2. Los procesos de renovación urbana en Buenos Aires: percepciones de habitantes de La Boca
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- Categoría: Número 2 / Junio
- Publicado el Martes, 18 Mayo 2004 21:00
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Por María Mercedes De Virgilio, Máximo Lanzetta, Adriana Redondo y María Carla Rodríguez
Durante las últimas cuatro décadas, la renovación y puesta en valor de las áreas deterioradas de las ciudades han sido una preocupación permanente de las políticas de intervención urbana en países como Estado Unidos, Canadá e Inglaterra (Carmon, 1999). En los países de América Latina, en cambio, estas intervenciones son mucho más recientes. Las primeras evidencias de rehabilitación de los centros de estas ciudades datan de finales de los años 70. Las mismas surgieron fuertemente asociadas a las políticas de preservación del patrimonio edilicio que muchas ciudades latinoamericanas heredaron de los tiempos de la colonia (cf. Jones and Valey, 1999; Cabrales Barajas, 1999; Rojas, 2000). Dichas políticas se encuadran en las estrategias que se plantean los gobiernos locales para "mejorar" el uso de las zonas centrales de las ciudades a partir de su transformación y rehabilitación y del crecimiento de las actividades de servicios. En este sentido, el contexto histórico-geográfico de cada barrio y su valor cultural parece constituir una condición fundamental en la generación de dichos procesos (Lees, 1994; Scarpaci, 1998; Ward, 1998). Los gobiernos locales, preservando ciertas particularidades vinculadas básicamente al patrimonio, al estilo arquitectónico y al paisaje urbano característicos de un área, impulsan la implementación de intervenciones económicas en el espacio público. A veces, estas intervenciones corren por cuenta exclusiva de los gobiernos, otras éstos impulsan futuros procesos de inversión privada desde un puntapié inicial de inversión pública o bien se constituyen acciones conjuntas con empresas privadas.
En este tipo de enfoque de las políticas urbanas, la preocupación no parece girar tanto en torno a la gente y sus necesidades sino estar centrada, más bien, en cómo mejorar los usos y el valor del suelo urbano. De este modo, el compromiso con los problemas sociales y económicos de los antiguos residentes de las áreas centrales de la ciudad es sustituido por el afán de alcanzar rentabilidad comercial y financiera para el sector privado en dichas áreas de la ciudad (Cameron; 1992:3). Se plantea entonces una preguntas clave que surge del análisis de los procesos de renovación urbana: ¿quiénes son sus beneficiarios?
Las políticas de renovación de las áreas centrales de la ciudad generan un incremento del valor del suelo urbano que se acentúa a medida en que se concreta la realización de obras de mejoramiento de infraestructura y rehabilitación edilicia y se desarrollan actividades vinculadas al consumo. Asimismo, se presentan como hechos concurrentes la modificación en la condición de tenencia de las viviendas de las áreas renovadas (pasaje de situaciones de ocupantes e inquilinos a las de propietarios) y de la clase social de pertenencia de sus habitantes (de sectores asalariados a sectores medios) (cf. Ley, 1994). Las investigaciones sobre renovación urbana plantean que dichos procesos articulan cambios en el mercado de vivienda urbano con procesos más amplios de reestructuración económica, fundamentalmente los de desindustrialización y el crecimiento de una nueva clase "profesional/ empresarial" (Bailey y Robertson, 1997). Una fracción de esta clase, comienza a residir en barrios centrales de la ciudad, renovando las viviendas y desplazando a los ocupantes de menores recursos (Smith y Williams, 1986).
Los trabajos que analizan estos procesos presentan puntos de vista contrapuestos con respecto a los resultados beneficiosos o no que estos producen y a su impacto en las ciudades y sus habitantes. Para algunos autores, dichos procesos deben ser evaluados positivamente en la medida en que contribuyen a alcanzar metas más generales a través de la aplicación de políticas en nivel local. Quienes los consideran negativos, los identifican como causantes de situaciones de fragmentación en la medida en que producen el desplazamiento de las comunidades originales residentes en los barrios centrales de las ciudades.
Si atendemos a las críticas que los autores plantean en relación a la renovación urbana, surgen, entonces, dos interrogantes: ¿cuáles son las alternativas que tienen los antiguos habitantes de las zonas degradadas de la ciudad para poder evitar su desplazamiento por parte de sectores con ingresos más altos? y ¿cuáles son las posibilidades para los sectores de pocos recursos de acceder a entornos rehabilitados (en tanto que ello supone el aumento general del valor de las viviendas en el barrio)?
La respuesta a estos interrogantes se relaciona, en primer lugar, con las acciones que los gobiernos locales emprenden en materia habitacional a fin de facilitar o no la permanencia de sectores de bajos ingresos en las zonas rehabilitadas. También, se vincula con la percepción que los propios habitantes de los barrios tienen de los procesos de renovación, qué piensan de las transformaciones que ocurren a nivel barrial, qué impactos creen que pueden tener sobre sus vidas, etc. Resulta importante detenernos en la percepción que las familias de bajos ingresos tienen acerca de estos procesos, ya que la misma modela, en parte, sus posibilidades de organizarse para actuar y, eventualmente, resistir los posibles procesos de desalojo.
Podemos pensar, entonces, que los procesos de renovación producen entre los antiguos habitantes de las áreas centrales dos procesos que podríamos definir como las caras de una misma moneda: fragmentación y polarización. Por un lado, llevan a su fragmentación en la medida en que no impactan en todos los pobladores por igual y definen diferentes alternativas para permanecer o no en los barrios. Pero simultáneamente existen fuerzas que impulsan a la polarización: a la posibilidad de integración de experiencias unificadoras, que pueden encontrarse en los mismos campos donde se hallan las de la fragmentación (Romero; 19/91:245). Como hipótesis, a ser profundizada en sucesivos estudios, podemos pensar a las transformaciones que se están produciendo en La Boca y al potencial riesgo de desalojo que conllevan, en términos de las fuerzas a las que se refiere Romero. Los procesos de renovación urbana o gentrificación producen una segmentación creciente en la estructura social de la ciudad pero al mismo tiempo pueden propiciar la aparición de "pequeños" actores colectivos, de distintas asociaciones con estrategias locales y puntuales que atraviesan experiencias comunes, como puede ser la resistencia al desalojo, y que podrían aportar, en alguna medida, a la articulación del tejido social local.
A fin de avanzar en el sentido de las preguntas planteadas anteriormente, en este trabajo analizamos la política habitacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) referidas a los sectores de bajos ingresos que habitan en el barrio de La Boca. También, a partir de un conjunto de entrevistas en profundidad realizadas a pobladores de bajos ingresos que participan en organizaciones sociales barriales dedicadas a resolver el problema habitacional, analizamos las percepciones que ellos tienen acerca de cuáles son de los principales problemas que los afectan y del posible riesgo de desalojo que las transformaciones barriales traen aparejado.
La puesta en valor del barrio de La Boca
El puntapié inicial al proceso de renovación y puesta en valor del barrio de La Boca, en la década del ´90, fue la obra que se inicia durante la gestión de Saúl Bouer para el control de las inundaciones en la ribera del Riachuelo. El proceso de recuperación se propone lograr la promoción de precios sobre el suelo urbano inmobiliario e intenta "descentralizar el crecimiento llevándolo hacia los barrios, agilizar los accesos, evitar el éxodo hacia los ‘countries`, [...] y actualizar edificios" (Revista La Nación; 10/05/98). Las obras de control de inundaciones crearon las condiciones para realizar las de recuperación urbana y continuar con nuevas intervenciones en el espacio público.
El programa de revalorización a implementarse hasta el año 2.000 forma parte de tres proyectos de gran magnitud que implican la realización de obras de infraestructura en el barrio: Buenos Aires y el Río, Area Sur y las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El programa prevé la eliminación definitiva de las inundaciones, obras de saneamiento, de reordenamiento del sector turístico, creación de paseos peatonales, definición de nuevas áreas de histórica, rezonificación del antepuerto, puesta en resguardo del bajo autopista 9 de Julio declarado como espacio de urbanización-parque y definición normativa del área de Casa Amarilla. El plan de renovación del barrio de La Boca se completará con un paseo costero –arbolado, con bancos y veredas nuevas- que unirá la Vuelta de Rocha con Puerto Madero. Este emprendimiento tiene por finalidad incentivar las inversiones de capital privado en la zona. El objetivo es lograr la recuperación del río y del espacio público
Los proyectos que tienen por objeto la transformación de la zona sur de la ciudad y de la ribera son proyectos de gestión mixta que involucran al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a iniciativas del Gobierno Nacional y de inversores privados. El financiamiento para su realización proviene de un préstamo que el gobierno porteño obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID) y de fondos públicos. Las obras de desarrollo de infraestructura se completan con proyectos culturales tales como los que lleva adelante el museo-fundación PROA y el Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea (CEA).
Mientras tanto....
Acciones del gobierno de la ciudad en materia de hábitat popular en La Boca
Las acciones que actualmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) lleva adelante en materia habitacional para sectores de bajos ingresos son implementadas por la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), el organismo responsable de la política habitacional. Estas acciones tienen que ver con varios procesos que confluyen:
i) La historia previa de intervención por parte de gestiones anteriores del GCBA en el barrio. Centralmente, nos referimos al Programa RECUP-BOCA. A fines de los 80’, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adquirió 21 conventillos de los cuales, hasta 1998, sólo habían sido rehabilitados cuatro. El resto de los inmuebles quedaron en propiedad del GCBA. Esta intervención se integra actualmente a los planes de puesta en valor del barrio. En este contexto, la CMV ha dando continuidad a las obras mientras las familias son temporariamente relocalizadas por el GCBA. Este programa retoma los lineamientos de del Recup-Boca e involucra en su implementación a una organización barrial, Mutual Esperanza, que nuclea a las familias locatarias de los inquilinatos de propiedad municipal. La Mutual está encargada de la gestión y administración del sistema de recupero y desempeña "roles de articulación social y técnica" (Narváez; 1998:275). A diferencia de la operatoria llevada adelante con el RECUP Boca, en 1997 se seleccionaron cuatro inquilinatos, ubicados en las zonas que les permitían mayor capacidad de construcción, para la realización de obras nuevas s a ser ejecutadas por empresas privadas designadas a través de licitaciones públicas. Se plantea una propuesta edilicia que mantiene la tipología original de los edificios, básicamente, los patios. Estos cuatro proyectos involucran 90 viviendas, con un presupuesto estimado de $2.200.000 y un costo promedio unitario de $24.000. En 1998 se construyeron otras 100 viviendas a través de licitaciones similares con un monto de $ 1.503.830.
ii) La definición de nuevas operatorias de financiación directa a la demanda, inscriptas en el proceso de descentralización -que se inicia en 1992- de los recursos del FONAVI. Este proceso de orden nacional se relaciona con el cumplimiento de la Ley del Sistema Federal de Vivienda que, en sus artículos 6º, 8º y 14º, dispone que en forma progresiva el 42% de los recursos FONAVI deben ser destinados a la financiación directa a la demanda a través de créditos individuales o mancomunados para la construcción, compra, refacción o ampliación de viviendas económicas para familias de recursos insuficientes.
En este contexto, la CMV sanciona las resoluciones 525/97 y 282/98 que otorgan créditos individuales a las familias en situación de emergencia habitacional y de bajos ingresos, para adquirir en forma mancomunada inmuebles en el mercado con destino a uso habitacional.
iii) Estas acciones confluyen con una situación de riesgo para los sectores de bajos ingresos residentes de inquilinatos en el barrio, desencadenada a fines de 1996, por la culminación de una sucesión de un propietario privado que poseía numerosos inmuebles del barrio y se superpone con una "ola" de juicios de desalojo en inmuebles de propiedad privada. La coyuntura de peligrosidad, favorece la constitución de una organización comunitaria que, acompañada por sectores eclesiales del barrio, se moviliza al Concejo Deliberante para reivindicar alguna alternativa al desalojo de las familias (muchas de las cuales quedaron efectivamente en la calle). La organización comunitaria, que se define a partir de su situación de inquilinos en riesgo, reivindica el derecho a permanecer en el barrio e inicia un proceso de sensibilización y negociación con ámbitos del poder legislativo local cuyo producto es la asignación de una partida presupuestaria para el ejercicio 1997 a la CMV destinado a dar respuesta a la emergencia habitacional en La Boca (OM Nro.51.267, BO 102).
El entonces Concejo Deliberante declara, para ello, el estado de emergencia habitacional en La Boca. La partida presupuestaria constituye un fondo específico de U$S 1.500.000 de carácter inédito ya que, habitualmente, la ciudad no destina recursos propios para la política habitacional. El fondo fue previsto por única vez y asignado a la CMV quien instrumentó su uso a través de la resolución 525/97. La CMV incrementó este fondo con parte de los recursos FONAVI, generando una partida total de U$S 3.000.000 "para la emergencia habitacional". Dicha partida representó un 7% de su presupuesto total anual de 1998.
En este marco, la organización comunitaria se constituye formalmente como Mutual de Desalojados de La Boca, Barracas y San Telmo, e impulsa la organización de vecinos en riesgo en La Boca para la compra de algunos inmuebles a través de la negociación directa con los propietarios privados. En algunos casos, donde la negociación directa no fue posible, los vecinos organizados en forma mancomunada, adquirieron otros viejos inmuebles de propiedad privada que se encontraban en venta en el barrio. Para ello recibieron préstamos personales con garantía hipotecaria por parte de la CMV.
En inquilinatos de propiedad privada de La Boca, a través de la Res. 525/97 se han comprado cerca de nueve edificios tratando directamente con los propietarios. Los inmuebles son tasados por el Banco de la Ciudad y, sobre esa base, se otorgan préstamos hipotecarios a los ocupantes de la casa que la adquieren en condominio. Esta operatoria, en principio, no prevé la rehabilitación de los inmuebles. Los pasos a seguir para su implementación presentan un conjunto de complejidades burocráticas que dificultan la concreción de las ventas y extienden considerablemente los plazos de tramitación. La constitución de condominios sobre propiedades indivisas, en el caso de una posterior rehabilitación, complican la administración y ejecución de las obras y obligan a una doble escrituración para subdividir el inmueble en propiedad horizontal .
Cabe señalar, por último, que los grupos mancomunados de familias que han accedido a la compra de inmuebles a través de estas operatorias, en todos los casos, se han podido constituir a través de la acción de organizaciones sociales que han sustentado su proceso de constitución (Mutual Desalojados de La Boca). Sin embargo, las organizaciones sociales no son reconocidas formalmente en las operatorias.
Vivir en La Boca. La perspectiva de los miembros de organizaciones sociales vinculadas al hábitat.
En este apartado indagamos cuál son las preocupaciones, problemas y demandas vinculados al hábitat que perciben los vecinos que participan en organizaciones sociales de La Boca. Asimismo, exploramos la percepción que tienen de las obras que se están llevando a cabo en el barrio y del posible riesgo de desalojo que las mismas traen aparejado. El objeto de estudio son los grupos familiares que pertenecen a organizaciones sociales involucradas en procesos de gestión del hábitat popular. Teniendo en cuenta las características del problema, escogimos una metodología cualitativa y, como técnica de recolección, la entrevista en profundidad. La aproximación a las familias se realizó por medio de informantes clave, que permitieron una selección de las mismas de acuerdo a un muestreo teórico que tuvo en cuenta sus diferentes situaciones: familias que viven en inquilinatos de propiedad pública en proceso de ser cedidos a sus moradores, familias que viven en inquilinatos de propiedad privada y participan en procesos de compra mancomunada y familias ocupantes.
Las familias entrevistadas, en general, han llegado al barrio luego de transitar trayectorias similares de inestabilidad habitacional, con diversas historias migratorias acuñadas en períodos no muy extensos y con marcadas dificultades para el acceso a la vivienda. Los efectos de la crisis económica, la precariedad laboral y hasta -en uno de los casos- la persecución política, fueron factores disparadores que marcaron su llegada a La Boca y, muchas veces, su inicio en su condición de inquilinos -en varios casos, de piezas de hotel. La mayoría de los entrevistados son migrantes internos, originarios de diversas provincias. Las familias llegaron de Misiones, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero, entre otras provincias del país, buscando en la Capital Federal o el Gran Buenos Aires nuevas posibilidades de inserción laboral y consecuentemente, de reproducción social. Sin embargo, el primer destino no es, en ningún caso, el definitivo. Sucesivas ubicaciones, generalmente en peores condiciones que las anteriores, precedieron su llegada a La Boca. El rasgo común que une a estos vecinos es en una serie más o menos constantede cambios de residencia acompañados por una gran fragilidad e inestabilidad en cuanto a sus perspectivas habitacionales. "Yo vivía en Jujuy y hace seis años que vivo en Buenos Aires y cuatro en La Boca. Mi esposo quedó sin trabajo, tengo cuatro hijos así que era imposible...No tenía trabajo ninguno de los dos, así que nos vinimos. Estuve viviendo en un edificio tomado en Constitución y de ahí nos sacó Norma Kennedy que nos llevó al Bajo Flores, que casi nos mataron ahí [...] Cuando nos desalojaron la Municipalidad nos llevó a un hotel, donde estuvimos seis meses, donde después nos dio un subsidio por familia y es ahí que aproveché. Ahí nos vinimos a alquilar, entramos con una chica que es de Santiago, que vive sola y tiene dos chicos, el alquiler es más económico".
El caso de Leda, también, resulta un claro ejemplo de estas sinuosas trayectorias. "Nosotros vinimos de Catamarca. Nos casamos y como mi marido se quedó sin trabajo, mi mamá escribió una carta "vénganse para acá, que acá hay trabajo...yo les doy casa..."Dije: vamos [...] Me fui a Solano, una señora me dio la mitad de un terreno [...] Viví ahí seis meses, nada, sin luz, sin agua, estaba pidiendo a los vecinos, trayendo el agua de la esquina y así. Me vuelvo a la casa de mi mamá y ahí ya... mi marido se cansó...Y vinimos acá a La Boca. Yo no conocía a nadie...Fuimos a un hotel. Era una piecita chiquitita que tenía bañito privado...ahí estuvimos viviendo nueve meses. Como la señora vio que mi marido me compró un televisor, nos empezó a cobrar la luz, que por la plancha, que por la tele [...] Nos cruzamos enfrente. Ahí en un bar que alquilaba la pieza habremos vivido tres, cuatro meses...Viene un señor, me dice que tengo que desalojar toda la pieza en quince días, porque el que alquilaba el bar no le pagaba al dueño. Buscando una casa por todos lados... Vimos casas que se caían las escaleras, se movía todo...Claro, yo me iba a venir porque estaba desesperada [...] Averigüe para comprar una pieza, me cobraban quinientos pesos y como no me alcanzaba, arreglé para comprarla con una vecina. Hablo con la señora, me muestra la casa y como yo vivía en una sola piecita allá, y me dice "tenés esta pieza y tenés esta otra" [...] era un palacio para mí! [...] No quería ni mirar más. Está bien ya. "Bueno, venite mañana a las ocho, venite con tu candado y te entregamos".
La Boca no constituyó en ninguno de los casos un destino por elección, sino un lugar de refugio. "No tenía adónde ir", aparece como la repetida síntesis de las situaciones vividas por varios entrevistados. Muchos de ellos manifiestan ni siquiera conocer el barrio al instalarse en él. "Vinimos a ciegas" es el recuerdo emergente. La decisión de ubicarse en La Boca, muchas veces, está acompañada de temores en cuanto a las condiciones de inseguridad, las inundaciones y el estado de deterioro de las viviendas. "Mi marido siempre tuvo mucho miedo, es peligroso, por los chicos, tantas maldades que hay acá en este barrio, por ahí hay tiroteos". Sin embargo ese temor inicial se va transformando y La Boca se convierteen el lugar en donde las familias desean permanecer. "Yo que soy nueva, me gusta [...] Yo conozco hace tres años, cuando vine a vivir acá.. que la abuela de mi marido nos trajo. Antes vivía antes en un hotel en Almagro y ahí compré la pieza en la que vivo. Yo miraba todo, miraba así por todos lados, y decía ¿cómo habrá hecho la abuela para poner la casilla ahí?, porque yo nunca conocí La Boca"
"Elegí La Boca porque no tenía trabajo, no tenía dónde ir y bueno [...] me ofrecieron venir a vivir acá y vine por eso [...] No porque me gustara. Ahora ya estoy acostumbrado pero al principio me costó mucho [...] Porque la persona que vive en provincia toda la vida [...] te cuesta [...] pero ahora [...] ya no me quisiera ir de acá, de este lugar" .
En el barrio las situaciones de violencia constituyen una preocupación creciente de los vecinos. El aumento de los robos, la violencia, el consumo y la venta de drogas y alcohol son percibidos por los entrevistados como una amenaza para la seguridad personal y un motivo de aislamiento. Revisando las entrevistas observamos que esta amenaza de violencia reconoce en el discurso de los vecinos dos epicentros: (1) por un lado se señalan como escenarios de violencia los espacios físicamente más próximos a la vivienda, generalmente referidos a aquellos destinados a los usos comunes, como el pasillo, el patio del conventillo o bien las inmediaciones al acceso a la vivienda. (2) Por otro, se indican lugares cuya referencia en relación a la vivienda es más lejana y que no son habitualmente transitados.
En el espacio más próximo a la vivienda se manifiestan como principales problemas la drogadicción y las peleas. Ambos tipos de problemas aparecen discursivamente asociados. "Cuando nosotros vinimos acá, había mucha mafia de droga, robo, acá en el patio [...] Mi marido se peleaba, bajaba con una cadena, se enojaba, se iban, volvían, un quilombo, así estuvimos como 2 años viviendo así".
"Hay muchos drogadictos. Donde yo vivo en el inquilinato [...] muchos chicos que roban, que se drogan [...] incluso ya le pegaron a mi hijo".
Estos malos vecinos son percibidos como los responsables de los robos que se producen dentro de las casa de inquilinatos. Se trata de robos cuantitativamente menores, pero que repercuten negativamente en la convivencia cotidiana. "Pero esos chicos antes que iban, que subían arriba a tomar los días sábados, me robaron dos pares de zapatillas de los chicos míos [y] un pullover". La convivencia se torna aún más conflictiva cuando la policía interviene en la propia vivienda. "Eso es lo que pasa cuando no hacés respetar la casa, viene la policía por todo, te vienen y te tiran todas las cosas."
La solución al problema de la violencia se relaciona, en el discurso de los entrevistados, con el hecho de que en el barrio y los alrededores de la vivienda se asiente buena gente. Esta categoría se construye por oposición a la "mala gente" o "gente de mal vivir", a la cual se la caracteriza de diversas maneras: básicamente como aquella que delinque, que no trabaja, que está vinculada al robo o a las drogas, que es sucia con la higiene de la casa, etc. Estas características son atribuidas a algunos sectores sociales, como los inmigrantes de países limítrofes y/o aquellos que habitan en casas tomadas. Generalmente, la ubicación de esos sectores sociales en el barrio aparece discursivamente territorializada y lejana respecto a la vivienda del entrevistado. Tal el caso de las zonas denominadas "barrio chino" y "el pescadito". "Y ahora hay toda gente buena acá en el conventillo, todo boliviano, paraguayo [...] Esos son los que traen la droga: los bolivianos."
"Más para el Bajo, el barrio Chino, [es] muy peligroso".
"El pescadito lo llamamos [...] por Pedro de Mendoza [...] Por ejemplo esta chica hace dos semanas, me invitó con la madre. Me invitó a la casa de la mamá de noche a comer un puchero y estaban robándole al vecino al frente. Se escuchaba como tiraban, como rompían los vidrios"
"Gente que se dedica a otra cosa. No se dedican a trabajar, se dedican a otra cosa. Eso trae problemas. No, a nosotros no. Pero a otra gente le trae inseguridad, le trae un sinfín de cosas [...] en la calle [...] le rompen los autos, se sacan [...] bueno, en todos lados pasa eso ".
La falta de higiene en los conventillos y la inadecuada disposición de los residuos son otros de los problemas percibidos por los vecinos. "Bueno, yo creo que toda esa gente está marginada. Una porque son vagos, otros porque no tienen trabajo, otros porque no quieren trabajar, otros porque les gusta vivir así, porque hay gente [...] por más pobre que vos seas limpiá un poco."
"La mugrienta casa que tenés, aunque sea. Pero hay mujeres que no quieren hacer nada, esa es una cosa que"...
Las inundaciones en el barrio de La Boca tienen una larga cronología; sin embargo no aparecen con la misma frecuencia en el discurso y las narraciones de los entrevistados. El problema de las inundaciones se percibe de manera muy distinta según los entrevistados hayan o no sufrido la inundación de su vivienda. Durante la inundación a medida que el agua va ganando la calle, los vecinos que viven en la planta baja de los patios son los más perjudicados. Aquellos que no viven en las áreas inundables o cuyas viviendas se encuentran ubicadas en alto tiendena describir la situación como poco grave. Por el contrario, aquellos que han sufrido el anegamiento de la vivienda recuerdan con detalles las situaciones vividas. " [La inundación perjudicó] más a los vecinos que vivimos al nivel de la calle [...] porque nosotros hemos pasado inundaciones con 1,60 metro de agua servida adentro y no es nada la inundación es la secuela que después deja. Se te va el agua y vos tenés que picar las paredes del olor que te deja eso".
"Pero quedamos aislados también porque no podemos bajar ni nada [...] Pero los que quedan peor son los de abajo, pierden todo."
Las familias que ocupan las distintas viviendas tienen la posibilidad de relacionarse en función de los problemas y/o demandas percibidos por ellas. El conjunto de las familias de un mismo barrio que comparten condiciones similares puede intentar elevar estas demandas ante distintos actores sociales vinculados con dichos problemas. Sin embargo, de las entrevistas surge que los vecinos no se agrupan para demandar en forma conjunta ante quien corresponda.
Suárez (1995) señala que en un contexto de escasez de recursos la experiencia de la inundación provoca un "efecto isla". Utiliza el concepto para referirse a las situaciones de retraimiento social, a la disminución en la eficacia y la productividad de los activos con los que cuentan las familias de bajos ingresos. Podemos pensar la falta de organización relacionada con las situaciones de violencia y el aislamiento que ellas provocan también como un "efecto isla" que priva a los vecinos de resolver colectivamente problemas más cotidianos y permanentes.
Vivir en riesgo
Una de las cuestiones exploradas durante el trabajo de campo fue la percepción que los vecinos del barrio de La Boca tienen de los procesos de transformación -renovación urbana- que se están llevando a cabo en el barrio y del posible riesgo de desalojo que conllevan dichas transformaciones. Observamos que la percepción de las transformaciones barriales y del riesgo de desalojo no es homogénea. La misma varía, fundamentalmente, en función de tres factores: 1) la precariedad/no precariedad de las situaciones de tenencia de las viviendas en las que habitan; 2) las posibilidades familiares de cumplir con una estrategia que a través del crédito hipotecario facilite el acceso y posterior equipamiento de una vivienda propia; y 3) la experiencia organizacional de los miembros del hogar.
Las familias que han resuelto el problema de la vivienda son aquellas que individualmente tienen posibilidad de cumplir con una estrategia de crédito hipotecario y cuyos copropietarios también pueden hacerlo. Este es el caso de,por ejemplo, la familia Moyano antiguos inquilinos de uno de los cuatro conventillos municipales rehabilitados por el Programa RECUP-BOCA. Los Moyano y sus vecinos –la mayoría integrantes de la misma familia- desde hace aproximadamente 8 años están adheridos a una operatoria del Gobierno de la Ciudad que consiste en la renovación de los conventillos de propiedad municipal y su venta a los viejos inquilinos. El plan prevé el pago de una cuota mensual de $ 150.
La situación de tenencia del inmueble, en este caso, no es una situación precaria sino legalizada y legitimada por un instrumento de política pública. Este contexto "seguro" moldea las percepciones de los vecinos sobre el riesgo de desalojo. Si bien ellos piensan que los cambios que están ocurriendo en el barrio no favorecen que los vecinos de bajos ingresos permanezcan o se establezcan en él, al mismo tiempo dicen: "Hay que poner lo bueno y sacar lo malo. Poner la gente que merece. O sea la gente honesta. Todas las personas saben que este es un barrio, como decir, una ‘zona roja’. Todo el mundo sabe [que] en La Boca [...] hay gente, como explicarle, más o menos [...] Gente que se dedica a otra cosa. No se dedican a trabajar".
Ellos perciben que éstos son los que van a tener problemas: "la gente de mal vivir que vive en casas copadas [tomadas]". Los Moyano y sus vecinos tienen posibilidades de hacer frente a las cuotas. Esta situación reduce el conflicto y facilita las relaciones entre los convivientes. Comparten, también, otra característica: son trabajadores y están protegidos por su pertenencia al mundo del trabajo. "Todos pueden [pagar la cuota] porque todos trabajan. Acá en esta casa. Todos trabajan. Ahora, al lado, no sé. Acá es un mundo [y] al lado es otro mundo [...] En fin, no puedo poner las manos en el fuego por nadie. Yo pongo las manos en el fuego por mi familia, nuestra familia que vive acá". En este caso, el trabajo se constituye discursivamente en una garantía frente a la potencial aparición del desalojo. No importa si el pago de las cuotas se extiende por largos años o si aun la escrituración del inmueble está pendiente: ellos creen tener un antídoto contra el desalojo. El trabajo se presenta como un seguro para las familias frente a la imprevisibilidad de los funcionarios de turno.
La inexistencia de una oferta de vivienda popular ligada a la noción de derecho y dirigida a satisfacer las necesidades de todos los sectores de la población, resalta aún más la importancia de la estructura del empleo como condicionante del acceso al hábitat. Tener o no tener trabajo limita los recursos con los que cuenta la unidad doméstica y, por ende, es el principal determinante del acceso que dichos hogares tienen a la vivienda. (Badcock; 1994:171). Al respecto otra entrevistada comenta: "(O sea que la condición para que ingreses a los grupos y para poder buscar una casa es tener un trabajo más o menos estable) Es claro, porque la persona tiene que ser más o menos responsable para pagar la cuota. Si de todas las personas [que viven] en la casa [..] tres pueden pagar y los otros dos no pueden, tienen que pagar igual" (Vecina de Leda.).
Mirta y Antonio también viven en un patio de propiedad municipal. Ellos, al igual que los Moyano, están en proceso de adquirir el inmueble, pero sus vecinos del inquilinato no tienen recursos suficientes para cumplir con el plan de cuotas estipulado. "Somos 16 familia, aquí (se refiere al inquilinato). Yo soy una de las únicas que paga. Después la chica de abajo hará un año y pico que debe, pero ella estaba pagando [...] creo que la señora de planta baja también. Pero la única que más o menos está al día soy yo, con las cuotas de la Comisión (se refiere a la Comisión Municipal de la Vivienda) y de la mutual". Según los Leira, muchos de sus vecinos no tienen trabajo y por eso no pueden pagar el canon estipulado por la Comisión Municipal de la Vivienda. Algunos ni siquiera pueden pagar el agua, el único de los servicios que aún deben compartir. Esta situación es percibida como una de las dificultades más importantes en el proceso de regularización dominial. Los vecinos no han generado prácticas de gestión conjunta de los inmuebles; no existen entre ellos instancias de discusión ni de organización que les permitan resolver los problemas comunes. Dichos problemas son identificados como cuestiones individuales y en consecuencia ante ellos se dan respuestas también individuales.
Los testimonios de nuestros entrevistados ponen de manifiesto que aun cuando existen motivos suficientes para no poder pagar el servicio, no están ausentes las dificultades de estas familias para organizarse en la recolección de los recursos necesarios para la regularización del mismo: "Es una guerra juntar la plata acá -comenta Mirta- [...] Hay personas a las que hay que decirles 3 ó 4 veces [...] y encima te miran con mala cara, como diciendo, ¿qué me venís a joder?".
Las actividades administrativas como las que desempeña Mirta -juntar la plata para el pago del consumo de agua, gestionar el mantenimiento de los lugares colectivos- son vitales para asegurar el suministro y el mantenimiento de los servicios urbanos colectivos. Sin embargo, en un contexto de falta de recursos materiales y escasa experiencia organizativa estas tareas ofrecen cada vez mayor dificultad.
La operatoria en la cual participan Mirta y su esposo prevé la constitución de un consorcio. Esta nueva instancia de gestión implica una importante transformación en las relaciones de vecindad generadas, hasta ahora, a partir de su condición de locatarios. En este proceso, la organización barrial encargada de la gestión y administración del sistema de recupero debería cumplir un importante rol en el desarrollo de capacidades organizativas, de gestión cooperativa y en la movilización y orientación de sus escasos recursos económicos. Sin embargo, dicha organización y el lugar que debería ocupar en el proceso están ausentes en el discurso de nuestros informantes.
Un factor que parece favorecer aún más esta atomización es la falta de información. Los Leira, por ejemplo, desconocen cuáles son los criterios que definen la asignación de los inmuebles. Desconocen qué pasará con ellos, que cumplen mensualmente sus obligaciones de pago, y qué ocurrirá con aquellos que no tienen posibilidades de cumplirlas. En fin, aunque están embarcados en esta empresa no saben cuál será su destino. Las experiencias de los Moyano y de los Leira cobran aún mayor significado cuando observamos que de las 273 familias que nucleaba la mutual encargada de viabilizar –en parte- la operatoria, sólo permanecen 40. El resto de los vecinos o bien ha dejado de pagar o bien ha vendido la llave del inmueble cediendo su lugar a nuevos ocupantes. La experiencia organizacional no sólo moldea la percepción que los vecinos tienen del riesgo de ser desalojados sino que en sí misma constituye un activo importante que reduce el riesgo existente. Tanto la operatoria iniciada con el RECUP Boca como la operatoria de créditos con garantía hipotecaria que se aplica a partir de 1996 involucran en su implementación a organizaciones barriales. Sin embargo, la experiencia de los vecinos que participan en dichas organizaciones no parece ser la misma.
Una de las primeras diferencias que observamos es que los vecinos que participan en las organizaciones de reciente formación –últimos dos años- perciben más claramente el riesgo que traenaparejado las transformaciones que están ocurriendo en La Boca. Entendemos que su percepción está condicionada, también, por el hecho de convivir con situaciones de tenencia de los inmuebles muy precarias e irregulares –son ocupantes o inquilinos que han dejado de pagar desde hace tiempo-.
"(¿Cómo ven todos estos cambios que están ocurriendo en el barrio? Porque cambió mucho toda la ribera, se reciclaron partes. ¿Ustedes piensan que eso favorece el proceso de que las familias se queden, o no?)
Yo pienso que no, que no favorece. Porque, yo digo, con eso de los cambios al fin y al cabo están sacando a la gente que tiene apenas una casita. Porque hay casas en las que están metida la gente que no tiene casa y hasta que consigan (expresa cierto pesar y preocupación) Si el Comedor todavía no les da el préstamo, la gente a dónde va a ir a parar mientas tanto ¿En la calle van a estar? Hay algunas personas que no pueden pagar el alquiler, que lo poco que ganan lo ganan para comer.
(¿O sea que muchas personas fueron desalojadas de sus casas?
Sí. Porque hay casas que están ocupadas y no son de ellas y tienen que desalojarlas. Porque [a las casas las] compra otra gente y bueno y ya vienen con cosas judiciales que tenés que desalojarlas. O si no, viene el problema con los milicos que vienen y te lo sacan de ahí, te sacan las cosas a la calle [¿A dónde van a vivir?] Debajo de un puente hasta que puedan conseguirte algo. Porque a veces te viene la sorpresa una carta documento que tenés que desalojar [el inmueble] porque no es tuyo" (Vecina de Leda.).
Conversando con una vecina acerca del valor y de las características de los inmuebles, ella comenta: "[Por la zona de Caminito las casas] son más caras. Dicen que se van a poner más caras todavía [...] Por todo ese arreglo, por lo que dicen que es una zona turística [y] se va a poner más cara. Así es que tenemos que apurarnos (se refiere a la compra del inmueble)". Lara agrega: "Vos qué decís, qué La Boca va a ser más linda y [entonces] va a ser difícil para nosotros [comprar un inmueble]; eso ya lo sabemos. [Sabemos que] dentro de uno o dos años La Boca va a ser cara, por eso es que quieren sacar los conventillos, sacar la ‘negrada’ [...] tirarlos lejos. Por eso nosotros queremos estar unidos [...] Porque no puede ser que a la gente la saquen [...] Yo por ejemplo a mi me afecta mucho porque vos viste que yo estoy cerca de la cancha. Incluso, te voy a decir, [...] a mí me iba a ganar la casa Macri, [él] estaba por comprar mi casa, pero como yo andaba de aquí para allá, le gané. Si no él quería esa casa porque él dijo que todas las casas que sean conventillo [y estén] cerca de la cancha, él las quiere comprar para hacer edificios, para que no haya conventillos cerca de la cancha. Pero si vamos eso, va a tener que comprar toda la manzana porque [...] en todos lados está lleno".
Podemos ver, también, que las experiencias de cooperación que se desarrollan en el seno de las organizaciones favorecen los procesos de compra de inmuebles a través de los créditos mancomunados en la medida en que generan relaciones de reciprocidad y redes sociales que facilitan la cooperación mutua. Una vecina que concurre a un comedor comunitario comenta cómo se elegían las viviendas financiadas por la operatoria de créditos con garantía hipotecaria: "(¿Todos se pusieron de acuerdo fácilmente en las características que tenía que tener la casa?) Sí, porque hace rato que [las familias] están en el comedor y saben como son. Hace dos años [que nos reunimos] toda la misma gente que está acá y [todos] saben como cada uno es" (Vecina Leda).
Un contexto de escasez de recursos representa un gran desafío para las organizaciones involucradas en los procesos de regularización dominial. En muchas ocasiones, esta falta de recursos materiales empuja a algunas familias más allá del punto hasta el cual pueden sostener la reciprocidad y mantener acuerdos con sus vecinos. Tal es el caso de muchos de los habitantes que expresan dificultades para pagar la parte que les corresponde por los servicios comunes. Podemos suponer, entonces, que la experiencia organizacional no debe ser considerada sólo como un mero requisito impuesto por la operatoria sino, más bien, como una experiencia que facilita la resolución de un amplio espectro de cuestiones cotidianas y colectivas que las familias deben resolver.
Conclusiones
Dentro de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, La Boca es uno de los que presenta mejores condiciones para el desarrollo de procesos derenovación urbana. Las obras de control de las inundaciones sumadas a la cercanía de La Boca con respecto al centro comercial y financiero de la ciudad, la posibilidad de unir la ribera del Riachuelo con las obras ya realizadas en Puerto Madero y la Costanera Sur, su estilo pintoresco y sus particularidades vinculadas a las casas de estilo genovés y los conventillos hacen del barrio un sitio propicio para las intervenciones económicas e inmobiliarias. En este contexto de puesta en valor del barrio, el Gobierno de la Ciudad impulsa una serie de operatorias destinadas a "atender" las necesidades habitacionales de las familias de bajos ingresos. Dado el limitado alcance de estas políticas, entendemos que el plan de renovación no presenta una posición clara acerca de cómo facilitar a las familias y vecinos de bajos ingresos su permanencia en el barrio.
La utilización del recurso FONAVI para las compras de viejos inquilinatos de propiedad privada, por parte de familias en situación de emergencia, no pareciera definir un encuadre de política habitacional que aborde la forma en que esas familias son parte del proceso de renovación barrial y pueden permanecer, transformarse y desarrollarse efectivamente en y junto con el barrio. A las familias se les ofrece un crédito blando para resolver una situación de compra en el mercado, pero se trata de una resolución incompleta. Una respuesta parcial que abre muchos interrogantes sobre el futuro de las familias que acceden a la misma y sobre sus posibilidades de incrementar su capital social ante el complejo proceso de transformaciones que les toca vivir. Una respuesta acotada que, al ritmo actual de ejecución, deja sin alternativa a otra gran cantidad de familias.
La figura destinataria de la línea de política implementada a través de las operatorias 525 y 282 es la familia en situación de emergencia habitacional. Las situaciones del hábitat popular a escala barrial conforman un espectro amplio y heterogéneo (Cf. Herzer et. al., 1999). Por ejemplo, inquilinos informales -sin contrato-, formales, inquilinos devenidos en ocupantes o gente que directamente ocupa inmuebles, etc. También, hay pequeñas "villitas" en lotes fiscales. Paradójicamente, las ocupaciones de edificios públicos y privados y la vida en hoteles-pensión no son reconocidos por estas operatorias como situaciones de demanda crítica que necesiten líneas explícitas de intervención. En este sentido, lo más significativo quizás sea que, hasta la fecha, no se ha implementado un buen diagnóstico oficial que acompañe el desarrollo de las propuestas de renovación urbana a escala barrial.
Los criterios de intervención habitacional del Gobierno de la Ciudad en el área sur parecieran ligarse, aunque con un impacto acotado, a generar condiciones que acompañen el proceso de renovación del barrio, atrayendo la inversión de capital: "En la zona sur de Buenos Aires, nuestro objetivo es buscar que esa vivienda tenga la mejora para que exista la posibilidad de que el sector privado, al que hoy no le interesa invertir allí porque la zona está muy degradada, lo haga. Actualmente la realidad es así, el sector privado prefiere construir en otro sector de la ciudad".
La acotada magnitud de la inversión pública en materia de hábitat popular y la indefinición de instrumentos de política que se articulen con inversiones de capital privado en proyectos que contemplen a las familias de bajos ingresos pareciera mostrar que la concepción que rige la utilización de los recursos de la política habitacional se enmarca, casi exclusivamente, dentro de criterios de mejoramiento de los usos y el valor del suelo urbano. Las intervenciones del Gobierno de La Ciudad no tienden a generar institucionalidades y organismos de desarrollo que tomen en cuenta necesidades, recursos y formas de intervención que incluyan como actores y beneficiarios a los sectores de menores ingresos en el entorno en donde habitan. En este sentido, la política llevada adelante por el GCBA no alcanza al conjunto de la población de menores recursos con problemas habitacionales y en los casos en los que interviene efectivamente se orienta a la solución individual del problema. Este tipo de vinculación entre el estado y la población afectada tiende a diluir las posibilidades de los vecinos de gestar experiencias de organización (Herzer, et. al. 1998).
A la debilidad de la política habitacional destinada a las familias de bajos ingresos se une el hecho de que la percepción que los vecinos de La Boca tienen acerca del potencial riesgo de desalojo es baja. A pesar de ello, la percepción del riesgo no es homogénea. Tres factores son los que modelan, fundamentalmente, la percepción de las familias: 1) la precariedad/no precariedad de las situaciones de tenencia de las viviendas en las que habitan; 2) las posibilidades familiares de cumplir con una estrategia que a través del crédito hipotecario facilite el acceso y posterior equipamiento de una vivienda propia; y 3) la experiencia organizacional de los miembros del hogar. Asimismo, existe una asociación entre mayor percepción del riesgo de desalojo y situaciones de precariedad e inestabilidad laboral y de ingresos.
Las percepciones que las familias tienen de los problemas barriales parecen estructurarse a partir de un criterio de jerarquización. Los problemas no están en un mismo plano de importancia. Así, las cuestiones vinculadas a la vida cotidiana, las situaciones de violencia e inseguridad constituyen el eje a partir del cual se determinan las prioridades de las familias afectadas o atravesadas por múltiples situaciones de peligrosidad. Dichas cuestiones eclipsan las acciones que tienen como eje el problema de la vivienda. Los trastornos y las dificultades que atraviesan la vida cotidiana de los vecinos de bajos ingresos no pueden ser redefinidos en términos de demanda social, sino que constituyen condiciones inalterables de existencia que sólo pueden expresarse discursivamente e individualmente pero sobre las que no es posible actuar (Herzer et. al.; 1997).
Las organizaciones que aparecen en el discurso de los entrevistados son débiles y presentan problemas parecidos a los de las familias: fragmentación, unas políticas que no las toman en cuenta, escaso reconocimiento, etc. Este devenir pareciera incrementar la situación de riesgo de grupos que han visto deterioradas sus condiciones cotidianas de vida durante las últimas décadas. El deterioro se manifiesta en el incremento de las distintas dimensiones del riesgo: las formas que asume la violencia en el barrio, el deterioro de la convivencia, los bajos salarios y, en definitiva, en la fragmentación, la incertidumbre sobre el futuro, el empobrecimiento de la vida social y ciudadana en su conjunto.
En suma, La Boca experimenta un proceso de renovación urbana que hasta el momento no va acompañado por políticas compensatorias que tomen en cuenta la forma en que el mismo afecta a los habitantes de bajos ingresos. Este proceso pareciera poner a estas familias en una encrucijada que no necesariamente visualizan. Al respecto nos preguntamos: ¿cuál será la capacidad de reacción de estas familias de resistir un posible desalojo?
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