3. Una década de desarrollo local en Argentina. Balance y perspectivas

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Categoría: Numero 24

Publicado el Miércoles, 29 Septiembre 2004 21:00

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por Alejandro Villar.

Este trabajo busca repasar los principales elementos que le han dado forma al desarrollo local en Argentina en los últimos diez años.

Una década de desarrollo local en Argentina. Balance y perspectivas

Alejandro Villar[1]

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Introducción

Este trabajo busca repasar los principales elementos que le han dado forma al desarrollo local en Argentina en los últimos diez años.  Para esto lo hemos dividido en tres partes. En la primera se presenta la concepción de desarrollo local que guiará el análisis. En la segunda se abordarán los elementos centrales que lo constituyen y le dan forma, estos son las instituciones, los actores y las políticas.  Finalmente, en la tercera se propondrá una periodización de su reciente historia.

1.      Definiendo el desarrollo local

El desarrollo local es entendido como la capacidad de llevar adelante un proyecto de desarrollo sustentable en el que se aprovechen las capacidades territoriales, (sociales, naturales, técnicas, económicas, institucionales, culturales, etc.) en pos de un desarrollo sostenible. En este proceso se pueden identificar tres dimensiones: “una económica, en la que  los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados, otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico favorable, protegerlo de interferencias externas y proteger el desarrollo local” (Vázquez Barquero, 1988: 129).

Ahora bien, si se acepta el carácter complejo y sistémico del desarrollo local no se debe olvidar su dimensión política. En este sentido el desarrollo local es, también, una construcción política en donde el estado local cumplirá un rol central. Efectivamente, en términos procesuales, se trata de un permanente y masivo proceso de toma de decisiones de los actores locales. “Como este tipo de ‘matriz decisional’ no puede ser ya controlada por mecanismos estatales (la planificación tradicional) ni por mecanismos de mercado (eficientes en el campo microeconómico), se requiere el establecimiento de ‘redes horizontales de coordinación’” (Boisier, 1998: 23). Estas redes requieren una articulación que les otorgue sentido y dirección. Así, “se trata de coordinar con un sentido estratégico, se trata de coordinar para avanzar en determinada dirección, para promover determinados resultados de la acción pública en su conjunto, y no sólo de cada una de sus parcelas sectoriales o institucionales. Y el proceso mediante el cual se alcanza o se define ese sentido estratégico, esa dirección en la que la sociedad pretende marchar, es un proceso eminentemente político” (Garnier, 1999).

Pero, en este proceso de toma de decisiones no se debe olvidar la desigual distribución de poder que tienen los actores intervinientes. La articulación, en sentido político, significa catalizar, coordinar y mediar para resolver las tensiones y conflictos que la interacción público-privado y la dinámica del entramado de las instituciones y los actores locales generan. Entonces, se deberá gobernar, también, la tensión que la desigual distribución de poder genera en la definición del rumbo y en la distribución de cargas y beneficios.

En este sentido, el verdadero desafío es resolver “el triángulo conflictivo del moderno desarrollo regional conjugando de manera positiva los objetivos de eficiencia en la asignación de recursos públicos y privados, de equidad en la distribución de la riqueza y el empleo generados y de preservar a largo plazo el entorno medioambiental” (Cotorruelo Menta, 1996). Así, en Argentina se plantea el problema de resolver la integración de los sectores más empobrecidos de la sociedad. En este aspecto se destaca el papel de las políticas sociales y fundamentalmente aquellas que alienten la economía social como vínculo de inclusión e integración social a partir de encontrar una alternativa productiva con la que se pueda enfrentar los problemas de desempleo y exclusión.

Sin embargo, no se trata de plantear que el desafío de una distribución más equitativa de la riqueza es una tarea del gobierno local. Así como es sumamente difícil sostener un programa de desarrollo local sin una política nacional y regional que se oriente en ese sentido resulta poco razonable pretender una distribución del ingreso local sin un marco nacional. Lo que es necesario plantear, entonces, es que el esfuerzo social que demanda el desarrollo, y en particular el desarrollo local, debe contemplar, desde el comienzo y explícitamente, alternativas para mejorar las condiciones de empleo, para obtener una equitativa distribución de la riqueza obtenida y, particularmente en los países de América Latina, garantizar la inclusión social de los sectores que se encuentran marginados. 

Esta concepción del desarrollo local mantiene a la dimensión económica como columna vertebral pero refiere, necesariamente, a otras dimensiones. El desarrollo local no es exclusivamente crecimiento económico o mero incremento de la productividad empresarial. Como proceso económico, social, cultural y político demanda un esfuerzo de articulación sinérgica pero también que las condiciones sociales y culturales acompañen ese crecimiento y que los beneficios que se generen se distribuyan con equidad.

2.      Instituciones, actores y políticas para el desarrollo local

2.1. Los municipios argentinos

La institución estatal indispensable pero, como se verá, no la única es el gobierno local. Por lo tanto, un primer elemento a considerar es la situación en que se encuentran los municipios argentinos para hacer frente al desarrollo local. Para esto hemos seleccionado tres elementos centrales: las características institucionales, el tamaño y el perfil productivo.

Para el primero hemos definido tres variables: los tipos o categorías de gobierno local, la definición de la base territorial sobre la que ejerce sus competencias y los recursos de que dispone. Para los primeros, las constituciones provinciales establecen dos grandes niveles, con sus respectivos subniveles. Por un lado, se encuentran aquellas que denominan “municipio” a todas las formas de gobierno local, reconociendo, generalmente, diferentes categorías. Por el otro, las que diferencian a los “municipios” de otras entidades de gobierno local (denominadas comuna, comisión municipal o de fomento, delegación municipal, etc.) y, finalmente, las que tienen un sistema mixto que contempla tanto distintas categorías de municipios como a las otras entidades mencionadas. El parámetro más utilizado para constituir un municipio es la población. En pocos casos se establecen o adicionan otros requisitos, o directamente no se especifican condiciones. La mayor parte de las constituciones establece entre 500 y 2.000 habitantes como población mínima requerida para constituir un gobierno local.

En cuanto a la base territorial se distinguen dos grandes grupos. Por un lado, el sistema de municipio “condado” (también denominado ejido colindante, sistema de partido, departamento o distrito) que incluye áreas urbanas y rurales, de manera que todo el territorio provincial queda comprendido dentro de gobiernos locales (Ej. Buenos Aires y Mendoza). Por el otro,  el sistema de “ejido urbano” que hace coincidir los límites del municipio con los de la construcción urbana. Dentro de este sistema se suele adicionar un área rural, como previsión al crecimiento de la ciudad, que queda dentro de la órbita municipal. Ahora bien, que la base territorial del municipio se defina por el municipio condado o ejido urbano adquiere relevancia en tanto la problemática del desarrollo local incorporará aspectos rurales y regionales o se deberá centrar en las cuestiones urbanas.

Finalmente, los recursos económicos municipales se destacan por su escasez. Ésta se debe a una pobre capacidad recaudadora y a sistemas de coparticipación que concentran el gasto en los niveles provincial y nacional. De esta forma se produce una dependencia económica que conduce a una de tipo político, generando una relación radial donde las provincias ocupan el centro sobre el que giran y se relacionan los municipios.

En los siguientes cuadros se puede apreciar la situación de los municipios argentinos en cuanto a sus recursos disponibles

Cuadro I

Gasto Público Consolidado

(*) Provisorio (**) Estimación

Fuente: Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/series_gasto.html

En segundo lugar, se encuentra la cuestión del tamaño de los municipios. Argentina cuenta con más de 2.100 gobiernos locales[2], de los cuales unos 1.000 son entidades gubernamentales que no están técnicamente definidas como municipalidades, sino como comunas, comisiones vecinales, juntas de gobierno, etc. Actualmente en poco más de 1.700 municipios que tiene una población inferior a los 10.000 habitantes vive solo el 11% de la población, mientras que el otro noventa se reparte entre lo los 313 que tiene entre 10.000 y 100.000 habitantes, con el 27% de la población y los 63 municipios que con más de 100.000 habitantes reúnen al 60% de la población. (Cao y Vaca, 1998 e INDEC, 2001). Entonces, la cantidad, heterogeneidad y dispersión de los gobiernos locales se contrapone a la concentración de la población en las ciudades. En efecto, mientras el 80% de los gobiernos locales posee solamente el 13% de la población, el 89% de los argentinos vive en áreas urbanas (INDEC, 2001).

Esta situación plantea la necesidad de analizar las políticas de desarrollo local de manera diferenciada para cada tipo de municipio. En primer lugar es necesario despejar el carácter “local” y “regional” del desarrollo. En la medida en que la ciudad es más grande crece la magnitud y complejidad del Estado, se incrementan los recursos y se consolida la sociedad civil, a la vez que se pierde proximidad entre la sociedad y el Estado. Inversamente, cuanto más chica es la ciudad el Estado es más simple y con menos recursos pero está más cercano a la sociedad.

En tercer lugar se trata de analizar el perfil productivo local. Para comenzar debemos diferenciar el “perfil productivo” de una ciudad (que no todas lo tienen), de las actividades económicas que las sostienen. El primero se refiere a las actividades que constituyen el motor del desarrollo económico local, es aquella actividad que genera crecimiento con distribución del ingreso o con mejoras de las condiciones sociales (Arroyo, 2003). Éste ha sido históricamente producto de la acción del Estado, tanto a través de la inversión directa (petróleo, acero) como del estímulo a la radicación de empresas (los distintos regímenes de promoción vía eximición de impuestos) y del mercado, a partir de las decisiones que toman los empresarios.

Por su parte, se suele encontrar una actividad económica que sostiene a una parte sustancial de la población de la ciudad pero que no genera crecimiento ni desarrollo en cuanto no articula con el sector productivo local produciendo nuevos emprendimientos. Los tres ejemplos clásicos de esto son las ciudades dominadas por la presencia del Estado (muchas capitales provinciales y muy común en la Patagonia), las que albergan a una gran empresa que actúa en términos de economía de enclave (ej. Sierra Grande) y las que dependen de la actividad rural regional y no han logrado encadenar actividades que aporten valor agregado (por ejemplo insumos o maquinarias para la producción o industrializar la producción primaria regional).

Las ciudades argentinas tienen dos tipos de perfil productivo, el diversificado y el concentrado. El primero se encuentra en las ciudades que poseen al menos dos motores de desarrollo, cada uno de los cuales se encuentra en uno de los tres sectores de la economía. Se trata, en general, del área metropolitana de Buenos Aires y de las grandes ciudades. Pero, también se suelen encontrar ciudades intermedias que conjugan actividades de dos sectores, particularmente cuando se ha logrado un cierto desarrollo industrial que se articula con el desenvolvimiento del sector primario. Este modelo era bastante común en ciudades de la pampa húmeda de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba o en la producción de vinos en Mendoza. El perfil concentrado se encuentra en las ciudades en donde una rama de actividad se constituye en motor principal del desarrollo económico local. Se trata, por ejemplo, de las ciudades con perfil industrial del cordón de la ribera del Río Paraná o de las que han adquirido un perfil turístico (las ciudades de la costa bonaerense, de la región de los lagos en la cordillera patagónica o del Valle de Punilla en Córdoba).

Ahora bien, la década neoliberal ha generado una profunda crisis en las economías regionales y en los perfiles de desarrollo. Siguiendo a Arroyo (2003) se encuentran dos tipos de crisis, la abrupta, y la paulatina. La primera, se produce ante el cierre de la empresa que es a la vez principal fuente de trabajo y organizadora de la actividad económica local. Son los casos de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, Cutral-Có en Neuquén, o Tartagal en Salta a lo que se suman las pequeña localidades que desaparecieron cuando se levantaron los servicios ferroviarios. Por su parte, en la crisis paulatina “No existe un día en la memoria del territorio  en  que  se  paralizó  la  producción  porque  cerró  Acindar  o dejó de funcionar el ferrocarril o YPF dejó de extraer petróleo, sino que se sigue haciendo lo mismo de siempre, pero cada vez integrando menos gente; cada vez más declinando lentamente” (Arroyo 2003, 41).  En general es el caso de gran parte del Gran Buenos Aires, afectado por la desindustrialización, y las ciudades de la pampa húmeda dependientes del sector agrícola.

Estos elementos son relevantes para el desarrollo local en cuanto es imprescindible tener en cuenta la existencia o no de un aparato productivo local, una cultura del trabajo y, en definitiva, los actores capaces de impulsar la construcción o reconstrucción de un perfil productivo.

2.2. Los actores del desarrollo local.

La nueva relación Estado-sociedad nos conduce a dirigir la mirada a los actores con capacidad de influencia en la política local y, entonces, resulta necesario avanzar en su definición. En primer lugar, resulta conveniente señalar que "los actores no son los agentes racionales postulados por la teoría económica. Por el contrario, disponen de una "racionalidad limitada", es decir que sus objetivos no son claros, ni unívocos, ni explícitos." (Meny y Thoenig, 1992 p. 74). El comportamiento de los actores, en lugar de ser racional en relación con los objetivos, "es racional, por una parte, en relación con las oportunidades y, a través de éstas, con el contexto que las define; y por otra parte, en relación con el comportamiento de los demás actores" (Crozier y Friedberg, 1990).

Teniendo en cuenta estas características, es preciso reconocer a los actores locales estratégicos, que serán aquellos que cuentan con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos (Coppedge, 1996). Asimismo, éstos podrán ser individuos y organizaciones tanto de los ámbitos gubernamentales como no gubernamentales, sean de carácter local o extralocal, que desarrollen actividades de índole política (partidarias o sectoriales) o social (incluidos en esta última categoría también los económicos: productores, empresarios y negocios en general, comunitarios, etc.) (Díaz de Landa, 1997).

La relación Estado-sociedad en el ámbito local plantea cuestiones particulares debido, fundamentalmente, a la cercanía de los actores sociales con el gobierno. Ahora bien, la heterogeneidad de las distintas realidades locales genera una gran variedad de relaciones entre las organizaciones sociales y el Estado. Éstas dependen, generalmente, del tamaño de la población; las características, el perfil y el grado de desarrollo de la economía; las condiciones geográficas; las características de la cultura local; el nivel de desarrollo de las organizaciones sociales; el perfil de los liderazgos, entre otras variables.

Así, en general, se puede afirmar que las relaciones entre las organizaciones sociales y el Estado tienden a ser radiales y de influencia, sustentadas en prácticas lobbystas y clientelares. La radialidad se expresa en que el Estado queda en el centro del esquema de relaciones a la vez que los distintos actores se relacionan directamente con el municipio y escasamente entre ellos. Ahora bien, los actores con poder reconocido localmente tienden a utilizar su influencia para orientar o limitar, según los casos, las iniciativas gubernamentales pero rara vez tienen el poder de vetarlas. De esta forma, el Estado mantiene una cierta independencia para la toma de decisiones y es el gobierno local, y no la sociedad local y sus organizaciones, el principal generador de propuestas tendientes a implementar políticas de desarrollo local (Cravacuore, 2002).

Del entramado de actores sociales surgen dos que son centrales para el desarrollo local. Estos son las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las ONGs. y los empresarios y sus organizaciones. Las primeras se han convertido, en los últimos años, en el actor privilegiado para focalizar, articular o descentralizar la implementación de políticas sociales a nivel local. Este proceso, de amplio desarrollo en los países latinoamericanos, ha sido alentado por los organismos internacionales. Así, por ejemplo el PNUD plantea que “se considera que las organizaciones de la sociedad civil se caracterizan por su potencial para contribuir a dar respuestas frente a estas necesidades, su capacidad de innovación y establecimiento de relaciones directas, su estímulo a la participación, su relación costo-eficiencia, la responsabilidad y rendición de cuentas de sus acciones” (PNUD – BID, 1998, 15).

Sin embargo, al menos para América Latina, es necesario llamar la atención sobre las evidentes limitaciones que numerosas organizaciones de la sociedad civil tienen a la hora de acreditar una efectiva representación social. En efecto, es común encontrar a dirigentes políticos enmascarados detrás de organizaciones sociales, ya sea cuando crean “su ONGs” o cuando se insertan en alguna institución reconocida para presentarse como miembro de la dirigencia social, a lo que se suman problemas de legitimidad interna, de consensos alcanzados, de liderazgos no revalidados junto a la permanencia de relaciones clientelares y el bajo grado de transparencia en lo que respecta al uso de los recursos (Bustelo, 1998).

Por su parte, las relaciones empresarios-municipios se sustentan en las relaciones radiales y de influencia mencionadas y pueden ser directamente empresa-Estado o a través de las cámaras empresariales, pero siempre teniendo al Estado en el centro. El tipo de vínculo dependerá del tipo de reclamo o beneficio que se busca obtener y la relación será directa o intermediada según el tamaño y relevancia de la empresa. Su capacidad de lobby será menor que la de una cámara de empresarios, excepto que esa empresa sea la de mayor importancia en la ciudad y/o la que brinda mayor empleo. El objetivo del sector empresarial es, generalmente, obtener, por un lado, ciertas ventajas que suelen centrarse en temas tributarios (vinculados a las tasas municipales y al papel de los grandes contribuyentes) y de habilitación e inspección, que últimamente incluye la problemática ambiental. Por otro lado, se aspira a lograr apoyo político e institucional en las negociaciones con otros niveles de gobierno.

En síntesis, las organizaciones de la sociedad civil se relacionan en forma radial con el Estado y lo hacen con objetivos específicos e individuales, sin visión estratégica del conjunto de la sociedad. A su vez, es rara la cooperación horizontal entre las organizaciones de la sociedad civil, particularmente entre las de los empresarios. Así, los distintos actores se relacionan directamente con el municipio y escasamente entre ellos.

2.3. Desarrollo local y políticas públicas.

El Estado ocupa un lugar central en el complejo proceso que demanda el desarrollo local por dos razones. Una, que, pese a la crisis de la matriz estado-centrista, continúa cumpliendo un papel preponderante en la orientación de la sociedad, la política y la economía. La otra, que conserva el monopolio de la facultad de imponer normas a través de la legislación que genera.

Efectivamente, si como es generalmente aceptado, las relaciones Estado-sociedad se han modificado también se debe aceptar que el primero continúa ocupando un lugar preponderante como elemento director de la sociedad (Kooiman, 1993). Pero, a su vez, es preciso reconocer las transformaciones que modifican su rol, centrado en su capacidad de dirección de la esfera estatal basándose en el control social o en el control de los recursos esenciales, hacia uno basado en la coordinación de un proceso de definición de los objetivos de la acción pública que será fruto de la interacción de actores políticos, públicos y privados.

Asimismo, el papel y la capacidad de control del Estado, lejos de desaparecer, se transforma ya que la autorregulación social tiene lugar en un cuadro institucional reconocido por éste. En particular, el Estado mantiene el derecho de ratificación legal, el derecho de imponer decisiones autoritarias allí donde los actores sociales no lleguen a alguna conclusión  y el derecho de intervenir con una acción legal o ejecutiva en el caso en que un sistema autónomo no satisfaga las expectativas de regulación. Por tanto, el control jerárquico y la autorregulación social no son mutuamente excluyentes ( Mayntz, 2000).

Ahora bien, para el desarrollo local es necesario referirse a los distintos niveles estatales: la nación, las provincias y los municipios. Esto se debe a que aquel demanda la atención de la agenda de todos los niveles del Estado. Esto se plantea teniendo en cuenta dos elementos de distinta naturaleza, uno empírico y otro teórico. El primero se refiere a la experiencia internacional en donde resultan fundamentales no solo las políticas locales sino las regionales, como el caso de Canadá, y las nacionales y hasta supranacionales, como en los casos europeos. El segundo refiere a la necesidad de una orientación nacional y regional del desarrollo en el que se enmarque el de tipo local. Efectivamente, si los esfuerzos locales por el desarrollo no son acompañados por otro a escala nacional la sustentabilidad del primero se verá seriamente en riesgo. En otras palabras, resulta sumamente dificultoso aceptar “el desarrollo en una sola ciudad”.

De esta forma, el reconocimiento de la centralidad estatal en el desarrollo en general y en el local en particular conduce a observar la actuación del Estado a través de las políticas públicas. Éstas podrán tener diferentes objetivos, orientaciones y hasta funciones en la medida que sean nacionales, provinciales o municipales. El desarrollo local, entonces,  no es un problema exclusivamente de la agenda municipal, sino que requiere de la intervención de los otros niveles. Así, las políticas municipales son imprescindibles pero no suficientes. De esta forma, resulta indispensable una articulación vertical entre la Nación, las provincias y los municipios que genere sinergia.

A esta articulación vertical es necesario incorporar una de tipo horizontal en cada nivel del Estado. En efecto, la concepción integral del desarrollo demanda políticas específicas y coordinadas de las diferentes áreas del gobierno. De esta forma, el desarrollo local demanda políticas de promoción económica, tendientes a estimular la actividad de las empresas; de desarrollo urbano, entre las que se destacan las destinadas a mejorar las condiciones de comunicación y transporte de la ciudad; las políticas ambientales, orientadas no solo a proteger el medio ambiente local sino también a propiciar la competitividad de las empresas en este aspecto y las políticas sociales, particularmente las de educación, formación y capacitación. A su vez, estas políticas podrán ser exclusivas o concurrentes entre los distintos niveles del Estado, según lo indiquen las atribuciones y competencias jurídicamente establecidas en cada caso.

Asimismo, es necesario subrayar que así como asimilar el desarrollo local a las políticas destinadas a la promoción económica conlleva una visión reduccionista, también es necesario reconocer que sin crecimiento económico no es posible el desarrollo. De esta forma, teniendo en cuenta los elementos presentados, es pertinente señalar la centralidad de las políticas de desarrollo económico que se constituyen en la columna vertebral de la acción estatal en general y municipal en particular.

Resumiendo, el desarrollo local será producto, en cuanto intervención estatal, de la articulación vertical entre las políticas nacionales, provinciales y municipales y de la horizontal entre las distintas áreas de gobierno de cada nivel del Estado.

3.      El desarrollo local en la Argentina

En este apartado presentamos una propuesta de periodización de la breve historia del desarrollo local en Argentina. Así se reconocen dos etapas, todavía escasamente diferenciadas. La primera abarca desde sus orígenes, a mediados de los noventa, hasta la crisis de 2001; mientras que la segunda se origina a partir de la devaluación y, fundamentalemte, de su incorporación en la agenda del Estado Nacional con la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social. A continuación se presentarán las principales características de estas dos etapas.

3.1. La primera etapa: el eje en el desarrollo económico local.

El desarrollo local en Argentina se fue incorporando a la agenda municipal desde mediados de la década de los noventa, en un contexto dominado por un cambio profundo en el papel del Estado y en las relaciones de éste con la sociedad. Estas transformaciones incluyeron la crisis final del Estado del Bienestar y el surgimiento del Estado Postsocial de cuño neoliberal (García Delgado, 1994) y se enmarcaron por la concurrencia de dos fenómenos que marcaron la década; la globalización y la reforma del Estado. Asimismo, el contexto económico se mostró sumamente desfavorable. Estaba dominado por la apertura indiscriminada y una sobrevaluación del peso que atentaba contra la competitividad doméstica e internacional de los productos nacionales. Además, el Estado no solo entregaba al mercado las empresas estatales a través de la privatización sino que, también, renunciaba a orientar la economía reservándose el papel de creador de un ambiente propicio para el desenvolvimiento de las fuerzas del mercado. 

La globalización generó, por un lado, cambios en los patrones de localización del capital que con mayores flujos de comunicación permitió incentivar el desarrollo de nuevas interacciones en el territorio,  produciendo competencia entre las regiones y ciudades, a la vez que generaba concentración y  la desestructuración  del tejido productivo de base fordista. Por otro lado, se produjo la crisis del Estado-Nación que perdió capacidad de regulación y de soberanía al ser sometido a una doble erosión. Por arriba por la empresas multinacionales y los organismos internacionales y, por debajo, por la revalorización de lo local  que el discurso y la dinámica de la globalización alentaba (García Delgado, 1998) en desmedro de los estados nacionales, que se presentaban como demasiados pequeños para los grandes problemas y demasiados grandes para los pequeños problemas.

El segundo fenómeno que explica los cambios en los municipios fue la reforma del Estado. Ésta, que tendió a seguir los lineamientos del Consenso de Washington, generó tres grandes fenómenos, dos de ellos estrechamente conectados. Primero, una retirada del Estado de temas que habían integrado la agenda pública y que desaparecían, se desvanecían o eran absorbidos por la actividad privada. Segundo, en estrecha sintonía con el anterior, se llevó a cabo un proceso de descentralización, que, como se verá, tuvo poco que ver con la idea de la descentralización de la década anterior. Tercero, se produjo una revalorización de la eficacia y la eficiencia del sector público que tendió, entre otras cosas, a producir innovación en la gestión.

La retirada del Estado y el proceso de descentralización fueron, de alguna manera, dos aspectos de lo mismo, ya que el segundo fue en el nivel local un fenómeno más de hecho que de derecho. Ahora bien, así como era un proceso reconocible en todo el mundo (Coraggio, 1997: 106 y García Delgado, 1997 a. :15), en los noventa se separó de la estrecha relación con la participación y la democratización que la caracterizó en la década anterior. Como lo plantea José Luis Coraggio “La descentralización se está dando en todo el mundo, aunque escasa veces como descentralización democratizante.” (Coraggio, 1997: 106).

Por su parte en la Argentina también surgía ligada a la crisis fiscal (García Delgado, 1997 a. y también Díaz de Landa, 2002). A su vez, la solución neoliberal transfería parte importante del conflicto social que las transformaciones económicas y de las políticas de ajuste generaban al nivel local (Herzer, 1997). Esta transferencia del conflicto ponía de relieve las limitaciones técnicas y de recurso con las que el municipio debía enfrentarlas. Esta situación generó dos tipos de respuestas de los municipios. Unas, reactivas, buscaron la salida tradicional centrada en la reducción de gastos. Las otras, incorporaron una práctica más gerencial en la implementación de las políticas y actitudes innovadoras para enfrentar la nueva situación.

Entre estas últimas se encuentran las políticas de desarrollo económico local que se orientaron, fundamentalmente, a fortalecer la productividad de las  empresas locales con el objetivo de mejorar sus ventajas competitivas para enfrentar los retos de la globalización. Esta dirección era impulsada, por un lado, por la mencionada necesidad de brindar respuestas a la nueva situación política y social. Por otro, por el estímulo externo generado por la amplia difusión de la experiencia europea, particularmente del norte de Italia y de algunas ciudades españolas y por la incorporación de la cuestión del desarrollo económico en la agenda de los problemas urbanos que planteaban los organismos internacionales de crédito (BM, 1990). Asimismo, este fenómeno fue alentado desde el mundo académico por los trabajos de Antonio Vázquez Barquero, Francisco Alburquerque y los del ILPES de la CEPAL que ponían el acento en las capacidades competitivas e innovadoras de las ciudades. Finalmente, a nivel nacional, el difundido éxito de la experiencia de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, alentaba la expectativa de su replicabilidad en otras ciudades.

Con este marco, un número cada vez mayor de municipios pusieron en marcha dos tipos de políticas. Unas, orientadas a la constitución de espacios de articulación y asociación público privado que, por un lado, buscaron mejorar la eficacia de la acción estatal y, al mismo tiempo, obtener mayor legitimidad política y sustentación social. Las otras consistieron en planes o programas destinados a incrementar la productividad local.

Las primeras generaron cuatro tipos de espacios asociativos: la planificación estratégica, las agencias de desarrollo, los organismos de cooperación intermunicipal y, a partir del 2002, los Consejos Consultivos Municipales. A continuación revisaremos los tres primeros, dejando el último para más adelante.  

La planificación estratégica[3] (PE) es entendida como la actividad que tiende a darle una orientación definida y explícita al desarrollo socio-económico de una ciudad o región. Consiste en un proceso participativo y creativo en donde se busca consensuar objetivos, proyectos y acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Dependiendo de los objetivos del gobierno que la impulsa puede ser una herramienta de concertación para el desarrollo o una mera iniciativa para obtener legitimación. Ahora bien, es necesario advertir que por sí misma no puede resolver los problemas de la ciudad y que no siempre conduce a la incorporación del desarrollo económico local en la agenda municipal. En este sentido la relación entre PE y desarrollo local reconoce diferentes caminos. El segundo puede ser producto del primero (por ej. en Bahía Blanca) o, inversamente, la PE puede surgir como una necesidad a partir de la implementación de políticas de desarrollo económico local (ej. Maralgüe) .

Las Agencias de Desarrollo Local (ADL) son una instancia de asociación público privado que demanda la creación de una institución nueva.  Ésta puede ser de  gestión directa del municipio, un ente autónomo o una entidad mixta, con participación pública y privada. Permite concentrar el esfuerzo del gobierno local en una sola área, maximizando la utilización de los recursos disponibles. Posee la ventaja de constituir la cara visible y responsable de las políticas destinadas al desarrollo económico en el ámbito local. Sus problemas son que demanda recursos económicos del municipio a lo que se suma que los resultados se obtienen en el mediano plazo. Si bien es el instrumento específico más desarrollado para el desarrollo económico local, su implementación y sustentablidad no ha resultado una tarea sencilla. En Argentina se pueden mencionar los ejemplos de Río Grande, Trelew, Bahía Blanca y Rosario, entre otros.

Los organismos de cooperación intermunicipal son asociaciones de municipios destinadas a promover el desarrollo regional. Estas iniciativas tienden a resolver problemas de escala y a fortalecer el poder de negociación de los municipios intervinientes a la vez que robustecen la lógica territorial - horizontal de los actores  estatales. Tienen como problemas las dificultades de financiamiento, el vacío legal que algunas provincias presentan, la debilidad que, generalmente, caracteriza a las unidades que se responsabilizan de su gestión y la persistencia de una cultura que conserva una fuerte rivalidad localista. En Argentina surgieron, fundamentalmente, como iniciativas municipales y, en ocasiones, se convirtieron en políticas provinciales (ej. los Corredores Productivos de Buenos Aires y los Entes Intermunicipales de Córdoba). Además, se sumaron las microrregiones creadas por el Ministerio del Interior.

Por otra parte, las políticas destinadas a impulsar el desarrollo económico local se orientaron a apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas a partir de diferentes iniciativas. En algunos casos se crearon institutos destinados a promover el desarrollo económico (ej. Florencio Varela, Lomas de Zamora, Rafaela). En otros se desplegaron programas y/o políticas particulares, entre las que se destacan las de capacitación, tanto empresarial como de los trabajadores; la creación de organismos destinados al apoyo al comercio exterior, que procuraban atemperar los altos costos de entrada y permanencia en el mercado internacional (ej. Avellaneda). Asimismo, se impulsaron políticas de fomento focalizadas por rama de actividad que tienen por objeto fortalecer una rama particular que se desarrolla localmente y alienta la articulación vertical (provisión de insumos) y horizontal (exportaciones conjuntas) con lo que se aspira a generar economía de escala y, así, ganar en competitividad. Algunos ejemplos de estas últimas son Colazo, con la madera, Trelew, con lo textil, Palpalá con la conversión de la minería en turismo, Colonia Caroya con la reconversión de la vid, entre otros.

Finalmente, se encuentran las políticas destinadas a la creación de nuevas empresas. Entre éstas se destacan las incubadoras de empresas, que pueden estar orientadas a microemprendimientos o a Pymes. Se trata de instrumentos destinados a generar y favorecer el aprendizaje de la tarea empresarial. En general, se ofrece un espacio físico y un ambiente organizacional para recibir temporalmente a emprendedores o microempresas que requieran asistencia inicial mientras aprenden el oficio de empresario y se encuentran en condiciones de competir en el mercado. Habitualmente incluyen la participación de distintas instituciones locales o regionales. Sus ventajas residen en la posibilidad de generar empresas que sin ese proceso de incubación, en términos de “protección y aprendizaje”, difícilmente podrían desarrollarse. Sus principales problemas se encuentran en que el “empresario incubado” tiende a quedarse en el “calorcito” de la incubadora, retrasando su salida y obstaculizando el ingreso de otro emprendedor y en que se encuentran dificultades para alcanzar el autosostenimiento económico de la incubadora. Dos ejemplos de incubadoras se pueden encontrar en General Pico y Olavarría. Por último, también ocuparon un lugar destacado las políticas destinadas a crear y estimular a los microemprendimientos productivos. Las más comunes fueron la búsqueda y/o el otorgamiento de subsidios, la creación de ferias sectoriales específicas y la oferta de capacitación.

Ahora bien, la centralidad que adquirió la búsqueda en la mejora de la productividad de las empresas locales estaba en consonancia  con el modelo económico imperante en la medida que se planteaba como principal, y muchas veces única, opción la de mejorar la competitividad local para insertarse en la economía globalizada. Asimismo, se suponía que el problema de la equidad se resolvería con la teoría del derrame, especialmente adaptada: Si se logra que la economía de la ciudad se inserte competitivamente en el mundo se producirá un crecimiento que absorberá la mano de obra desocupada. Finalmente, mientras llegaba el derrame, se implementaban políticas focalizadas de desarrollo social, estimuladas por los programas nacionales pero escasamente articuladas con el desarrollo local.

Esta compartimentalización entre las políticas de desarrollo económico y las sociales se replicó con las de desarrollo urbano, medio ambiente y las destinadas a cumplir las funciones del poder de policía. En otras palabras, los gobiernos municipales que han encarado programas de desarrollo local no han logrado generar la necesaria articulación horizontal entre las diferentes reparticiones que permita implementar políticas que obtengan sinergia. Esto se debe a que la cultura política y organizacional de los municipios no logra superar la concepción feudalizada de los organismos públicos. A esto se suman los consabidos problemas de gestión y los escasos recursos disponibles.

Por otra parte, las políticas nacionales y provinciales de estímulo al desarrollo local fueron escasas, desarticuladas y con problemas de sustentabilidad. Efectivamente, en los noventa florecieron programas nacionales, generalmente con financiación internacional, destinados a mejorar la gestión  municipal y a atender la creciente crisis social. Sin embargo, lejos de poder articularse para promover el desarrollo local, generalmente carecían de anclaje territorial y de eficacia. El Instituto Federal de Asuntos Municipales (IFAM) relevó más de cien programas en los que se debería involucrar a los gobiernos locales. Sin embargo, un estudio realizado sobre la situación de los municipios en relación al desarrollo local (Altschuler, 2004) demostró que el 52% de los que fueron encuestados no se encontraban vinculados a programas nacionales, de los cuales el 60% señaló como motivo principal el "desconocimiento" de la oferta oficial, mientras que el 30% "no obtuvo respuesta" a sus requerimientos. Asimismo, dentro de los que se encuentran vinculados, en su mayoría lo están con un solo organismo, destacándose el INTA, con los programas Pro Huerta y Cambio Rural, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Programa Redes, y, en menor medida, la entonces Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) (Altschuler, 2004).

En cuanto a las políticas específicas de desarrollo local, en esta etapa se implementaron dos programas nacionales destinados a fortalecerlo mientras que las provincias crearon ministerios o secretarías de la producción y ponían en marcha algunas iniciativas novedosas. Desde el Estado Nacional, en el segundo gobierno de Carlos Menem, el Ministerio de Interior creó una serie de microrregiones que tenían el objetivo explícito  de fomentar el desarrollo regional y, en el de De la Rúa, la SEPYME promovió la creación de agencias de desarrollo local. Por su parte entre las iniciativas novedosas de las políticas provinciales se puede destacar la creación del Instituto de Desarrollo Económico Bonaerense (IDEB) que instaló centros en la mayoría de los municipios de la provincia. Sin embargo, ninguna de estas políticas logró sustentabilidad. La mayoría de las microrregiones se disolvieron en la medida en que se agotaron los recursos originales, la política de la SEPYME fue rápidamente abandonada y el IDEB entró en crisis desde el año 2000.

De esta forma, las iniciativas municipales no contaron con un marco de políticas públicas lo suficientemente sólido como para articularse. Elemento que es central en los términos definidos en este trabajo y sobretodo cuando se compara esta experiencia con las extranjeras que han tenido éxito ya que éstas han contado con el apoyo de los gobiernos nacionales y/o regionales, según los casos.

Esta primera etapa fue cerrada con la crisis de 2001. A partir de entonces se han abierto nuevas oportunidades para el desarrollo local y, al colocarse en el centro de la escena la problemática social, adquiere suma relevancia la economía social con la que ahora aparece asociado.

3.2. La segunda etapa: la incorporación del Estado Nacional y la cuestión social.

La crisis de 2001 significó el final del modelo neoliberal imperante. Ésta fue económica, política y social. Casi diez años de neoliberalismo dejaban, en lo económico, la desestructuración del tejido productivo, la crisis del sistema financiero y un endeudamiento sideral que provocó el default de la deuda en enero de 2002. En lo social el deshilachamiento de tejido social con cuatro millones de desocupados y  diez y ocho millones de pobres, el incremento de la desigualdad social, así como la precarización y la vulnerabilidad de los más débiles. En lo político, una crisis de representación y legitimidad de la clase política y un Estado endeudado y debilitado.

La respuesta a la nueva situación tuvo, para los intereses de este trabajo, dos elementos determinantes. Uno, lo constituyó el papel de las organizaciones de la sociedad civil que desplegaron redes de solidaridad que procuraban atenuar los efectos sociales de la crisis. Así, proliferaron las asambleas barriales, los clubes del trueque, las empresas recuperadas, y nuevos tipos de cooperativas y emprendimientos mi4croeconómicos. Asimismo, el movimiento de trabajadores desocupados adquiría una nueva legitimidad. El otro, fue la reacción del Estado. Se tomaron medidas que evitaron la profundización de la depresión y ahuyentaron el fantasma de la hiperinflación. Junto al default se procedió a devaluar el peso y se estableció un tipo de cambio flexible y elevado que generó las condiciones para un incipiente proceso de sustitución de importaciones. A su vez, se implementó un gran plan social destinado a garantizar un ingreso mínimo a un importante porcentaje de trabajadores desocupados, lo que contribuyó a obtener cierta paz social.   

Esta situación de precario equilibrio ha generado la posibilidad de replantear el desarrollo local, dentro de una definición que contemple el problema de la inclusión social. En este marco, entonces, el nuevo gobierno diseñó y puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” que busca atender la cuestión social mediante una respuesta productiva anclada territorialmente a nivel local.

De esta forma, nos encontramos ante una nueva etapa para el desarrollo local que incorpora, junto a las políticas de estímulo a la actividad productiva que dominó la primera etapa, la dimensión social y la participación del Estado Nacional. Las condiciones macroeconómicas se muestran propicias para reconstruir el entretejido productivo, el Estado nacional lo ha incorporado en su agenda y, finalmente, los municipios tienen la oportunidad de sumarse a esta iniciativa consolidándose como actores del desarrollo a escala local. Sin embargo, esto es, por ahora, más una oportunidad y un desafío que una realidad concreta.

Con este panorama y advertencias, pasaremos revista a los principales elementos que pueden redefinir al desarrollo local en Argentina. Estos elementos son el Plan Nacional de Desarrollo Local "Manos a la Obra”, los Consejos Consultivos Municipales (CCM) y los nuevos actores que han ingresado a escena; el movimiento de trabajadores desocupados.

El  Plan Manos a la Obra

El principal esfuerzo del gobierno nacional para estimular el desarrollo local es el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social  “Manos a la Obra” que ha puesto en marcha el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Este plan consiste en un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo local destinado particularmente a los sectores de bajos recursos. Así, su propósito es “lograr un desarrollo social y económicamente sustentable que permita generar empleo y mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad económica y social y utilizando los recursos humanos, naturales, culturales y económicos que se encuentran instalados en la comunidad en un marco de equidad y participación social”. (http://www.desarrollosocial.gov.ar) Mientras que sus objetivos particulares son los de mejorar los ingresos de los hogares a través de estrategias de inclusión social que promuevan la creación y consolidación de proyectos productivos y comunitarios; implementar un sistema masivo de apoyo a iniciativas de economía social con especial atención en los beneficiarios de los programas sociales del MDS y programas de ingreso de otros ministerios nacionales, de las provincias y municipios; consolidar los espacios de concertación dentro de la sociedad civil y el Estado (Consejos Consultivos Municipales, Provinciales y Nacional) y el sector privado para el diseño y gestión de las políticas sociales contemplando las particularidades regionales y locales (http://www.desarrollosocial.gov.ar).

Para esto se propone, por un lado, contribuir a incrementar el ingreso de las familias en situación de pobreza a través de su participación en proyectos productivos locales y de acciones dirigidas a desarrollar capacidades para el trabajo. Por otro lado, fortalecer los espacios asociativos locales e interinstitucionales con el objetivo de ampliar su capacidad de intervención en el abordaje de las políticas sociales desde la perspectiva del desarrollo local. Asimismo, brindar capacitación y asistencia técnica a los emprendedores y trabajadores que integren pequeñas unidades económicas productivas. Por último, ofrecer apoyo económico - financiero para la compra de insumos, materiales, y equipamiento que se constituyan como capital de trabajo para los pequeños emprendimientos productivos (http://www.desarrollosocial.gov.ar).

Ahora bien, como se pretende impulsar proyectos productivos sustentables desde la perspectiva del desarrollo local, se propone apoyar particularmente a aquellos que contemplen la potencialidad de la integración en el perfil local de desarrollo y que estimulen la cooperación y asociación entre distintos sectores sociales y económicos.

Finalmente, los beneficiarios del Plan son, en primer término, grupos de personas que integren una experiencia productiva que, bajo la modalidad de autogestión y cooperación comunitaria y solidaria, se constituyen para la creación o fortalecimiento de una alternativa laboral y de autosostenimiento para las familias de bajos recursos. En segundo término, los  Consejos Consultivos y las organizaciones de la sociedad civil que se orienten a brindar apoyo a grupos de pequeños emprendedores. En tercer término, las áreas de las administraciones municipales que tengan competencia sobre las políticas de promoción del desarrollo económico y social de la población local.

Los Consejos Consultivos Municipales (CCM)

Los Consejos Consultivos Municipales (CCM) surgen como una instancia de representación y articulación institucional de nivel local que procura obtener un mayor impacto social y una mejor implementación del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJHD)[4]. Están integrados por el gobierno municipal o comunal y las organizaciones de la sociedad civil (de trabajadores, empresariales, sociales, confesionales). Su funcionamiento prevé que inscriban a los beneficiarios y definan las contraprestaciones, debiendo informar periódicamente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre sus actividades para que éste realice la supervisión sobre posibles irregularidades a través de sus Agencias Territoriales. De este modo, dos de los actores que más cambios habían sufrido durante la década de los noventa (los municipios y las organizaciones sociales) se encuentran llevando adelante actividades conjuntas en los CCM (Arroyo 2003 a.).

Su origen estuvo asociado a la función de asegurar localmente el control, la transparencia y la efectiva ejecución del PJHD. Para ello tienen que controlar el procedimiento de adjudicación de beneficios, definir, proponer y seleccionar las actividades y tareas de contraprestación que realizarán los beneficiarios, proponer criterios de selección y listados de beneficiarios para las actividades de contraprestación proyectadas, efectuar el control y seguimiento del desarrollo de las tareas asignadas a los beneficiarios en el ámbito municipal, verificar que los beneficiarios den cumplimiento a las contraprestaciones establecidas, realizar el control formal de los organismos ejecutores y evaluar la idoneidad para ejecutar las actividades propuestas y autorizar a los organismos ejecutores para la presentación de actividades o proyectos (MTESS, 2002).

A estas funciones originales, El plan "Manos a la Obra" le incorporó la de avalar los proyectos de economía social que se presenten con lo que busca convertirlos en herramientas privilegiadas para el desarrollo local en la medida en que se constituyan en promotores de proyectos comunitarios o socio productivos y, por lo tanto en promotores del desarrollo local. El desafío, entonces, es transformar a los municipios y los CCM en “actores" del desarrollo.

Ahora bien, el desempeño de los CCM tiene distintos matices y formas que presentan un cuadro heterogéneo. Entre los principales problemas se destacan la falta de articulación con los Consejos Consultivos de las Provincias (CCP) y con el de la Nación (Chavez 2002, Arroyo 2003 a.), el surgimiento de conflictos con autoridades municipales (CELS, 2003) y la escasez de instrumentos y recursos adecuados para desarrollar sus funciones. En este sentido se observa que las funciones operativas que les había otorgado el Decreto de creación del Plan y las Resoluciones posteriores han sido absorbidas por las oficinas municipales, manteniendo los CCM sus responsabilidades en lo referente a la toma de decisiones (Cisneros, 2002). Por otro lado, en su integración sobresale la participación de funcionarios municipales (CELS, 2003) y, en menor medida, la de los actores de la sociedad civil, registrándose un marcado déficit en la presencia del sector de la economía privada. (Se puede ver Arroyo 2003a. y la composición de los CCM en www.trabajo.gov.ar). A esto se suma que en muchos casos los representantes de las organizaciones sociales tienen estrechas relaciones con el poder de turno. En síntesis, los CCM tiene severos problemas de representatividad para encara un proyecto de desarrollo local y economía social.

Los nuevos actores sociales

Los nuevos actores sociales para el desarrollo local, en esta nueva clave de inclusión, son las organizaciones de desocupados[5]. Son actores del desarrollo local en la medida que se trata de organizaciones con reconocida capacidad de representación y organización y sus integrantes se encuentran comprendidos entre los beneficiarios del Plan Manos a la Obra. Para los efectos de este trabajo se presentarán, primero, el perfil de los potenciales beneficiarios del Plan, en relación a la economía social y, luego, las principales características de las organizaciones de desocupados. 

Los potenciales beneficiarios del Plan Manos a la Obra son las personas desocupadas o que trabajan en el sector informal de la economía y que integran hogares con vulnerabilidad económica (SIEMPRO, 2003 a.). Se caracterizan por un bajo perfil educativo y una experiencia laboral dominada por tareas no calificadas. La mitad está ocupada, fundamentalmente, en tareas de cuenta propia y los asalariados lo están en microestablecimientos. Más de un tercio trabaja en pequeños establecimientos de comercio, restaurantes y hoteles, siguiéndole en importancia relativa los ocupados en la construcción y en establecimientos industriales. Los que se encuentran ocupados presentan trayectorias laborales inestables, subocupación horaria, bajos salarios y, generalmente, trabajan bajo formas de contratación “atípicas” de “duración desconocida” o como temporarios con contrato o con acuerdo de palabra. Finalmente, demuestran una escasa motivación para la formación y capacitación (Secretaría de Empleo, 2003, SIEMPRO, 2003 y 2003 a.). Este perfil genera debilidades en las capacidades laborales pero, lo que es más significativo para la economía social, una escasa o nula experiencia en participación en organizaciones horizontales y solidarias que tradicionalmente aportaba, principalmente, la actividad sindical. De esta forma, si se asume que los actores del desarrollo local y la economía social deben reunir las características de un emprendedor con actitudes y prácticas solidarias, el perfil de los potenciales beneficiarios del Plan Manos a la Obra constituye un serio problema.

Por su parte, las organizaciones de desocupados surgieron a mediados de la década pasada y son hijas del desempleo abierto. Se originaron y crecieron en las localidades que han sufrido una crisis abrupta para, luego, extenderse al conurbano bonaerense. Obtuvieron su pico de legitimidad social con el estallido de la crisis entre fines de 2001 y comienzos de 2002.

Estas organizaciones contienen, fundamentalmente, a tres grupos. Uno, el de los nuevos pobres que el desempleo ha generado y que poseen ciertas herramientas culturales y/o alguna experiencia sindical que les otorga capacidad de organización. Otro, los integrantes de organizaciones de base territorial que habían basado su trabajo en temas como por ejemplo el desarrollo del barrio, la lucha por el derecho a la tierra y la vivienda; que poseen prestigio social y una amplia capacidad de organización y que están habituados a entablar negociaciones con el poder político de turno. El tercero, los sectores tradicionalmente marginados, que han sido excluidos del mercado de trabajo, y que encuentran en estas organizaciones tanto un colectivo que los contiene como una forma de canalizar sus reclamos y una fuente de recursos para garantizar su propia sobreviviencia. En este sentido, es necesario llamar la atención sobre el activo rol que desempeñan las mujeres y la familia completa en la organización y en los momentos de la lucha a través de los cortes de ruta y calles.

Por otro lado, tienen posiciones políticas e ideológicas sumamente diversas, lo que genera, a su vez, diferentes formas de relación con el Estado. Algunas son más combativas y frontales y otras más negociadoras, pero todas tienen como reclamo común el empleo. Hasta 2002 se concentraban en solicitar la ampliación de las asignaciones del entonces Plan Trabajar. Con el lanzamiento del PJHD algunas organizaciones centraron su lucha en la incorporación de todos los potenciales beneficiarios y otras en la creación de puestos de trabajo genuinos.

En este sentido, el plan “Manos a la Obra”, en la medida que alienta proyectos de tipo productivo y comunitario, encontró respuestas favorables en muchas organizaciones de desocupados. Éstas han presentado proyectos y obtenido financiamiento para emprendimientos productivos, particularmente microemprendimientos y cooperativas de trabajo, que pueden vincularse a los proyectos de desarrollo local.

La relación entre las organizaciones de desocupados y los municipios es compleja. En primer lugar porque estas organizaciones dirigen sus reclamos directamente a la Nación, particularmente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que ha venido administrando los planes de empleo. De esta forma los gobiernos locales quedan, generalmente, al margen de estos reclamos. Ahora bien, con la creación de los CCM esta situación puede tender a cambiar porque es en ese ámbito donde se deben resolver dos cuestiones básicas, las altas y bajas del PJHD y el aval para los proyectos del Programa “Manos a la Obra”. Sin embargo, es necesario reconocer que la incorporación de estas organizaciones a los CCM no se ha producido en la medida de lo esperado porque el municipio no las convoca o aquellas no aceptan participar.

Reflexiones finales

Una primera cuestión a tener en cuenta para el desarrollo local es el tamaño y el perfil productivo de los municipios. El tamaño tiene relevancia en relación a la posibilidad de desarrollar un perfil productivo definido, a cuestiones de economía de escala y a la existencia de una sociedad civil desarrollada que genere organizaciones que pueden convertirse en los actores institucionales que se requieren. Cuando las ciudades son más grandes ganan en perfil productivo y en la cantidad y calidad de actores pero pierden en cuanto a la relación entre la sociedad y el Estado. En el caso de las áreas metropolitanas, esta situación se complejiza por la coexistencia de diferentes municipios, lo que genera la necesidad de articulación y cooperación intermunicipal. De esta forma, el desarrollo local adquirirá diferentes formas según el tamaño y perfil productivo local. Desde nuestra perspectiva se entiende que el desarrollo “local - municipal” se reserva para las ciudades de entre 10.000 y 250.000 habitantes mientras que para las de menos de 10.000 habitantes y las áreas metropolitanas el desarrollo debería tender a ser “regional-intermunicipal”.

Una segunda cuestión es la de las políticas nacionales. Por un lado, el Plan Manos a la Obra debe hacer frente al problema del perfil que poseen sus potenciales beneficiarios a la vez que tiene que consolidar el rol y las responsabilidades de los actores institucionales sobre los que recae el mayor peso de la implementación territorial. Así, se requiere aprovechar las potencialidades de trabajar con organizaciones de la sociedad civil, con los pros y contras antes mencionados y, por otra parte, promover la articulación entre los municipios y los CCM con el fin de alentar el desarrollo local con un perfil productivo propio. De esta forma, adquieren suma relevancia el desafío de las políticas nacionales de desarrollo local que tienden a generar y consolidar las instancias asociativas y a construir un nuevo actor económico bajo los lineamientos de la economía social. El Plan tiene, entonces, el doble desafío de desplegar sus políticas a la vez que debe ir construyendo las instituciones y los actores donde apoyarse territorialmente.

Por otro lado, en la Argentina se ha generado una oportunidad para que las economías locales puedan comenzar a crecer por razones macroeconómicas (el actual tipo de cambio) y que, en ese proceso, se reconstituyan los entramados y perfiles productivos. Pero este nuevo crecimiento solo se podrá convertir en desarrollo local en la medida en que se entrelacen las cadenas productivas y se comience un proceso de inclusión social. Hasta ahora las políticas nacionales parecen seguir el curso paralelo que las ha caracterizado generalmente. La política económica se ha concentrado en conservar un tipo de cambio alto y flexible y en la negociación de la deuda. El desarrollo local en la agenda nacional parece quedar circuscripto a la esfera social. De esta forma, si no se logra articular la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social con políticas de las áreas de producción, de obras públicas y de la Secretaría de Ciencia y Técnica se corre el riesgo de desaprovechar una gran oportunidad.

Para finalizar, el desarrollo local en Argentina ha sido el producto de una reacción proactiva e innovadora de una parte de la dirigencia local  ante los nuevos problemas que le presentaban. Su futuro, en cuanto a sustentablidad y resultados esperados, dependerá del papel que jueguen tanto los actores locales (fundamentalmente los dirigentes políticos, los empresarios y los nuevos emprendedores), como las políticas nacionales, provinciales y municipales para afrontar los nuevos desafíos y aprovechar las nuevas oportunidades

[1] Docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

[2] Los datos suministrados por diferentes organismos públicos no siempre concuerdan

[3] En este caso nos referimos a la planificación estratégica participativa.

[4] El Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJHD) surgió como una respuesta del gobierno nacional a la emergencia social, fundamentalmente de carácter alimentario y ocupacional, que generó la crisis de 2001. A través de este plan se busca garantizar el establecimiento del “derecho familiar de inclusión social” para lo que se efectúa el pago de una ayuda económica no remunerativa a cambio de una contraprestación que deben realizar los beneficiarios. El monto del beneficio es de 150 pesos por cada titular y resulta compatible con la percepción por parte de alguno de los miembros del grupo familiar de becas estudiantiles o transferencias de otro programa social, por montos menores o ayudas alimentarias.

[5] Para ampliar sobre estos nuevos actores se puede ver Svampa y Pereyra, 2003.

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