4. La economía del trabajo y las empresas sociales
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- Publicado el Martes, 01 Junio 2004 21:00
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Como base de una estrategia de politica social alternativa para la RMBA Alberto M. Federico Sabaté [1]
(Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.)
El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta resumida de las principales transformaciones económico sociales sufridas por la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)[2] especialmente en la última década, así como plantear, sin entrar en detalles, la necesidad de una estrategia para la construcción a futuro de una economía con que podamos dar respuesta a las necesidades sociales de los habitantes de esta región y que logre ser la impulsora del desarrollo nacional
En este trabajo tomamos como base una serie de investigaciones y estudios llevados a cabo en el Area de Sistemas Económicos Urbanos del Instituto del Conurbano, bajo el título Impactos de la Reestructuración Económica, Social y Territorial en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Avanza parcialmente un conjunto de hipótesis que son manejadas en las mismas y que están en proceso de elaboración. Otro tanto podemos decir respecto de la estrategia propuesta para enfrentar la situación, aquí simplemente establecida como una necesidad urgente para la construcción de dicha economía alternativa.
Se inicia señalando los resultados sociales de la reestructuración, ajuste y reconversión económica de las actividades privadas y públicas en el nivel nacional y sus repercusiones en la RMBA, considerada como el motor del desarrollo nacional. En este segmento territorial del país, analizamos con información secundaria la evolución en la distribución del ingreso y el desempleo como factores explicativos de la creciente pobreza. Luego, mostramos brevemente las limitaciones de las políticas sociales aplicadas y presentamos las más importantes propuestas sugeridas para mejorarlas. Se toma partido por la que considera más avanzada de dichas propuestas, planteada como una estrategia de desarrollo para la implementación de una economía alternativa autosostenida y finalmente, presentamos suscintamente la empresa social como un componente principal de dicha estrategia.
La economía metropolitana y la economía nacional.
La RMBA, de acuerdo a las proyecciones realizadas teniendo en consideración la extensión de la trama urbana, puede alcanzar actualmente los 13.5 millones de habitantes. En el último censo nacional realizado (1991) significaba alrededor del 40% de la población del país y veinte años antes (1970) rondaba en el 45% del mismo total. Aunque la tasa de crecimiento demográfico desciende en el largo plazo, su peso en valores absolutos y relativos sigue siendo, como es evidente, muy importante en el contexto nacional e internacional. Pocas dudas nos caven de su significación en términos de las actividades económicas y financieras, así como en lo vinculado a la producción tecnológica, como centro de la intermediación del país con el resto del mundo, cabecera histórica de la región más populosa, desarrollada y gran exportadora de productos agropecuarios, nodo nacional de la red ferroviaria, aérea y de caminos, principal puerto del país, sede de comando de las decisiones nacionales públicas y la mayoría de las privadas, etc.
En varios sentidos, entonces, la RMBA es fundamental para la explicación histórica del desarrollo social y económico argentinos, así como para su futuro. La región “... debería tener potencial para insertarse favorablemente y contribuir a la inserción de Argentina... en las redes mundiales que constituirán el nuevo sistema global” (Coraggio, 1998) Es más, sostenemos la tesis de que en el contexto de una economía globalizada, la RMBA se constituye en el motor de arrastre del sistema nacional en las próximas décadas. O bien, expresado de otra forma y de manera menos fuerte, de que no resulta posible diseñar una estrategia de desarrollo del país y de inserción en las redes del mundo del mismo, sin tener en cuenta el papel central que la región metropolitana cumplirá en ella.
La política económica y la economía nacionales
El último cuarto del siglo y con más intensidad durante la última década, esto es a partir de los 90´, es dable registrar profundas modificaciones ocurridas en la estructura económica y social del país y que encontraron un territorio activo y operativo particular en la RMBA. Nos centraremos en caracterizar y comentar los cambios de la última década, realizando sólo referencias puntuales cuando resulte necesario a la comprensión de algún proceso acaecido en un momento anterior.
Se trata de modificaciones en lo metropolitano, que tienen como base una serie de procesos desencadenados en el nivel global por la política macroeconómica (monetaria, crediticia, fiscal, cambiaria, etc.) y sectorial (agropecuaria, comercio exterior, industria, servicios públicos, transportes, etc.), de corte neoliberal, elaborada y aplicada drásticamente (en cuanto intensidad y ritmo) a comienzos y durante el transcurso de la década mencionada, imponiendo cambios en las condiciones productivas, financieras y socio laborales, con importantes efectos en diversos aspectos a veces menos visibles de campos como la cultura y las instituciones, y no menores mutaciones en la configuración territorial de la RMBA.
Cabe hacer notar, que algunos de los aspectos estructurales y de configuración espacial que sufrieron los efectos que dan lugar a la nueva situación que vivimos actualmente, se encontraban presentes desde mediados de los 70´. Lo que se manifiesta contemporáneamente, son las consecuencias de la drástica ejecución de esta política económica, con la exacerbación de los aspectos negativos que de manera larvada estaban presentes en sus anteriores modalidades de crecimiento regional y nacional.
El contexto general de todos estos cambios es la mundialización de los mercados o procesos de globalización, como queda dicho. Esto es, que se dirigen a articular e integrar la economía del país a las condiciones exigidas por los procesos de mundialización antedichos, que fueron presentados como ineludibles. Se trata de la implantación de un nuevo régimen de acumulación de capital y del sistema regulatorio que el mismo requiere para su amplio funcionamiento, en función del nuevo paradigma tecnológico.
Los componentes fundamentales de esta política económica aplicada en plenitud durante toda la década, suelen resumirse en:
a) apertura externa suficientemente amplia para el indiscriminado movimiento de capitales, mercancías y servicios; b) reforma, reestructuración y ajuste del aparato estatal, con desdibujamiento/minimización del sector público nacional, descentralización y resignificación de las políticas públicas; c) reestablecimiento de la estabilidad monetaria, con aplicación del esquema de convertibilidad; d) desregulación de los mercados, bajo el esquema del estado facilitador y la flexibilización; con privatización de los servicios públicos que prestaba el estado y las actividades en que participaba, sea en el nivel nacional, como el provincial o el municipal.
El comportamiento combinado de estos componentes, en las condiciones mundiales imperantes, conduce a serios desajustes en los aspectos, primero, sociales y laborales, pero más recientemente en las propias actividades económicas.[3] En un primer momento, hasta aproximadamente hace cinco años, le parecía a los analistas que los beneficios de los equilibrios macroeconómicos (que aparentemente se habían logrado) se pagaban en costos de los desequilibrios macrosociales y microeconómicos. Pero hoy ya no es posible afirmar siquiera esto. Los desbalances aparecen por todos lados y en todos los frentes.
Dichos desajustes pueden plantearse como una cuestión trascendental, dado que significan, en el nivel teórico, la aparición de un hiato o divorcio estructural, entre el proceso de acumulación de capital y el de la reproducción social. Esto significa que este país de la periferia que es la Argentina, como un todo, tiende a polarizar o dualizar los distintos sectores de la comunidad, generando grave exclusión e impidiendo la integración social, subordinada o no, típica del sistema capitalista hasta época muy reciente.
En el caso argentino, esto es dable visualizarlo por los siguientes resultados:
i) en lo económico, por el proceso de concentración de la economía, de los ingresos y de los patrimonios, en la cúspide de las clases sociales y fracciones dominantes. Por el efecto de desnacionalización en distinto grado de las más importantes actividades económicas (industriales, bancarias, aseguradoras, prestaciones de servicios públicos, agropecuarias, inmobiliarias, etc.) que pasan a ser controladas desde el exterior, aunque su mercado principal es el interno. Se visualizan tendencias crecientes a la generación de una estructura concentrada y monopólica. Por la crisis permanente que se genera en el sector fiscal y en la inestabilidad financiera, lo que ocasiona continuos ajustes cada vez más profundos y seguidos (Bermúdez, 00). Por la pérdida de competitividad de nuestras actividades exportadoras, dado que la convertibilidad llevó a una revaluación automática del peso argentino pegado al dólar, respecto del Euro y de la moneda de nuestros socios del Mercosur (Brasil), resultando de tal manera un “requerimiento” la presión a la baja de los costos internos; esto ha hecho que el salario resulte la principal y más sensible variable de ajuste, por no poder afectarse los costos tarifarios, los financieros y las rentas tecnológicas, vinculados directamente a las empresas de capital extranjero. Por que la propia convertibilidad, asociada a la dolarización de hecho de la economía, implica una traba para que el sector público pueda impulsar políticas económicas activas. Así, en general, resulta más sencillo importar que producir.
ii) en lo social, por lo que se ha dado en llamar la cuestión social contemporánea, derivada de la presencia estructural de la desocupación, subocupación y precarización del trabajo, con distribución regresiva del ingreso y la propiedad e incremento de los niveles de marginalidad y exclusión social. Esta desocupación parece tener su explicación en que el crecimiento de la producción en algunos sectores no fue acompañado por la creación de nuevos y suficientes puestos de trabajo. Es en el momento de la reestructuración y la reconversión productiva, cuando se genera el grueso de la desocupación abierta en el país. La innovación tecnológica en las actividades industriales, comerciales, financieras y de servicios, implicó el ahorro de mano de obra (por aplicación de tecnologías intensivas en mano de obra, sean ellas las duras o las blandas) y la flexibilización de la misma en cantidad y calidad (las denominadas economías de variación o “economies of scope”) y el crecimiento no fue suficiente como para absorber la fuerza de trabajo disponible y desplazada. La reestructuración del sector público y la reorganización de las empresas de servicios públicos privatizados, aportó también su buena cuota al desempleo. La marginalidad laboral se refiere a aquéllos que desalentados por la situación, ya no intentan siquiera buscar trabajo o no pueden enfrentar los gastos y costos de traslado para hacerlo. La exclusión social (de los que están fuera del mercado y del consumo y tienden a convertirse en laboralmente irrecuperables) es enfrentada con políticas sociales descentralizadas compensadoras del daño, manejadas con gasto social del presupuesto insuficiente dada la magnitud de recursos requeridos para hacerlo y focalizadas las que, como es conocido, se consideran ineficientes, a la vez que asistencialistas, clientelísticas y políticamente mercantilizadoras, cuando no corruptas. Políticas sociales que a su vez, no hacen más que afirmar la marginación de los grupos focalizados en que son aplicadas.
iii) en lo territorial, se ha producido una concentración de la riqueza en la Ciudad de Buenos Aires y algunos tramas de los ejes del conurbano. Tal es así, que el ingreso por persona en Buenos Aires y esos tramos (en la zona norte del conurbano, por ejemplo) triplica el promedio nacional, pareciéndose al nivel de algunos países desarrollados. La enorme mayoría de las actividades económicas y financieras más importantes tienen sus sedes centralizadas y se generan transferencias desde el interior a la Ciudad de Buenos Aires, aunque también aparece aumento de la concentración productiva en la misma. Sin embargo, en la propia RMBA, existen partidos del tercer cordón (o localidades de ellos) con ingreso por habitante varias veces inferior al de las zonas más atrasadas del país. Mientras tanto, se registra descenso o desaparición de actividades en las regiones del interior del país y crisis en varios estados provinciales. Algunos de la periferia y con pobreza muy extendida, tienen niveles de renta per cápita que se acercan a la de los países del Africa. Como era de esperar, la tendencia a la polarización social genera importante fragmentación territorial (Ciccolella, 1998), con aparición de islas de pobreza en la propia RMBA.
Este sector público nuevo y facilitador de mercado (como se dice en la jerga de los organismos multinacionales de crédito), surgido del ajuste y la reestructuración, desdibujado en sus capacidades después de haberse desembarazado de tantas actividades y empresas, destruido y renunciado al manejo de tantos mecanismos e instrumentos de política sectorial y regional, quedando limitado sólo al manejo de un pequeño núcleo de instrumentos relacionados a los aspectos macroeconómicos, continúa acumulando déficits fiscales de manera permanente, lo que aparece como poco elegantemente compensado con una incrementada y ya insoportable deuda externa (deuda eterna dicen algunos), año tras año.
La apertura externa de la economía argentina vinculada a estos aspectos, generó una fuerte mutación del proceso industrial, con reducción del peso relativo de la producción manufacturera en el producto bruto global, que según cifras recientes alcanzaba al 17% del mismo, en tanto que hace unos 20 años atrás representaba el 27% (Federico Sabaté, 2000).
Así, nos encontramos con una estructura económica y social surgida de la aplicación de una política económica que aparentemente pretendía aggionarse a la situación mundial pero que conduce a permanentes conflictos y tensiones internas, que se reflejan en el sector externo de la economía y presionan de manera continua y creciente sobre las finanzas del sector público, en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal).
Aunque esta visión de la economía nacional resulta sintética y parcial, nos permite entender que resulta consecuencia de una política económica profundizada sostenidamente por más de una década. Y que su horizonte histórico se remonta a algunas medidas adoptadas durante los 70’, como por ejemplo la reforma del sistema financiero, realizada durante la dictadura militar (Basualdo, 1998).
Al funcionamiento estructuralmente contradictorio de esta economía se agrega la cuestión social que hemos mencionado, en un país que según datos oficiales tiene 14 millones de habitantes en la pobreza, unos 4 millones en situación de indigencia, más de 2.2 millones de desocupados y casi otro tanto de subocupados, con alrededor de 3.5 millones de precarizados. A la vez enormes inconvenientes para contar con fondos destinados a las políticas públicas reactivantes y sociales compensadoras de esta situación, o para diseñar políticas activas en lo productivo con apoyo al adecuado desarrollo de las PYMES y una dudosa o indiferente actitud hasta el momento del sistema político, cuando no el orgánico rechazo abierto de los representantes de los sectores concentrados y predominantes del capital. Entendemos que para intentar nuevas formas de distribución del ingreso y la propiedad, altamente requeridas, las contradicciones estructurales instaladas en los últimos años y los conflictos que afloran de manera cotidiana (cada vez mayores), no pueden ser sorteados sin una estrategia imaginativa y superadora, uno de cuyos pilares de largo plazo debe ser una forma distinta de aplicar el gasto social.
La economía metropolitana y algunas cuestiones sociales en dicho nivel
Podemos pasar a la consideración de la RMBA con una idea aproximada del contexto económico en que se encuentra enmarcada en función del tipo de política económica aplicada y que se intentó caracterizar.
La población de Argentina ha evolucionado en las décadas recientes a ritmos inferiores a la media latinoamericana. Su tendencia es decreciente y existe un fuerte predominio de la población urbana, que según algunas estimaciones superaría el 90% al entrar el nuevo milenio. Como se expresó con anterioridad, la RMBA (y también el AMBA o el GBA) disminuye su ritmo de crecimiento demográfico y su peso relativo en el sistema urbano nacional. Y es dable pensar que continuará disminuyendo. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, mantiene estable su número de habitantes desde hace algunas décadas, en alrededor de 3 millones de personas. Los habitantes actuales del conurbano, los estimamos en unos 10,5 millones. Lo que crece demográficamente son las jurisdicciones y localidades de la periferia, expandiéndose el tejido urbano.
Del conjunto de la RMBA no existen cálculos sobre Producto Bruto. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires para los años 1993 – 1998, en cambio, contamos con datos del Producto Bruto Geográfico (PBG) en base a un trabajo realizado por el Gobierno de la Ciudad y la CEPAL. En el caso de la Provincia de Buenos Aires existen estimaciones, a partir de las cuales debe extraerse la información correspondiente al conurbano; abarcan el período 1991 – 1997. Por esta razón sólo nos fue posible construir gruesas estimaciones para el agregado total de la RMBA para los años 1993 – 1997. Los resultados de estas estimaciones resultaron razonables (Federico Sabaté, 2000) y con base en las mismas se llevaron a cabo los análisis procedentes.
Si se lo compara con el Producto total del país, el PBG de la RMBA fue marcadamente superior en cuanto a su crecimiento porcentual para el período indicado. En aquél el crecimiento fue del 16,9 %, en tanto que para la RMBA fue del 19,4 %.[4] Pero la Ciudad de Buenos Aires habría crecido un 17,5 % contra un 21,3 % del conurbano bonaerense. La participación de la RMBA, según estas estimaciones, se presenta con un peso mayor en leve aumento durante todo el período bajo análisis, alcanzando aproximadamente el 50 % del Producto del país en 1997.
Si se consideran los valores de los Productos con relación a la población estimada por proyección también para 1997, encontramos que el PBG per cápita de la RMBA es mayor que igual valor nacional en un 26 %. Como podíamos conjeturar, el Producto per cápita de la Ciudad de Buenos Aires resultó en el cálculo que realizamos más que triplicando el Producto por habitante del conurbano e incluso este último a un nivel algo inferior que el promedio del país.[5]
Las condiciones socio - laborales
Como para el resto de las ciudades del país, la opinión pública y los estudiosos sostienen que el principal problema nacional actual y de la RMBA es el crecimiento de la desocupación. Tal es así, que la magnitud del desempleo significa más de 2.5 veces los valores de fines de la década anterior. Pero la particularidad de esta región metropolitana es que en ella durante esta última década se dio un incremento de la tasa de actividad o sea una mayor participación de la población. Sin embargo, no puede argumentarse éste como el único factor explicativo del notable aumento de la desocupación durante el periodo (Lindemboim, 1998 y 2000).
Nuestra conjetura al respecto, compartida por varios analistas, es que dicho incremento de la oferta de mano de obra en el mercado laboral de la RMBA es un resultado del efecto negativo producido por la distribución regresiva del ingreso sobre los hogares de los más necesitados, que impulsó a otros miembros de la familia a buscar trabajo para lograr un ingreso adicional (Lindemboim, 1998). Este argumento se refuerza, si tenemos en cuenta que durante esta década se incrementa la participación de la mano de obra femenina en la RMBA, especialmente en los hogares de menores ingresos y en algunos periodos también la juvenil, no sostenida esta última, presumiblemente por el desaliento sentido frente a las dificultades de acceder al mercado de trabajo (Beccaria, 2000; Lindenboim 2000). Como consecuencia de ello, crece durante toda la década la población económicamente activa.
También es característico de la década que consideramos el aumento del empleo inestable. O sea que los trabajadores están más frecuentemente expuestos a cambios en su relación laboral, mutan más frecuentemente entre la ocupación, la inactividad, el desempleo, el trabajo incompleto, los distintos puestos de trabajo, etc. Este fenómeno parece asociado al incremento de la precariedad y de las posiciones asalariadas clandestinas y trabajos no registrados. Y aumenta, en general, la cantidad de asalariados sin ningún tipo de cobertura previsional. Aun en los períodos de mayor crecimiento, gran parte de los incrementos en la ocupación ha sido de este tipo. Se añade que esta inestabilidad tiene claramente un comportamiento diferencial según el nivel económico de los hogares (Beccaria, 2000) siendo mayor entre los más carenciados. A esta característica se agrega que la duración media del tiempo de desempleo se ha alargado, lo que implica mayores períodos de extensión del paro y los períodos de ocupación se han acortado, siendo esto válido tanto para la escala nacional como para la metropolitana.
Otro aspecto relevante, señalado por el último autor mencionado, es el notable crecimiento de la subocupación visible. Vale decir, que el empleo registrado es un empleo de asalariados que trabajan menos horas de las que realmente necesitan y quisieran para alcanzar un ingreso adecuado.
Resulta singular para los dos autores en que nos venimos apoyando, el estancamiento e incluso la disminución del trabajo por cuenta propia, lo que era poco probable que sucediera bajo condiciones de alta desocupación y subocupación, o como respuesta a la falta de trabajo. Se observa al respecto el incremento de la heterogeneidad en el conjunto de los cuentapropistas, lo que estaría reflejado en alguna leve diferenciación en sus remuneraciones (Beccaria, 2000).
Una hipótesis que busca explicar por qué no aumentó el trabajo por cuenta propia, es de tipo cultural: sostiene que el desempleo afectó principalmente a sectores acostumbrados a las relaciones salariales, personas a las que les es difícil enfrentar ahora tareas de aquel tipo. Otra explicación, intenta apoyarse en una reducción por cambio estructural del mercado metropolitano dado que se han modificado situaciones que mantenían la demanda de mecánicos y talleristas, reparadores de electrodomésticos, formas de comercialización minorista que eliminan esa intermediación o la del vendedor ambulante, reparaciones para mantenimiento de viviendas, etc. realizadas por cuentapropistas. Otra conjetura al respecto es que las barreras que pone el mercado desalientan la actividad o ponen topes muy altos, como ser el contar con recursos mínimos para viajar a distintos puntos de la ciudad. Además, se estrechó el mercado para estas actividades por la intensa redistribución de ingresos que afectó también a la baja a los sectores medios que demandaban estos trabajos. Con cualquiera de las hipótesis que hemos mencionado o con combinación de todas, el fenómeno singular es que con un nivel tal alto de desocupación no se incrementara de manera notable este sector refugio.
En lo que se vincula con la evolución del peso relativo de los ocupados con referencia a los sectores de actividad, Lindenboim comenta que en el caso de la metrópolis el peso de las actividades productivas se refleja en la superior importancia que adquieren los sectores relacionados a la producción manufacturera (textiles, confecciones y calzado, productos químicos y de la refinación de petróleo y combustible nuclear, productos metálicos, maquinarias y equipos, etc.) y aquellos que incluyen los flujos físicos, de productos, de personas, información y financieros. Con respecto a las actividades de circulación, superan en proporción de ocupación al resto del sistema urbano en comercio al por mayor, transporte, comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, restaurantes y hoteles, entre otros.
Con referencia a las remuneraciones de los trabajadores durante el período que nos ocupa, se observa un estancamiento en el salario real no obstante que se registra crecimiento de la productividad media. Pero a la vez, un comportamiento asimétrico de tales remuneraciones, lo que implica que durante las recesiones cae el ingreso de los asalariados más de lo que se recupera en los períodos de aumento de la actividad económica (Beccaria, 2000).
La distribución del ingreso en este período ha seguido el comportamiento regresivo registrado en este aspecto en el país (Altimir – Beccaria, 1998). Al respecto, cabe señalar que la desocupación se manifiesta como el principal factor del incremento de la desigualdad. Pero también, señala Beccaria, comienza a presentarse un crecimiento de la desigualdad en el ingreso de los ocupados, apareciendo una brecha a favor de los más calificados, especialmente a partir de 1995.
Las modificaciones implementadas en el mercado de trabajo durante los años 90’, realizadas bajo la consigna de flexibilización laboral y desregulación del trabajo, han generado una fuerte segmentación de dicho mercado, al tiempo que han crecido las tasas de desempleo en forma no conocida en el país (15,5% en la RMBA), así como el subempleo (17% en la RMBA), la precarización y la marginalidad laboral, como ya habíamos indicado.
En paralelo a estos fenómenos, registramos en el período, un crecimiento del 10% de la sobreocupación, de aquellos que logran tener más de un empleo para sobrevivir porque no les alcanza con un solo salario; así como de las horas de trabajo extra no remunerado, por temor al despido, que se estima que crece un 12% durante el mismo lapso. El número promedio de horas trabajadas por persona ocupada durante la década que nos preocupa, aumentó en un 9,3% (Bermúdez, 1999)
La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, pasó de representar 15,4 veces en 1990, a 24,6 veces al final del período (Rofman, 1999), brecha que se considera visiblemente subvaluada según los especialistas (Beccaria, 1999) al no tener en cuenta los efectos patrimoniales. Y la secuela “natural” de todo esto, como es el aumento de la pobreza absoluta y relativa (Altimir – Beccaria, 1998), y la indigencia. Para completar este cuadro de situación, es dable que puntualicemos que el crecimiento de la desocupación en el GBA fue del 261% entre 1991/99, mientras que la misma variación en el país alcanzó el 210% (Federico Sabaté, 2000). La paradoja contenida en todo esto, es que a pesar de que el mayor crecimiento del producto de todos estos años se generó en dos sectores de mano de obra intensiva, como son la construcción y los servicios, el nivel del empleo no acompañó tal crecimiento, sino todo lo contrario (Becker, 1999). Posiblemente ello se justifique por el bajo nivel tecnológico acumulado de tales actividades en las décadas anteriores, ahora bastante modificado.
Algunos analistas calculan la población “excedente” de la RMBA (de la cual se puede prescindir en la producción y circulación), sumando a los desocupados la población autosostenida, la que llegaría a la mitad de la población económicamente activa (CESS, 1999).
En los sectores del trabajo (ocupados o no) que habitan las zonas más alejadas y periféricas del conglomerado metropolitano, así como en las zonas ubicadas entre los intersticios de grandes troncales viales y ferroviarias donde se conforman asentamientos populares poco consolidados, se están agregando a las formas típicas de explotación, otras que han sido calificadas como de “expoliación urbana y ambiental” (Kowarick, 1996), que en ocasiones vuelven muy dura las condiciones de vida cotidiana y la reproducción social de estos pobladores. Incluso afectando la vida útil del trabajador, con un desgaste prematuro de sus capacidades.
En efecto, aunque no se cuenta con mediciones de esta expoliación urbana, observamos que a la degradación generalizada de las condiciones laborales ya mencionadas y el aumento de la rotación del trabajo, se adicionan las penurias ocasionadas de la autoconstrucción “desmigajada” y parcelaria de la vivienda en el tiempo, durante las horas y días de descanso con trabajo familiar y vecinal incorporado (alrededor del 65% de las existentes en la RMBA se estiman autoconstruídas). Se añaden las deficientes condiciones de transporte, la degradación del medio ambiente que generalmente rodea o es aledaño al hábitat, la lejanía y deficiente accesibilidad a los equipamientos urbanos de salud, educación, áreas verdes y recreación, los déficits crónicos en calidad y cantidad de los servicios referidos a la infraestructura urbana (ausencia o mala provisión de agua potable y saneamiento que impulsa a deficientes soluciones personales, recolección inadecuada de residuos sólidos domiciliarios, escaso alumbrado público que genera o aumenta los problemas de seguridad, defensas elementales contra inundaciones o anegamientos por no existencia de desagues pluviales, ausencia de pavimento y de cordón cuneta, etc.)
Las políticas sociales: puntualizando sus características generales
Estamos en presencia de una política económica con pleno dominio del mercado y que se adaptó pasivamente al recetario de la globalización, cuyo resultado más visible en la sociedad es un enorme crecimiento de la pobreza, como principal consecuencia de la distribución regresiva del ingreso y el incremento del desempleo, la subocupación y la precarización del trabajo. Proposición válida tanto para el nivel nacional como el regional.
El aumento del gasto social que alimenta las políticas públicas sociales de corte asistencialista destinado a paliar esta situación, en este marco, es la respuesta imaginada a la misma. Al respecto, observamos que durante toda la década de los 90´ ha aumentado dicho gasto en el país, llegando a ser, según la CEPAL, el más alto en América Latina por habitante y uno de los más importantes expresado como porcentaje del producto bruto interno. Sin embargo, dado que el llamado “modelo” económico aplicado continúa sin corregir estas deficiencias sociales, cabe preguntarnos sobre las características sobresalientes de las políticas sociales vigentes.
En términos generales, podemos decir que se trata de políticas basadas en una supuesta separación de lo económico y lo social como compartimentos estancos, sostenido ello por una visión economicista de la sociedad (de raíz neoclásica y neoliberal). Vale decir con un reduccionismo de una estructura a la otra, en la que no aparecen ambas articuladas e interactuando, sino la estructura social como un “resto” en segunda instancia de las relaciones económicas.
Lo social, para esta visión, sólo genera gastos e insume recursos, teniendo poco o nada que ver con las instituciones económicas, como por ejemplo, el mercado. Así, para esta visión, la reducción sistemática de los salarios, los altos impuestos que graban los bienes y servicios de consumo popular, el aumento de las tarifas de los servicios urbanos irregularmente privatizados (Aspiazu, 1998), la desregulación del mercado laboral, las limitaciones financieras de la previsión social y de la salud, el deterioro medioambiental urbano y su incidencia sobre el costo de la salud de los sectores populares y otros aspectos similares, no tienen nexo alguno con los problemas sociales y de la reproducción de la vida de los habitantes.
Posiblemente existe una excepción expresamente aceptada desde el enfoque economicista: el estilo y los criterios de gestión desde el aparato público de dichas políticas sociales, que hacen a los gastos y recursos necesarios para implementarlas. Al respecto, cabe puntualizar:
a) en la administración gubernamental, se imponen criterios de gerenciamiento privada y de eficiencia mercantil;
b) se impulsa una estrategia fundada en la denominada focalización para ahorrar gastos y criterios de evaluación costo-eficiencia de los resultados de los proyectos y programas;
c) se imponen normas a favor de los balances económicos para eliminar desequilibrios presupuestarios derivados de problemas financieros con visibles restricciones y atrasos de aplicación del gasto social en los niveles nacionales, provinciales y municipales;
d) contradictoriamente, se instala una tensión entre los objetivos de gobierno y los de las organizaciones que emergen de la sociedad civil, llamadas a colaborar en la ejecución, con metas muchas veces divergentes;
e) se impulsa un mercado heterogéneo en sus modalidades, de proyectos y programas sociales de tipo descentralizado, en que las aludidas organizaciones deben competir tanto por los recursos como por los beneficiarios;
f) se manifiesta combatir, pero claramente se soporta, la corrupción y el clientelismo político, evolucionando este aspecto en función de la coyuntura electoral y las tensiones sociales de las distintas áreas geográficas;
g) se reducen la eficacia y la eficiencia de muchas iniciativas sociales (como las de vivienda social y su indudable vinculación con los servicios urbanos que condicionan el hábitat, por ejemplo) al no poder éstas articularse a la prestación de ciertos servicios privatizados orientados por lucro y bajo la rigurosa consigna financiera de “voluntad de pago” de los beneficiarios.
Más allá de sus deficiencias de diseño, contenidos y ejecución, enfrentamos políticas sociales económicamente insostenibles, dado que los efectos negativos de la política económica parecen en expansión y el destinar muchos más recursos al gasto social pone en cuestionamiento el proceso de acumulación de capital impuesto en la Argentina y propio de la política económica vigente. Se requiere organizar una estrategia que supere la actual situación y sus consecuencias, abandonando gradualmente las políticas sociales asistencialistas que no se imponen la condición de reinsertar productivamente a los sectores afectados por el relegamiento y la exclusión social.
Esta estrategia social alternativa, debe cubrir la condición de superar dicha exclusión social generando actividades económicas que permitan su autosustentación, y colaborar al mismo tiempo, en la construcción de un nuevo actor social capaz de ser el basamento de un nuevo esquema de desarrollo.
Repasando propuestas de estrategias [6] y proyectos alternativos
Existen varias propuestas de diferentes autores y resultado de distintas experiencias destinadas a mejorar las políticas sociales. Es dable aclarar que las políticas sociales urbanas forman parte de las políticas públicas sociales en general, aunque es reconocible su aplicación en un ámbito determinado (la ciudad) y con ello se plantean algunas particularidades que hacen a las mismas; y destacar también, la enorme importancia que adquieren por el enorme peso relativo que la urbanización significa en nuestro país.
De manera muy somera, intentaremos realizar un repaso conceptual de ellas, centrándonos en algunos puntos que consideramos fundamentales. Uno de ellos, sin duda, es el referido a la sostenibilidad de la estrategia, insoslayable para el caso de un área metropolitana cabecera de un país como Argentina. Otro, por el tipo de participación que se requiere o establece para la población.
Un primer agrupamiento de las propuestas existentes se distingue por plantear una intervención del sector público de corte completa y dominantemente asistencialista.
1.- generenciamiento social eficiente para la mejora en la utilización de los recursos asignados y participación pasiva de la población; recomendación preocupada, en consecuencia, por evitar la mala administración, el favoritismo y la corrupción. Impulsada principalmente por los organismos multinacionales de crédito (Banco Mundial y BID).
2.- invertir de manera directa en la gente para incrementar su capital humano, relacionada estrechamente al denominado Desarrollo Humano, con especial énfasis en mejorar aspectos de salud, educación, calidad de vida dada por el hábitat, medioambiente, nutrición, etc. Que son modalidades del gasto para mejorar las oportunidades de los indigentes. Planteada principalmente por el P.N.U.D.
3.- ingreso ciudadano, consistente en el pago de un subsidio que permita ejercer el derecho al consumo de una canasta básica de bienes y servicios de la población relegada; se funda, en consecuencia en el reconocimiento de los derechos universales del ciudadano sin exigencia alguna de contraprestación directa por parte de la población beneficiaria.
Un segundo grupo de propuestas realizadas combina aportes estatales sin recupero con otros surgidos de la sociedad civil, bajo distinta forma.
4.- tercer sector que se encuentra asentado en parte sobre trabajo voluntario, pero con el aporte de transferencias continuas de recursos públicos y privados filantrópicos, por lo que no se plantea la posibilidad de su sostenibilidad; este sector está formado por organizacionesde la sociedad civil diversas sin fines de lucro que colaboran en su desarrollo, con objetivos de mejorar la calidad de vida de las personas carenciadas.
5.- economía solidaria, semejante al anterior, pero de inspiración social cristiana de base cuya ideología y cultura impulsarán y mantendrán desinteresadamente al voluntariado solidario. Requiere ayuda económica solidaria y mantenerse no contaminado por los estímulos de las ganancias de tipo capitalista.
Un tercer y último agrupamiento de estrategias para enfrentar los problemas de exclusión y tendencia a la dualización social, intenta avanzar hacia formulaciones de carácter sostenible.
6.- economía social como sector surgido de la sociedad civil y formado por organizaciones económicas sin fines de lucro, apoyándose en el asociativismo espontáneo y solidario de los sectores más humildes y relegados a través de cooperativas, mutuales, sociedades laborales, etc. (empresas sociales en la terminología y experiencias europeas, en especial de Italia, España, Francia y los países nórdicos). Dirigido inicialmente a integrar a grupos de personas discapacitadas física y/o laboralmente bajo criterios de eficiencia social y no capitalista, llegando a la propuesta de empresas comunitarias en el nivel territorial, se encuentra evolucionando claramente por razones prácticas hacia un polo que denominaremos la economía del trabajo o hacia el otro opuesto, un cooperativismo y unas sociedades anónimas laborales que aceptan el beneficio empresario (abandonando en este caso, algunos de sus principios originales). Las denominadas redes de trueque, basadas en el intercambio de bienes y servicios sin uso de dinero, cuando progresan hacia la producción pueden ser visualizadas como pertenecientes e incorporables a la economía social.
7.- economía del trabajo, también designada como economía popular urbana, orientada por objetivos de reproducción social ampliada de la vida, que combina aportes estatales de arranque, con los de la sociedad civil, con expresa finalidad de autosostenimiento por ser elaborada para sociedades no desarrolladas con limitada capacidad estatal de subsidio. Entendemos que es la formulación más madura y completa, dado que abarca componentes económicos (apoyatura en el intercambio mercantil), socio-culturales, jurídico-institucionales y políticos, aunque por ello mismo, la más compleja. En el plano social y económico por ejemplo, abarca y perfecciona todos los aspectos indicados en la economía social, agregando la noción de red de emprendimientos y el análisis de circuitos de producción y circulación que cubren otras escalas organizativas de producción más allá de las empresas sociales, como son los microemprendimientos y las vinculaciones con las PYMES. Conformar por este medio un sistema. En el plano social, la economía del trabajo no queda limitada a los sectores más pobres y excluídos; por el contrario, expresa la necesidad de incorporar otros sectores, como los medios y medio bajos con recursos culturales, ingresos y capacidades profesionales y técnicas instaladas. Asimismo, plantea con suficiente detalle los distintos nexos (no sólo económicos) que el sector de la economía del trabajo tendrá con la economía pública y la economía capitalista empresarial, orientadas esencialmente por objetivos de acumulación de poder y de acumulación de ganancias, respectivamente. Para ello avanza conceptualmente en la elaboración de lo que llamaríamos una microeconomía de la unidad doméstica, incorporando aspectos antropológicos y de otras disciplinas sociales cuando resulta necesario para completar el análisis, que es un capítulo ausente de la economía tradicional en la que sólo es vista como unidad de consumo y de provisión al mercado de fuerza de trabajo. Por supuesto, la instalación de una economía de estas características empuja importantes modificaciones en los sistemas de gestión pública y la legislación. La finalidad última es pluripropósito. No es sólo enfrentar la pobreza, sino organizar un nuevo actor social existente pero hoy desestructurado, disperso, desvalorizado. Significaría dotarlo de nueva identidad por la creatividad, el trabajo y su reconocimiento, superando la pasividad de la espera de soluciones asistenciales: si ello fuera posible, se generaría una importante transformación cultural.[7]
La empresa social: componente central de la economía alternativa
Como centro de nuestra atención, hemos elegido el tema de las empresas sociales, componente básico, pero no único, de la economía del trabajo o de la actual economía popular. La empresa social no tiene una definición unívoca. Además, puede ser pensada como un elemento aislado, o celular desde el punto de vista de su inserción en una cadena de producción y circulación vinculada a través del mercado conformando un sistema de actividades productivas y sociales.
Su función es ayudar a construir o reconstruir dicho circuito enriqueciendo el entramado social, servir de punto de incorporación de los sectores marginales y excluídos ampliando el acceso al trabajo, captar y potenciar las capacidades y energías sociales existentes de los sectores relegados ahora dispersas, colaborar en la emergencia de nuevas fuerzas emprendedoras, facilitar la autonomía de las personas al producir promoción laboral autosustentable, mejorar la formación para el trabajo en equipo, producir lazos de solidaridad y cooperación… Y podríamos agregar nuevas propiedades a este registro, hasta arribar a la idea de “generar ciudadanía” en las personas involucradas. No sólo produce bienes y servicios, produce sociedad (relaciones sociales, comportamientos, instituciones) para lo que es mejor pensarla de manera no aislada, componiendo redes que impulsen el sistema.
La empresa social se propone finalidades de tipo económico y social, incorporando a personas con problemas en el mercado capitalista de trabajo al tiempo que les brinda capacitación o recupera las existentes para el trabajo desde dicha empresa. Garantiza la igualdad de oportunidades al evitar cualquier tipo de discriminación étnica, cultural o de creencias. Los anteriores sujetos de las políticas sociales asistencialistas los transforma en productivos y creativos, a la vez que utiliza los recursos destinados a ellas en financiamiento de créditos y subsidios para la inversión. Pero no abandona la meta de autofinanciamiento. Para ello impulsa en asociativismo productivo capaz de generar bienes y servicios para generar más bienes. La confianza mutua, los lazos de cooperación y la participación solidaria están por detrás de dicho asociativismo, fundamento de cualquier cambio cultural que desplace el individualismo neoliberal. Adecuadamente orientada en términos estratégicos, da respuesta a necesidades colectivas no satisfechas, compartiendo el mercado con las empresas capitalistas, si la oportunidad se presenta. En consecuencia, debe satisfacer criterios de buena administración y de eficiencia, promoviendo la innovación cuando es posible. Sus miembros no son simples accionistas, están involucrados directamente y participan activa y democráticamente de la empresa.[8]
Si se atiende a los distintos autores que han enfocado el tema, así como lo establecido por la legislación que se ocupa de la empresa social donde la misma ha sido instituida, sacamos como primera aproximación que tal empresa es un tipo de cooperativa de trabajo sin fines de lucro, en la que cada participante tiene un voto de manera igualitaria y sin ninguna forma de discriminación participando activa y democráticamente en las decisiones, dedicada a la producción de bienes y servicios tradicionales o innovativos, y organizada alrededor de una dinámica empresarial en búsqueda del autofinanciamiento. Estos parecen ser los rasgos fundamentales.
Para llevar a cabo la inserción de la empresa social en un sistema o subsistema de economía del trabajo (que forma parte del sistema económico), no se desechan los vínculos mercantiles. Entendemos que el mercado no sólo excluye y aliena, y es factor de enfrentamiento entre oferentes y demandantes. Tal visión del mercado es sesgada, dado que también contradictoriamente, alimenta intercambios entre el trabajo y el conocimiento, provoca encuentros y experiencias, integra sujetos, organiza vínculos y brinda comunicación e información. Sin idealizar estos aspectos, podemos afirmar siguiendo a otros autores, que es dable revalorizar los vínculos mercantiles antinómicos como componentes de la crítica a la insuficiencia del solidarismo voluntarista y al asistencialismo estigmatizante.
Para asentar las bases de esta transformación se hace imprescindible impulsar su financiamiento, redireccionando gradualmente los recursos públicos actualmente destinados a los programas y proyectos de políticas sociales hacia la construcción de la economía del trabajo y este componente fundamental de la misma que resultan las empresas sociales. Para ello, es necesario contar con los estudios sobre las condiciones que hacen falta para la puesta en marcha de una estrategia bastante compleja, tales como el análisis de los circuitos de producción y circulación por rama [9], los análisis de demanda, así como impulsar la formación de promotores y la recapacitación de los funcionarios públicos responsables, establecer las formas de apoyo en materia técnica y de capacitación, los vínculos institucionales de tipo local y regional y los desarrollos sinérgicos que podrán aprovecharse, entre otras cosas.
Otro aspecto fundamental que se hace imprescindible impulsar es el vinculado a lo legal y normativo, respecto del cual no es posible introducir desarrollos aquí. El régimen asociativo en nuestro país ha sufrido un grave deterioro, dado que las modificaciones que desde la última la dictadura militar se introdujeron, castigando y desalentando a las cooperativas de trabajadores a favor de las cooperativas de capital. Para después, aniquilar todo el sistema. Se necesita una legislación nueva que contemple adecuadamente la empresa social y facilite su organización y promoción, en vista de que las cooperativas de trabajo tienen actualmente una figura ambigua e incompleta.[10]
Dicha legislación debe enfocar y considerar una serie de elementos que pasamos a mencionar, sin pretender con ello que agotan el tema. En principio hace falta analizar y normar:
Ingreso de asociados y de retiros; aspectos impositivos y manejo de los subsidios públicos; instrumentos para asegurar la organización democrática y la participación, de manera que cada asociado tenga un voto; forma de elección de los directores y responsables técnicos y administrativos; soberanía de la asamblea y la democracia de comando (remoción de directivos); relación entre asociado y trabajador; derechos de los usuarios; derecho habiente; compromiso de la empresa social con el entorno y la aplicación comunitaria de excedentes; formas de determinar los estímulos a la producción; responsabilidad sobre la sustentabilidad local y regional; presentación a licitaciones; imposibilidad de transformar la cooperativa o limitaciones para ello; promoción para vincularse con empresas de países del Mercosur.
Con respecto a la fijación de responsabilidades y derechos que deben contemplarse en las regulaciones estatutarias, parece importante destacar:
Formas y pautas para la distribución y aplicación (o no) del excedente; relación de la figura del asociado-trabajador; ingresos laborales a la empresa y relación con familiares; sistemas de capacitación y de promoción laboral de los socios-trabajadores; colocación local de excedentes con fines comunitarios; aceptación de asociados financieros; formas de determinar los adelantos monetarios; modos de impulsar el trabajo en equipo; mecanismos para dar participación técnica y en las licitaciones a otras empresas sociales; relación preferencial con los circuitos técnicos y centros de investigación nacionales; formas de privilegiar los intereses públicos y ambientales; etc.
Sostenemos, asimismo, que frente al permanente agravamiento de la situación socioeconómica del país, es necesario utilizar a fondo el marco del desarrollo local y regional como un segmento del territorio adecuado para diseñar y ejecutar propuestas de transformación, si se brinda el marco nacional que se indicó resumidamente. Por su importancia económica, su peso en población, su dotación de infraestructura y servicios urbanos de diferente magnitud, su tradición manufacturera y su capacidad potencial para impulsar interacciones sinérgicas, las administraciones públicas y sociedades locales de la RMBA reúnen condiciones para intentar esta tarea.
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RESUMEN
En la ponencia se examinan de manera abreviada los resultados en materia social de la reestructuración económica y el ajuste del sector público, del mismo modo que la reconversión de las actividades privadas, a efectos de integrar rápidamente el país al proceso de globalización. Se centra tal examen en la década de los 90¨. Las consecuencias a que se arriba son un aumento desmesurado de la pobreza derivado de la distribución regresiva del ingreso y la desocupación, subocupación y precarización laborales en el período. Se sostiene la conjetura de que la Región Metropolitana de Buenos Aires cumplió y cumplirá el papel de ser el motor del desarrollo nacional y se enumeran argumentos para sostenerla. En ella se observan tendencias a la exclusión y dualización social, apoyadas en la fragmentación territorial.
Se plantean las características de las políticas sociales vigentes, que se intentan aplicar para paliar la pobreza y se expresan las limitaciones y restricciones de tipo cualitativo y cuantitativo para continuar aplicándolas. Bajo el convencimiento de que deben ser desechadas y de que la situación económica y social sólo tiende a empeorar, se pasa entonces revista a las alternativas que se han propuesto para mejorar o sustituir dichas políticas sociales evitando el asistencialismo y los nexos clientelares. Ellas son: gerenciamiento social eficiente, desarrollo humano con inversión directa en los actores, ingreso ciudadano, tercer sector, economía solidaria, economía social y redes de trueque, y economía del trabajo.
Respecto de las alternativas, se asume de manera explícita la estrategia de economía del trabajo (conocida también como economía popular urbana) como válida para emprender la tarea de transformación y bajo la hipótesis que ella no sólo logrará reducir los problemas sociales indicados, sino que constituye el fundamento de la construcción de una economía alternativa y de un nuevo actor social capaz de apoyar los cambios deseados. Con repercusiones sustanciales en aspectos políticos e ideológico-culturales. Si bien constituye la más compleja desde el punto de vista de su aplicación, resulta la más madura y superadora de las otras, y la que puede garantizar su sostenibilidad.
Aparece el tema de las empresas sociales (de las que existe una versión en la economía social), que puede considerarse ahora como un componente celular de la economía del trabajo, describiendo sus objetivos y algunas características centrales de las mismas. De manera también resumida, se plantean algunas de las condiciones requeridas para impulsar esta estrategia, insistiendo en los aspectos financieros y deteniéndose en los de orden jurídico y normativo de dichas empresas.
Por último, se afirma la conjetura de que los esquemas del desarrollo local (desarrollo endógeno) y regional, en las actuales circunstancias, ofrecen un marco adecuado para la implementación de la economía del trabajo, particularmente en las áreas municipales de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
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Notas
[1] Algunos aspectos mencionados en este documento fueron elaborados para ser presentados por A.M. Federico Sabaté (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) y J.L.Coraggio en la sesión plenaria del Seminario Internacional “Las Grandes Regiones Metropolitanas del Mercosur y México: entre la competitividad y la complementariedad”, organizado por el ICO – UNGS, 28 al 30 de noviembre de 2000, Buenos Aires, y redactados bajo el título de “La economía de la región metropolitana de Buenos Aires”, en proceso de edición.
[2] La definición adoptada de RMBA se debe a una propuesta de Susana Kralich (F.F y L. de la UBA), delimitada a partir de la movilidad cotidiana, considerando las cabeceras de los servicios de transporte masivos radiales; abarca 41 partidos bonaerenses. El Area Metropolitana de Buenos Aires o Gran Buenos Aires (AMBA o GBA, respectivamente), resulta más apegada a criterios estadísticos del INDEC y su transfondo histórico; tradicionalmente abarca la Ciudad de Buenos Aires y un grupo de 19 partidos del Conurbano Bonaerense, los que a raíz de las divisiones sufridas, resultan 24 desde 1997. Aunque la GBA a veces aparece usada de manera ambigua, como sinónimo de Conurbano. En lo que hace a las llamadas coronas, anillos o cordones, preferimos aceptar la clasificación en tres (con gradiente descendente desde el centro a la periferia), en función de la continuidad del tejido y la dinámica demográfica, de N. Margariños realizada en 1995 para el CONAMBA (Federico Sabaté, 1999)
[3] Los movimientos cíclicos sobresalientes en estos últimos 10 años, se resumen en: período de crecimiento con aplicación del esquema de convertibilidad, crisis mexicana o del tequila, bienio de recuperación, crisis brasileña y recesión prolongada y profunda hasta el presente.
[4] Ver el trabajo indicado en la primera nota.
[5] Con respecto a los niveles salariales, sobre los 4 millones de personas que trabajan en la RMBA, sólo un 14 % ganan más de $ 1000 por mes y del resto, 2.2 millones ganan $ 500. En la Ciudad de Buenos Aires el salario promedio asciende a $ 930 en el mismo plazo y en el resto de la región alcanza a $ 575, algo inferior que el promedio nacional (datos del INDEC-EPH de octubre del 2000).
[6] Para un análisis más detallado y crítico, ver Coraggio, J.L. (1999), Política Social y Economía del Trabajo, Miño y Dávila Editores, Madrid.
[7] Con respecto a la economía popular urbana, ver en la bibliografía las publicaciones de J.L.Coraggio.
[8] Estas son las particularidades de la empresa social, según la convocatoria de la UFI – Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Nación y el Programa PICT de Italia, para el Foro de Universidades (julio de 20001).
[9] Coincidiendo con la propuesta de IDEP – IDEF/CTA (2000) luego del “golpe distribucionista”.
[10] En un intento que recientemente realizamos de llevar a cabo una encuesta sobre los problemas de las empresas sociales en la RMBA, luego de una búsqueda por varias vías, resultó casi imposible individualizar más de una treintena, incluso flexibilizando la definición.
