciones participantes en el proyecto. Se decidió instalarlo con regularidad semanal, a fin de poder avanzar a partir de la práctica en definiciones más acabadas acerca del modelo de gestión a adoptar, las formas de organización, la generación de confianza y el desarrollo de asociatividades. Cada experiencia era evaluada, de manera de corregir rumbos y afinar acuerdos en un proceso participativo amplio. El acuerdo para implementarlo implicaba:

§         Fortalecer los vínculos entre productor y consumidor en torno al concepto de consumo responsable: conocer a quién se compra, cómo se producen los bienes, a quiénes beneficia esa compra, si se afecta el medio ambiente –o sea, a todos—, etc.

§         Tomar decisiones por consenso en plenario de participantes. 

§         Trabajar la dimensión cultural: cambiar hábitos y prácticas cotidianas. La capacitación, la reflexión y evaluación de cada experiencia son componentes fundamentales para el desarrollo de alternativas, evitando la reproducción de las prácticas del modelo hegemónico.

§         Definir un perfil claro y diferenciado para el proyecto y construir una identidad compartida entre productores, consumidores, barrio en el que se inserta, etc.

§         Reivindicar la cultura del trabajo frente al lucro y la reproducción del capital. Priorizar la relación social, a partir de nuevas prácticas en la producción, la distribución y el consumo que aseguren relaciones sin explotación, sustentables social y ambientalmente, centradas en satisfacer las necesidades humanas.

§         Adoptar un enfoque no restringe la economía solidaria a una economía de subsistencia o de resistencia, sino a una economía transformadora. Las sociedades se construyen a partir de las prácticas y de las relaciones, por lo que la economía solidaria no sólo implica nuevas relaciones económicas, sino fundamentalmente nuevas relaciones sociales y culturales. Instalar nuevas relaciones implica construir una nueva sociedad.

§         Priorizar lo colectivo, lo comunitario, lo público, en la búsqueda de articular lo que hoy está desvinculado. Construir redes de productores, de consumidores,  que trascienden lo barrial y local.

§         Utilizar el concepto de precio justo para asegurar la accesibilidad al producto, pero fundamentalmente la no explotación en el proceso de producción y la distribución equitativa del excedente.

§         Promover un espacio dinámico: prever la incorporación de nuevos emprendimientos, a medida que vaya creciendo el proyecto, pensándolo siempre como un espacio dinámico, y no cerrado y congelado.

§         Favorecer el avance progresivo y la evaluación permanente: fijar metas y etapas de instalación gradual del proyecto en el barrio y, a su vez, repensar cada paso incorporando el aprendizaje y la experiencia adquirida, detectando las dificultades que supone, reajustando  internamente las diferencias.

§         Comunicar el proyecto –visibilidad—, pero a la vez indagar en las necesidades del barrio.

§         Dar importancia  a la capacitación y la asistencia técnica para optimizar el desarrollo de cada microemprendimiento. “Nos va bien a todos si le va bien a cada parte del proyecto”.

§         Respetar la identidad: aprovechar el valor identitario y patrimonial del mercado, por su ubicación, y significación en el barrio.

Es importante señalar que la articulación entre organizaciones no se ha restringido al ámbito barrial, sino que se propuso ampliar los intercambios a niveles regionales; varios de los emprendimientos se localizan en el conurbano bonaerense. También se han realizado contactos con espacios similares en el interior del país, como por ejemplo: el Mercado Solidario de Rosario, la Sociedad Obrera de Desocupados de Santiago del Estero –productores orgánicos—, la red de productores de San Rafael, Mendoza, las Equisferias de la ciudad de Paraná, los proyectos del Mercado Vélez Sarsfield –gestión privada—, Gurruchaga –gestión asociada—, Córdoba y Rodríguez Peña –propuesta asamblearia— en el ámbito de la ciudad.

Como promotora, organizadora y difusora del proyecto, la Asamblea de Palermo Viejo convocó a vecinos, organizaciones sociales, emprendimientos autogestivos y empresas sociales a participar en la concreción del mismo. Las organizaciones participantes fueron numerosas y no es posible citarlas todas aquí.

Desde marzo de 2004, con la colaboración de especialistas del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (ICO-UNGS),  se implementó el proyecto de inversión y organización de esta asociación civil, la que ha decidido no solicitar su inscripción cooperativa. Los temas a enfrentar resultaron ser:

§         Desarrollar un proyecto integrado por la vinculación colectiva de los microemprendimientos, por la identificación de los productores y consumidores con la filosofía del proyecto y los objetivos perseguidos.

§         Desplegar alternativas solidarias de financiamiento en pos de la sustentabilidad de los emprendimientos: impulso de una caja solidaria u otras formas alternativas para el apoyo financiero de los microemprendimientos.

§         Avanzar con el conjunto de actores de la economía social en la definición de marcos normativos adecuados.

§         Diversificar la producción y la complementariedad de los microemprendimientos, que supone tener una amplia oferta al vecino pero también ORGANIZARSE y ASOCIARSE entre los productores del mismo rubro para producir una mejor respuesta y también para conseguir ventajas –por ejemplo, en la compra colectiva de insumos, en la venta colectiva u asociada, minimizando las horas hombre puestas en la comercialización, etc.—

§         Mejorar las cadenas  productivas, articulando redes de proveedores de insumos y redes de consumidores.

§         Poner en práctica una “salida al barrio”, que permita incorporar a los vecinos al desarrollo del proyecto y tener en cuenta las necesidades reales de los mismos. Desarrollar un plan de comunicación y concientización sobre la economía solidaria que permita aumentar la demanda de este tipo de productos.

§         Resolver cuestiones jurídicas, legales e institucionales: falta de formas jurídicas que se adapten a este tipo de experiencias y de políticas públicas orientadas al sostenimiento de las mismas.

§         Realizar un seguimiento y evaluación de los emprendimientos, que permita establecer claramente las necesidades de cada uno -financieras, espaciales, humanas, técnicas, etc.—, la posibilidad de articulación entre los mismos y la realización de diversas actividades de capacitación.

§         Desarrollar las múltiples articulaciones que han surgido con organizaciones y experiencias similares en el interior del país.

§         Desarrollar algún tipo de sello solidario o certificación social, que permita relacionar directamente los productos con la identidad y la cultura que se pretende promover.

§         Estudiar la pertinencia del desarrollo de una moneda social o de cambio.

§         Analizar y desarrollar más intensamente la potencialidad real de este proyecto en términos de articulación con distintos sectores y organizaciones sociales que ya cuentan con experiencias de este tipo.

Existen otros intentos de realizar emprendimientos de economía popular derivados de las asambleas barriales; algunos han participado en la convocatoria de La Trama de Palermo Viejo, como la de Villa del Parque, la de Scalabrini Ortiz y otras. Una de ellas, la Cooperativa Popular 7 Esquinas, se encuentra ubicada en un inmueble en la confluencia de los barrios Floresta, Villa Luro, Parque Avellaneda y Mataderos, en la Avda. Alberdi al 4900, y también fue un antiguo mercado comunitario. En mayo de 2003, el lugar fue "recuperado" para el barrio por la cooperativa, formada por vecinos de las asambleas con apoyo de otras organizaciones sociales. Allí, se encuentran diversos puestos de alimentos frescos y envasados, se dictan talleres y clases de apoyo escolar, funciona un merendero para niños del barrio, se desarrollan actividades culturales, etc. El predio está en litigio con una empresa que reivindica la titularidad del mismo y los vecinos de la cooperativa solicitan el apoyo del gobierno local y del INAES para hacer frente a una hipoteca pendiente. 

Las empresas en cenizas: efectos y problemas de su revitalización

El tema de las empresas recuperadas es de gran interés. Tenemos que aclarar, no obstante, que no hemos realizando una investigación en equipo o personal sobre las mismas. En cambio, hemos participado como organizadores en una reunión orientada a evitar la dispersión y superposición de esfuerzos, así como en impulsar la formación de una red de apoyo técnico a tales experiencias[14]. En consecuencia, aquí nos apoyaremos en estudios y ensayos de otros investigadores.

Al examinar las bases materiales de la sociedad, hemos señalado las condiciones económicas y financieras en que se desenvolvió el país en los últimos años, con la caracterización de la política económica ejecutada. También, las consecuencias sociales y laborales que ello deparó.

Ahora, puntualizaremos algunas ideas respecto de la situación de la actividad industrial, que parece necesario retomar y ampliar para comprender mejor el fenómeno de lo que ha sido denominado como “empresas recuperadas y autogestionadas” por los trabajadores. Recordemos que la ocupación industrial se redujo en un 35% durante la década del `90 –más de 300 mil puestos de trabajo—, aunque la producción se incrementó un 20%. Esto significa que hubo un fuerte aumento de la producción sectorial y de la productividad con baja de creación de puestos laborales, y que no se reflejó en los salarios, sino todo lo contrario, por lo que se registró una fenomenal transferencia de recursos –aumento de la intensidad y extensión de la jornada—, desde el trabajo al capital concentrado. Pero a la vez,  sólo 100 empresas arrojaron el 50% de la producción, mientras esta enorme concentración tenía como contraparte el cierre de miles y miles de pequeños y medianos establecimientos sin que se hiciera nada al respecto (Kulfas, 2003).

En paralelo, se redujo el mercado interno por la contracción de la demanda en función de la distribución regresiva del ingreso, y los servicios públicos privatizados –en manos de intereses extranjeros— importaron mayor cantidad de bienes e insumos que cuando estaban en manos del Estado, que compraba a la industria del país. En este contexto es que se produjo el colapso y quiebre de numerosas firmas de manufacturas, lo que impulsó la aparición del fenómeno de la recuperación de empresas por parte de los trabajadores. Tales empresas se hallaban en situación de quiebra, convocatoria de acreedores, o bien fueron directamente abandonadas por sus propietarios, incluso, sin haberse llevado a cabo el cierre formal del o los establecimientos que poseían.

La decadencia de las firmas fue precedida por un largo período de crisis en que se produjeron disminuciones de los niveles salariales, la falta de pago de aguinaldos, la  utilización de pago con vales, el incumplimiento de los aportes previsionales –aunque hubieran sido retenidos a los empleados—, la realización de horas extras sin retribución, etc. Esto es, una ruptura de los contratos de trabajo y un aumento creciente de la precarización de hecho, lo que fue aceptado por los trabajadores en función de retener el puesto y evitar quedar desocupados.

Cuando las circunstancias llegaron al límite, algunos obreros y empleados –no todos—, que estaban en una situación a veces desesperada, pues eran ya los principales damnificados y acreedores parciales –también lo eran la banca oficial, que había arriesgado créditos, y los organismos recaudadores de tributos y aportes provisionales, como mayores acreedores financieros—, se organizaron de manera relativamente autónoma para tomar a su cargo la producción “a como dé lugar”. Trataron de negociar y establecer con los clientes y proveedores acuerdos que les permitieran seguir operando, manteniéndose en la cadena productiva. En lo que se refiere a sus ingresos como trabajadores, la mayoría de las veces, afrontaron sacrificios enormes, con reducciones de los salarios percibidos a niveles de subsistencia. Y se lanzaron a la aventura de ser reconocidos y ubicar formas asociativas que les permitieran seguir la tarea, buscando protección legal transitoria y definiendo algún régimen jurídico para estabilizar su situación (Palomino, 2002).  

En ocasiones, se habla de 178 empresas recuperadas; a veces, de 140; y otras, se presentan listados donde suman 127. Lo mismo sucede con el número de trabajadores empleados en ellas, que oscila entre los 10 y 12 mil, según  las fuentes que se tomen como referencia. Hay autores que sostienen que se tiene la seguridad de que existen otras experiencias no relevadas.

En realidad, no todas las empresas recuperadas son manufactureras, pero constituyen la enorme mayoría del conjunto. Si se suma a las industriales algunas comerciales, de transporte y de servicios, se completa el total. Total que, por otra parte, sufre modificaciones, sea como consecuencia del registro diferenciado que ofrecen distintos autores y el propio movimiento que las agrupa, como de otros procesos de conflicto y ocupación que a veces no son considerados aún como verdaderas recuperaciones de carácter autogestionario. Los sectores más perjudicados por el cierre abarcan en buena proporción a las industrias que se caracterizan por ser mano de obra intensivas, situación que provoca la expulsión del mercado de trabajo de grandes cantidades de personal calificado con acentuada cultura obrera y experiencia en oficios (Sancha, 2002).

Considerando los aspectos sectoriales de las empresas recuperadas o en proceso de serlo, se observa que abarcan una amplia gama de actividades, pues cubren establecimientos dedicados a la metalurgia y fundición –alrededor del 25%—, material gráfico (6%), minería, vidrio y cristal (5%), alimentos y bebidas (8%), maquinaria y aparatos eléctricos (8%), materiales para la construcción (6%), textil y vestimenta (5%), vehículos y sus partes, química y cosmética, maquinaria agrícola y otros[15]. En lo referente al tamaño, la exclusividad es detentada por las pequeñas y medianas empresas. Las de mayor tamaño, en términos de personal ocupado, son dos empresas frigoríficas –aproximadamente, con 480 y 250 trabajadores—, una fábrica de tractores (240) y otra de cerámicas (270). Surge de los relevamientos que el número de trabajadores de estas empresas ya había disminuido sensiblemente en el momento de inicio del conflicto que llevó a la recuperación, por el propio desmantelamiento sufrido por la actividad en el proceso que culminó en su crisis –se redujo en un 40%, según encuestas—. Las ramas más afectadas al respecto, con dotación de personal reducido a la cuarta parte, fueron la metalúrgica, la frigorífica y la textil (Arévalo y otros, 2003).

Se puede definir empresas recuperadas por los trabajadores, como “… aquellas empresas que abandonadas por las patronales, o en proceso de vaciamiento, quiebra o cierre, han sido ocupadas por sus trabajadores y puestas a producir por los mismos” (Martínez y otros, 2002). Sin embargo, aquí no se especifica nada acerca de la temporalidad de la acción, que puede ser con alguna posterioridad al naufragio o abandono de la empresa. Tampoco se dice nada con respecto al sector de actividad ni de la forma jurídica. Por ello, esta definición incluye a las plantas que estaban cerradas desde hace tiempo y fueron ocupadas y puestas a producir por grupos de desocupados. También, a las que dieron una nueva orientación a la producción o iniciaron actividades adicionales. En todos los casos, se requiere la puesta en producción para incluirlas dentro del grupo y, en esa situación, según estimaciones de fines del año 2003, se encontraban alrededor del 70%. Esta condición, lógicamente, es un elemento que hace diferenciar el número total de empresas que se contabiliza.

En lo que hace al peso de la cantidad de empresas recuperadas, resulta válida la opinión de Palomino (2002), quien señala que la repercusión social y aceptación del movimiento que protagonizaron los trabajadores de estas empresas no se relaciona con la magnitud del fenómeno, sino con sus dimensiones simbólicas. Esto significa que ha tenido efectos sobre los aspectos cualitativos, pues ha incidido sobre el sistema institucionalizado de relaciones laborales y ha proporcionado a los trabajadores una nueva herramienta de presión y negociación, golpeando a la vez la ideología de “gestión de la resignación”, como la llaman Fajn y otros (2003). Efectivamente, ha repercutido sobre las expectativas sociales al proponer una solución original, distinta, para los afectados por el peligro del desempleo y el desempleo efectivo mismo. De esta manera, los trabajadores bloquearon un instrumento fundamental del golpe de mercado, pues los empresarios ya no pueden apelar fácilmente a la “huelga de inversiones” y al lock out patronal, o ven limitada la posibilidad de utilizar la amenaza de cierre del establecimiento como instrumento de miedo.

“El sindicalismo tiene un área de defensa de los trabajadores, pero cuando cierran las fábricas se terminó, no hay huelga ni medida de fuerza que valga. Ahí aparecemos nosotros.” (Héctor Garay, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, citado por Stancanelli, 2002)  

Además, a pesar del generalizado reconocimiento de que se estaba inicialmente frente a una salida defensiva por parte de los trabajadores,  el hecho de dar respuesta al problema social de la desocupación por esta vía ha sido una solución que involucró una redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo, y puso en discusión la vigencia irrestricta del derecho de propiedad, por lo que avanzó más allá de las dimensiones culturales, afectando el sistema institucionalizado de vínculos socioeconómicos.

”El debate generado a partir de los conflictos destrabados por los trabajadores, plantea un enfrentamiento entre los conceptos de legalidad y legitimidad. La ocupación de las empresas plantea un desafío al derecho de propiedad, pero a su vez, reclama en el marco de la legitimidad el derecho al trabajo” (Fajn y otros, 2003).

En la mayor parte de los casos, se puede identificar algún tipo de responsabilidad de parte de los propietarios originales en el derrotero negativo seguido por las empresas. En algunos, se trató de decisiones desafortunadas o erróneas, aunque eran bien intencionadas y sin objetivos de dolo. En otras, fueron disposiciones vinculadas a lógicas de vaciamiento o de intentos de alcanzar una salida rápida de un negocio que se venía abajo. Por último, hay firmas en que se llegó a una situación límite porque el dueño resistió, pues no estaba dispuesto al estigma de ser un “quebrado” o un empresario fracasado. En el 90% de los casos, los primeros en desconocer las normas legales respecto a los derechos de sus trabajadores y otros acreedores fueron los propietarios.

“Entre los sectores empresariales se instaló la idea de desregulación legal y moral, construyendo una especie de ’habitus de la impunidad’, en la que muchos empresarios despreciaban las cuestiones más elementales en el cumplimiento de la ley. Sólo desde ese  supuesto clima social de inmunidad en el que estaban insertos y de una profunda anomina, puede entenderse el conjunto de prácticas fraudulentas que muchos desarrollaron” (Fajn y otros, 2003).

En consecuencia, y aunque parezca obvio, esta respuesta de las empresas recuperadas para el resguardo de los puestos de trabajo, en un contexto económico como el indicado, no responde a un proceso de ofensiva de los sectores populares intentando apropiarse de grandes fábricas o firmas en estado normal de producción y desenvolvimiento, aunque por momentos, el discurso de algunos representantes y organizadores de las nuevas formas asociativas que surgieron se tiñan, ante la evidente injusticia, de un tono contestatario y combativo. 

Cada recuperación lograda implica un conflicto previo –se calcula un promedio de seis meses de duración—. Incluso, podemos reconocer etapas en el desarrollo del mismo: 1) la génesis: básicamente, cuando el pago de haberes se atrasa y se produce de manera discontinua, todos se dan cuenta de que existen problemas de insolvencia en la firma, con la aparición de extraños manejos; 2) la toma u ocupación, que llega al 50% de los casos: cuando los trabajadores dejan de reclamar y moverse en los fueros laborales por sus derechos, y pasan a cuestionar la gestión patronal y aun la legitimidad de la propiedad de los activos productivos en manos de los dueños responsables de la crisis; y c) la búsqueda del sendero para reabrir y dar continuidad al funcionamiento de la empresa. Esta última posiblemente abarca dos lapsos: uno de gestiones y movilizaciones para obtener el reconocimiento de la recuperación –sólo en el 27% de los casos negociada con los propietarios— y otro, para poner en operaciones la planta y recolocarse en el mercado –pues por el momento no hay “otra economía” organizada que ofrezca protección—. Palomino (2002) señala el vocabulario cotidiano más utilizado, que puede traducirse en acciones que materializan estas expresiones: lucha, resistencia y solidaridad.

Se dice que el fenómeno de recuperación no es nuevo, ya que en el caso argentino existen antecedentes de formación de cooperativas a partir de fábricas en estado terminal, que se remontan a cuatro décadas atrás (Sancha, 2002). Pero se trataba, en general, de casos puntuales y las organizaciones sociales formadas a partir de ellos sufrieron los embates de la apertura indiscriminada de importaciones en los ‘90, como todas las restantes fábricas. También pueden mencionarse casos de experiencias similares en los países vecinos, que son ampliamente conocidas –o deberían serlo—  en el ambiente de las centrales que agrupan a los trabajadores argentinos (Cattani, 2004). 

Pero los casos de recuperaciones e intentos de autogestión asociativa por los trabajadores adquirieron importancia numérica creciente a partir de 1995 y, muy pronto, estado público –con buena aceptación del mismo—,  tomando fuerza con los cambios ocurridos a partir del año 2001. Tal es así, que el 65% de las empresas recuperadas en registro lo fueron entre 2001 y 2003.

“La característica diferenciada del momento presente es la masividad que adquieren estas experiencias ya que se plantea espontáneamente la posibilidad de recuperación autogestionaria en un número cada vez más amplio de PyMEs (…) Se observa que se trata de un fenómeno fuertemente concentrado en las zonas suburbanas que albergaron en décadas pasadas la mayor concentración industrial” (Sancha, 2003).

La buena visualización popular del fenómeno de las recuperaciones se consolidó a partir, decíamos, de 2001. El cambio de clima político favoreció el desarrollo de las experiencias y estimuló a la vez la interacción con otros movimientos sociales como el de los piqueteros y las asambleas barriales –conocemos el caso de una de ellas, formada predominantemente por sectores medios, que logró constituir un fondo de ayuda para los trabajadores en conflicto, relativamente significativo—. Según el resultado de encuestas (Fajn y otros, 2003), un 15% de las empresas sociales tiene contacto intenso con las asambleas y un 40% apoyo esporádico. Pero asimismo suscitó el reconocimiento de sindicatos, grupos políticos, funcionarios públicos y parlamentarios.

“Este nuevo contexto permitió la incorporación en un ’movimiento’ (…) tanto de los trabajadores que encararon nuevas experiencias y la exploración de nuevas figuras jurídico-sociales, como también la incorporación `hacia atrás` de trabajadores cuyas experiencias se habían mantenido hasta entonces relativamente aisladas y poco visibles. A estas experiencias comenzaron a sumarse las de diversos grupos sociales que a través de la ocupación o toma de locales abandonados por sus propietarios, buscaron poner nuevamente en funciones herramientas y maquinarias mediante la organización de nuevos colectivos de trabajo” (Palomino, 2002)

Como ha sido correctamente indicado, más allá de los casos emblemáticos de amplia difusión que se presentan como experiencias exitosas, también hay que tener en cuenta algunos intentos que fracasaron por no tener el marco adecuado para su instalación y desarrollo (Sancha, 2002). Este marco se refiere tanto a las dificultades legales –y represivas—, como a las complicadas condiciones económicas que debieron enfrentar. La mayor parte de las registradas se debe a la resolución judicial de la quiebra y no es una curiosidad que se ubiquen en la región metropolitana de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el 75% de las recuperaciones se llevaron a cabo en ese territorio. Por ello, los movimientos que agrupan a los trabajadores de estas empresasplantean la modificación de la ley de quiebras, que parece preparada para liquidar o perder empresas; para “desindustrializar”, como se ha afirmado.

“La ley de quiebras que tenemos es de Videla y Martínez de Hoz, es la madre del modelo neoliberal y de nuestros problemas. Debe ser modificada, para que al quebrar una empresa, los créditos y el capital queden en manos de los trabajadores” (declaraciones de José Abelli a Página 12, el 11/10/03)

Desde el inicio del conflicto, para su canalización, es indispensable contar con el lugar, las maquinarias, las herramientas, las marcas y las instalaciones de la empresa en debacle. Se necesita, además, constituir un régimen transitorio para operar y luego una solución jurídica definitiva. En general, se recorre un camino dificultoso que no siempre se corona con el éxito, debiendo satisfacerse con soluciones intermedias (Sancha, 2003).

La empresa social nueva que los trabajadores ocupantes construyen puede aparecer luego de la quiebra judicial, o bien se puede presentar la alternativa de transferencia de activos y pasivos de la firma a la nueva empresa asociativa, o en casos más singulares, se genera un régimen de participación. No es extraño que se establezca un contrato de alquiler entre la empresa social formada y el juzgado donde esté ubicada la quiebra o el concurso de acreedores.

Desde el punto de vista legal, la empresa privada mercantil en crisis que no puede hacer frente a sus deudas entra en un concurso preventivo de acreedores. La norma presupone que se debe salvar la empresa y que hay que reactivarla, pero también que se debe pagar a los acreedores. Interviene un juez que designa un síndico, quien se ocupa de la administración mientras dura el proceso. Esta figura es muy importante; generalmente es un contador, que cobra sus honorarios cuando termina felizmente o no el proceso. En el primer caso, hay situaciones en que el propio síndico pone en situación de crisis a la empresa por la demanda de sus honorarios y gastos.

Resulta interesante que en nuestro país existan “manuales” sobre cómo manejar las quiebras, incluso las que operan de manera fraudulenta (Fajn y otros, 2003). Pero desde la aparición del fenómeno de las fábricas recuperadas, algunos jueces comenzaron a dar respuestas de interés “social” que favorecieron a los empleados. Existen casos en que los trabajadores terminaron comprando la empresa, porque se decidió la guarda de la misma y se logró que produjeran. En otros casos, se decidió por la justicia un comodato por el cual los trabajadores pagaron alquiler por el uso durante un cierto tiempo, hasta que el proceso culminara. Un aspecto central es que las deudas con los trabajadores no son reconocidas. Para evitar el vaciamiento o que acreedores privilegiados ejecuten los bienes, los trabajadores ocupan o rodean la empresa, pero esto puede ser considerado como usurpación. En esta situación, se complica el derecho comercial con el penal –es un delito— y el constitucional, por lo que los abogados pasan al centro de la acción.

Suponiendo que este extenso conflicto se canalice positivamente y los trabajadores tengan la posibilidad de hacerse del patrimonio en cuestión o lo que quede de él, hace falta que se constituyan en sociedad, bajo alguna forma jurídica existente. Aquí se presenta la cuestión de la asociatividad en cooperativa de trabajo, que es la forma decididamente dominante. El llamado control obrero no es una forma jurídica reconocida.

En el año 2002, se modificó el artículo 190 de la ley de quiebras, que establece la obligación formal de tener en cuenta la solicitud de los obreros y empleados reunidos en cooperativas, para la continuidad de la explotación de la empresa (Fajn y otros, 2003). Pero la cuestión continúa en función de la buena o la mala voluntad del juez, y además sigue sin reconocimiento el derecho de los salarios adeudados. La declaración de utilidad pública y la expropiación constituyen la continuidad en términos jurídicos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero sólo permiten la explotación temporaria del patrimonio. Esto únicamente posterga la solución. Y los trabajadores corren el riesgo de que, en un par de años, todas las tensiones e incertidumbres que vivieron, se reinicien. En la Provincia de Buenos Aires, existe una gran cantidad de proyectos presentados por legisladores de distintos partidos que intentan superar las limitaciones existentes para ayudar a las recuperaciones.

“Los mismos giran en torno a asegurar la continuidad de empresas reconvertidas, los que avalan la promoción de unidades económicas de actividades de autoempleo y subsistencia, creación de un fondo fiduciario para la recuperación de empresas, reconversión de empresas en cooperativas de trabajo y recuperación de empresas en quiebra, entre otros” (Fajn y otros, 2003).

En diciembre de 2003, se aprobó por primera vez en Argentina, en la Provincia de Buenos Aires, la ley de economía social –Ley ALAS— que, a pesar de sus imperfecciones, marca un rumbo en el sentido de abordar algunos de estos problemas y orientar en una dirección estratégica los emprendimientos asociativos.        

Hasta finales de ese año, en la jurisdicción bonaerense, se habían concretado 23 expropiaciones por ley entre unas 35 en proceso y, en la Ciudad de Buenos Aires, sólo seis “declaraciones de utilidad pública” para utilización temporaria y expropiación por ley, entre 14 casos existentes y 8 en proceso de aprobación parlamentaria (Sancha 2003; Sánchez, 2003). Similares intervenciones se cuentan en Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Ciudad de Rosario, etc.

Existe pues un lapso de transición en el que el sector público puede conocer con cierta seguridad la factibilidad del proyecto encarado y resolver la adquisición de los activos patrimoniales existentes para evitar su remate. Este período de mucha precariedad es de gran incertidumbre y sacrificio, como indicamos, para los trabajadores que ya vienen de una larga lucha y el desgaste respectivo, y pasan ahora a tener que cuidar que no se deterioren demasiado las relaciones comerciales de la empresa, lo que, de suceder, obligaría a un esfuerzo adicional para reflotarla. 

Se ha mencionado la importancia en esta etapa de que cuenten con el subsidio al desempleo en una entrega global y única a los beneficiarios –lo que es positivamente contemplado por las instituciones participantes—. La existencia de una renta ciudadana o de un ingreso básico universal, y su manejo según las alternativas que han propuesto autores socialdemócratas europeos (Wrigth, 2001), permitiría una solución financiera sustancial en estos casos.

De todas formas, existe coincidencia entre numerosos funcionarios, investigadores y miembros de la clase política de que estos procesos resultan de interés social y económico, pues la recuperación implica no sólo el mantenimiento en actividad de una empresa, el resguardo de muchos puestos de trabajo, la no pérdida de experiencias obreras y un aporte a la reconstrucción del tejido social urbano en momentos de notable exclusión, sino que impide que las máquinas y los bienes de las empresas en quiebra sean adquiridos a precio vil “por inversores extranjeros” como chatarra y sacados del país para ponerlos en operación como ya ha sucedido (de las manifestaciones de Eduardo Hecker, siendo secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Página 12, el 29/09/03). 

La situación puede haber mejorado desde la creación en 2001 del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que, se supone, es una organización transversal, representativa y democrática, según sus enunciados. Nuclea a más del 60% de las empresas recuperadas y su emprendimiento emblemático es la cooperativa IMPA.

El Movimiento se organizó para representar a las nuevas formas asociativas autogestionarias y solidarias, entendiéndolas como  un nuevo actor social que surge por el fracaso de la dirigencia empresaria argentina, dispuesto a sustituir el esfuerzo individual por el colectivo, basado en la autogestión y la cooperación, pasando de la conflictividad social al consenso productivo (basado en declaraciones de José Abelli del MNER, citado por Stancanelli, 2002).

Los principios en que el movimiento basa su accionar son los siguientes: 1) asociación abierta y voluntaria de los miembros; 2) control democrático por los trabajadores; 3) participación económica de los trabajadores de la asociación; 4) autonomía e independencia; 5) educación, capacitación e información; 6) cooperación, integración y solidaridad; y 7) preocupación e interacción por y con la comunidad. Dentro del MNER, cada asociación tiene un voto, independientemente del tamaño, la antigüedad o el poder económico.

El MNER intenta apoyar los esfuerzos de poner en actividad fábricas y empresas que entran en crisis, cuando esto es solicitado por sus trabajadores, para lo cual tiene un equipo técnico. Organiza o actúa como correa de transmisión para el apoyo en la organización, gestión, capacitación y puesta en actividad de entidades ocupadas, para lo cual suscribe convenios y acuerdos con centros de investigación de la universidad pública, organizaciones profesionales, la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA-CTA), la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), entre otras. A la vez, mantiene contactos con  la Asociación Nacional de los Trabajadores en Empresas de Autogestión y Participación Accionaria (ANTEAG), creada en 1994  en Brasil, con intención de coordinar proyectos para la creación de un holding de empresas en el Mercosur. También proporciona asesoría legal y, al recoger las distintas experiencias llevadas a cabo, reproduce y difunde la exploración y el aprendizaje alrededor de las nuevas formas de la economía social y solidaria –tema sobre el cual volveremos—.

El movimiento se ha ocupado de lograr, por medios diversos –entre ellos, la solidaridad de otros sectores sociales y movimientos populares—, la recaudación de fondos para ayudar financieramente a otras empresas recuperadas o en vías de serlo. Son préstamos que se realizan sin mediar el cobro de intereses. Además, dado que existe un grupo de clínicas privadas recuperadas, se ha tratado de implementar un sistema de salud y formas de medicina preventiva para grupos de asambleas barriales aledaños a las plantas (Arévalo y otros, 2003). 

En general, se tiende a percibir el movimiento de las empresas recuperadas como  una unidad, pero de hecho existe una división: apareció durante el primer trimestre de 2003 otro movimiento que, para distinguirse, se llama Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT). Aunque con menor número de asociaciones y representación –más del 30%-, cuenta con contactos en la Pastoral Social y su empresa emblemática es la cooperativa Unión y Fuerza.

El MNER y el MNFRT impulsan desde su arranque la organización de formas asociativas basadas en cooperativas de trabajo, en tanto que discuten con los que postulan la “estatización con control obrero” como nueva figura. Se trata de una división de origen ideológico, posiblemente estimulada por el contacto y apoyo de grupos políticos o sindicales con peso en alguna localidad. En cambio, la distancia entre el MNER y el MNFRT parece situada más en cuestiones de estilo y personales.

Las malas experiencias y reputación de las cooperativas de la economía social fundacional e histórica que han banalizado sus principios están en la mira del MNFRT. El presidente de la organización señala al respecto:

“(…) creo que para que las cooperativas funcionen y permanezcan en el tiempo es necesario que: a) Todos los socios cobren el mismo salario (que ahora se transforma en participación en las ganancias), cumple tres objetivos importantes de unidad, solidaridad y armonía. b) No se acepten gerenciamientos. Existe gerenciamiento pero realizado por los trabajadores. c) Todas las decisiones se realicen por asamblea. Es una democracia casi directa, los trabajadores toman sus decisiones en asambleas amplias y participativas. d) No se adquieren créditos ni empréstitos de ninguna categoría. Este proceso en el cual los trabajadores recuperan sus fuentes de trabajo se basa en un sistema solidario donde se ponen las necesidades mutuas como motor de la economía y la producción” (manifestaciones durante la Jornada/Debate convocada por la Red Confluencia en la Fundación Ideas -18 y 19 de julio de 2003-, citadas por Arévalo y otros, 2003).

Apoyando la misma forma de cooperación asociativa, encontramos a la Federación de Cooperativas de Trabajo y Empresas Reconvertidas (FENCOOTER), quien levanta la bandera de la expropiación de la empresa, a fin de sanear la deuda de la firma con los trabajadores, como solución al problema financiero, pues entiende que es difícil que en la actual situación del país se puedan destinar fondos públicos para ello (Fajn y otros, 2003).

Diversas empresas recuperadas se relacionan con la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA), con sede en La Plata. Ofrece apoyo jurídico y en otros campos, debido a que es una organización tradicional de existencia previa al fenómeno de las recuperadas.

De neta inspiración en el marxismo y con planteos bastante ortodoxos, opera también en este campo la Comisión Nacional de Empresas Recuperadas y en Lucha (CNERL), que plantea la expropiación sin cargo y el control obrero. La empresa emblemática del grupo es Zanón. Mantienen vínculos fuertes con agrupaciones políticas, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo, la Coordinadora del Alto Valle de Río Negro, algunos centros estudiantiles universitarios y varias organizaciones de trabajadores desocupados. El debate político es central en “su dinámica de funcionamiento” e intentan construir una estrategia de largo plazo vinculada a la lucha por el poder (Fajn y otros, 2003). 

Es importante destacar que la intervención del sector público de distinto nivel, reconociendo y otorgando la personaría jurídica, o en apoyo financiero de algunas experiencias, parece inclinar la balanza en favor de las organizaciones cooperativas. Además, cabe indicar que en el universo de empresas recuperadas existen otras formas organizativas, tales como sociedades anónimas, sociedades anónimas laborales[16], formas mixtas, etc., pero representan menos del 7% del total.       

En este punto, no podemos menos que detenernos en el aspecto conceptual y práctico de las formas asociativas. El problema de las cooperativas implica una aporía, en cuanto se manifiesta como una forma productiva basada en valores de reciprocidad, distribución y cooperación solidaria y, al mismo tiempo, se encuentra inserta en formas de intercambio de un sistema mercantil basado en la explotación y el lucro privado, cuyos valores son hoy netamente opuestos. Es lo que se ha llamado la “doble lógica” o modalidad dual de esta forma asociativa, incluso en la modalidad que más horizontalidad asegura y aproxima la participación societaria a aquellos valores, como es la cooperativa de trabajo (ICA, 1995).

Sin embargo, la posibilidad de la cooperativa de regular la utilización de la fuerza de trabajo, en el sentido cualitativo y cuantitativo que hemos indicado, es una ventaja sobre otras formas organizativas de producción. Además, ello es singularmente funcional para las estrategias defensivas. Pero no puede negarse la existencia de la tensión entre las dos lógicas, una de las cuales induce a hacer predominar la horizontalidad con democracia participativa y la otra la verticalidad, llevando a los trabajadores a regirse por el absolutismo del empresario capitalista. Aquélla amenaza la viabilidad y esta otra la identidad de la cooperación (Malo, 2001).

Para Sánchez (2003) [17], quien trae a favor de su exposición del tema algunas opiniones de un clásico del marxismo, dicho carácter dual constituye una contradicción intrínseca de ese tipo de organización, que constituye un obstáculo para su crecimiento y sólo puede asegurar su existencia en el sistema dominante sustrayéndose artificialmente a las leyes del mercado, reteniendo y asegurándose de antemano un mercado propio, por medio de una red o círculo fijo de consumidores. Este círculo es fijo en el sentido cualitativo pero no cuantitativo de los demandantes. “El medio auxiliar para ello es precisamente, la asociación de consumidores” (Rosa Luxemburgo, citada por Sánchez, 2003).

Las ideas incisivas de Luxemburgo tienen fundamento en las expresiones de Karl Marx (1974) sobre el tema, quien elogiaba los principios en que se basaban las cooperativas y reconocía la importancia de dicha organización frente a la lógica vertical y autoritaria desarrollada en el proceso de trabajo inserto en el productivo bajo comando del capital, pero no creía en ellas como un instrumento de cambio  social. Otro tanto sucedió después de la revolución soviética con Vladimir Ilich Lenin (1957), quien recomendaba fervorosamente el desarrollo del cooperativismo, luego del asalto del poder, para la consolidación del socialismo.   

Al respecto, es dable observar que diversas experiencias de empresas recuperadas en nuestro país elaboraron proyectos que estaban orientados a establecer “subsistemas cerrados”, los cuales podían estar integrados por empresas hermanas, redes de trueque, asambleas barriales, comedores comunitarios, grupos profesionales y otros de similares características. No contemplaban participación alguna del Estado e implicaban –es un punto de vista—, “(…) ya no legalizar la precariedad –como pretenden los voceros de la flexibilización laboral- sino legitimarla, algo mucho más peligroso” (Sánchez, 2003).

Aceptando que las condiciones de superviviencia de las asociaciones cooperativas de producción dependen de las asociaciones de consumidores en el sentido explicado, dichas cooperativas se tienen que limitar a la venta en el nivel local y a unos pocos productos de primera necesidad, predominantemente, los alimenticios. Se deriva de ello, que las ramas y empresas más importantes de la producción moderna –siderurgia, metalurgia, petrolífera, construcción de maquinaria, astilleros, automóviles y camiones, tractores, etc.— están fuera del alcance de la organización cooperativa. Sin embargo, entre las empresas recuperadas en funcionamiento, existen muchas de producción intermedia y no de bienes finales. Y otras de bienes más complejos.

La posición de quienes no creen en las cooperativas como formas asociativas viables apuesta en cambio a producir bienes cuya demanda esté asegurada por la compra del sector público, es decir, a convertirse en abastecedores del Estado y a sustraer por esta vía a la empresa de los mecanismos del mercado. Pero se observa que no existen en este momento argumentos de tipo estratégico –económicos— a favor de una decisión de ese tipo por parte del Estado, que lo lleve a comprometer su presupuesto (Sánchez, 2003). Si el objetivo es alcanzar un desarrollo rico en empleo y socialmente sostenible, la idea de estrategia puede cambiar de sentido.

“La adopción de la figura de cooperativa de trabajo tiene ventajas diversas: no paga impuestos a las ganancias, tampoco las deudas anteriores de la empresa que motivaron la convocatoria de acreedores, ni se deriva parte del excedente para remunerar cargos gerenciales. Entre las desventajas se menciona la posibilidad de fraudes asociados históricamente en Argentina a esa figura: derivar los ‘servicios de trabajo’ a cooperativas de trabajo, permite a los empresarios evadir el costo de las cargas sociales que debieran pagar de mantenerse la figura de trabajador asalariado” (Palomino, 2002).

Pero seamos justos con Sánchez (2003), pues acepta, contra la opinión de Rosa Luxemburgo quien incluso califica la forma cooperativa de producción como “anacrónica”, que en tanto los mecanismos de información y toma de decisiones sean “efectivos y plenamente democráticos”, el compromiso de los trabajadores asociados en la cooperativa será mayor y, en consecuencia, menores las probabilidades de que la empresa social se hunda o se transforme –aunque recurriendo a la cosmética de la cooperación que ya conocemos, para asimilar ventajas— en una empresa capitalista más, dominada por la pura finalidad de la ganancia. Coincide en esto la opinión de un representante:

“(…) la cooperativa tiene un órgano supremo que es la asamblea, que elige una vez por año un consejo (…) son mecanismos de autogestión, es ahí donde se resuelven totalmente las decisiones (…) Hay algunos artículos que plantean falsamente la contradicción entre cooperativa y control obrero, yo creo que en la cooperativa, si se transparenta tiene control obrero” (manifestado por E. Murúa del MNER en la Mesa Redonda organizada por el equipo de investigación del ICO-UNGS el 02/11/02, citado por Arévalo y otros, 2003).

La cooperativa de trabajo brinda ventajas en nuestra legislación que no pueden desconocerse:

-          No pueden ser embargados los bienes personales de los socios;

-          En 30 días se gestiona la matrícula, pero con la solicitud se puede operar;

-          No se pagan impuestos a las ganancias;

-          Pueden no asumirse las deudas anteriores;

-          Existen varios proyectos modificatorios que ampliarán los beneficios.

Los cambios organizativos internos en las empresas sociales en el caso argentino, destinados a la búsqueda de una mayor transparencia de la administración, de la generación de un mecanismo de mayor exposición de los cargos de responsabilidad directiva al control de los trabajadores y de la amplia difusión de la información, tratan de quebrar las antiguas relaciones de subordinación vertical que prevalecían en la empresa originaria. Dejando de lado aspectos que hacen a particularidades de algunas empresas, Palomino (2002) menciona la adopción de algunos que resultan originales:

a) la organización política del trabajo para la consideración de asuntos relativos a ventas, aspectos productivos, cuestiones tecnológicas que implican asesoramiento externo, etc., a través de asambleas, pero a partir de su tratamiento en comisiones especiales;

b) la apropiación integral del espacio de la empresa, con la eliminación de las restricciones de ingreso a distintos sectores que antes eran ocupados o transitados sólo por los dueños y por personal jerárquico; o bien la modificación de la asignación de lugares que antes sólo eran para trabajar, ahora destinados a comer, reuniones de comisiones, dormir o actividades de aliados sociales y políticos; dentro de estas últimas reasignaciones, cabe mencionar las destinadas a actividades culturales;

c) la incorporación del control inverso en la gestión, de abajo hacia arriba, incluyendo en algún caso la colaboración de organizaciones fraternas solidarias;

d) la aplicación de la regla coordinación-apoyo, en sustitución de la regla control-supervisión correspondiente a la vieja organización del trabajo, tanto en el proceso productivo como en el de gestión;

e) la instalación de la asamblea como lugar fundamental de discusión y decisión; aunque se observa que en ocasiones los análisis, las discusiones y las decisiones son abordados por un grupo o comité, y la asamblea es informada y simplemente acompaña; o que por cuestiones tributarias algunos socios quedan en “negro” y finalmente son desplazados de la asamblea.

“La base productiva de las empresas recuperadas las hace esencialmente distintas, en sí mismas hay una forma de vida y de producción de la vida, que además implica reglas novedosas hacia el interior, canteros de lo nuevo (…)” (Magnani, 2003)

Por supuesto, nos adelantamos a reconocer que contemporáneamente existe todo un contexto sociocultural impuesto pero internalizado, aún dominante y propio de la ideología neoliberal, que va contra esos valores y principios que podrían garantizar la materialización de las prácticas cooperativas. Y que estas novedades organizacionales destinadas a mantener los principios pueden deteriorarse en el tiempo si no median otros mecanismos[18].

Sin embargo, no renunciamos a un análisis más amplio que, por supuesto, no puede realizarse acá. Pero nos sentimos tentados a intentar otras búsquedas y manifestar que es importante recordar que se deben tener presentes, para enunciar y examinar alguna hipótesis adaptada a nuestra realidad periférica, la diferencia del marco histórico, las circunstancias y por tanto la finalidad y el sentido que rodean en su momento los discursos fundamentados de Marx, Lenin y Luxemburgo[19] en cada caso, aunque tengan una matriz paradigmática común. Esto implica no adoptarlos de manera lineal. En la actualidad, frente a esta dualidad asumida, Malo (2001) afirma en sus conclusiones:

“Para que la cooperativa y la asociación de economía social sobrevivan conservando su identidad, cuando las reglas de juego cambian, la necesaria reconfiguración impone un contrapoder: una refundación que abreve de las fuerzas de la sociedad civil”.

Vale decir, para que la identidad solidaria no sea arrasada por la identidad surgida del absolutismo empresarial que viene del mercado, se requiere control político y social continuo y activo de la forma asociativa –¿externo?—. Para lo cual, pensamos, esta empresa social tiene que participar del capital simbólico y cultural alternativo que surge de su inserción material en redes y circuitos de regulación plural, no dominados por el sistema del capital. Y que por supuesto, pueden incluir las redes de consumo que se mencionaron con anterioridad. 

Dejemos los aspectos polémicos y pasemos a enumerar de manera puntual los requerimientos más inmediatos a los que, según dicta la experiencia, siendo más o menos generalizables,  hay que dar respuesta para fortalecer la reactivación y avanzar hacia su consolidación:

1) Revisión cuidadosa de la solidez de los acuerdos sobre los fines y la forma asociativa adoptada, así como la interiorización de los valores de cooperación, reciprocidad y solidaridad, como paso inicial. En realidad, este aspecto es central en toda forma asociativa que intente integrarse con la economía social. Cabe recordar que en muchas de las empresas recuperadas, pequeñas y medianas, las conexiones con la patronal eran de tipo paternalista y que la relación “familiar” que antes predominaba fue sustituyéndose por otra de corte “comunitario” y de lealtades más horizontales.

2) Elaboración de un plan de negocios que supere el corto plazo, para que los trabajadores empiecen a materializar aquel acuerdo y tengan así un plan u “hoja de ruta” común, consensuada. Esta tarea tropieza con el inconveniente de que la mayor parte de los trabajadores que llevan a cabo la tarea de recuperación tienen poca experiencia en el tema, pues no suele haber muchos de los que ocupaban puestos jerárquicos, de administración y registro, de manejo de clientes y de proveedores –se estima sólo un 35%—. Predominan, en cambio, los pertenecientes a los sectores de producción, mantenimiento y supervisión técnica. De hecho, es común afirmar que  existe una relación inversa entre la duración del conflicto y la cantidad de empleados de las áreas  de comercialización y gestión que participan y permanecen durante los procesos de recuperación (Sánchez, 2003).

3) Reconstrucción de la información vinculada a la cadena productiva del lugar, pero enfocada comercialmente, considerando los listados de proveedores y clientes, el tipo de insumos y de compras, etc. 

4) Estudio de la estructura de costos de producción de los bienes o de los servicios ofrecidos por la empresa; revisión de lo que podría hacerse en las condiciones actuales, en función de la capacidad instalada que se logró mantener. Este estudio se vincula al de los proveedores del punto anterior. Respecto del capital físico, se estima que tiene una antigüedad media de 40 años, salvo algún sector, lo que resulta muy superior al promedio de la economía nacional. Por lo tanto, se encuentra totalmente amortizado, pero está en actividad y hay que  mantenerlo, por lo que es necesario incurrir en gastos de mejoras y de mantenimiento para evitar la descapitalización a mediano plazo.

5) Análisis de precios de venta en base a las alternativas de la estructura de costos y los excedentes que se pueden esperar obtener razonablemente. El sistema impositivo para las cooperativas ofrece ventajas al respecto. Como el salario se vincula al reintegro como asociado, ello permite flexibilidad  en el manejo del ingreso y pensar en formas de acumulación que amplíen el capital de trabajo. Aquí, se presenta el problema de la complicada desaparición de las “diferencias salariales” y la tensión, todavía presente, con los reparos que aparecen contra la igualdad de los ingresos o remuneraciones –que predominan en las empresas recuperadas—. Existen cooperativas, recordemos, que lograron enfrentar la quiebra y quedarse con la empresa mediante los ahorros realizados y acumulados en dos años de actividad.   

6)  Examen de las condiciones de mercado para cada uno de los productos, lo que debe llevar a establecer prioridades sobre los procesos a poner en marcha para asegurar clientes y mejorar el rendimiento.

7) Principio de participación, capacitación y horizontalidad de las cooperativas, que rige las relaciones internas y el proceso de trabajo. Para ello es importante mantener la información de cada uno y el conjunto, así como preparar personas para atender las tareas comerciales, de registro y administrativas. En algunas cooperativas, incluso, se llega a la rotación periódica y obligatoria de los cargos. El monopolio de tareas no existe y hay una fuerte tendencia a la polivalencia (Palomino, 2002). El problema, según algunos autores, consiste en construir a la vez un cierto “liderazgo” interno de tipo grupal o individual, pero también, en adquirir “cultura cooperativa” y en aquellos aspectos  que hacen presente la responsabilidad de la autogestión como desafío.

8) Falta de capital de trabajo, que constituye un serio problema de las empresas recuperadas. Además, como son firmas quebradas, cuya calificación bancaria es la peor —categoría 5—, no son sujetos de préstamo. Si la cooperativa que se forma es tomada como empresa nueva, no tiene antecedentes ni hay experiencia de responsabilidad, por lo que el crédito en entidades bancarias comerciales convencionales también se torna imposible. Sólo el Estado puede tomar determinaciones al respecto, que permitan ayudarlas, pero esos instrumentos son de muy reciente implementación y de eficacia dudosa.

9) Algunos esquemas de trabajo a façon generalizados –aplicado parcialmente en el 56% de los casos de las que se hallan en actividad—, como derivación de lo anterior. Es una modalidad de venta del servicio del procesado industrial al cliente, el que provee la materia prima y retira el producto para su comercialización o las transformaciones posteriores si  las hubiera. Este esquema de “producir al día” es interesante para el comienzo de la actividad y puesta en marcha de los procesos, hasta adquirir mayor experiencia en comercialización y logística, pero tiene el inconveniente de que reduce el ingreso y aumenta la dependencia con esos clientes-proveedores. Sin embargo, permite también mantener los puestos de trabajo y realizar aprendizajes (Sancha, 2003).

10) Liberación de la responsabilidad de la carga financiera impuesta por los pasivos acumulados durante la crisis a la cooperativa de trabajo a cargo de la empresa, una vez dictada la quiebra de la firma, lo cual constituye un elemento a favor. Esto ocurre si bien, como ya dijimos, entre los principales acreedores se cuentan los bancos oficiales, las entidades provisionales y los propios trabajadores. 

11) Ampliación del mercado interno para muchos de los productos de las empresas recuperadas, que es otro factor favorable, el cual surge de la reactivación nacional originada por la modificación del tipo de cambio y una mejoría en la ocupación.

            El “inmutable” sindicalismo de la Confederación General del Trabajo de Argentina no mostró una actitud de apoyo explícito ante el fenómeno de las empresas recuperadas. “La tendencia general que predomina –en un 62%, es decir más de la mitad de los casos- es la negación a brindar apoyo a estas experiencias” (Fajn y otros, 2003). Se menciona que las propias obras sociales dependientes de ellos llegaron a solicitar las quiebras, y luego los abogados y asesores de la central se retiraron de los casos dejándolos abandonados.

            En cambio, la CTA, como ya vimos, ha colaborado activamente con el MNER, aunque por momentos tiene una posición dubitativa ante la propuesta de construcción de la economía social y solidaria.

            En el nivel de los sindicatos, las vertientes opositoras a la CGT –como por ejemplo la seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica, el Sindicato de Pasteleros o la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario— dieron una respuesta rápida y concreta de acompañamiento a los trabajadores involucrados en ocupaciones de establecimientos y en la creación de empresas sociales. Ésta consistió en movilizaciones, apoyo con recursos durante la toma, acompañamiento en las gestiones ante las autoridades, colaboración en decidir el destino de la empresa recuperada e, incluso, participación en la formación y conducción de la cooperativa de trabajo (Palomino, 2002).

            Pero también pueden mencionarse los casos de franca oposición o desaliento, bajo el supuesto de que la única lucha posible es por el puesto de trabajo asalariado a la manera clásica. Son los comportamientos ante conflictos de esta naturaleza ejercidos por el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido –en el mediático caso Brukman—, el Sindicato de la Carne –en el caso de frigoríficos—, el Sindicato del Vidrio –en el caso de San Justo y Cooptem—, la Federación Gráfica Bonaerense (en el caso de la Imprenta Chilavert) o el Sindicato de la Alimentación –en el caso Grissinópoli y Panificación 5—. Cabe recordar que el acceso a los servicios de salud es central para cualquier trabajador y se vincula a la Obra Social manejada por el sindicalismo. Por ahora, las soluciones alternativas siguen siendo transitorias o frágiles a pesar de los intentos realizados.

                    Respecto de los resultados de estas experiencias, más allá de los impactos simbólicos que ya se destacaron, y de la valorización individual y social de los actores populares involucrados, por haber reincorporado a la actividad de trabajo a miles de desocupados potenciales y por poner límites a las amenazas del “terrorismo de mercado”, ayudando a modificar las relaciones entre capital y trabajo, se observa que se incrementó la ocupación de personal en todos los casos y, comparando con el año anterior (Palomino, 2002), la utilización de la capacidad instalada también se incrementó (Sánchez, 2003).  Esto no sólo se debe a la mejora de la situación general de la economía, sino a la eficiencia lograda, en especial, por la reconstrucción de las cadenas comerciales. Este es un hecho auspicioso, teniendo en cuenta lo limitado de las redes sociales y tecnológicas que han podido construir. Asimismo, indica que

“(…) la totalidad de las erogaciones realizadas como resultado de las declaraciones de utilidad pública de las ocupaciones temporarias –una vez deducidos los ingresos por recaudación tributaria- son inferiores al costo de atender la situación de los trabajadores y las personas a su cargo mediante asistencia alimenticia y subsidios por desempleo” (Sánchez, 2003)

Aunque la cita se refiere a lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires, entendemos que es generalizable. Esta conclusión debe ser resaltada especialmente cuando, subrayamos otra vez, no se ha avanzado sino muy tímidamente en la implementación de una estrategia de economía social y solidaria que valorice otras formas asociativas, como la que más adelante abordaremos.

“(…) se considera que para las empresas recuperadas por sus trabajadores, la construcción de redes es un mecanismo fundamental en el desarrollo de la vida misma, permite superar las desventajas de tamaño y el aislamiento y, al mismo tiempo, aprovechar otro tipo de recursos no materiales: humanos y simbólicos” (P. Gutiérrez y M. C. Roggi (1995), Cooperativas y redes sociales, citado por Fajn y otros, 2003)

            Con una adecuada comprensión de esta necesidad, las empresas recuperadas están generando y construyendo un significativo entramado de redes sociales, no sólo entre ellas, sino también con relación a la comunidad. Para ello, sus miembros intentan participar y organizan foros sociales, actos de cultura, debates, organizaciones de solidaridad, ferias populares, etc.

            Los casos más conocidos de Buenos Aires son los de la Industria Metalúrgica y Plástica de Argentina (IMPA), que desde 1998 impulsa un centro cultural  autogestionario llamado “La Fábrica Ciudad Cultural”, dirigido por 40 jóvenes, con funcionamiento de numerosos talleres y cursos, así como actividades teatrales, de cine, fiestas, etc. (Hecho en Buenos Aires, 2002). Otro es el de la panificadora “La Nueva Esperanza” (ex Grissinopoli), que actúa conectada a grupos intelectuales –agrupados en la Revista Topía y La Maza—  y vecinos de las asambleas barriales. Tienen una huerta en terrenos de la empresa social y pusieron en funcionamiento el Centro Cultural de Artes y Oficios “Grissicultura”. En Rosario, la cooperativa “Trabajadores en Lucha”, a cargo del Supermercado Tigre, impulsa un enorme patio de comidas, con un servicio de menú barato para trabajadores y estudiantes. Además, ofrece funciones de teatro y desarrolla actividades culturales y artísticas en el sótano del establecimiento. Hay otras, sólo hemos mencionado ejemplos.

            Como se ha opinado, en vista de la alta implicación de componentes colectivos del fenómeno “…el apoyo de redes sociales parece fundamental para brindar tanto el asesoramiento a las empresas recuperadas como la solidaridad requerida en proyectos cuyos desarrollos tienen una dimensión política por cuanto interpelan al conjunto de la sociedad” (Arévalo y otros, 2003).

            No obstante, este interesante desarrollo de las redes sociales, y la acumulación de capital cultural que implica, adolece de un déficit: el tímido y hasta confuso apoyo logrado sólo en algunas instancias públicas. Un aspecto central sería la puesta en práctica de una política orientada al desarrollo de redes de conocimiento, para impulsar aspectos conectados a la innovación tecnológica y la capacitación.

            Por otra parte, a pesar de que diversos organismos públicos han ofrecido y prestan colaboración, el saldo de la cooperación técnica es muy restringido. Por supuesto, esta carencia, que limita la generación de efectos sinérgicos, afecta a todo el sistema productivo y no sólo a las empresas recuperadas.

            Es interesante traer a colación la realización del “Primer Encuentro Nacional de Incubadoras de Empresas Solidarias”, llevado a cabo en la ciudad de Rosario los días 10 y 11 de octubre de 2003. Contó con la asistencia del Ministro de Trabajo de la Nación, los intendentes de Córdoba y Rosario, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  diversos funcionarios nacionales y provinciales, investigadores universitarios, representantes de la cultura y, por supuesto, los empleados de las empresas recuperadas.

            En este encuentro, se debatieron muchos tópicos que hacen al futuro de la experiencia. El representante del gobierno nacional se comprometió a impulsar formas de financiamiento para las empresas sociales y la modificación de la ley de quiebras –se ha solicitado, en especial, la derogación del Artículo 190 que impide velar por la continuidad laboral de los empleados—.

            Los trabajadores, a su vez, rechazaron durante la reunión la figura de la sociedad anónima laboral –a la que ya nos referimos— y expresaron su desinterés por la relación de dependencia:

“No aceptamos otras formas donde el eje de la asociación no sea el trabajo. Las cooperativas permiten la democracia interna y la distribución equitativa de la distribución” (del discurso de cierre de Eduardo Murúa, Presidente del MNER en el Primer Encuentro Nacional de Incubadoras de Empresas Solidarias, Rosario, Página 12, 12/10/03).

            Las conclusiones y/o líneas de trabajo del debate realizado se estructuraron en  los siguientes ejes temáticos:

1) revisión legal que tienda a sustentar la recuperación de empresas con carácter social;

2) viabilidad productiva y recursos científicos y tecnológicos necesarios;

3) posibilidades de desarrollo en función de la inserción en el mercado y en el sistema productivo;

4) vinculación de las empresas recuperadas y las cooperativas con el sistema financiero público y privado; y

5) sobre el medio ambiente de trabajo, la salud y la capacitación laboral.

            Como los puntos debatidos fueron numerosos, aquí destacamos sólo algunos que hacen a ciertos aspectos que interesa subrayar o ya fueron mencionados:

a) la necesidad de la cooperación universitaria y de centros de investigación para mejorar costos, dar capacitación y apoyo tecnológico, así como aumentar la colaboración entre empresas; pero esta cooperación plantea a la vez una crítica, pues se entiende que la propia universidad nacional ha sido vaciada durante estos años y se debe enfrentar en paralelo su reconstrucción;

b) manejarse provisoriamente con los servicios de salud de los sindicatos e integrarse al  sistema jubilatorio de reparto, pidiendo al Estado que subsidie la parte patronal;

c) la necesidad de instrumentación de mecanismos que mantengan la seguridad social de los trabajadores (ART, obra social);

d) el proyecto de impulsar una marca propia que distinga sus productos y promover espacios de comercialización; la actividad conectada a la concientización del consumidor en materia de consumo responsable  también debe ser relacionada al tema de la marca;

e) solicitar que existan medidas de flexibilización de los bancos nacionales en materia de requisitos para créditos, a la vez que organizar una banca solidaria y exigir la atención de la banca cooperativa;

f) en la revisión legal, que se incluyan cláusulas que aseguren la participación de los trabajadores junto con el síndico en el inventario, así como la coordinación de la vigilancia del patrimonio de la empresa en el período de la ocupación;

g) generar un foro de discusión con respecto a los estatutos de la economía social.

            Como observa Sancha (2003), los recursos que se ponen en juego en las empresas sociales y otras formas asociativas se potencian, debido a que se tienen mayores posibilidades de lograr puestos de trabajo sostenibles en el tiempo que en cualquier otra forma ensayada de autoempleo.

            En particular, la experiencia de autoempleo con microemprendimientos, por ejemplo, ofrece resultados de sostenibilidad muy dudosos y hasta negativos, y para colmo permanecen aislados, fuera de redes. Es interesante recordar que la Argentina es el país de mayor desarrollo cooperativista del continente latinoamericano en términos relativos, a pesar de que esta forma de empresa ha sido castigada durante la dictadura militar; posiblemente a la vez, sea el de menor expansión de los microemprendimientos (BID, 2003).

            Pero es evidente que la relación entre las nuevas empresas sociales surgidas al calor de las movilizaciones sociales y cristalizaciones asociativas de última generación, con las que conforman las cooperativas y mutuales de la economía social tradicional, no está articulada y es dificultoso avanzar en ese sentido. Asimismo, la imprescindible articulación entre los trabajadores agrupados en sindicatos y los desocupados territorialmente organizados es algo difícil de concretar.

            Por el momento, el hecho es que, frente a la decadencia económica y al cierre de empresas que se generan, muchos de los trabajadores directamente involucrados han decidido apoderarse de su destino. Y como consecuencia de esta experiencia, empezaron a elaborar y a proponer respuestas alternativas con base en una socioeconomía solidaria, que los sectores populares más avanzados imaginan como una estrategia dirigida a construir un país justo y democrático.

¿Es posible otra economía? La propuesta de la economía social y solidaria

"No esperar que los de arriba nos hagan llegar las cosas, buscar salidas de tipo económico (…) Debemos buscar emprendimientos productivos, buscar las rendijas que nos da legalmente el sistema para pelear"

Obispo Pedro Olmedo, Prelatura de Humahuaca. Hecho en Buenos Aires, abril 2003.

Repetimos en numerosas oportunidades, cada vez que se nos presenta la ocasión, que estamos viviendo una época de enormes cambios, tanto en los aspectos de la realidad concreta como en aquellos de las ideas. Una época de transición, como siempre nos dicen, en que resulta necesario no aferrarse a las viejas nociones, conceptos y categorías, para dar paso a enfoques renovadores, capaces de conservar lo positivo de la experiencia histórica, pero aptos también para enfrentar y resolver las cuestiones presentes de manera creativa, eficiente e imaginativa.

Por otra parte, no parece necesario demostrar hoy que existe un amplio consenso de que la exclusión social creciente, basada en la desocupación, subocupación, precarización del trabajo y, en menor medida, en la llamada informalidad social, constituye la cuestión social prioritaria en nuestro país. Lo que aparece reflejado, como sabemos, en las cifras de la distribución muy regresiva del ingreso de los últimos diez años.

Asimismo, la extensión y la intensidad de este fenómeno es tal y abarca a una población tan mayoritaria de Argentina, que la sola redistribución de los ingresos y los patrimonios por la vía asistencialista –como el reparto de tierra urbana y rural mediante expropiación y por reforma agraria y urbana, por ejemplo— no se presenta como una respuesta suficiente, pues dicha exclusión resulta de semejante escala, que en función de las estimaciones de los recursos económicos requeridos para paliarla por la vía clásica,  éstos resultan inviables e insostenibles. Para convencerse de esto último, basta con examinar la excelente y elaborada propuesta del IDEF - CTA de aplicar un "shock distributivo"  —dada a conocer en el  2000 y luego recogida por el Frente Nacional contra la Pobreza, FRENAPO—, coherente y necesaria en lo inmediato, aunque con serias limitaciones de sostenibilidad más allá del corto plazo[20].

Pero también porque el denominado sector informal, que en momentos de crisis económica actuó como sector refugio, en la última década muestra un comportamiento extraño entre nosotros, pues se redujo en términos relativos y absolutos. Tal comportamiento anómalo procíclico de la informalidad no ha podido ser explicado en plenitud, hasta el momento, por los diversos especialistas dedicados al tema –como A. Monza, L. Beccaria, A. Salvia, E. Kritz, J. Lindenboim, J. Neffa y otros—.

Se conjetura que la caída bien conocida de las  economías de los sectores medios urbanos ha reducido las posibilidades de cuentapropistas, vendedores ambulantes, empleados domésticos y microemprendedores que lo conforman, al disminuir el mercado para ellos, reduciendo la viabilidad y el ingreso a estas formas de ocupación que funcionan como paliativos ampliamente en otros países de América Latina (Abramovich y otros, 2004).

Se agrega que los sistemáticos fracasos de los proyectos de apoyo financiero, organizativo y técnico a los microemprendimientos, e incluso a las PyMEs, indican que este camino es interesante pero no suficiente fuera de un circuito integrado para superar los siempre en aumento desequilibrios sociales implícitos en este “modelo” económico. La esperanza de que las PyMEs resulten grandes generadoras de puestos de trabajo, tropieza con las necesidades de su tecnificación y mejora de competitividad en términos capitalistas, pues lo que sabemos sobre las exitosas es que resultan de capital cada vez más intensivo y, por tanto, ahorradoras de mano de obra (Yoguel, 2002).

Finalmente, el crecimiento económico que puede impulsarse como salida previa a la generación de empleo y mayor ingreso para los sectores carenciados y excluidos, si se quiere llevar a cabo dentro del estilo tradicional, tampoco es capaz de superar la situación de declinación, decadencia –y no sólo de crisis, como dice acertadamente Alfredo Pucciarelli— y colapso de la supervivencia que se padece. 

Si no es posible aumentar de manera rotunda el número de puestos de trabajo por la vía del crecimiento ni con el recurso de la expansión del sector informal, ni con el impulso de los microemprendimientos y de las PyMEs por sí mismos; si tampoco es posible contar con suficientes recursos presupuestarios para hacer sostenibles las políticas sociales compensatorias[21], salvo con un fuerte aumento de la recaudación impositiva y de otros tributos y/o reducción drástica del pago de la deuda —pues tal política iría contra los intereses articulados dominantes del proceso de acumulación de capital que el tipo de modelo todavía vigente impone en el contexto de la globalización[22], entonces, ¿cómo lograr revertir a futuro una situación tan dramática como la sufrida  que todos conocemos y que cada día trae y traerá conflictos sociales, culturales y políticos más profundos que impactarán en aumento la estabilidad democrática, la seguridad pública y la propia soberanía,, a la vez que una vida insufrible e inmerecida para millones de compatriotas y la producción de una generación de infradotados por insuficiencia alimenticia, quienes difícilmente  podrán terminar la escuela primaria?

Al mismo tiempo, ¿cómo evitar la continuación de políticas sociales asistencialistas y focalizadas en los más pobres e indigentes, a los cuales finalmente se estigmatiza como éticamente indeseables, pues generan procesos clientelísticos, mercantilizando la política y abriendo espacio a la corrupción, aspectos tantas veces estudiados y denunciados? ¿Cómo lograr que paralelamente esas políticas contribuyan a desarrollar un poder popular capaz de revertir, más allá del mediano plazo, las fuerzas dominantes?

Descubrir, analizar y organizar la estrategia que la realidad nos presenta

La sociedad de mercado,  basada en una economía totalmente mercantilizada, donde toda producción —de  bienes o de servicios— es generada para ser vendida,  donde la empresa sin límites acotados de lucro  es la forma dominante de organización de la producción y donde el Estado es el guardián del sistema de derechos de propiedad y de cumplimiento de los contratos, nunca se realizó y completó plenamente.

Efectivamente, podemos observar que siempre hubo trabajadores autónomos –por cuenta propia—, emprendimientos familiares o asociativos que no respondían a la forma capitalista, sino a formas solidarias. También era frecuente el empleo estatal para la producción de bienes públicos gratuitos o altamente subsidiados y, sobre todo, había mucho trabajo doméstico –en especial y sin retribución de nuestras mujeres— y diversas formas de trabajo comunitario voluntario y cooperante, que se concretaba en  valores de uso cuya producción y distribución se atenía a reglas de reciprocidad de diverso grado, antes que a contratos bilaterales mediados por el interés privado y el dinero (Hintze, 2003b).

La revolución tecnológica y organizativa del capital a escala global y bajo el predominio de la lógica del capital financiero (Federico-Sabaté, 2000), así como las reformas del Estado, que redujo drásticamente su papel como productor –y como empleador— de bienes públicos y/o de ciertos bienes y servicios considerados “estratégicos”, como regulador de los mercados y como programador y redistribuidor del excedente generado en las empresas, han originado una situación de crisis de reproducción de la vida de grandes masas de personas, familias y comunidades, si es que no de países completos –desempleo, subempleo, precarización laboral, pérdida de ingresos reales, degradación de la oferta de bienes públicos y calidad de vida, etc.—.

Estos procesos, acaecidos a nivel planetario, repercutieron de manera profunda y aparentemente irreversible en nuestro país. Aquí, de la mano de una política económica y social neoliberal conservadora ortodoxa, impulsada por poderosos intereses externos e internos, adoptada pasivamente como un recetario y aplicada con un ritmo vertiginoso como ya mostramos durante los últimos años –especialmente en los ‘90—,  se generaron transformaciones como las antedichas, con una secuela impresionante, sorprendente –como que el país parece haberse constituido en el paradigma mundial de la decadencia—, de pauperización generalizada y exclusión social.

Ante esto, las personas han ido desarrollando respuestas reactivas que se fueron estructurando en nuevas formas de producción, para la reproducción social de la vida. Los sectores populares –los que viven de su trabajo y no del ajeno, que incluyen no sólo a los más pobres— buscaron organizarse para sobrevivir de alguna manera. La primera reacción fue expandir el mercado informal, que finalmente llegó a un límite y comenzó a reducirse en el contexto de la recesión prolongada y dela caída de la clase media. Otra manera, fue la creación de nuevas formas de cooperación que permitieron a la vez la reintegración de las personas excluidas como productores y consumidores de bienes y servicios directamente necesarios, para satisfacer esas necesidades que el mercado capitalista y el Estado dejaron de reconocer, de facto o formalmente, como derechos humanos.

Nos resulta necesario aceptar que, en la actualidad, la sociedad vive tiempos de enormes transformaciones, que mucha gente –incluso los intelectuales— no logran conceptualizar hasta que se les caen encima, tanto en los aspectos de la realidad concreta como en el plano de las ideas. Y una de esas transformaciones es que el capital ya ni siquiera nos amenaza con convertirnos a todos en asalariados en el largo  plazo. No se atreve a hacerlo porque sabe que no resultará así y, además, porque contemporáneamente parece desinteresado del problema de la producción-reproducción de la sociedad. No se ocupa ni preocupa por la población y sus condiciones de vida. Gran parte de la cual resulta excedentaria para su reproducción en cuanto capital.

En tanto examinamos en nuestro país, con cuidado y una mirada amplia, despojada de sectarismos y prejuicios, esta realidad hoy envolvente, contextuada como es sabido en este capitalismo prebendario que se establece en el marco de la globalización y la antedicha política seguida, se descubre que los excluidos y carenciados sobreviven, inventando centenares y centenares de soluciones parciales e improvisadas, espontáneas o no,  a sus problemas. La mayor parte de ellas, predominantemente subordinadas a la satisfacción de sus necesidades y a la calidad de los vínculos socioculturales –solidaridad, cooperación, reciprocidad, confianza, ayuda mutua...—, y no a la lógica de la explotación del trabajo ajeno.

De esta manera, podemos conocer y enumerar iniciativas individuales, familiares, asociativistas o comunitarias, que emergen en el campo de las acciones económicas y societarias  populares, impulsando incluso verdaderos emprendimientos e iniciativas que denominamos sociales por su lógica más profunda y sus resultados –aplicar trabajo y crear sociedad—. Pero también, por la extensión abarcadora que ha tomado entre nosotros. Entre las formas organizativas tradicionales y emergentes que comparten estos atributos relacionales, es dable visualizar:

·         microemprendimientos y sus asociaciones para propagar/vender juntos, adquirir materiales y lograr espacios, generación mancomunada de marcas y diseños, protección de las artes y oficios,  redes y circuitos, y otras;

·         cooperativas de trabajo productoras de bienes y de servicios en base a las “fábricas en cenizas” o quebradas, trabajando para el mercado formal, para los mercados solidarios o para el autoconsumo de sus miembros;

·         cooperativas de abastecimiento y/o redes de consumo colectivo, para abaratar el costo de vida y mejorar la calidad social de los consumos;

·         movimientos asamblearios urbanos, que intentan transformarse en mercados sociales y solidarios;

·         organizaciones de prestación de servicios personales solidarios, como el cuidado de personas, actividades terapéuticas, cuidado del medioambiente, recreación infantil, etc., con parte de trabajo voluntario –incluido a veces en el llamado Tercer Sector—;

·         asociaciones culturales de encuentro comunitario y de afirmación de identidades –locales y barriales, de género, étnicas, deportivas, generacionales, etc.—;

·         redes de ayuda mutua, seguro social, atención de catástrofes y eventos atmosféricos regionales/locales, familiares o personales;

·         mutuales de trabajadores asalariados del estado y/o del capital por iniciativa o no, de orden sindical;

·         cooperativas previsionales sin fines de lucro;

·         grupos de formación y capacitación continua –para promotores, emprendedores, mediadores barriales, educadores populares, etc.—;

·         equipos de investigación y de cooperación técnica en apoyo de todas ellas, provenientes de las universidades y ONGs no asistencialistas;

·         banca social o solidaria –ética—, que canaliza ahorros hacia el crédito social;

·         agrupamientos asociativos para crear lugares de encuentro o foros de experiencias, de reflexión, sistematización y aprendizaje colectivo, defensa de la biodiversidad y el medioambiente, en base al consumo solidario y producción responsable;

·         redes de trueque organizando mercados solidarios o sociales, con formas de moneda social innovadoras;

·         empresas ciudadanas o grupos de organización comunitarios, surgidos de mesas de diálogo barriales para ocuparse de la urbanización y el medioambiente.

Se trata de lo que denominamos una economía popular emergente, que existe de forma efectiva como un sector agregado o sumatoria –no sistémico— de actividades socioeconómicas. Resumidamente, está compuesto (Coraggio, 1999) por:

§         el conjunto de recursos subjetivos y materiales, privados y públicos, que comandan las unidades o grupos domésticos –unipersonales o colectivos, familiares o comunitarios—, que dependen para su reproducción de la realización ininterrumpida de su fondo de trabajo;

§         las actividades que realizan para satisfacer sus necesidades de manera inmediata o mediata –actividades por cuenta propia o dependientes, mercantiles o no, competitivas o cooperativas—;

§         las reglas, valores, saberes y conocimientos que orientan tales actividades; y

§         los agrupamientos, redes y relaciones –de concurrencia, regulación o cooperación, internas o externas—, que instituyen a través de la organización formal o de la repetición de esas actividades.

Sin embargo, esa economía popular resulta ahora un conjunto inorgánico de actividades –es como un coro que crece sin dirección, dicen algunos autores—, realizadas por trabajadores, subordinadas directa o indirectamente a la lógica del capital. En estas circunstancias, lo que se propone, rescatando la experiencia democrática y popular, es organizar, programar y ejecutar una estrategia que lleve la economía popular a transformarse en un subsistema económico orgánicamente articulado, centrado en el trabajo y en el conocimiento, que se puede denominar “Economía Social y Solidaria y/o del Trabajo”[23]. La propuesta no sale de la nada, tiene también antecedentes doctrinarios y teórico-metodológicos de profundidad. Incluso, en teoría económica se discute si constituye o no un nuevo paradigma (Vuotto, 2003).

Por otra parte, encontramos las propuestas asistencialistas más diversas. Algunas, existentes en la amplia literatura sobre el tema, son: invertir en los pobres, gerenciamiento social[24], renta o ingreso ciudadano, mejorías en la gestión comunitaria, tercer sector, etc. que resultan típicamente del aporte financiero continuo y permanente del sector público y/o privado, y que no consideraremos ahora por razones de espacio[25]. Presentamos aquí, de manera sintética, las que intentan avanzar hacia formulaciones de carácter sostenible y, por ello, las que creemos realmente desarrollables, elegibles y ejecutables para sustituir escalonada y gradualmente las políticas sociales asistencialistas tradicionales o simplemente tercerizadas, en un caso como el argentino.

Entre ellas, se destaca la economía del trabajo o economía social y solidaria, también designada como economía popular urbana, cuyos objetivos se orientan hacia la  reproducción social ampliada de la vida. Este tipo de propuestas, combinan aportes estatales de arranque con los de la sociedad civil, con expresa finalidad de autosostenimiento por ser elaboradas para sociedades no desarrolladas con limitada capacidad estatal de subsidio.

Entendemos que es la formulación más madura y completa, dado que abarca componentes económicos –apoyatura en el intercambio mercantil—, socio-culturales, jurídico-institucionales y políticos; aunque por ello mismo, la más compleja de implementar. En el plano social y económico, por ejemplo, comprende y perfecciona todos los aspectos indicados en la economía social, agregando la noción de red de emprendimientos y el análisis de circuitos de producción y circulación –lo que asegura estabilidad al desarrollar demandas recíprocas—. Estos elementos cubren otras escalas organizativas de producción, más allá de las empresas sociales, como son los microemprendimientos y las vinculaciones con las PyME, Por este medio, conforman un subsistema integrado al sistema económico en los niveles local, urbano, regional y nacional. Pero insertan, al mismo tiempo, una lógica de funcionamiento solidaria, al lado de la mercantil y la regulatoria estatal, con una economía plural en cada nivel.

En el plano social, la economía del trabajo no queda limitada a los sectores más pobres y excluidos; por el contrario, expresa la necesidad de incorporar otras fracciones –dicen los paisanos: “un ciego guiando a otro ciego, y los dos terminan en un pozo”—, como las medias y medio bajas, con recursos simbólicos y culturales –vulgarmente, capital social—, ingresos y capacidades profesionales y técnicas instaladas. Estos sectores, en dichas circunstancias, están en disponibilidad de integrarse, pues conforman una parte importante de los desocupados y subocupados. O viven en medio de la inseguridad y la incertidumbre por su trabajo precarizado, no obstante contar con aceptable “capital social”. La mayoría parece haber entendido que ya no tiene un lugar en este sistema.

Las ONGs, las organizaciones de apoyo de las iglesias, las fundaciones con fines humanitarios, los centros de investigación universitarios con vocación multidisciplinaria, etc., serán básicos para prestar apoyo en este sentido, para preparar proyectos, ofrecer cooperación técnica –asistencia, no asistencialismo— y dar capacitación en diversos niveles –emprendedores, promotores, mediadores, profesionales de grado y posgrado—. Se trata, entonces, de llevar a cabo una convocatoria amplia y sin sectarismos, donde todas puedan expresarse y generar una vinculación dialógica para perfeccionar la propuesta estratégica y considerar los mecanismos de aplicación.

Asimismo, los actuales desarrollos plantean con suficiente detalle los distintos nexos –no sólo económicos— que el subsector de la economía del trabajo tendrá con la economía pública y la economía capitalista empresarial, orientadas esencialmente por objetivos de acumulación de poder y de acumulación de ganancias, respectivamente. Para ello, se avanza conceptualmente en la elaboración de lo que llamaríamos una microeconomía de la unidad doméstica, incorporando aspectos antropológicos y de otras disciplinas sociales, cuando resulta necesario para completar el análisis. Este tipo de herramienta teórica es un capítulo ausente de la economía tradicional en la que sólo es visto como unidad de consumo y de provisión de mano de obra el mercado de fuerza de trabajo. Por supuesto, la instalación de una economía de estas características empuja importantes modificaciones en los sistemas de gestión pública del área respectiva y en la legislación.

La finalidad última de la economía del trabajo es pluripropósito. En efecto, no es sólo enfrentar la pobreza y la exclusión social, sino organizar un nuevo actor social, existente hoy pero desestructurado, disperso, desvalorizado. Se trata de esas experiencias parciales y espontáneas que nos rodean y que hemos mencionado con anterioridad. Dicha organización significaría dotar a ese actor social de nueva identidad por la creatividad, el trabajo y su reconocimiento, superando la pasividad de la espera de soluciones asistenciales: si ello fuera posible, como es evidente, se generaría una importante transformación cultural. Transformar en la tarea concreta, material, del trabajo cooperativo, el espíritu inculcado por el neoliberalismo de la competencia insana e individualista, en un nuevo sentido que afirme la solidaridad orgánica.

Otro aspecto fundamental y de enorme importancia, es que este actor social participativo en sustancia, daría fuerza al bloque socio-político en que intervengan los sectores populares que necesariamente deberá desplazar el dominio y cuestionar el predominio de las empresas multinacionales y nacionales concentradas, del capital financiero internacional y de los  privilegios de las empresas públicas privatizadas que, como ya no hace falta explicar a los medianamente informados, presiona el país actualmente, poniendo trabas a su libre desarrollo.

BIBLIOGRAFIA

AAVV (2003) “El que se vayan todos tiene que ser que nos metamos todos”, en Hecho en Bs.As., Buenos Aires, Año 3, nº 32, abril.

Abramovich, Ana L. y Alberto M. Federico-Sabaté (2004) “Condiciones económicas que justifican el impulso de una estrategia de desarrollo de economía social o del trabajo, versión ampliada”, en L. Andrenacci (coord.) Políticas sociales en Argentina, (¿Ciudad?) UNGS (en prensa).  

Abramovich, A.L., D. Cassano, A.M. Federico-Sabaté, S. Hintze, A. Montequín y G. Vázquez (2003) Empresas sociales y economía social, Programa de Desarrollo Local Cartilla nº 6, Buenos Aires, ICO - UNGS.

Alonso, Luis E. (1999) Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial, Madrid, Editorial Trotta.

Arévalo, Raquel y Tomás Calello (2003) Las empresas recuperadas en Argentina: algunas dimensiones para su análisis, trabajo presentado al Segundo Congreso Argentino de Administración Pública. Sociedad, Estado y Administración Pública (Córdoba, 27 al 29/11), ICO-UNGS, (¿mimeo?)

Argumedo, Alcira y Aída Quintar (2003) “Argentina ante una encrucijada histórica”, en Revista de Estudios Sociológicos del Colegio de México, México, Vol. XXI, nº 63..

Astrada, Carlos (1962) La doble faz de la dialéctica, Buenos Aires, Editorial Devenir.

Azpiazu, Daniel (2002) “Las privatizaciones en Argentina y la concentración del poder económico”, en A. M. Federico-Sabaté (comp.), Economía y Sociedad en la Región Metropolitana de Buenos Aires en el contexto de la reestructuración de los `90,  La Plata, Ediciones Al Margen – UNGS.

Barrera, Carlos y H. Torres (1994) “Ambiente: apropiación de la renta y comercio internacional”, en Minsburg, Naum y Héctor W. Valle, El impacto de la globalización, Buenos Aires, Letras Buenas Ediciones.

Basualdo, Eduardo (2001) Modelo de acumulación y sistema político en Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera, Buenos Aires, FLACSO/UNQUI/IDEP.

Battistini, Osvando –coord- (2002) La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada, Buenos Aires, Trabajo y Sociedad.

Beccaria, Luis, J.Carpio y A.Orsatti (1999), “Argentina: informalidad laboral en el nuevo modelo económico”, en Informalidad y exclusión social, Buenos Aires, FCE/Siempro/OIT.

Benko, George (1996), Economia, espaço y globalizaçao, San Pablo, Hueitec.

Benko, George (1999) “Reestructuración económica, globalización y transformaciones socio-territoriales, Conferencia de Territorios en Redefinición”, en Revista Geographikós, Buenos Aires, nº 10, segundo semestre.

BID (2003) Apoyo del grupo BID al sector de la microempresa. Logros, lecciones y desafíos, Washington DC

Bourdieu, Pierre (1988) Cosas dichas, Barcelona, Gedisa

Busso, Mariana y M. Ana Drogas (2002) “De cómo pensar la democracia en Argentina”, en O. Battistini (coord.), La atmósfera incandescente, Buenos Aires, Trabajo y Sociedad.

Castel, Robert (1998) “Centralidad del trabajo y cohesión social”, en E. Carpintero y M. Hernández –comp.- (2002) Produciendo Realidad. Las Empresas Comunitarias, Buenos Aires, falta editorial.

Cattani, Antonio D. (2004) La otra economía, Buenos Aires, OSDE-Altamira-UNGS.

Carpintero, Enrique y Mario Hernández –comp.- (2002) Produciendo Realidad. Las Empresas Comunitarias, Buenos Aires, Topía Editorial

CEPAL (2002) Globalización y desarrollo, XXIX Período de sesiones, Brasilia, mayo.

 Coraggio, José Luis (2004) De la emergencia a la estrategia, Buenos Aires, Espacio Editorial

Coraggio, José Luis (2003a) Las empresas recuperadas en el marco de la economía social, exposición en el “Encuentro sobre aportes universitarios a las empresas recuperadas”, organizado por el Equipo de Investigación de Economía Social del ICO-UNGS, ¿mimeo?

Coraggio, José Luis (2003b) “Nuevos puntos de partida y desafíos”, en “Mitos y Realidades del Desarrollo Urbano en América Latina y los Desafíos Futuros para las ONGs”, en E. Faerstein y C. Buthet (comp.) Cuaderno de trabajo 102, Quito, n(o)vib/sehas/Alop.

Coraggio, José Luis (1999a) Políticas de desarrollo regional en un mundo globalizado, presentación del Plan Estratégico de Bahía Blanca, Bahía Blanca, ¿mimeo?

Coraggio, José Luis (1999b) Política Social y economía del trabajo, Madrid, Miño y Dávila Editores

Coraggio, José Luis y Alberto M. Federico-Sabaté (1989) La cuestión regional en América Latina, Quito, Edición Ciudad.

Dahl, Robert (2000) La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós

Danani, Claudia –edit.- (2004) Política social y economía social. Debates fundamentales, Buenos Aires, OSDE-Altamira-UNGS.

Danani, Claudia, Magdalena Chiara y Judith Filc (1997) “El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense: una aproximación macroinstitucional”, en Serie Informes de Investigación nº 2, ¿ciudad?, ICO-UNGS

De Mattos, Carlos A. (1999) “Santiago de Chile, globalización y expansión metropolitana: lo que existía sigue existiendo”, en Revista Eure, Santiago de Chile, nº 76, diciembre.

Fajn, Gabriel y otros (2003) Fábricas y empresas recuperadas, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación.

Federico-Sabaté, Alberto M. (2003a) “Una estrategia sostenible para una política social alternativa en el caso argentino”, en A.Clemente y A.J. Arias (comp.), Conflicto e intervención social, Buenos Aires, Editorial Espacio

Federico-Sabaté, Alberto M. (2003b) “Las empresas sociales: ¿un componente sustancial para consolidar la economía social?”, en A.L. Abramovich, D. Cassano, A.M. Federico-Sabaté, S. Hintze, A.Montequín y G.Vázquez, “Empresas sociales y economía social. Una aproximación a sus rasgos fundamentales”, en Desarrollo Local, ¿CIUDAD?, ICO-UNGS, nº 6 

Federico-Sabaté, Alberto M. (2002) Economía y sociedad en la Región Metropolitana de Buenos Aires en el contexto de la reestructuración de los `90, La Plata, Ediciones Al Margen - UNGS.

Federico-Sabaté, Alberto M. (2000) “Ante el capital global, Conferencia en Universidad Deusto”, en Actas de las jornadas del 700 aniversario de la ciudad de Bilbao,

Fernández, Inés A., María L. González Carvajal, Omar D. Varela (2003) Mercado social solidario de Bonpland. Proyecto de articulación entre organizaciones sociales y territoriales para el desarrollo de una Economía Solidaria, ponencia en el Primer Foro de Investigadores y Docentes de Desarrollo Local y Economía Solidaria, Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social

Gambina, Julio (2002) La globalización económico-financiera, Buenos Aires, ASDI-CLACSO

González, Mariana L. (2003) “Transformaciones de hecho y de derecho en las relaciones laborales en los 90”, en J. Lindenboim y C. Danani, ¿TÍTULO?, Editorial Biblos, Buenos Aires

Grassi, Estela (2003a) Políticas y problemas en la sociedad neoliberal. La otra década infame (I) , Buenos Aires, Editorial Espacio.

Grassi, Estela (2003b) Condiciones de trabajo y exclusión social, más allá del empleo y la sobrevivencia, mimeo

Grassi, Estela, Susana Hintze y M. Neufeld (1994) Políticas sociales, crisis y ajuste estructural, Buenos Aires, Editorial Espacio.

Hintze, Susana –edit.- (2003a) Trueque y Economía Solidaria, Buenos Aires, UNDP/UNGS/Prometeo.

Hintze, Susana (2003b) Balance y perspectivas de las políticas públicas en Argentina, ponencia en el Primer Seminario Internacional “Balance y perspectivas de las políticas y la gestión pública Latinoamericana”, México, UAM.

ICA (1995) Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional sobre la Identidad Cooperativa. Los principios cooperativos, Edición del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, Paises Vascos

IDEF-CTA (2004) “El envión no llega al salario”, en Página 12, Buenos Aires, 5 de abril.

_________ (2003a) Seminario de economía social. Aportes para el debate, Espacio de economía social, Buenos Aires, julio

_________ (2003b) El desmantelamiento del modelo neoliberal y la construcción de una alternativa. Un examen en base a la presente coyuntura, Mesa de Coyuntura, Buenos Aires, julio

_________ (2002) “Shock distributivo, autonomía nacional y democratización”, en Página 12,  Buenos Aires)

Kritz, Ernesto (2002) “El mercado de trabajo”, en Suplemento Económico, Clarín, Buenos Aires, 10 de febrero.

Kulfas, Matías (2003) El contexto económico. Destrucción del aparato productivo y reestructuración regresiva, en Secretaría de Desarrollo Económico del GCBA, Empresas Recuperadas, Buenos Aires, GCBA.

Laville, Jean-Louis (2004) Economía social y solidaria. Una visión europea, Buenos Aires, UNGS-ALTAMIRA-OSDE 

Legna, Carlos (1996) “Tecnologías dominantes, difusión de innovaciones y espacios tecnológicos”, en Revista Eure, Santiago de Chile, nº 65, junio.

Lenin, Vladimir Ilich (1957) Sobre la cooperación. La alianza de la clase obrera y del campesinado, Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras.

Levin, Andrea y Griselda Verbeke (2001) Evolución reciente del cooperativismo en Argentina, Buenos Aires, Cuadernos del CIEP.

Lindenboim, Javier y Claudia Danani (2003) Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada, Buenos Aires,  Editorial Biblios.

Lindenboim, Javier y A. Salvia (2002) Metamorfosis del empleo en Argentina. Diagnóstico, políticas y perspectivas, Buenos Aires, Cuadernos del CEPED, F.C.E. – UBA, nº 7

Lindenboim, Javier, Luis Serino y Mariana González (2000) “La precariedad como forma de exclusión”, en Crisis y metamorfosis del mercado de trabajo, Buenos Aires, Cuadernos del CEPED, F.C.E. – UBA, nº 4.

Livszyc, Pablo (2003) “La miseria de la política”, en Revista Ciencias Sociales de la UBA Buenos Aires, nº 54, diciembre.

Lozano, Claudio (2003) “El conflicto en el marco de la crisis integral. Una caracterización de la etapa”, en A. Clemente y A.J. Arias (comp.), Conflicto e intervención social, Buenos Aires, Editorial Espacio.

Lucita, Eduardo (2002) “Fábricas ocupadas y gestión obrera en Argentina. Ocupar, resistir, producir”, en Revista Cuadernos del Sur, Buenos Aires, octubre

Magnani, Esteban (2003) El cambio silencioso. Empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores en Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Magnani, E. (2002) “Asambleas populares. Que se vayan todos”, en Hecho en Bs.As, Buenos Aires, Año 2, nº 19, marzo.

Malo, Marie-Claire (2001) “La cooperación y la economía social”, en M. Vuotto (2003), Economía social, Buenos Aires, UNGS-ALTAMIRA-OSDE

Martínez, Oscar y Federico Vocos (2002) “Las empresas recuperadas por los trabajadores y el movimiento obrero”, en Carpintero, E. y M. Hernández, Produciendo Realidad, Buenos Aires, Topía Editorial.

Martínez Nogueira, Roberto –comp.- (1991) La trama solidaria. Pobreza y microproyectos de desarrollo social, Buenos Aires, GADIS

Marx, Karl y Federico Engels (1974) “Trabajo cooperativo. Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo Central Provisional”, en Obras Escogidas, Moscú, Editorial Progreso, T. II

Matner, Gonzalo (1995) “Innovación tecnológica y reorganización del espacio industrial”, en Revista Eure, Santiago de Chile, nº 73, diciembre

Monza, Alfredo, L. Casanovas y L. Crucella (2001) Crecimiento y desempleo, Buenos Aires, Siempro.

Napoleoni, Claudio (1976) Lecciones sobre el capítulo sexto (inédito) de Marx, México, Ediciones ERA

Neffa, Julio C. (2002) Situación y perspectivas del mercado de trabajo, Buenos Aires, Cuadernos del CEDEP, nº 7.

Nun, José (2000) Democracia. Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica

Palomino, Héctor (2003) “Las experiencias actuales de autogestión en Argentina”, en Revista Nueva Sociedad, Buenos Aires, nº 184.

Palomino, Héctor (2002) “El movimiento de trabajadores de empresas recuperadas”, en Revista Sociedad, Buenos Aires, F.C.S.-UBA, nº 20/21,verano

Poma, Lucio (2000) “La Pro-ducción de conocimiento. Nuevas dinámicas competitivas para el territorio”, en F. Boscherini y L. Poma (comp.) Territorio, conocimiento y competitividad de las empresas, Madrid, Miño y Dávila Editores.

Pucciarelli, Alfredo (2003) “Algunos interrogantes. La ofensiva del Presidente”, en Revista Ciencias Sociales, Buenos Aires, UBA, nº 53, agosto.

Pucciarelli, Alfredo (2002) La democracia que tenemos. Declinación económica, decadencia social y degradación política en la Argentina actual Buenos Aires, Libros del Rojas-UBA.

Pucciarelli, Alfredo (2001) El régimen político de las democracias excluyentes. El caso de la República Argentina, en Revista Sociohistoria, La Plata, nº 9-10

Pucciarelli, Alfredo (1998) “¿Crisis o decadencia? Hipótesis sobre el significado de algunos cambios recientes de la sociedad argentina”, en Revista Sociedad), Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, nº 12, octubre.

Quintar, Aída, Tomás Calello y Grisel Adissi (2003) Las asambleas barriales en la Región Metropolitana de Buenos Aires: una experiencia en devenir, ponencia en el ALAS, Comisión 20, Arequipa

Salvia, A. y S. Tissera (2000) “Heterogeneidad y precarización de los hogares asalariados en Argentina durante la década del 90”, en Crisis y metamorfosis del mercado de trabajo, Cuadernos del CEPED, FCE-UBA, nº 4, diciembre. (También: Cuadernos nº 5 de dicha colección).

Sancha, José Félix (2003) Recuperación de fuentes de trabajo a partir de la autogestión de los trabajadores, en IDEF-CTA (a), Seminario de economía social, Buenos Aires

Sancha, José Félix (2001) “Recuperación de fuentes de trabajo a partir de la autogestión de los trabajadores. Experiencias”, en Revista Realidad Económica, Buenos Aires, nº 183, octubre-noviembre.

Sánchez, Federico (2003) “Acciones colectivas y políticas de desarrollo local. El caso de las empresas recuperadas por los trabajadores en la CBA”, en Secretaría de Desarrollo Económico de GCBA, Empresas recuperadas, Buenos Aires, GCBA.

Secretaría de Desarrollo Económico del GCBA (2003) Empresas recuperadas. Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, GCBA.

Schweickart, David (1999) “¿Son compatibles la libertad, la igualdad y la democracia? Si, pero no bajo el capitalismo”, en Revista Mientras Tanto, Valencia, número de otoño.

Stancanelli, Pablo (2002) “Apropiarse de la fuente de trabajo”, en Le Monde Diplomatique, El Dipló, Buenos Aires , agosto

Vales, Laura (2004) “Asamblearia, la empresa solidaria”, en Diario Página 12, Buenos Aires, 19 de abril.

__________ (2004) “Los piqueteros que elaboran la cerveza para Palermo Hollywood”, en Diario Página 12, Buenos Aires, 12 de febrero.

Vuotto, Mirta –comp.- (2003) Economía Social. Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas, Buenos Aires, UNGS-ALTAMIRA-OSDE

Willamson,  J. (1993) “La democracia y el Consenso de Washington”, en World Developement, Washington, Vol 21

Wrigth, Eric Olin (2001) “Propuestas utópicas reales para reducir la desigualdad de ingresos y riqueza”, en R. Gargarella y F. Ovejero (2001) Razones para el socialismo, Barcelona, Paidós.

Yoguel, Gabriel (2002) PyME, una estrategia hacia la competitividad en un escenario de cambio tecnológico, exposición Seminario en Costa Rica, IdeI-UNGS  

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