1. Vulnerabilidad social y riesgo ambiental: ¿Un plano invisible para las políticas públicas?

Detalles

Categoría: Numero 28

Publicado el Jueves, 16 Febrero 2006 00:00

Visto: 86907

 
Amenaza, vulnerabilidad y riesgo: conceptos estratégicos para la gestión ambiental urbana
 
A partir del listado anterior de aspectos críticos que inciden en la degradación ambiental del área, intentaremos hacer una clasificación de amenazas ambientales para luego relacionarlas con la dimensión de la vulnerabilidad social, buscando establecer cuales son los puntos críticos que inciden en la construcción social del riesgo ambiental para los grupos sociales expuestos a la pobreza. En esta línea intentaremos plantear una agenda de temas estratégicos, que definen áreas de intervención articuladas entre las políticas sociales y la gestión ambiental urbana.
Antes que eso, es importante relacionar el aspecto de la vulnerabilidad social (definido como aquellos factores críticos que ponen a la población en riesgo de shock o stress y la posiblidad de hacer frente a dichas crisis) con el riesgo ambiental. Varios estudios han demostrado que los “costos ambientales” que deben enfrentar los hogares por residir en áreas degradadas son subvalorados en la estimación del tamaño de la pobreza. (Chambers, 1995).
En ese sentido, la vulnerabilidad social y riesgo ambiental se relacionan a partir de la consideración de la distribución social del riesgo. Siguiendo a Beck (1996), en la sociedad actual tanto los riesgos como las riquezas son objeto de repartos. Sin embargo, se trata de bienes completamente diferentes y de disputas también diferentes. Los riesgos, generalmente son invisibles, tienen algo de irreal debido a que la conciencia del riesgo reside en el futuro. Estos riesgos son un producto adicional y es necesario impedirlos, evitarlos o negarlos. De esta manera, la lógica de apropiación de bienes es una lógica positiva, mientras que la lógica de eliminación de riesgos es una lógica negativa. (Beck, 1996, pag. 25).
Los riesgos son definidos como el campo de probabilidades de que a una población (personas, estructuras físicas, sistemas productivos, etc.), o segmento de la misma, le ocurra algo nocivo o dañino. (Lavell, 1996)
Para que exista un riesgo debe haber una amenaza (o, como algunos dirían, un peligro), siendo la "vulnerabilidad" la propensión de sufrir daños que exhibe un componente de la estructura social (o la naturaleza misma). El riesgo es, en consecuencia, una condición latente o potencial, y su grado depende de la intensidad probable de la amenaza y los niveles de vulnerabilidad existentes. La vulnerabilidad representa el conjunto de atributos de un determinado sistema social que disminuyen su capacidad de respuesta frente a las amenazas.
Lavell clasifica los factores de riesgo ambiental en  “amenazas naturales”, “amenazas socio-naturales”, “amenazas antrópico-contaminantes” y “amenazas antrópico-tecnológicas”.  Las primeras se refieren a manifestaciones de la naturaleza originadas por la dinámica terrestre y atmosférica y sobre las que no hay intervención humana significativa posible (terremotos, deslizamientos, huracanes, inundaciones de origen hidrológico). (Lavell, 1996, p.9). En el caso que nos ocupa, una amenaza específicamente natural es la propia conformación del área de la cuenca situada sobre un valle de inundación, con suelos que tienen la característica de tener un bajo nivel de escurrimiento.
Las amenazas socio-naturales se refieren a peligros naturales que tienen una expresión o incidencia que es socialmente inducida, es decir que se producen o se acentúan por algún tipo de intervención humana sobre la naturaleza y en esos casos es necesario considerar y asignar responsabilidades a agentes sociales determinados. Ejemplos de las expresiones de estas amenazas se encuentran en las inundaciones, los deslizamientos,  deforestación y destrucción de cuencas, arrojo de deshechos industriales a cauces fluviales, la sobreexplotación de la tierra, la destrucción de manglares, etc. En el caso que nos ocupa –la cuenca baja del Matanza Riachuelo- las principales amenazas socio-naturales serían las inundaciones de áreas no inundables originadas por la modificación en los ecosistemas a partir  de la intervención urbana.
Las amenazas antrópico-contaminantes se refieren a aquellos peligros que toman la forma de elementos de la naturaleza “transformados” (aire, agua, tierra) que representan un desafío importante para la sobrevivencia de la población. Se trata de los procesos de contaminación derivados de derrames, dispersiones o  emisiones de sustancias químico-tóxicas hacia el aire, tierra y agua, como es el caso del petróleo, los plaguicidas, los gases tóxicos productos de la combustión, los clorofluorobcarbonos y la contaminación nuclear. En general estas amenazas son producto de la falta de control sobre los procesos económicos de producción y distribución.. (Lavell, 1996, p.11).   Otro subconjunto de amenazas antrópico-contaminantes, de origen o impulso distinto, lo componen los procesos de eliminación o depósito de desechos líquidos y sólidos, de origen doméstico, sin canalización o procesamiento. El resultado, en términos de la contaminación biótica de aire y aguas, presenta serios peligros de salud para la población, desembocando a veces en epidemias. A diferencia de las amenazas producto de la falta de control sobre procesos económicos, estas amenazas son, en general, producto de la pobreza, de la falta de opciones por la ausencia de infraestructura y servicios urbanos adecuados, o de la negligencia.
 A diferencia de las amenazas socio naturales, que ponen en peligro a la población a través de impactos externos, las amenazas antrópico-contaminantes minan la base de la existencia biológica y de la salud de la población. Además, por relacionarse con medios difusos y fluidos, interconectados entre sí, los impactos potenciales no se restringen a áreas o localidades acotadas (por grandes que sean), sino que se difunden ampliamente en el ámbito local, regional, nacional o internacional. Esta característica plantea un reto particular para la gestión ambiental y para sus formas de organización e institucionalidad. En relación a la Cuenca Baja las principales amenazas de este tipo serían la contaminación de las aguas (superficiales y subterráneas), la elevación del nivel de las napas y las emisiones tóxicas industriales.
Las amenazas antrópico-tecnológicas, se refieren a la posibilidad de fallas en los procesos de producción y distribución industrial de productos y materias primas que son altamente peligrosos (toxicidad, riesgo de incendio o explosión). La importancia de estas amenazas, en términos de un potencial desastre reside, de hecho, en el problema de la ocupación humana en torno a ellas, producto en gran número de casos de la pobreza (falta de opciones de ubicación alternativa para la vivienda) y de la falta de implementación de controles y zonificación en el uso del suelo (planificación urbana). La mayoría de estas amenazas se concretan a través de "accidentes", que por los impactos que tengan, pueden convertirse en verdaderos desastres. Casi todas ellas dan también origen a amenazas "secundarias" de tipo antrópico-contaminante. (Lavell, 1996). En el área de la Cuenca Baja la zona correspondiente al Polo Petroquímico de Dock Sud reúne ese conjunto de características.
Una primera conclusión parcial de nuestro análisis entonces, es que estamos ante la presencia de una región que por sus características naturales y por la presencia de amenazas socio naturales, antrópico-contaminantes y antrópico-tecnológicas plantea altos niveles de riesgo a nivel territorial .
 
Vulnerabilidad social y riesgo ambiental
 
El concepto de vulnerabilidad se ha transformado en un enfoque de gran riqueza analítica debido a que permite captar varios procesos característicos de nuestras sociedades de modernidad tardía. En ese sentido, hay un primer plano de análisis donde la vulnerabilidad expresa la mayor volatilidad e imprevisibilidad de nuestras sociedades, lo que diversos autores han denominado “sociedad del riesgo”. En esa perspectiva,  la vulnerabilidad como concepto expresa la mayor propensión a experimentar riesgos por parte de los grupos que van quedando por fuera de los flujos globales de integración económica. Como señalan Borja y Castells (1997), si el espacio de la integración de los procesos productivos en tiempo real a escala planetaria es un “espacio de flujos”, el “espacio de lugares” es el único referente de las poblaciones sociales y grupos desaventajados que se incorporan de forma desigual a ese proceso, dado que se trata de una dinámica que solo integra aquello que tiene valor para el mercado. La creciente vulnerabilidad de grupos cada vez más amplios de la población deviene de la gran volatilidad del entorno, la ausencia de sistemas de protección social y la mayor fragilidad en la inserción a la estructura social a través del trabajo. El poder de disolución de este tipo de modernidad no solo afecta a los que quedan desplazados sino también a los que se integran, dado que lo hacen de modo precario y bajo la creciente amenaza de la inestabilidad laboral.
En un plano de análisis de la estructura social, la vulnerabilidad se define como pérdida de capacidad de respuesta de un determinado sistema humano. En este caso la vulnerabilidad expresa el grado de desarrollo de una sociedad y su capacidad de hacer frente a las contingencias. La literatura vinculada a degradación ambiental y desastres desarrolla muy bien este concepto dado que focaliza en aquellos aspectos que hacen que los sistemas humanos no puedan adaptarse a un cambio del ambiente. En la tríada amenaza-riesgo-vulnerabilidad, este último concepto se incluye como un componente eminentemente social y hace alusión a los distintos tipos de factores que derivan de la actividad humana y funcionan como condiciones intervinientes para incrementar el daño que ciertos fenómenos pueden causar. Desde esta perspectiva se considera que si lo característico de las sociedades humanas es el riesgo, esto último no necesariamente tiene que derivar en desastre. Por el contrario, hay desastre cuando el riesgo se suma a la vulnerabilidad.
Wilches Chaux (1993) es uno de los autores que ha desarrollado con mayor profundidad este enfoque. En sus trabajos propone una clasificación de distintos componentes del sistema social en términos de su debilidad para hacer frente a las contingencias: la vulnerabilidad natural (determinada por los límites ambientales dentro de los cuales es posible la vida), la vulnerabilidad física (la localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo y las deficiencias de sus estructuras físicas para “absorber” los efectos de esos riesgos) , la vulnerabilidad económica (dependencia de las economías de factores externos e interrelación entre nivel de ingreso y exposición a los desastres), la vulnerabilidad social (referida a la trama compleja de organizaciones sociales y su capacidad para absorber los desastres y accionar rápidamente), la vulnerabilidad política (el valor recíproco del nivel de autonomía que posee una comunidad para la toma de las decisiones que la afectan), la vulnerabilidad técnica (limitaciones para el control y manejo adecuado de las tecnologías existentes), la vulnerabilidad cultural (el tipo de códigos de pertenencia e identificación), la vulnerabilidad educativa (el procesamiento de la información con el propósito explícito de reducir al vulnerabilidad), la vulnerabilidad ecológica (riesgos derivados de la tentativa de autoajuste por encima de los límites normales de los ecosistemas alterados) y la vulnerabilidad institucional (el papel de la gestión pública y su capacidad de respuesta).
En el plano de análisis de los hogares, la vulnerabilidad es un concepto que tensiona la visión reduccionista del concepto de pobreza que solo considera la carencia de ingresos. Aquel concepto propone un enfoque que analiza las desigualdades de origen y de trayectoria que influyen sobre el desempeño social. Buena parte de esta literatura se ha concentrado en el análisis  de la cuestión de los lazos sociales. El ya clásico trabajo de Robert Castel (1997), se posiciona en el análisis de la vulnerabilidad definida como aquella zona donde hay una inserción precaria en el mercado de trabajo y al mismo tiempo fragilidad relacional, es decir carencia de redes de seguridad y contacto que permitan mitigar la amenaza de la fragilidad laboral. Una crítica importante que ha recibido este enfoque se refiere a la caracterización de la vulnerabilidad como “falta de”, es decir exclusivamente en términos de carencias. De ese modo, se pierde de vista la importancia de las relaciones internas existentes entre las propias formas organizativas y redes de los grupos afectados.  En algún sentido, esto tampoco permite captar el conflicto existente al interior de los mismos. (Murmis y Feldman , 2002).
En el último tiempo se han  desarrollado algunas investigaciones que definen referentes empíricos para el análisis de la vulnerabilidad a nivel de los hogares. En este caso, se propone un análisis estructural que busca contabilizar la dotación de activos del hogar al mismos tiempo que un análisis dinámico en términos de la vinculación de los hogares con distintas redes de recursos (Busso, 2002). La noción y enfoque de la vulnerabilidad social remite al análisis de la relación dialéctica entre entorno e “interno”, cuyas características califican la vulnerabilidad de la unidad de análisis en función de los riesgos a los que está expuesta y de su capacidad de respuesta (activos y estrategias). Así, el análisis se integra en tres componentes centrales:  “i) activos; ii) estrategias de uso y reproducción de los activos, iii) oportunidades que ofrecen el mercado, el Estado y la sociedad civil.(Busso, 2002).
Busso, incluye en el análisis de la vulnerabilidad la consideración de los activos físicos, financieros, activos humanos y capital humano, activos sociales y activos ambientales.  En este esquema analítico, la consideración de los activos del hogar como dimensión más abarcadora, en lugar de la utilización del referente empírico de los “ingresos del hogar”, permite considerar aspectos tales como las estrategias y los activos intangibles basados en relaciones. Esta perspectiva, a nuestro entender tiene dos implicancias interesantes para el análisis de las políticas sociales. En primer lugar, permite captar diferencias entre los grupos identificados homogéneamente bajo el concepto de pobreza, dado que hay diferencias con respecto la cantidad y composición de los activos.  Por otro lado, permite ampliar el horizonte de análisis hacia grupos poblacionales que aún no padeciendo pobreza por ingresos, son vulnerables si se considera alguna de las dimensiones antes citadas.
En el nivel de análisis territorial habría que integrar el análisis de la “vulnerabilidad global” en sus distintas dimensiones, e incorporar el análisis de las políticas (sociales, ambientales, urbanas) en términos de la capacidad de respuesta en el plano político-institucional a los desafíos que plantean las amenazas ambientales (entorno de los hogares) y sus consecuencias particulares sobre la vulnerabilidad pre-existente a nivel de los grupos domésticos (vulnerabilidad interna).
 
Vulnerabilidad político-institucional y vulnerabilidad global.
 
La concentración de desventajas ambientales y el manejo y gestión del patrimonio ambiental condicionan la vulnerabilidad de los hogares. En el caso que nos ocupa, hay varios planos de intervención de las políticas públicas que por acción u omisión incrementan la “vulnerabilidad global”[3]
En primer lugar, no existe en el plano de las políticas públicas una visión metropolitana de los problemas sociales y ambientales, como consecuencia de ello no se ha podido desarrollar (a pesar de que ha habido muchos intentos) una entidad de gestión a nivel metropolitano.  Esto hace que cada municipio deba intervenir a partir de una esfera de atribuciones muy acotada y que en algunos casos se de una competencia desleal donde se busca atraer inversiones bajando el piso de la regulación. Tal como lo señalamos anteriormente, en los problemas ambientales no coinciden en el “espacio de las causalidades” con el “espacio de los impactos”, lo que hace indispensable la gestión integrada de los recursos respetando la unidad geográfica del territorio antes que las arbitrarias distinciones jurídico-políticas.
En segundo lugar, la falta de intervención del Estado ha producido un aumento de la vulnerabilidad física debido a una mayor densificación de las construcciones en áreas inundables, de relleno y/o de baja calidad ambiental. Son varios los autores que señalan que la regulación sobre los usos del suelo, tanto en la Capital Federal como en los partidos del conurbano, no tienen en cuenta la dimensión ambiental, considerando el suelo como un plano, sin topografía, cuencas, etc; es decir, sin considerar la interrelación de dicho medio con las actividades antrópicas. (Clichevsky, 2001). El aumento de las superficies construidas y la densificación del uso del suelo incide entre otros factores en la pérdida de escurrimiento de los suelos (ocasionando mayor vulnerabilidad a las inundaciones) en la disminución de la superficie de espacios verdes y en la obsolescencia de la infraestructura (pluviales, desagües, canales aliviadores de arroyos entubados) que no sigue un proceso de desarrollo acorde a la densificación de población. (Herzer y Clichevsky, 2000).
En tercer lugar, existen distintos pisos de legislación en lo que se refiere a las regulaciones sobre el ambiente urbano existiendo superposiciones entre las normas a nivel nacional, provincial y municipal. En el caso de la cuenca del Matanza-Riachuelo, son varios los organismos con competencia jurisdiccional. El extremo oriental de la cuenca está bajo la autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto que la parte central y occidental están bajo la autoridad de la provincia de Buenos Aires. Estos gobiernos tienen además sus propios ministerios o secretarías de obras y medio ambiente, y su propia legislación local en materia de zonificación, permisos y control ambiental. A su vez entran en juego las reglamentaciones de quince municipios, aunque estas están supeditadas a la legislación provincial en materia de medio ambiente.  Todo ello genera indefinición legislativa, superposición de normas, vacíos y especialmente la ausencia de un organismo centralizado que ejerza el poder de policía, en lo que se refiere al incumplimiento de normas ambientales.
En cuarto lugar, las políticas sobre la tierra han tenido consecuencias particularmente gravosas  sobre el medio ambiente urbano de la pobreza.   El proceso de expansión urbana del AMBA se ha dado en un contexto de políticas implícitas con bajo control estatal en el uso del suelo urbano. Así, en el período 40-50 se produjo un acceso masivo al suelo urbano, con un bajo nivel de provisión de infraestructura. (Torres, 1993). A partir de 1970, con la sanción del decreto-ley N. 8912/77, se establecen importantes restricciones a los loteos sin infraestructura, sin que se  generen políticas alternativas, con un empeoramiento en las condiciones de acceso al mercado formal de tierra para la población de bajos ingresos.  En esos términos, la ocupación de suelo urbano en áreas degradadas e inundables siguió siendo una de las pocas alternativas viables para el asentamiento de los grupos más vulnerables. En el caso de la Cuenca Baja, como ya lo señalamos, esto ha tenido consecuencias especialmente críticas. El curso inferior del Riachuelo concentra un total aproximado de 49.000 habitantes residiendo en asentamientos precarios que están localizados en sus  márgenes o a pocos metros de distancia.
En quinto lugar, los municipios tienen una baja efectividad política en sus intervenciones debido a que tienen funciones instituyentes y auto-organizativas nulas, y facultades fiscales severamente limitadas, por lo que se constituyen en un ente subsidiario del Estado provincial. Económicamente, los gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires dependen de las transferencias de los recursos co-participables que hace el gobierno provincial. Dado que algo similar (aunque en menos escala relativa) sucede con las provincias respecto del Estado Nacional, el municipio “se convierte en el eslabón más débil de distribución de potestades y de recaudación y de distribución de recursos fiscales”( Bennardis, 1998 citado por Andrenacci, 2002). Esto afecta severamente la capacidad e iniciativa del municipio para encarar políticas activas de intervención urbano-ambiental y social.
En sexto lugar, y vinculado a lo anterior, en el plano local las áreas de medio ambiente son muy débiles, tienen un bajo nivel de articulación con las áreas de planeamiento urbano y con el área social.  De tal modo, no pocas veces las intervenciones del propio municipio en el plano de las obras públicas contravienen normas ambientales. En otros casos, las políticas de producción de tierra urbana se localizan en  áreas de riesgo ambiental. En el partido de Lanús son varios los asentamientos establecidos sobre áreas de rellenos y basurales en la zona del diamante del Riachuelo, en Avellaneda las villas Azul e Itatí están asentadas sobre áreas de deposición de residuos, algo similar sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Barrio Ramón Carrillo, asentado sobre un área de relleno proveniente de los trabajos de entubamiento del arroyo Cildañes, un tributario del Riachuelo que tiene altos niveles de contaminación por efluentes industriales.
En séptimo lugar, las insuficiencias en la provisión de infraestructura urbana tienden a agravar los riesgos, tanto en el plano de la falta de provisión de agua potable y cloacas como en lo que se refiere a la ampliación y mantenimiento de la red pluvial.  La vulnerabilidad de la infraestructura se vuelve un factor sinérgico de la vulnerabilidad global en un contexto de alta densidad poblacional, combinado con un alto porcentaje de población residente en asentamientos precarios. 
 
A modo de conclusión: la dimensión social en las políticas de gestión ambiental urbana y la dimensión ambiental en las políticas sociales
 
El primer plano de análisis que emerge con fuerza del análisis anterior, es la necesidad de  desarrollar una visión mas compleja de la vulnerabilidad global que tenga en cuenta la incidencia de distintos tipos de amenazas, entre las cuales, las “estrictamente naturales” son cada vez mas infrecuentes, mientras que las amenazas socio naturales, tecnológicas y antrópico-contaminantes tienden a tener mayor peso. En tanto dichas amenazas son emergentes de distintas prácticas sociales, se vuelve muy importante la consideración del espacio de causalidades y el espacio de impacto.  En ese plano la gestión ambiental urbana es la gestión de lo social y lo socio-natural (Lavell, 1996).
Desde otro ángulo, es importante considerar que las amenazas socio-naturales destacan la necesidad de considerar y asignar responsabilidad a agentes sociales determinados.  Desde este punto de vista, la gestión ambiental urbana guarda relación con la dimensión económica y política. (Herzer y Gurevich, 2000) Tiene que lidiar con el conflicto entre la apropiación privada del suelo urbano y las necesidades sociales de la comunidad toda, que remiten a la consideración del problema del “espacio público”.
La tendencia a la naturalización de los problemas ambientales destaca la importancia de la educación y la participación como herramientas fundamentales para el conocimiento de las causalidades por parte de la población y las autoridades. La literatura sobre el impacto de los desastres tiende a ser muy coincidente en señalar que en el diseño de políticas falta una perspectiva socio-histórica de los mismos. “Asociar desastre a lo natural y desatender el carácter de construcción colectiva que define a la ciudad, elimina la posibilidad de prevenir riesgos”. (Herzer y Gurevich, 1996 p.6).
En un sentido similar, la cuestión de la percepción del riesgo por parte de los distintos actores sociales juega un papel relevante dado que “la construcción social del riesgo” es un proceso histórico profundamente condicionado por la propia condición de vulnerabilidad global de una comunidad.
Por último, pero no menos importante, las amenazas ambientales y su consideración en relación a la mayor propensión a la vulnerabilidad, desafía la noción de un sistema o institucionalidad para la gestión ambiental urbana que se limita territorialmente a una misma ciudad.  Requiere replantear formas más complejas de coordinación interinstitucional y requiere dotar a los municipios de herramientas que le permitan la gestión asociada a partir de la consideración de la región urbana.
En relación a la dimensión específicamente ambiental de las políticas sociales, sería importante considerar:
§                    La consideración de la cuenca como unidad de gestión no solo permite pensar de manera integrada los problemas ambientales sino que también facilita la consideración integral de los recursos hídricos. En ese marco es indispensable incorporar a las políticas sociales la noción de que el agua es un recurso esencial para los hogares en situación de vulnerabilidad dado que la carencia de agua segura tiene consecuencias muy importantes para la salud, y las condiciones de vida en general. Es importante considerar que la gestión del agua potable en la región ha estado expuesta a la consideración del recurso exclusivamente en términos mercantiles. La expansión de los servicios de Aguas Argentinas se dio en las áreas donde la demanda tenía capacidad de pago, es decir una demanda solvente insatisfecha. En las áreas pobres no lo ha hecho y aquí se combina la ausencia de medios de pago con la dificultad de que el tendido del servicio tradicional es más costoso y complejo.
§                    Por otra parte, y vinculado a lo anterior, es importante considerar la gestión de los servicios de provisión de agua y de saneamiento en forma integrada. En este punto, es indispensable incrementar el nivel de información y participación tanto de la población como de las autoridades locales, dado que en ambos casos se tiende a subestimar la importancia de los sistemas de saneamiento y hay un bajo nivel de conocimiento de los impactos ambientales que producen las alternativas “informales” de resolución del problema.  (Proximidad entre perforaciones y pozos ciegos, utilización de camiones atmosféricos).
§                    El replanteo de las políticas sociales vinculadas a la  tierra y vivienda para sectores de bajos recursos requiere repensar la vulnerabilidad ecológica de las áreas de asentamiento, el hecho de que la tierra tenga precio en el mercado hace que quienes no puedan pagarla, solo tengan la opción de la ocupación del suelo degradado, lo que contribuye a incrementar su vulnerabilidad. Esto implica no solo repensar las áreas actuales de asentamiento si no empezar a pensar la ocupación del suelo en forma prospectiva.
§                    Los programas alimentarios deben incorporar un eje de intervención vinculado a las condiciones ambientales territoriales y la salud. Esto implica la consideración de un diagnóstico socio-sanitario del área de ubicación de los comedores así como la incorporación de componentes de educación ambiental y asistencia sanitaria en el marco mismo de la ejecución de los programas.
§                    La gestión y deposición final de los residuos en varios de los partidos del Gran Buenos Aires, está cada vez más ligada a actores sociales en situación de alto riesgo.  La actividad del “cirujeo” remite por las características de la tarea, una dimensión de la pobreza que relaciona la desigual distribución social de recursos materiales con la desigual exposición a riesgos ambientales. Desde el Estado aparece, sobre este tema, un vacío de políticas activas para la regulación de esta actividad. Más bien, en nuestro país las reglamentaciones y decretos prohíben las tareas de recolección  de residuos y, según el municipio o zona la actividad se tolera o se persigue. (Fajn, 2002). La emergencia de nuevos grupos informales (redes de recolección)  y formales (cooperativas, empresas familiares) relacionados a la realización de estas tareas permite plantear políticas de apoyo y capacitación que incorporen –al igual que en el caso de los programas alimentarios- la dimensión socio-sanitaria (controles médicos, prevención) y la dimensión de educación ambiental.
Finalmente, y para cerrar, es importante destacar que la incorporación de un enfoque territorial-ambiental en las políticas sociales va de la mano con la revalorización del concepto de “espacio público”. Este concepto es a la dimensión de las políticas ambientales lo que la ciudadanía social es al planteo de la política social. Implica la consideración de la espacialidad como forma de expresión de derechos de ciudadanía y el planteo de la reducción de las desventajas ambientales y la  segregación territorial como camino efectivo para contrarrestar la desigualdad social.

BIBLIOGRAFIA
Andrenacci, Luciano. Politización perversa y segmentación social. Dos dilemas de la política social local en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Ponencia presentada al “Primer Congreso Nacional de Políticas Sociales”. Universidad Nacional de Quilmas. Mayo de 2002
Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Editorial Paidós. 1986.
Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Argentina. Managing Environmental Pollution in Argentine: Issues and Options. Document of the World Bank, Report  N. 14070-AR. V 2. Technical Report.  1995.
Borja, J y Castells, M. Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la información. Madrid. Taurus. 1997.
Blaikie, Piers et al. At Risk. Natural Hazards, People, Vulnerability and Disaster. Londres: Routledge, Londres. 1994
Busso, Gustavo. Vulnerabilidad sociodemográfica en Nicaragua: un desafío para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Santiago de Chile: CEPAL-ECLAC, serie Población y Desarrollo n. 29, 2002.
Castel, R. La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires. Paidós. 1997.
Cherni, Judith A. Globalisation and Enviorenmental Sustainabiliy in cities of developed and developing countries. En: Revista Theomai, Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo. Número 4. Segundo Semestre de 2001.
Clichevsky, Nora. Pobreza y políticas urbano-ambientales en la Argentina. Santiago de Chile: CEPAL-ECLAC. División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. Documento n.49. 2002, 78 p.
Clichevsky, Nora; Herzer, Hilda. Perspectiva histórica: Las Inundaciones en Buenos Aires. En: Managing Disaster. Risk in emerging economies. Kreimer, A y Arnold, M. (Comp). Washington. World Bank: 2000.
Clichevsky, Nora; Herzer, Hilda. El impacto ambiental de las inundaciones. En: Managing Disaster. Risk in emerging economies. Kreimer, A y Arnold, M. (Comp). Washington. World Bank: 2000.
CONAMBA. El conurbano bonaerense. Relevamiento y análisis. CONAMBA. Ministerio del Interior. 1995.
Fajn, G. Cooperativa de recuperadores de residuos. Cuaderno de Trabajo n.2. Departamento de Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación. Buenos Aires. 2002.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Plan Urbano Ambiental (PUA). Informe de diagnóstico área ambiental. GCBA- Secretaría de Planeamiento-Plan Urbano Ambiental. 1999.
Herzer, Hilda y Gurevich, Raquel. Ddegradación y desastres: parecidos y diferentes: tres casos para pensar y algunas dudas para plantear. En: Ciudades en riesgo. Degradación Ambiental, Riesgos urbanos y Desastres en América Latina. María Augusta Fernández (compiladora).1996.
Hogan, D.J. Movilidad poblacional, sustentabilidad ambiental y vulnerabilidad social. Una perspectiva latinoamericana.  Departamento de sociología y Centro de Estudios de Población. Universidad Estatal de Campinas. Sao Paulo. Inédito. 2001.
Katzman, R. Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos.  Revista de la CEPAL  N. 75. Diciembre de 2001.
Lavell, Alan. Degradación Ambiental, Riesgo y Desastre Urbano. Problemas y Conceptos: Hacia la Definición de una Agenda de Investigación. En: Ciudades en riesgo. Degradación Ambiental, Riesgos urbanos y Desastres en América Latina. Red de Estudios en Prevención de desastres ren América Latina. María Augusta Fernández (compiladora). 1996.
Lungo, Mario y Baires, Sonia. San Salvador, El Salvador: Crecimiento urbano, riesgos ambientales y desastres. En: Ciudades en riesgo. Degradación Ambiental, Riesgos urbanos y Desastres en América Latina. María Augusta Fernández (compiladora).1996.
Mazucchelli, Sergio. Nuevos escenarios y perspectivas para un desarrollo urbano sustentable en la Argentina. En: Medio Ambiente y Urbanización.. Año 14. N.52. Buenos Aires: IIED-AL. 1998.
Murmis, M y Feldman, S. Formas de sociabilidad y lazos sociales. En: Sociedad y sociabilidad en la Argentina de los 90. Universidad Nacional de General Sarmiento. Editorial Biblos. 2002.
Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo. ANEXO TECNICO F: Manejo y Control de la Contaminación Industrial. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 1996.
Satterthwaite, David. Urban Poverty: Reconsidering its Scale and Nature. London: IIED. International Institute for Environment and Development. Background Paper.  1998.
Torres, Horacio: “Evolución de los procesos de estructuración espacial urbana. El caso de Buenos Aires”; en Desarrollo Económico vol. 15, nº 58; Buenos Aires, 1975.
Torres, Horacio: “El mapa social de Buenos Aires en 1943, 1947 y 1960. Buenos Aires y los modelos urbanos”; en Desarrollo Económico vol. 18, nº 70; Buenos Aires, 1978.
Wilches Chaux, Gustavo. La vulnerabilidad Global. En: Maskrey, A (Comp.): Los desastres no son naturales. Bogotá: La Red, Tercer Mundo Editores. 1993.
 
 
 
 

• Siguiente >