2. Ejes autogestionarios en la producción social del hábitat:

Desarrollo organizacional, interacción con el Estado y producción normativa.

Por Néstor Jeifetz *

Desde nuestra perspectiva, la noción de autogestión es, centralmente, una noción de construcción de poder popular o de construcción de poder de los que hoy no lo detentan.

Es una noción de construcción de una cultura colectiva de transformación, para potenciar los valores de la individualidad humana, para construir un hombre nuevo.

Es una noción de construcción de colectivos; de desarrollo organizacional en la perspectiva de ser parte de procesos unitarios del campo popular, para transformar la actual realidad socioeconómica y cultural y construir una nueva realidad, donde el ser humano recupere su capacidad de ser plenamente.

No es una noción ajena o paralela a la del Estado sino profundamente vinculada a la construcción de un nuevo Estado de todo el pueblo... tal vez sí, en perspectiva, sea una noción vinculable a la desaparición del Estado como instrumento de dominación de clase.

La noción de autogestión en el marco de la ciudad, es una noción de lucha por el espacio, en un territorio de lucha entre distintos sectores y clases sociales que -como polos de una dinámica compleja- se lo apropian o son expulsados.

La noción de autogestión implica construcción y proceso dialéctico, no lineal.

¿Cómo se va dando ésta construcción autogestionaria en la lucha por ganar colectivamente el Derecho a la Ciudad y el Derecho a la Vivienda ?

Trataremos de identificar, en las dinámicas que se desarrollan en el interior de la ciudad, algunos ejes de estos procesos de construcción, buscando marcar instancias o etapas que expresan -por existencia u omisión- la presencia o no de tales contenidos autogestionarios en dichos procesos, de tales dinámicas de construcción.

Desde el Desarrollo Organizacional

El fenómeno de las ocupaciones de edificios y características iniciales de los procesos de organización como forma de sobrevivencia en la ciudad

Los fenómenos de ocupaciones de edificios en las ciudades -masivos y al mismo tiempo localmente dispersos- expresan la inexistencia de políticas sectoriales con capacidad de respuesta frente a las necesidades de hábitat de los sectores populares, inexistencias sectoriales inscriptas en la aplicación de modelos generadores de altísima concentración de la riqueza con la inescindible contracara del acelerado desarrollo de la miseria en la mayoría de nuestra población latinoamericana (1). Son fenómenos motorizados desde la necesidad y en los que la organización colectiva está esencialmente ligada a criterios de sobrevivencia cotidiana, sobreviviencia que tiene en la ciudad su base fundamental.

Muchas veces, la actitud permisiva del Estado frente a este fenómeno, o con mayor claridad frente al de ocupación de tierras (básicamente en el Gran Buenos Aires o áreas periféricas de las grandes ciudades), tiende a su propia auto-preservación o bien a operar como mediador para que el valor agregado por la gente a través de los procesos de transformación de las tierras en barrios sea apropiado -mediando negociaciones de regularización dominial- por los propietarios originales. Descompresión de las supuestas "responsabilidades" del Estado frente a las demandas sociales de hábitat y operador estructural de lo de siempre: la apropiación, por parte de unos pocos, del trabajo de muchos.

Retomando las ocupaciones de edificios en áreas centrales de la Capital Federal y vinculando este fenómeno con el desarrollo de la experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)

Tal vez la primera forma organizativa (2) es la cuasi no organización, en el marco de una actitud inicial -desde los ocupantes de edificios- de búsqueda de una cierta invisibilidad del fenómeno; conducta de ocultamiento, de carácter defensivo y posiblemente hasta "culposo", por la más o menos consciente violación de la "sagrada" propiedad privada.

Las actitudes de ocultamiento tienen "patas cortas" y tanto la propia cotidianidad como las necesidades de defensas legales o "blanqueos" (3) de las conexiones a los servicios van construyendo un nuevo segundo estadio. Aparece una especie de estructura de "gestores y gestionados", estadio en el cual todavía no necesariamente emerge la perspectiva de pensar en iniciar caminos de lucha para ganar"se" el Derecho a la Ciudad... Y de paso, la noción de derecho que en estas instancias se tiene es la del derecho dado, no del derecho ganado a través de la organización y la lucha; no existe en estos primeros umbrales organizacionales noción histórica de los derechos.

En el desarrollo de los procesos organizativos autogestionarios es esencial la incorporación de la dimensión histórica de productos superestructurales, como los marcos normativos vinculados a los derechos sociales. Es esencial que las organizaciones se apropien de las luchas populares que muchas veces, sangre mediante, dieron como productos herramientas legales que contienen y expresan derechos sociales. Estamos hablando de sumar, incorporar, imbricar esta comprensión histórica, con el desarrollo de una práctica organizacional propositiva y de lucha, que de derecho a reivindicar los derechos.

Pero no existe fenómeno social que no genere, desde su propia interioridad y con su contexto socioeconómico cultural y político, perspectivas superadoras de sus limitaciones iniciales. Distintas y ricas interacciones van recreando esas visiones y objetivos iniciales, comenzando a vislumbrarse perspectivas de mayor desarrollo.

Algunas variables de esta interacción: el paralelismo de los fenómenos de ocupaciones de tierra y de edificios -desde la existencia embrionaria de ámbitos de reflexión en el seno del MOI- posibilitan ver con nitidez en la toma de tierras un proceso acelerado y colectivo de producción social del hábitat; la transformación de la tierra semi-rural ocupada en barrios; la mimetizada continuación, en no más de una década, del tejido barrial preexistente en la que originalmente fue una ocupación de tierras.

Otra de las variables de interacción, y ésta propiamente de articulación latinoamericana, es el conocimiento, la inicial puesta en común de una de las experiencias de producción autogestionaria más paradigmáticas de Latinoamérica, como la desarrollada por sectores del pueblo uruguayo desde comienzos del 70 a través de su Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

Estas dos variables, entre otras, promueven el lento pero continuo acceso a un tercer estadio organizacional en el que la ciudad se comienza a percibir como un objetivo de lucha visible, la forma cooperativa como herramienta de organización apropiada para el desarrollo de propuestas colectivas, y los derechos como productos históricos de la lucha popular y en tal sentido reivindicables para ganar"se" el Derecho a la Ciudad.

En sus formas iniciales, es posible que el modelo cooperativo tienda inicialmente a transpolar, a no desprenderse del modelo anterior de gestor-gestionados. En esta tercera fase, hay una lucha entre el modelo con que se viene o se arrastra -autoritario y de delegación- con el nuevo que hay que construir.

La cuarta etapa, la organizacional, para que exista como tal y tenga entidad cierta tiene que resolver esa contradicción en favor de una estructura en la que las direcciones se socializan, constituyendo verdaderos colectivos de conducción subordinados al funcionamiento y a las resoluciones de la asamblea y garantizando una dinámica en la que el "mandar obedeciendo" sea una de sus características centrales.

Es decir, construcción de una dinámica en la que las conducciones cooperativas sean emergentes de un fuerte proceso de discusión, elaboración y decisiones de asamblea; ámbitos colectivos que mandatan a sus direcciones a ejecutar sus decisiones; direcciones que reelaboran, reflexionan y proponen permanentemente a sus bases, sobre nuevas líneas de acción; dinámica dialéctica en la que la relación entre los colectivos de dirección y su base de asamblea decisional tiene carácter continuo y ascendente.

Desde la Interacción con el Estado

La etapa inicial de la invisibilidad, etapa fuertemente endógena -autoorganizarse, luego de la ocupación, "sin ser vistos"-, tiene correspondencia con la inexistencia de vínculos con el Estado; o con la conciencia de visualizar al Estado como represor de acciones colectivas, como la ocupación de edificios en la ciudad, violatoria de la propiedad privada.

Vale aclarar que en el caso de las ocupaciones de edificios -es decir en el caso de ocupación de suelo urbano, de la ocupación de la ciudad- es casi excepcional que el Estado asuma el rol de mediador u operador para facilitar transferencia de ingresos hacia los propietarios de los inmuebles, mediante procesos de regularización dominial (como sí lo hace en las ocupaciones de tierra localizadas en las conurbaciones de las grandes ciudades). Generalmente va a tener una actitud relativamente permisiva (4) o va a asumir un rol expulsor. Ambas, en realidad, son caras de la misma moneda y dependerá o se definirá en función de la instancia en que se encuentre la dinámica socioespacial de la ciudad y el rol consecuente que respecto a ella asume el Estado, siempre garante del desarrollo de los negocios de los grandes grupos empresarios y financieros.

Es en la etapa organizacional defensiva en la que comienzan a establecerse vínculos iniciales, motorizados por acciones legales (por ejemplo contra acciones que el Estado, aún desde una actitud permisiva, siempre preventivamente va a operar) o por temas vinculados a conexiones de servicios, etcétera; la relación con el Estado es puntual, personalizada, superficial y/o periférica. No existe, desde los embriones organizacionales que comienzan a emerger, ni siquiera una conciencia básica de cómo funciona el Estado a través de sus estructuras gubernamentales; pero las puertas de la interacción comienzan a entreabrirse.

La procesada confluencia de puntualidades, la puesta en común de acciones vinculadas a gestiones defensivas, el conocimiento del desarrollo histórico de distintos movimientos sociales regionales y latinoamericanos en el campo del hábitat, la vinculación con organizaciones nacionales de base sindical que comienzan a enfrentar propositivamente y con lucha al modelo capitalista neoliberal, se constituyen en bases de la creación de nuevas organizaciones urbanas.

Organizaciones que vislumbran la lucha por el Derecho a la Ciudad -tal vez recreando banderas como la radicación, que fuera motor histórico de las luchas del movimiento villero en la Argentina- así como la lucha por conquistar el Derecho a la Vivienda como fundamentos de su propia existencia y estructuración. Esta existencia y estructuración, apoyada material y cotidianamente -muchas veces desde formas organizativas cooperativas- en el desarrollo de propuestas de acceso al techo colectivo o a la compra de edificios en la ciudad, así como en la recuperación de la noción histórica de los derechos humanos como expresiones superestructurales de las luchas populares, van elevando los niveles de la interlocución con el Estado y con sus conductores gubernamentales.

Las puertas comienzan a abrirse con mayor amplitud y más frecuencia y en el contexto de esta nueva interacción las organizaciones van constituyendo un nuevo proceso reflexivo respecto a las políticas de gobierno, al sentido y a los intereses que representan y al contenido de la sociedad que dichas políticas e intereses están expresando y sosteniendo.

Estas instancias de constitución de las nuevas organizaciones sociales como interlocutores reconocidos por los ámbitos gubernamentales pertinentes se corresponden con propuestas y reflexiones sobre la formalización de dicho status.

Expresiones de este estadio de la interacción son, entre otras, las denominadas Mesas de Trabajo y / o Mesas de Concertación, ámbitos conjuntos en los que se discuten y elaboran propuestas normativas motorizadoras de nuevos tipos de operatorias de hábitat popular.

Estos nuevos ámbitos, que llegan o han llegado a "manejar" porciones no despreciables de los presupuestos sectoriales, se pueden convertir en "corcets" del movimiento popular en tanto el mismo quede entrampado en una supuesta lógica de pares -movimiento social/gobierno- perdiendo porciones significativas de autonomía y muchas veces de capacidad de lucha (5).

Si el desarrollo de estos niveles de reconocimiento y formalización de las organizaciones sociales no tiene un paralelismo o una interrelación con el desarrollo de las luchas sociales y políticas en un plano superior de escala nacional, se puede llegar efectivamente a situaciones de entrampamientos y ser inclusive funcionales a las descompresiones que las políticas económicas dominantes requieren para ejercer su propia continuidad.

Un nivel superior de esta dinámica se plantea y ejecuta cuando el desarrollo de las organizaciones sociales son parte, o se hallan fuertemente vinculadas, con la construcción de fuerza política a escala nacional con profundo contenido popular.

El nuevo modelo, la nueva construcción de la interacción movimiento popular/gobierno ahora se expresa a través de metodologías de gestión involucradas en lo que se denomina Presupuesto Participativo, y en nuestra Latinoamérica se ha desarrollado justamente en los países en donde tales construcciones políticas existen: el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil o el Frente Amplio en Uruguay.

En las ciudades en las que esta metodología participativa tiene más desarrollo -por ejemplo el Porto Alegre de tres gestiones del PT y de dos Foros Sociales Mundiales- este modelo de democracia más avanzada ha llegado a definir no más del 30% total del presupuesto urbano y comienza hoy a recorrer el camino de instalación estadual. Aunque desde luego teniendo incidencia en un porcentaje significativo de los montos y direccionalidades de los recursos, el mayor porcentaje sigue siendo definido fuera de este proceso de participación del movimiento popular.

Estos procesos, que sin duda implican un fuerte avance en los mecanismos y en las concepciones de nuevas constituciones democráticas, todavía no ponen en cuestión o no revierten el sistema capitalista imperante, generador del empobrecimiento creciente de nuestros pueblos.

Sí van constituyendo escenarios de nuevas prácticas y reflexiones del campo popular; sí van conformando ámbitos potenciadores de la creación de una nueva cultura colectiva y solidaria; sí van creando un campo fértil para avanzar en la profundización de los procesos de transformaciones radicales que requiere nuestra Latinoamérica explotada.

Desde los Procesos Normativos

Los procesos normativos de las políticas autogestionarias de hábitat popular, como cualquier otro proceso, son esencialmente construcciones históricas directamente vinculadas al nivel de desarrollo del movimiento social y al nivel de articulación de éste con las construcciones políticas populares.

En el marco al que estamos haciendo referencia -las ocupaciones de edificios en las grandes ciudades, particularmente Buenos Aires- los procesos normativos desde el campo popular, es decir, los generados desde el seno mismo del fenómeno y su construcción organizacional, se inician desde el fenómeno mismo -de alto grado de espontaneidad- y la normatividad inicialmente existente es la de la propiedad privada y la expulsión; es decir: es la normatividad del enemigo.

La construcción de normatividad propia está vinculada directamente al nivel de existencia y desarrollo organizacional de base, a sus capacidades cuantitativas y cualitativas de lucha y de reflexión propositiva.

Primer estadio: con la normatividad del mercado (o la antinormatividad popular)

Se desarrollan propuestas que se corresponden con la casi no visibilidad organizacional (por ejemplo la Cooperativa Yatay, conformada en un edificio ocupado en el barrio de Almagro), se inician apoyadas y centradas en una muy fuerte decisión de microcolectivos de ganar el Derecho a la Ciudad mediante procesos absolutamente "unidireccionales" (6). Procesos donde es prácticamente inexistente -y/o eventualmente complementaria- la presencia de ámbitos gubernamentales, desarrollándose en la construcción fuertes vínculos del pequeño colectivo de base con coordinaciones técnico-políticas que incentivan y cohesionan esta manifiesta y férrea voluntad colectiva.

La normatividad en la que se resuelven estas primeras experiencias es la de la antinormatividad popular; son las reglas tradicionales del mercado y sus actores cotidianos: la compra-venta particular, la oferta privada, las inmobiliarias como intermediarias interesadas en las transacciones; sistemas bancarios de préstamos individuales con altos intereses, contrapesados por el ahorro colectivo. Es decir, nada muy creativo desde la normatividad; en cambio sí es creativo el propio proceso unidireccional del grupo cooperativo y su existencia; la experiencia que va a desarrollar para ganarse auténticamente el Derecho a la Ciudad va a transformarse en soporte legítimo para comenzar a instalar la necesidad de formulación de normativas populares.

Otra cara de este primer estadio organizacional, esta vez afectando grandes áreas ocupadas de la ciudad -la denominada ex Autopista 3 en la zona norte de la Capital Federal-, se desarrolla y comienza a construir sus primeras respuestas en ámbitos de la Legislatura: generando una situación de "precariedad en la normatividad propia del sistema", semi-legalizaciones de su situación a través de normas de comodato y/o primeras ordenanzas reconociendo situaciones de hecho y planteando en perspectiva futura una solución más de fondo.

Segunda etapa: construyendo organización autogestionaria en los resquicios de la normativa neoliberal

Las políticas de privatizaciones, clara y casi salvajemente puestas en evidencia a comienzos de los 90 con la gestión menemista y uno de los ejes centrales de la brutal transferencia del patrimonio nacional a la voracidad del capital financiero, crearon áreas gubernamentales y herramientas normativas para, esencialmente, garantizar la exacción total hacia el capital privado de los inmuebles residuales de las ex empresas estatales (de ferrocarriles, obras sanitarias, agua y energía, teléfonos, gas, etcétera).

Estas áreas gubernamentales -Dirección de Bienes del Estado de la Nación- y estas herramientas normativas -Ley 24.146 y Decreto Reglamentario 776/93- que permiten la transferencia de los inmuebles innecesarios a empresas privadas o a organizaciones sociales, fueron utilizadas por éstas últimas como "resquicios legales" para impulsar las primeras experiencias autogestionarias de base, ya fueran de conjuntos de familias semiorganizadas en condominios o de familias en estadio superior -cooperativamente organizadas, las que van a acceder al dominio colectivo en áreas centrales de la ciudad en los propios edificios ocupados que originalmente eran de propiedad nacional.

El condominio de Eleodoro Lobos en Parque Centenario -experiencia realizada al comienzo de los 90- articuló esta "hendija normativa" con una vieja ley de herencias vacantes de la década del 30, posibilitando que el edificio ocupado por las familias pasara al Ministerio de Educación, luego fuera declarado innecesario para el uso de ámbitos públicos y finalmente transferido al condominio conformado por los ocupantes originales.

La Cooperativa La Unión, ocupación de 24 familias de un edificio de propiedad nacional en Puerto Madero -nuevo barrio, producto de la renovación urbana apoyada en la transferencia cuasi subsidiada del suelo central al capital inmobiliario, sobre el cual se asentaban los viejos docks del puerto, hoy rehabilitados- desarrolla inicialmente un fuerte proceso autogestionario de carácter "unidireccional". Más tarde utiliza la Ley 24.146 y consigue la transferencia del edificio en cabeza de cooperativa. Su posterior rehabilitación edilicia -primera rehabilitación autogestionaria en áreas centrales de la ciudad de Buenos Aires- se ejecuta articulando aportes propios de la cooperativa -ahorro y ayuda mutua- con programas de trabajo nacionales (Programa Trabajar de subsidios individuales) para cubrir mano de obra calificada, y un fondo semilla de préstamo con intereses subsidiados (Programa 17 de Subsecretaría de Vivienda de la Nación) que cubría los requerimientos de materiales y parcialmente la asistencia técnica arquitectónica; el resto de la asistencia interdisciplinaria fue cubierta por el MOI . Como surge de lo expuesto, para desarrollar una experiencia -si bien pionera en la ciudad- se requirió de la articulación de cinco actores diferentes: tres ámbitos nacionales y dos organizaciones de base.

Tercera etapa: propuestas legislativas "puntuales" de regularización dominial en la ciudad y de accesos a préstamos individuales desde situaciones de emergencia

Familias integradas en cooperativas van a desarrollar procesos organizativos autogestionarios en inmuebles ocupados en áreas centrales propiedad del gobierno de la ciudad, impulsando y proponiendo herramientas normativas en el seno de la Legislatura para regularizar el dominio; esta regularización significa centralmente ganar la radicación o ganar colectivamente el Derecho a la Ciudad. Son experiencias puntuales, pero que sientan precedentes replicables para situaciones similares en las que se encuentran cientos de familias que ocupan inmuebles en la ciudad de Buenos Aires.

Otra faceta en la construcción de normatividad popular es la que surge como consecuencia de la reacción popular frente a procesos de renovación urbana en el tradicional barrio de La Boca, renovación que conlleva socioespacialmente -como históricamente sucede en la ciudad capitalista- procesos de desalojo y expulsión. Frente a este fenómeno, se construye la Asamblea de Desalojados de la Boca -articulación de las familias afectadas con la parroquia San Juan Evangelista, cuyo párroco era el padre Lapadula- y la conformación de su organización de base emergente: la Mutual de Desalojados de la Boca, liderada por Alberto DiPalma. Esta organización va a impulsar la sanción de una Ordenanza en la Legislatura y su posterior reglamentación, generadora de la operatoria 525 operada desde el ámbito responsable del ejecutivo, la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV).

Es una operatoria de préstamos individuales hipotecarios y en tanto tales -individuales- desajustados en su forma respecto a lo que había sido una lucha colectiva. Hay problemas de correspondencia entre formas de lucha y tipo de operatoria… no muy distintos a la lucha colectiva por la tierra, después transformada a través de procesos de regularización, en atomizaciones mediante el acceso a la propiedad individual.

En realidad, estas luchas y estos precedentes van a ser fundamentos para el reconocimiento en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires -adquiere el status de autónoma en el año 1996- del derecho a la radicación, del apoyo a los procesos autogestionarios y de la recuperación de inmuebles ociosos, conceptos todos expresados en el artículo 31 de la Carta Magna local.

Cuarta etapa: desarrollo de propuestas normativas de escala local

Bases iniciales para la construcción de propuestas autogestionarias, que comienzan a "mostrarse" como construcciones alternativas al sistema oficial imperante de recursos financieros para las ejecuciones empresariales. Los procesos sintéticamente descritos en los puntos anteriores van a constituirse en base de mesas de trabajo entre ámbitos del gobierno y organizaciones sociales autogestionarias de hábitat con el objeto de pasar a niveles normativos superiores: pasar de puntualidades casi paradigmáticas a normatividades más generales, que impulsen y cobijen el desarrollo más amplio y generalizado de experiencias colectivas autogestionarias al interior de la ciudad.

Producto de esta instancia de desarrollo fue la Ley 341, promulgada en febrero del 2000 y reglamentada como Operatoria Autogestión y Emergencia Habitacional en agosto del 2001 por la Comisión Municipal de Vivienda, organismo para la aplicación de la Ley. El MOI y la Mutual de Desalojados de La Boca fueron algunas de las organizaciones de base local que le dieron sustento a estas construcciones normativas; a nivel nacional, la Federación de Tierra y Vivienda de la Central de Trabajadores Argentinos (FTV-CTA) le va dando anclaje y perspectivas nacionales a estas propuestas.

Esta Ley instala, por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, a las organizaciones populares de hábitat con personería jurídica como sujetos de financiamiento, comenzando a visualizarlos -a partir de su práctica colectiva preexistente- como administradores de los recursos oficiales para la compra de sus inmuebles -consolidación del Derecho a la Ciudad- y la transformación de éstos en conjuntos habitacionales -consolidación del Derecho a La Vivienda. La normatividad autogestionaria comienza a existir.

Quinta etapa: la normatividad autogestionaria "en juego"… o en producción

Hace un año, más precisamente el 20 de julio del 2001, en la ciudad de Buenos Aires, "estalló" un aspecto de la política de emergencia habitacional del gobierno: el alojamiento de familias en hoteles subsidiados, familias por las cuales el GCBA derogaba más de 500 dólares (hasta diciembre del 2001) mensuales por habitaciones de 4 x 4, con malos servicios comunes, regímenes más o menos carcelarios para el uso cotidiano de los espacios, restricciones a las visitas, permanentes arbitrariedades de las/ los oscuros encargados etcétera. En síntesis: irracionalidad de inversiones para constituir, desde profundas ópticas asistenciales, ámbitos cuasi destructivos de la cotidianidad familiar.

La Ley 341 se convirtió en herramienta de alternativas superadoras: a ella, con desconocimientos y muchas veces falta de lógicas organizacionales, se abrazaron esperanzados tanto las propias familias -que apresuradamente se constituyeron jurídicamente en cooperativas o asociaciones civiles, sin serlo organizacionalmente- como los propios ámbitos gubernamentales responsables de la problemática.

El producto hoy es que la Ley 341 y su operatoria específica -Autogestión y Emergencia Habitacional- alojaron estas esperanzas y las familias hoteleras impulsaron, conjuntamente con organizaciones de hábitat popular como el MOI y Mutual de Desalojados de Las Boca, la puesta " en producción" de la Ley.

La compra de inmuebles, que en esta etapa deben transformarse en asiento de nuevos conjuntos habitacionales ejecutados colectiva y autogestionariamente por las organizaciones de base, plantea este desafío que deberá acompañarse por una readecuación y profundización de la propia Ley 341 y de sus Reglamentaciones específicas. Y esto en el actual marco político nacional en el cual el aumento de los costos de producción ha subido en el primer semestre del año más del 60 %.

Organización para la ejecución, ajuste y profundización normativa serán caras de la actual etapa de ingreso a la producción autogestionaria, en un todo mediado sustancialmente por el rumbo que tomará la resolución de la profunda crisis nacional: a favor del pueblo o a favor de los intereses expresados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales.

Sexta etapa: la necesidad de que el desarrollo normativo se de regional y centralmente, a escala nacional

La grave y profunda crisis del modelo de entrega puesto en marcha por el neoliberalismo bajo los dictados de los organismos multilaterales internacionales, operado con obsecuencia traidora por el menemismo en la década del 90 y continuado por las posteriores y actuales gestiones con el mismo rumbo, está provocando un virtual estado de rebeldía en el seno de nuestra sociedad. Rechazo a todo lo instituido y creación de nuevas formas de democracia participativa y directa. El movimiento piquetero, las asambleas barriales y los cacerolazos son formas actuales de expresión de un pueblo en ebullición y búsqueda de nuevos caminos, de nuevas respuestas, de nuevas construcciones sociales, económicas, políticas y culturales.

En este contexto, lo sectorial, las políticas de hábitat popular -del mismo modo que el resto del país- es parte de la lucha entre un modelo de muerte -el sistema capitalista en su actual fase de desarrollo- y la necesidad de construir, todos los días, un nuevo sistema en el cual la vida y el desarrollo humano sean eje y soporte básico.

El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y base del sistema nacional de vivienda fue históricamente un recurso financiero más de las empresas para operar su objetivo: la ganancia. Hoy el FMI, al igual que ha operado con otros recursos y/o fondos específicos, "ordenó" a sus sirvientes nacionales que le quiten a dichos fondos su especificidad con el objeto de poder utilizarlos para el pago de las "obligaciones" externas. Consecuentemente la definición de estas prioridades ha hecho desaparecer hasta el sentido original del Fondo que era ser vehículo de generación de ganancia para los grupos empresarios nacionales.

Hoy es desafío y responsabilidad de las organizaciones de hábitat popular -además de ser consciente y prácticamente parte integrante de la lucha popular para la transformación del sistema de explotación- diseñar, proponer e impulsar la creación de un nuevo sistema normativo nacional en el cual el carácter autogestivo deberá ser una de las características esenciales.

Conclusiones parciales, a modo de síntesis

Cuando al comienzo de estas notas planteamos un vínculo directo entre la noción de autogestión y la construcción de poder popular lo hicimos desde la concepción de constitución de poder como la procesada recuperación/apropiación de las bases materiales y culturales enajenadas por los sectores del capital concentrado.

Recuperación/apropiación de bases materiales, en tanto la mayoría de la sociedad debe recuperar las riquezas naturales y el patrimonio nacional construido, que nos han robado; hay que recuperarlo. Nos han robado el manejo y la utilización de esas riquezas y patrimonio: hay que recuperar las riendas de la conducción del Estado y de la definición nacional de las líneas de desarrollo económico-social, en una indispensable visión latinoamericana.

Recuperación/apropiación de las bases culturales es otra de las vertientes que entendemos indisoluble a este proceso de lucha y transformación. Construcción de una nueva cultura en la que el eje sean la práctica y la reflexión colectiva y el desarrollo permanente y creciente de la solidaridad. Apostamos, sentimos y entendemos que la individualidad de mayor calidad, la potenciación de las mayores capacidades y virtudes individuales son sólo generables en los ámbitos de las prácticas y generación de pensamientos colectivos. La visión y la cultura individual y privatista es la cultura de la destrucción del individuo, es la cultura de la pérdida de sus potencialidades humanas de evolución.

La recuperación/apropiación de las bases materiales y culturales debe apoyarse en la construcción de un tercer eje, el de la conformación de una dinámica socio-organizativa que surja y se construya desde las bases, de abajo a arriba; no en el marco de una concepción basista -muchas veces encubridora de prácticas autoritarias- sino en dinámicas apoyadas en concepciones del "mandar obedeciendo".

El desarrollo de estos tres ejes -partes estructurales de una concepción autogestionaria- debe imbricarse y permear la interioridad de los tres aspectos que analizamos en estas notas: el organizacional, el normativo y el de interacción con el Estado.

La construcción sectorial organizativa, expresada a través de la conformación de cooperativas de vivienda, tiene que constituirse en herramienta que aporte al nacimiento y desarrollo de nuevos colectivos, potenciadores de nuevas y transformadoras individualidades.

La práctica colectiva y solidaria, que recorre todo el proceso de lucha por conquistar el Derecho a la Ciudad y luego el Derecho a la Vivienda, debe sentar nuevas bases materiales en la construcción de una nueva sociedad: oponerse a la segregación socioespacial de la renovación capitalista, peleando y conquistando a lo largo de un proceso pedazos de ciudad; la misma construcción material del hábitat popular debe construir sus propias bases económicas, las bases de la economía popular.

La práctica colectiva y solidaria debe producir, como resultado de sus procesos y de la indispensable e ineludible reflexión sobre ella (de lo contrario difícilmente podrán existir saltos cualitativos transformadores en la conciencia popular), la instalación de nuevas bases culturales; de las bases culturales del hombre nuevo.

La práctica y la reflexión colectivas en el seno del movimiento cooperativo autogestionario superarán las concepciones individualistas y privatistas apropiándose de la lógica y contenido de sus propios "haceres" y luchas, también expresados con continuidad en la forma de propiedad: la propiedad colectiva. "Lo que se gana colectivamente, no puede perderse en forma individual" dicen algunos compañeros del movimiento piquetero; o, como expresa una compañera cooperativista, "yo no soy dueña de mi vivienda , soy dueña de todas las viviendas de mi cooperativa".

Las prácticas y la reflexión colectivas, en el marco de su proceso de desarrollo, íntimamente vinculado a sus características cuantitativas y cualitativas, van "pariendo" su propia normatividad y con esa parición van consolidando en su seno la noción de derecho ganado, que es la concepción íntimamente popular del derecho. La concepción que nos sirve, la que vale, la que debemos alimentar y desarrollar. No la asistencial del "tengo un derecho, dénmelo". Los verbos propios de las mejores tradiciones históricas del movimiento popular son el construir, el ganar, el luchar, el proponer... y ,en realidad, todos ellos felizmente verbos que van juntos.

Y finalmente, respecto a la interacción de las organizaciones sociales con el Estado, en una perspectiva autogestionaria, esa dinámica de relación debe tener la perspectiva ineludible de las organizaciones autogestionarias como partes detentoras del poder del Estado, del manejo de sus bases materiales, de definidoras de sus nuevas pautas y comportamientos culturales, de generadora de sus nuevas construcciones superestructurales.

Si la práctica de la autogestión sectorial no contiene esta perspectiva sirvió para poco; cuanto más, para poner algunos ladrillos. Pero los ladrillos que el pueblo necesita los tendrá cuando nos ganemos el manejo de las riendas de nuestras políticas, el manejo de nuestras riquezas. Esa es la única perspectiva autogestionaria cierta: la que sirve para construir poder popular para transformar la sociedad capitalista. Como dicen los hermanos uruguayos en su himno cooperativo: "la vivienda es sólo el principio, no el final."

Notas:

Arquitecto, Presidente del MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos). Integra la Mesa Directiva de la Regional Capital de CTA y el Secretariado Ejecutivo de la SELVIP. Fue profesor adjunto concursado de la FADU-UBA (1985-2000) y es miembro del Programa XIV-IV de la Red CYTED.

1- Hardoy diría "más de 200 millones de personas viviendo en la ilegalidad señalan que deben prevalecer profundos errores en la legislación de nuestros países."

2- Estas etapas se distinguen analíticamente al reflexionar sobre la experiencia de procesos de ocupación de edificios de la Capital Federal y tomas de tierras en el GBA, surgidas masivamente a comienzos de los años 80, así como las diversas etapas recorre el desarrollo de las cooperativas del MOI a lo largo de toda la década de los 90 y otros procesos autogestionarios que han emergido más recientemente en la ciudad, en el marco de la lucha por la instalación de políticas autogestionarias.

3- Regularización de los servicios, fundamentalmente de luz y agua, que fue impulsada en el primer quinquenio de los 90 por las empresas privatizadas. Para las mismas, los ocupantes son, fundamentalmente, clientes en función del consumo, o bien evasores a penalizar, independientemente de la condición de tenencia de su propiedad. Cuando las empresas eran públicas, su política era la no regularización del pago de servicios, para no proveer de herramientas reivindicativas básicamente a los ocupantes de propiedades públicas.

4- La permisividad en las ocupaciones de edificios de propiedad pública, sobre todo en el momento de su auge, durante los 80, solía acompañarse de algunos beneficios secundarios en los organismos estatales, como instrumento de desarrollo de una extendida red de favores clientelares que integraba precariamente a los ocupantes, sin asumir las necesidades habitacional como eje de política, ni a los ocupantes como sujetos de derecho.

5- Este tipo de procesos, a lo largo de la década del los 90 se dieron con experiencias de "mesas de concertación", como en las experiencias con el movimiento villero.

6- Jeifetz, N. 1995. Autogestión, reflexiones en torno al proceso, desde el contexto y la práctica. Documento al 5to. Congreso de la Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular (SELVIP).

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