2. Alianzas transversales, reconfiguración de la política y desarrollo urbano

Detalles

Categoría: Número 16

Publicado el Martes, 01 Junio 2004 21:00

Visto: 10911

Escenarios del presente y del futuro.

Por Héctor Poggiese *

Presentación

El trabajo se propone analizar las relaciones actuales  entre desarrollo urbano y política,  observando las tendencias dominantes y las contratendencias e hipotetizando sobre alternativas de invertir esa determinación.

¿Habría alternativas de futuro en las cuales la política,  reconfigurada, pudiese influir en el  desarrollo urbano,  determinarlo de una cierta forma?

 ¿Un modo distinto de hacer la política urbana,  sostenido en alianzas  transversales tiene probabilidades en ese futuro?

¿Pueden percibirse en la actualidad  potencialidades, algún atributo, ciertas condiciones para esas probables alternativas? 

Contradicciones. El desarrollo urbano vs. la desurbanización.

Las grandes reurbanizaciones inmobiliarias expresan en la actualidad la dinámica económica del desarrollo urbano reproduciendo un modelo espacial y de consumo enceguecedor: la calidad de vida urbana estará dada por los monumentales  emprendimientos que se reinsertan en las antiguas estructuras urbanas. Antes las ciudades se organizaron en torno al asiento de las industrias y tomaban las formas que aseguraban ese funcionamiento. En la actualidad  hay menos (o no hay) industrias, sino que una industria dominante que la de hacer y rehacer la ciudad, reordenando sus espacios y sus usos.

Hay un caso paradigmático en el que se descubre el solapamiento entre la fase de desarrollo urbano basada en la acción del estado como actor “promotor” del desarrollo y la nueva etapa donde el estado lo que hace es “promover la búsqueda/aparición de los promotores del desarrollo”. Es el del ex albergue-Warnes, en la ciudad de Buenos Aires. Abandonado desde la década de los 50, a principios de los 90 aparece la posibilidad de resolver el conflicto con los propietarios del terreno, cuya posesión tenía el estado. Se relocalizaron los habitantes de los predios abandonados, las construcciones fueron dinamitadas.

Sin embargo en los albores del neoliberalismo urbano, hubo un viraje de orientación de la dirección política urbana y se prefirió esperar que el mercado resolviera con alguna propuesta viable la utilización del predio. El estado municipal prefirió renunciar a la posibilidad que tenía de, asociado a los dueños de la tierra (que en parte era también municipal) realizar una urbanización progresiva que reorganizara lentamente el barrio y posibilitara también una adaptación  de los sectores públicos y residenciales que lo rodeaban en su entorno inmediato (un Parque sede de facultades de agronomía y veterinaria, hospital y asilo de ancianos, ferrocarriles, asilo de menores, barrio de residencia-industria).

El mercado demoró casi una década  hasta que Carrefour compró a los propietarios y realizó un proyecto que en menos de dos años  y con sólo cumplir una parte del mismo (el hipermercado y un túnel en el cruce ferroviario) transformó velozmente el área. En paralelo, la Universidad de Buenos Aires, embretada entre la crisis financiera y las perspectivas de aumento de matrícula en las facultades nombradas, favorecidas ahora por el acceso del túnel y la urbanización iniciada, se lanzó a aumentar  sus edificios en el Parque, acrecentando también la cantidad de vehículos y reduciéndose el acceso comunitario al parque,  ya  restringido en la época militar.

En síntesis, el mercado capitalista inmobiliario resuelve financieramente la urbanización y de inmediato la respuesta de los otros actores públicos es transformar el área verde en edificada. En síntesis, donde había un área vacía de 19 hectáreas y un parque de medidas semejantes disponible, habrá ahora un hipermercado, un grupo de torres  y un parque, que al mismo tiempo se reduce, se cierra y  transforma su uso en sede de edificios universitarios. Durante 40 años el vecindario reclamó por la urbanización del área vacía y ahora tiene que reclamar por los efectos finales de la urbanizació[i].

La globalización reurbanizante, las políticas urbanas y la calidad de la vida urbana.

En Buenos Aires ya se perciben, sobre áreas nobles y tradicionales que han sido  representativas de un patrón de estructuración urbana bien característico: baja densidad de edificación, calles arboladas, tejido urbano residencial homogéneo, la presión de la ciudad global. Esos sectores asumen ya el papel inicial de centros gastronómicos y de amenidades en la forma de servicios para el centro hotelero y de servicios a los negocios, modificando la calidad de la vida residencial y acelerando la expulsión de unos (los de menores recursos) y la retirada gananciosa de otros (de recursos medios  o altos)   que venden sus propiedades a alto precio.

En el barrio de Palermo Viejoii], la reforma del Código de Planeamiento Urbano no es categórica respecto a la altura e intensidad de edificación, dejando abierta la posibilidad de que propietarios de grandes terrenos (que se pueden conseguir por englobamiento de parcelas menores) puedan obtener normas especiales para su uso, y por ende puedan ser aceptados los edificios en torre.  El mismo barrio  es localizado por el Plan Urbano Ambiental en el llamado Corredor Norte, zona de la mayor densidad de población, de edificación y de las inversiones inmobiliarias más importantes, que es como considerarla la reserva para la expansión del mercantilismo inmobiliario.

En Rio de Janeiro fue disuelto el Consejo Municipal de Políticas Urbanas (Compur) a quien le cabía la responsabilidad de creación de los Proyectos de Estructuración Urbana (PEUs) que representa un plan director y ley orgánica por barrio. Esa medida tuvo un efecto generalizado liberando la libertad de uso de las “operaciones interligadas, mecanismo que permite autorizar construcciones fuera de las determinaciones urbanísticas del área siempre que hubiera compensaciones financieras. Eso ha desatado un conjunto de urbanizaciones gigantescas, entre ellas los apart hoteles en los barrios y colocado a Rio en la estela de la carrera inmobiliaria de la década del 70 que produjo urbanizaciones críticas. La tensión subsecuente está dada por la lógica de una secuencia perversa. Los beneficios de las inversiones inmobiliarias “extra patrón barrial” se utilizarían para financiar las inversiones en las favelas, por el Proyecto Favela-Barrio (hacer de la favela un barrio), pero en los hechos eso se consigue cambiando las condiciones de vida del resto de los barrios residenciales de clase media, dicho con humor carioca, a través del “Proyecto Barrio-Favela" (hacer del barrio una favela)[iii].

En Costa Rica los territorios están recibiendo acelerados procesos de transformación productiva  pero se reclama por la necesidad de un plan Urbano Territorial como política de estado, y por una institucionalización efectiva de los controles sobre las donaciones e inversiones que ingresan al país. Es  riesgoso el fortalecimiento de  estructuras paralelas semiprivadas que canalizan los recursos “país” en  ausencia  de un aparato institucional estatal  para el control de los fondos. El área metropolitana de San José aparece como el principal núcleo de impacto ambiental y se teme  la falta de controles permita nueva zonas de urbanización que alcancen los desequilibrios extremos de la zona sur de la ciudad[iv].

El desarrollo urbano y los desastres.

Los desastres de origen natural y tecnológico están a la orden del día en las grandes ciudades y la recurrencia  de grandes catástrofes (inundaciones, derrames tóxicos y otros) es previsible, como es también previsible que la incertidumbre sobre el comportamiento de los sistemas ha aumentado. El tema, que no es abordable por una  o algunas disciplinas, excede lo sectorial y está instalado en un área de intersección entre el estado y la sociedad. El mercado de la acumulación y la rentabilidad no encontrará rindes satisfactorios ni retornos rápidos invirtiendo en la prevención y mitigación de los desastres.      

Resulta insuficiente el abordaje conceptual que nos dice “...es la propia naturaleza de un evento la que nos lleva a una situación desastrosa...” o sea la situación de emergencia donde hay que actuar, atender su  impacto  reconstruyendo  o compensando  los daños. Esta concepción  proviene de las ciencias duras y de un modelo político  a partir del cual se interviene  desde las estructuras de seguridad, a través de  organizaciones definidas por el Estado como especializadas  –la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas-  sin habilitar  otras formas de intervención.

Nuestro enfoque teórico sustenta que no hay desastres naturales  sino que  -aun teniendo  origen en  fenómenos  naturales, tecnológicos, antrópicos-  los desastres son, en esencia, una construcción social,  el resultado de un proceso de ocupación y de producción que, como “desarrollo” ha vinculado la vida humana con  la naturaleza. En verdad  se llega al desastre por un estado de exposición anterior al evento, el desastre no es otra cosa que la afirmación de las cuentas negativas del desarrollo adoptado. Traducido a las ciudades, los desastres representan las cuentas negativas del desarrollo urbano respecto a los items social y ambiental.

Frente a ciertas amenazas no podemos intervenir o no tenemos con qué, pero  es posible actuar sobre la vulnerabilidad.  Esto significa actuar sobre el riesgo,  reduciendo lo que exponemos a un evento que necesariamente se va a producir y  va a generar algún impacto. Los mapas de riesgo con participación comunitaria no sólo traen la percepción social de los riesgos sino que permiten reflexionar sobre la historia del desarrollo de la ciudad. No es lo mismo  concebir a los desastres como una carga o un obstáculo de la fatalidad al desarrollo de las ciudades y a la calidad de vida de sus habitantes,  que concebir al desarrollo urbano como responsable de los desastres.

Algunos trabajos en esa línea han sido bastante aleccionadores y han re creado la conceptualización de la relación del medio ambiente construido, es decir lo urbano, con el  medio ambiente que es el soporte natural de la ciudad[v].  Tal vez la más importante es que  vecinos,  organizaciones sociales y gubernamentales locales coinciden en que toda la micro región  debe ser declarada zona inundable, con  normativa  para su  tratamiento  especial, que ayude a superar la estigmática desventaja ambiental. Pero la coincidencia más detonante es la de impulsar un proceso progresivo de reurbanización y desurbanización que revalorice  la zona,  reconquiste  la ecología  y recupere espacio no  edificable, combinando espacio verde y usos cotidianos y productivos necesarios a la ciudad.

La percepción comunitaria del riesgo  -que resulta de la interacción efectuada durante el proyecto-  es ambientalista, como reconstrucción “ayudada”  de la relación entre soporte natural y urbanización, entre cuenca y ciudad,  entre medio ambiente natural y medio ambiente construido.  El punto de equilibrio, en cuanto “progreso”,  no está necesariamente adelante, si consideramos la propuesta de desurbanizar.

Las metrópolis de servicios y los servicios a las metrópolis.

El desarrollo local aparece como paradigma frente a la globalización mundial. Sin embargo no se tiene suficientemente en cuenta que esa globalización premia y castiga: en el ámbito territorial eso es  por demás evidente. Basta recorrer la observación sobre los territorios para descubrir que el modelo de desterritorialización de la economía opera como un fuerte distractor de energías y  un diligente redistribuidor de inequidades espaciales y sociales. Así como hay regiones ganadoras y perdedoras, hay ciudades, pueblos y gentes que ganan y otros que pierden con ese modelo; según algunas investigaciones periodísticas son unos 430 pueblos argentinos que pueden desaparecer[vi],  y ser llevado a remate, como Los Catutos en la provincia de Neuquen[vii].

Para muestra vale comentar la tendencia que están experimentando algunos municipios de Argentina.

En un municipio pequeño de la periferia de Córdoba se discute la conveniencia ambiental de aceptar en su jurisdicción el tratamiento de los residuos radioactivos (uranio), prohibido de ser realizado en la capital provincial donde se originan.  Rosario del Tala, municipio de la región agrícola deprimida de Entre Ríos se está postulando para recibir residuos nucleares que desde hace años el pueblo de Gastre, en Chubut,  rechaza[viii].

La tendencia de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, localizados en la región conocida como Pampa Húmeda que un siglo atrás fue la que sustentó con su producción de granos y carnes el desarrollo nacional,  es estrictamente direccionada a obtener se localicen en esos pueblos, hoy en decadencia económica, los servicios que demanda el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la dicha provincia,  varios municipios pujan por obtener (algunos ya lo han conseguido) la localización en sus territorios de las prisiones que recibirán los presos de la cárcel porteña de Caseros[ix], como una solución al problema de la falta de actividades productivas y empleos.  El municipio de Tapalqué [x] por otro lado  quiere que la planta de tratamiento de residuos urbanos de la Capital Federal y el conurbano se traslade allí; con el apoyo firmado por la mitad de sus 7500 habitantes el intendente solicita el gigantesco basural para paliar la crisis de empleo.  En Pinamar, por el contrario, con el fin de dar seguridad a los turistas y   proteger la oferta turística que sustente el desarrollo local, se discute alambrar los límites municipales[xi].

Esto muestra  que las búsquedas locales de soluciones a su desarrollo  se canalizan a desarrollar los servicios menos atractivos aunque voluminosos de  la gran ciudad (depósitos de residuos, guarda de delincuentes) en la expectativa de obtener empleos y actividad económica.

Tendencias en los modelos de formulación de la política urbana 

En este punto se hace necesario trazar los grandes rasgos caracterizadores de las modalidades para producir política urbana que se perciben como tendencias, sean dominantes y confirmadoras del modelo ciudad mundial, sean  confrontativas e innovadoras al referido modelo.

En estos tiempos es habitual recurrir a un esquema interpretativo basado en un triángulo relacional entre sectores: se habla de un Tercer Sector (la sociedad civil, organizaciones de la comunidad) por lo que se acepta la idea de que hay otros dos “sectores” a la sazón el Estado y el Mercado, sin que nadie haga referencia a cuál de ellos es el Primero y cuál el Segundo[xii]. El esquema del triángulo constituye una tentación en la que caen algunos analistas y ensayistas que olvidan u omiten que esas relaciones son dependientes. En intensidad,  dependen del poder de cada sector y en orientación, de los intereses (económicos, ideológicos, culturales, políticos) de cada sector.   

El tercer sector no está inmune frente a los procesos económicos y políticos neoliberales: el mercado (las grandes empresas nacionales y transnacionales y los grupos financieros), sustentando -como ideas fuerza-  algunos valores de alcance universal que no son cuestionados (los grandes relatos) como la igualdad de oportunidades, la sustentabilidad ambiental, la ética de la solidaridad, está invirtiendo recursos en la conformación de un tercer sector acoplado a sus intereses particulares[xiii].

Observando el esquema triangular con estas precauciones se hace más fácil describir las alternativas de polaridad de los procesos decisorios e identificar por lo menos tres modalidades bastante diferenciadas:

Modalidad palaciego-corporativa

En primer lugar hay una tendencia sostenida y condicionada por las demandas presentes y potenciales de las  corporaciones trasnacionales y sus socios locales, que genera un mercado de tierras y de inversiones urbanas ajustado al principio de reocupar áreas urbanas funcionales a las modalidades que la globalización prefigura para las grandes ciudades. Los proyectos inmobiliarios en torno a la refuncionalización y recalificación de áreas antes descalificadas obtienen una mejora en la tasa de rentabilidad urbana y múltiples actores económicos y políticos se enredan y desenredan a un ritmo vertiginoso tras las oportunidades existentes o creadas.

Estos actores, en su mayoría empresas, pero también bancos financistas,  intermediarios, consultoras técnicas, estudios de arquitectura, políticos y funcionarios, seleccionan proyectos que impulsan en todos los ordenes, febrilmente, a favor de la tendencia instalada y de la expectativa localizada en las esferas de los estados, que cada vez más débiles, están ávidos de inversiones privadas.

La modalidad es consecuencia de la explotación de relaciones y de un marketing orientado a interesar los decisores políticos en negocios corporativos, sin renunciar a la intriga palaciega si hiciera falta. El centro decisorio de las decisiones urbanas se ha corrido del estado y está en el mercado al que los gobiernos concurren  y optan siguiendo sus preferencias.

Esta modalidad es típicamente  palaciego-corporativa: informal y oculta, solo accesible a los interesados en los negocios, no responde a ningún plan y sí a una palabra de orden -idea fuerza-  coyuntural que hace de las antesalas del palacio un sitio del mercado, formando un tipo de funcionario flexible con el mercado, restrictivo con la comunidad[xiv].

Podemos comentar un caso ilustrativo de este modelo. En Buenos Aires, antes de la autonomía de la ciudad, muchas de las decisiones urbanas correspondían al gobierno nacional. El debate sobre la localización del Aeroparque local (cabotaje y algunos vuelos internacionales a Uruguay y Brasil) cobró intensidad a favor del aprovechamiento inmobiliario de sus valiosos terrenos, próximos al Río de la Plata y en medio de una zona urbana de alto nivel de renta. Treinta años atrás en un plan director de la ciudad se había colocado la idea de construir una isla en el río para su traslado. Un asesor especial [xv]del presidente comenzó a promover por los medios de prensa un proyecto, elaborado por un pool de empresas francesas, para concretizar dicho traslado. El anuncio de  ese proyecto fue después de la sanción de la Constitución Federal  y antes de la convocatoria a la Asamblea Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la cual la injerencia del gobierno nacional respecto a la ciudad habría de terminar. Los intereses económicos que sustentaban el proyecto no querían correr el albur de un gobierno local que tuviese otra orientación para las decisiones urbanas.

La creación de una opinión favorable al proyecto buscaba también demoler la resistencia formal por parte de la Municipalidad, que en su carácter de propietaria de esas tierras las había cedido en uso a la Nación para esos fines, debiendo recuperar su domino en caso de desafección de su uso como aeropuerto.

Modalidad tecno-partidocrática

En segundo lugar una modalidad en la cual es central el papel del gobierno en  gestión del estado, orientada por la delegación representativa:  bajo el argumento de que el sistema electoral crea una  democracia delegada por el cual otorga  a los representantes electos, la responsabilidad y la competencia para determinados temas, se suele esconder una  mayor predisposición a asegurar la continuidad personal y partidaria en esas posiciones gubernamentales, que a ampliar las bases democráticas de las decisiones.  

Esta modalidad es típicamente tecno-partidocrática: se organiza en una simbiosis entre técnicos y  políticos en mérito a su vinculación partidaria. La centralidad está dada por la acción gubernamental y por el impulso que tienen los programas desde los lugares estatales pero la lógica ordenadora es la lealtad partidaria. El lobby empresarial y la presión comunitaria son aceptados como inputs imprescindibles pero controlables frente a las definiciones políticas de los núcleos  partidarios en posiciones de gobierno. Aunque el principio es que la acción gubernamental es equidistante y neutral respecto a los sectores esta modalidad tiende a formar funcionarios propensos a negociar con los lobbystas del mercado y a manipular al sector social.

Los mecanismos de la democracia semidirecta son tolerados como una forma expresa,  aunque no siempre respetada,  de autocontrol democrático y,  a veces,  impulsados como contrapeso a los peligros de desvíos de incomunicación con la sociedad o de corrupción ante los negocios.

Los mecanismos participativos son incómodos y disfuncionales al modelo pero necesitan ser “mostrados”. A partir de allí se generan todos los juegos de entretenimiento vanos, sin aproximación a las decisiones, de consultas “participativas” y la manipulación,  

-expresada en poner a discusión como alternativas un grupo de posibilidades previamente escogidas en escritorios cuando se han desechado otras que no se discuten o cuando se presentan como alternativas opciones que para el sistema técnico-político son indiferentes, porque una u otra van al mismo objetivo- se transforma en una constante aunque maquillada.

Modalidad participativo-democratizadora

Si en las modalidades  anteriormente explicadas la centralidad está dada desde alguno de los vértices del esquema analítico que llamaríamos el “triángulo de los grandes sectores” (el vértice del mercado en la modalidad palaciego-corporativa y el vértice del estado en la modalidad tecno-partidocrática), no sucederá lo mismo en la modalidad participativo-democratizadora. No será desde el restante vértice del triángulo (el tercer sector) desde donde la modalidad se imprime sino sobre la conexión mutua entre dos vértices: el estado y el tercer sector.

Esta modalidad es innovadora por que se sustenta en los siguientes principios rectores:

a) La iniciativa puede ser de uno u otro pero el procedimiento  metodológico y los  escenarios de planificación y de gestión serán los mismos.

b) La identificación de temas del desarrollo urbano-socio-ambiental que abandonados por el estado en su achicamiento quedan sin asignación de responsabilidades pero no son aceptables ni tolerables por el mercado, como, por ejemplo: la multietnicidad y el  pluralismo cultural; las catástrofes y desastres; el desarrollo local en zonas sin rentabilidad económica; los valores de la calidad ambiental en urbanizaciones “pre ciudad global”; la socio economía o las economías solidarias como formas no capitalistas en el mercado; el desarrollo de la capacidad popular en la toma de decisiones en la ciudad.

c) La perspectiva de una influencia mutua en el sentido de que la recuperación y recomposición de un sector depende de la recuperación del otro, tal como se aborda en un trabajo anterior (Poggiese et all,1999: pp174), es  la manera en que sociedad y estado estarían en mejores condiciones para poder coparticipar en el proceso de toma de decisiones:

“El estado y la sociedad deberían entender que se necesitan para fortalecerse y que abriendo el juego hacia la co-gestión facilitan la transparencia, el control, la integración y un trayecto hacia  una sociedad más democrática y equitativa. Lo que significa también que deberían “entenderse” de otro modo (...) con un método de acción que ponga en igualdad de situación a ambos. En lo que respecta a los sectores sociales, capacitándolos  para negociar con el estado. En lo que respecta al estado, capacitando a sus funcionarios  para entenderse con la sociedad...”

La prioridad que los reúne es la de explicitar  pactos específicos sobre cómo tratar esos temas, crear una asociación “previa” al debate con el mercado.

d) Perseguir la democratización ampliada a través del aumento de la participación popular en las decisiones distribuyendo el conocimiento y la capacidad para hacerlo, popularizando el planeamiento y la gestión.

Procedimientos de democracia semidirecta. 

Entre las innovaciones que se vienen aplicando en  la región para posibilitar la participación ciudadana,  están los llamados mecanismos semidirectos de consulta, definidos por las constituciones nacionales o, también, por las constituciones de las ciudades, en los casos en que las legislaciones nacionales  así lo permiten o determinan[xvi].  Los instrumentos de democracia semidirecta  más característicos y tradicionales son de difícil aplicación, engorrosos en su tramitación, insumen un exagerado esfuerzo colectivo y sus repercusiones podrían llegar a ser poco efectivas[xvii].

La iniciativa legislativa o iniciativa  popular, por ejemplo, exige una gran movilización pero el efecto obtenible es sólo que sea considerada en la legislatura, que tenga entrada como proceso legislativo. Ese mismo efecto lo obtendría igual cuando presentado por un legislador.

La revocación de mandato, que supone eliminar el contrato de representación establecido por el voto, resulta impracticable por los requisitos para operarlo –en algunas constituciones se establece un mínimo de 20% del electorado para solicitarlo dentro de un período que es poco más de la mitad del mandato cuestionado.

La audiencia pública es el procedimiento que está adquiriendo mucho respaldo y aplicación en varios países, son realizadas por lo general en un marco legal estricto y simbólico, vale decir, un lugar para oír. El sistema de audiencias públicas que interesa  es el que se realiza  formando  parte de la formulación de leyes o de proyectos de gobierno cuando  así lo mandan las normas básicas. En su formato más extendido y repetido, resulta ser apenas un intercambio unidireccional "oído en público" entre el proyecto gubernamental y los opinantes . Los legisladores y funcionarios, dado su origen electoral y su  experiencia en los cuerpos colegiados, no logran abstraerse del mito del número (cuántos "a favor”, cuántos “en contra"), mezclado con la cantidad y calidad de la representación (a cuántos, a quiénes y cómo representa el opinante).

Si se trata de consultas no institucionalizadas por leyes, pero siendo importante la decisión a tomar, los gobiernos están prefiriendo un actor externo e internacional como garantizador de la transparencia de la consulta. Aun así el mecanismo es el mismo, unidireccional y sin intercambios.

Se necesita otro tipo de audiencia que permita "dialogar en público", con posibilidades abiertas de intercambio y negociación, con perspectiva a la construcción de nuevos consensos y de definiciones precisas para los disensos[xviii].

Otro aspecto menos discutido a las audiencias públicas, aunque no menor, es que pueden ser opcionales (los gobiernos pueden si quieren convocarlas) u obligatorias (la ley define los casos en los cuales no pueden omitirse). Existe, a veces, la posibilidad de eliminar la opcionalidad  de los organismos de gobierno y transformarse en obligatorias si se la solicita cumplimentado un cierto porcentual de  firmas del electorado, requisito que desmotiva antes que promover su utilización.

Las modalidades tecno-partidocráticas tienden a utilizar la audiencia pública en busca de la conformidad social tanto a los proyectos gubernamentales originados en su sector, sea por iniciativa política o técnica, como a los proyectos gubernamentales en los que toman  forma  las iniciativas extragubernamentales (organizaciones vecinales, vecino, otros actores). En este caso se la considera en su valor de control de la población  sobre las decisiones estatales. Ocurre a veces que se manipula la audiencia pública como forma de rechazar, destruir o controlar las prácticas de planificación que contienen un modelo superador de los anteriores, aunque la audiencia les quede chica porque el debate ha sido amplio y participativo y hasta la extenuación los decisores se arrogan descalificar tal procedimiento.   

Procedimientos de democracia ampliada

Otros mecanismos de participación popular que se experimentan en los procesos de formulación de políticas urbanas pueden distinguirse como instrumentos de democracia ampliada o democracia participativa.         

El presupuesto participativo, como modelo estatal de organización y resolución del presupuesto de la ciudad que incluye la participación comunitaria de sus barrios y regiones,  lleva ya más de una década de experimentación en Porto Alegre. En ese período no sólo ha adquirido reconocimiento nacional, latinoamericano y mundial sino que también es tomado como referente inspirador para otros gobiernos municipales: a fines del año 2000 eran ciento cuarenta las municipalidades del Brasil que estaban realizando programas de presupuesto participativo, siendo diversos tanto los modelos experimentados como los partidos en función de gobierno[xix].

En 1989, en simultaneidad  con el inicio de su  implementación  en Porto Alegre, comenzó en la Municipalidad de Buenos Aires una experiencia bastante próxima, el Programa de Talleres de Planeamiento y Gestión,  que durante unos meses se aplicó en los barrios de la ciudad, con la finalidad de configurar un presupuesto particular para los proyectos barriales[xx].  Esa iniciativa abortó en medio de su implementación por el rápido giro hacia el neoliberalismo que tomó el gobierno municipal, acoplándose a las políticas del gobierno nacional.

En 1996 la Constitución de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires dispuso muy claro y contundente, en su artículo 52, que “se establece el carácter participativo del presupuesto. La ley debe fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos” pero, cinco años después la  Legislatura aun no preparó el proyecto de ley.  

En 2000 la Intendencia de Montevideo realizó asambleas descentralizadas en los Consejos Vecinales de sus dieciocho  Zonas para establecer sus prioridades y líneas de acción poniendo en práctica la  “modalidad del Presupuesto Participativo”.

El presupuesto participativo cumple el doble rol de ampliar participativamente la democracia y establecer prácticas co-gestivas en la política municipal, como lo resaltan inspiradores e investigadores (Fedozzi, 2000) porque:    

“...trata-se (...) de un método de complemetariedade entre a representaçao tradicional (do Executivo y Legislativo) e formas de participaçao semidireta da populaçao (...) representa una forma de democracia participativa em que a esfera pública ativa de co-gestao do fundo público municipal justifica-se na medida em que empíricamente, a estrutura e o processo de funcionamento do OP criou uma arena institucional consensualmente construida e permanentemente reavaliada na cual ocorre a produçao e a seleçao da opiniao e da vontade politica para a deliberaçao sobre os  fundos públicos do Municipio...¨[xxi] (la negrita está en el original)

Un aspecto a reconsiderar, sin embargo, es que la aplicación de mecanismos de democracia semidirecta pudiera llegar a influenciar en la desconstitución de espacios sociales (Soares, Caccia-Bava, 2000). La autonomía organizativa del sector social podría reducirse por la circunstancia de existir un lugar institucionalizado de participación que suple a la organización social en tanto es utilizado como construcción de intereses populares y en esos casos podría llegarse a  “... uma constataçao inusitada: a de que a criaçao de mecanismos institucionalizados pode inibir, ao invés de fortalecer, a participacao popular...” [xxii].

La planificación participativa

Otro procedimiento de democracia ampliada es la planificación participativa, entendida no ya como un proceso instucionalizado desde el poder sino como un pacto acuerdo entre diversos actores del estado y la sociedad por el cual se preparan decisiones a través de procesos metodológicos específicos y reglas acordadas. Como el escenario de planificación gestión que se prepara es particular para cada proyecto o política y contiene una composición variada de personas e instituciones del medio gubernamental, comunitario, académico y otros, presupone que las relaciones entre ellos se van entretejiendo bajo la voluntad de todos. De una cierta forma crean las normas de intercambio y trabajo, construyen en la práctica un producto que los vincula.

El proceso de relacionamiento es legitimador de las predecisiones preparadas, las que han sido así elaboradas en el marco de una vivencia democrática no conocida y diferenciada de las habituales, pero que permite actualizar y corregir –de común acuerdo- los mandatos dados en las elecciones a los representantes.    

Quienes se consolidan en esta práctica  llegan al convencimiento de que sus proyectos (los que han sido realizados con estos procedimientos) suelen ser tanto o  más consistentes que los que se preparan por otros procedimientos técnicos convencionales, los argumentos que utilizan para rebatir las propuestas son muy sólidos, el proyecto es una predicción largamente preparada y sólidamente sustentada[xxiii].

Alianzas

La visión estratégica en los movimientos sociales urbanos.

La posibilidad de alianzas creativas y transformadoras de la política urbana depende en estas épocas de cómo se desarrolle la visión estratégica de los movimientos sociales urbanos. En la medida que los movimientos sociales se movilicen en términos de mecanismos tradicionales de presión los efectos serán beneficiosos sólo para algunos y frustrantes para los más, en la medida en que no cambie el modelo de desarrollo de nuestras ciudades por otro modelo que sin perder productividad la haga equitativa.

Mientras tanto dominan la escena los mecanismos de presión directa de actores poderosos sobre los débiles. El clientelismo y el lobbysmo pueden ser consideradas formas de presión equivalentes utilizadas por sectores bien diferenciados.

El lobby es la forma que usan los sectores privilegiados y poderosos del sistema para obtener regulaciones favorables de la acción estatal o impedir regulaciones que les fuesen desfavorables, ya que la presión puede orientarse por la acción o la omisión solicitada a los poderes gubernamentales.

Las prácticas clientelares son definidas por el receptor y no por el dador. Éste es el estado, que privilegia atender unos (clientes) en desmedro de otros (no clientes, o clientes de otro dador). Visto desde otro lado es la forma que usan los sectores menos favorecidos y débiles de la sociedad para obtener del estado bienes y servicios que necesitan. Para que haya una política clientelar tiene que haber políticos clientelistas y ciudadanos clientelistas.

Partimos del supuesto de que para superar el clientelismo cortoplacista se necesita que distintas fuerzas políticas gobernantes u opositoras, organizaciones civiles, ciudadanos individuales  y otras fuerzas se relacionen en un plano transversal  que intersecte  las estructuras sistémicas, sus encuadres sectoriales y sus defensas disciplinarias.

Un postulado simple puede resumir la relación entre transversabilidad  y transformación:

Si existe una alianza intersectorial transversal (o la posibilidad de una alianza intersectorial transversal) puede existir como correlato una práctica cogestiva o asociada o mixta sociogubernamental.

En el sentido inverso podría afirmarse que

Si se instalan prácticas cogestivas, asociadas, mixtas sociogubernamentales se están sentando bases prácticas configuradoras de alianzas transversales.                    

Un espacio de confluencia de actores diversos no asegura siempre el mismo resultado. Es evidente que la sumatoria de actores sociales constituirá una mayor capacidad de expresión y de presión y puede esa agregación dar un actor colectivo reconocible y de peso.

Sin embargo se procurará que la agregación de actores supere la suma simple y cree un actor colectivo nuevo, integrado, permanente, capaz de influir positivamente en cambios en los actores particulares que le dan origen[xxiv] y no lo inverso, traducido en la lucha política interna entre los actores particulares para que la orientación del colectivo sea lo más próxima posible a la propia, una lucha por la hegemonía. Denominaré “tensión de la transversabilidad” a ese proceso temporal-institucional que se instala en cualquiera de los actores propensos a un cambio en sus modelos tradicionales/corporativos de gestión.

Socioeconomía y redes de trueque

La economía popular entendida como la sumatoria de actividades realizadas por trabajadores, subordinados en forma directa o indirecta a la óptica del capital, nos habla de una serie de relaciones económicas existentes que puede ser el sustrato de otra economía posible, la economía del trabajo (Coraggio, 2000)

“mediante una reestructuración de la economía popular...es posible desarrollar –desde las grandes ciudades articuladoras de redes urbano rurales-  la economía del trabajo, subsistema orgánico capaz de adquirir una dinámica parcialmente autosostenida en el ámbito local y regional, coexistiendo,  compitiendo y articulándose –como sustrato de la PyMES, como oferente de recursos humanos de alta calidad, como comprador y proveedor, como contribuyente- con la economía del capital y la economía pública” [xxv].

No caben dudas de la importancia que tal economía alcanzaría en las ciudades y el cambio cultural que produciría, desde cambiar las expectativas sobre lo posible, aumentar los proyectos propositivos sostenidos en la revisión de las experiencias sociales, instalar el debate democrático de ideales y utopías (o de ideales “utopísticos” como se verá más adelante) activadores de las movilizaciones sociales.

Sin embargo la economía del trabajo necesitaría de actores de lo más diversos, asociados en torno a un paradigma de desarrollo integral y solidario, requeriría cambios en los sistemas de educación y de la salud, políticas de control de los medios de comunicación masiva y una acción del Estado orientada a regular, proteger y favorecerla.    

Requiere además la asignación inicial de recursos importantes en los cuales las políticas sociales urbanas pueden colaborar –articuladas con otras políticas urbanas- para desarrollar bases autónomas en la reproducción de los trabajadores urbanos. Constituida en una alternativa relativamente eficiente frente a los efectos negativos de la apertura de los mercados y la globalización, su sostenibilidad dependerá tanto de su eficacia como de la valoración cultural de las mayorías urbanas, por lo cual la defensa del mercado local o regional debe considerar  no sólo las acciones legales sino también las barreras culturales o, dicho en términos económicos, las preferencias racionales de los consumidores.

Una experiencia que ya adquiere extensión internacional y que debe ser inscripta en las posibilidades de la economía solidaria es la de la llamada Red Global del Trueque. Iniciada en Argentina en 1995,  se extiende hoy a otros países, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, Canadá,  Honduras, Paraguay, Perú y otros. En Argentina, para el año 2000 se calcula que la integran unos quinientos grupos  relacionando más de 200.000 personas. Se propone reemplazar la competencia estéril, el lucro y la especulación por la reciprocidad entre las personas. Respecto a sus particularidades se autodefinen como:

“...un sistema eminentemente convivencial  que apunta más a una recuperación más lenta y sostenida que a “hacer (anónima y esporádicamente) negocios por catálogo”; ...un sistema respetuoso de las diferencias...que se resiste a ser dominado, controlado, hegemonizado...está colocado en el corazón mismo de las relaciones entre las personas. Por ello sostenemos que la red es un movimiento del Cuarto Sector, es decir, son  personas intercambiando... es pre-institucional” [xxvi]

Sus miembros son “prosumidores”, a la vez productores y consumidores, rotan en sus roles y funciones, sus relaciones no están necesitando de dinero. Crean una moneda de trueque o “moneda social” que les permite intercambiar “créditos” para la adquisición de productos.

Esta economía se relaciona con el mercado formal porque la mayor parte de sus productos demandan insumos que se obtienen allí por lo cual necesitan participar en dos mercados con modelos diferentes y hasta contradictorios. Esto debe ser visto como un hecho importante porque implica una capacitación que sólo se adquiera por la creatividad de lo que se está impulsando. No existen condiciones para mundos aislados, que se resuelvan en su propia economía sino ensayos de cómo otras economías pueden subsistir y mostrar su potencialidad  alternativa:

“...si se establecen pautas de intercambio no monetario, se reemplaza a la moneda como lazo social por la pertenencia a un grupo...que suple la función de la moneda...hay creación de poder alternativo. Aquí aparece otro rasgo interesante: en muchas de estas organizaciones  lo que se cambia son cantidades de trabajo realizado lo que es una manera de volver a la teoría del valor trabajo (las cosas valen por su costo en horas de trabajo realizadas) cara a Smith, Ricardo y también a Marx, en contra de la teoría neoclásica del valor predominante hoy” [xxvii]

En posible reconocer  un campo potencial de alianzas transversales en el desarrollo de la Red del Trueque ya que participan y apoyan la experiencia algunos municipios, universidades, inclusive empresas  “adhiriendo con sus productos y abriendo las puertas del mercado”. Una evolución probable sería que fortalecida como  una alianza intersectorial transversal  se despliegue hacia prácticas cogestivas o asociadas,  que tome componentes de una red  mixta sociogubernamental, pudiendo comenzar a incidir en las políticas sociales urbanas.

En esa línea el gobierno de la Provincia del Chaco, en una carta compromiso firmada con las asociaciones de indígenas,  reconoce la existencia de una economía propia de esas  comunidades,  basada en el trueque y la solidaridad,  proponiéndose estudiar y promover puentes con la economía de mercado que no signifiquen la destrucción de la economía indígena, por ejemplo la marca indígena en los mercados o el compre indígena para las obras públicas locales (ladrillería, madera, etc.)[xxviii].

Redes mixtas de gestión socio urbana

En un trabajo reciente hemos denominado “redes mixtas socio gubernamentales” a algunas de las nuevas modalidades de gestión socio urbana.

En Argentina,  relacionado con el modelo metodológico que les da origen (las metodologías de PPGA)[xxix] y el marco teórico que las sustenta (la cogestión estado-sociedad) esas prácticas novedosas de gestión socio urbana vienen siendo conocidas  como de gestión asociada o cogestión. Denominamos gestión asociada a modos específicos de planificación y de gestión realizados en forma compartida entre organizaciones estatales y organizaciones de la sociedad civil en su sentido más amplio. El sistema de trabajo planificado y la relación articulada de los colectivos que se crean para elaborar y gestionar esos proyectos cogestivos (que en si mismos ya son una red)  devienen en una trama social reconfigurada y activa, una red de “redes de gestión asociada” (cogestiva). 

La denominación de redes mixtas sociogubernamentales que también le damos ahora a esas redes está inspirada en una clasificación que realiza Sherer-Warren,[xxx] quien para este tipo de prácticas toma la definición de Susana Moura. El  ideario democrático encuentra espacios efectivos en la creación de una nueva esfera pública local abierta a la participación ciudadana. Las experiencias de presupuesto participativo, foros y consejos sectoriales realizados con participación de movimientos de la sociedad civil o con ciudadanos individualmente, son  formas de interacción caracterizadas por ser, para Moura, “redes sociogubernamentales de expresión de la ciudadanía, en las que son explicitados conflictos, son disputados y articulados intereses y son construídos proyectos estratégicos”                          

El Plan Urbano Ambiental es elaborado por el gobierno de la ciudad, incluyendo algunos mecanismos de consulta a los vecinos y su organización. Los mecanismos de consulta y participación que utilizan son bilaterales y unidireccionales: el gobierno y sus técnicos  planificadores conversan y consultan a unos y a otros, pero nunca al  conjunto. En cambio el papel de estas redes de gestión asociada está siendo muy singular porque elaboran planes urbano ambientales de sus territorios que describen una visión particular de los modos de vivir en la ciudad y de cómo operar los cambios. La confrontación de modelos de ciudad (y por ende de modelos de desarrollo urbano) se hace así evidente, creándose  posibilidades de alternativas diferenciadoras a los emprendimientos reurbanizadores y un cuestionamiento basado en proyectos a las políticas urbanas que suelen ser excesivamente flexibles a los developer. 

Prospectiva, utopismo y utopística

La utopía sea  como visión del futuro teñida de deseos e ideología o como marco referencial de lo idealmente pudiese ser un sistema social ha caído en descrédito frente a la prevalencia del pensamiento único o la afirmación de que la historia ha llegado a su fin. No parece tener sentido pensar en Utopía, etimológicamente “ninguna parte” cuando hay un único lugar y un único sistema social real.

Así todas las connotaciones que se desprenden de la utopía como idealismo futurista a veces de movilización religiosa y otras  de movilización política o su contracara de fracasos por las desilusiones derivadas de luchas pedidas,  pierden vigencia.

Pensar el futuro parece un desvarío, como no fuese para imaginar que sólo será igual a la coyuntura, que no puede escaparse de estos caminos que hoy transita. Habría un único destino para la sociedad, aquel futuro que fatalmente será.

La prospectiva nos ayuda a pensar que hay futuros alternativos. En el rango de posibilidades la existencia de voluntades dispares niega la perspectiva de un futuro fatal. En el rango de las probabilidades esas disparidades se reducen en número pero no desaparecen y una de ellas,  entre varias,  será futuro. La prospectiva, así entendida, no como una adivinación o predicción, sino como un ordenamiento analítico de futuribles,  permite colocar la deseabilidad  como elección entre lo probable.  El futuro deseable es aquel que entre los futuros probables elegiremos o preferiremos, es una opción.

Apelar al pensamiento prospectivo (y también ejercitarlo) puede ser un antídoto al pesimismo extendido de futuros alternativos, un motivador oxigenante para los grupos que se proponen incidir críticamente en algunos procesos y transformar algunos otros y un enriquecimiento de las concepciones que se juegan a la hora de tomar decisiones en el desarrollo de nuestras ciudades. 

Enric Bas distingue cuatro tipos de predicción base: la sobrenatural (ej. profecías) , la hermenéutica (ej. utopismo), la técnica (ej. astronomía) y la emancipadora (ej. prospectiva, sociología prospectiva y planificación estratégica).  Bernard Cazes distingue todavía en un campo equivalente a la predicción emancipadora, la posibilidad de una prospectiva froid, con el método del policy analysis y una prospectiva chaud  de orientación participativa involucrando a los actores, aceptando que pudieran combinarse o confluir, aun cuando sus técnicas sean diferentes.

Immanuel Wallerstein (1998) inventa la “utopística” como un sustituto a la utopía, definiéndola  como:

“...la evaluación seria de las alternativas históricas, el ejercicio de nuestro juicio en cuanto a la racionalidad material de los posibles sistemas históricos alternativos. Es la evaluación sobria, racional y realista de los sistemas sociales humanos y sus limitaciones, así como de los ámbitos abiertos a la creatividad humana. No es el rostro de un futuro perfecto (e inevitable), sino el de un futuro alternativo, realmente mejor y plausible (pero incierto) desde el punto de vista histórico. Es por lo tanto un ejercicio simultáneo en los ámbitos de la ciencia, la política y la moralidad” [xxxi](Wallerstein 1998) (la negrita no está en el original)

En estos conceptos puede descubrirse la idea de las alianzas transversales colocada en prospectiva, planteando la simultaneidad en la agregación de dimensiones que supone necesariamente la relación entre los actores de esos campos.

Para este autor el sistema capitalista mundial está en etapa de crisis e iniciando su período de transición, en el cual los sistemas se bifurcan y se transforman. Esta etapa es impredecible pero singularmente abierta a los aportes de individuos y de grupos, con un notable aumento del libre albedrío. La oportunidad exige reconstruir la estructura del conocimiento de modo de entender esa crisis y abrirnos a las opciones históricas

La defensa del sistema democrático representativo liberal actual contraponiéndose  a la posibilidad de aumentar la participación democrática en las decisiones  alega que la acumulación incesante de capital  es de tal tipo prioritaria que promover una sociedad libre y abierta es riesgoso y amenazaría las bases materiales que la sustentan. Por eso no importaría  tanto participar como tener bienes (mínimos), lo cual traducido al desarrollo urbano, haría  preferible la ciudad deshumanizada y no participativa  pero productiva, que la  ciudad humanizada, democrática  pero menos moderna,  desurbanizada.

Es interesante ver como Wallerstein se sumerge en asuntos que probarían que la “relativa eficiencia productiva” que se espera del sistema económico y una sociedad libre y abierta podrían conseguirse sin que fuese prioritaria la  acumulación incesante del capital. Por ejemplo que las remuneraciones monetarias fuesen necesariamente un incentivo para la calidad.  Para  los profesores universitarios, por ejemplo,  el principal estímulo para trabajar bien no es el aumento relativamente pequeño en las retribuciones materiales sino la combinación de reconocimiento y mayor control sobre su propio tiempo de trabajo. Tal vez si  esa combinación fuese ofrecida de manera explícita y general como incentivo,   mucha más gente  los encontraría satisfactorios por sí mismos. Acaso esa satisfacción general podría obtenerse con un sistema mejor de elección de carreras y de trasformación de funciones dentro de las carreras a lo largo del tiempo.

¿La eficiencia es realmente mayor en las grandes organizaciones que en las pequeñas? No puede afirmarse que los hospitales no lucrativos, sistema que se conoce  desde hace siglos, sean menos eficientes y menos competentes que los privados o los estatales y entonces por qué  no extender ese sistema a otros servicios[xxxii]. De allí que un elemento estructural como una posible base de un sistema alternativo es “... la construcción de unidades descentralizadas no lucrativas como modo subyacente de producir dentro del sistema”. En estas ideas volvemos a encontrar similitudes con la socioeconomía que en redes transversales se vislumbra en un mercado que no es sólo capitalista .

Esas unidades no lucrativas necesitarían una negociación entre los trabajadores y los administradores,  no serían  autoritarias y demandarían una participación de los trabajadores en la toma de decisiones en altos niveles, ergo, estamos frente a la hipótesis de la cogestión de las unidades económicas.

En la bifurcación-transición de un sistema a otro habrá batallas políticas globales. Los privilegiados ensayarán estrategias aún  impredecibles frente a los cambios  y entre los oprimidos los problemas no serán menores y aunque librasen una lucha en múltiples formas “...una coalición de arco-iris es probablemente el único (concepto) viable, tremendamente difícil de poner en práctica.”

En síntesis en su ensayo utopístico el autor aborda, para definir una alternativa viable al sistema actual, otro sistema  caracterizado por  prácticas simultáneas y transversales entre la ciencia, la política y la ética, incentivos no monetarios,  unidades de “socioeconomía”  no lucrativas, descentralizadas y co gestionadas, coaliciones sociales de múltiples colores (de arco iris), aspectos todos que -como vimos más arriba-  encuentran  algunas manifestaciones teóricas, conceptuales y prácticas en nuestra experiencia urbana actual. 

Algunos escenarios alternativos que podría transitar la experiencia urbana en América Latina.

Bajo el enfoque “prospectivo-utopístico” presentado en el ítem anterior pueden alcanzarse  tres escenarios para el futuro de las políticas urbanas sobre la base de alternativas viables y probables sostenidas en modelos de gestión relativamente alternativos: la gestión estatal,  la autogestión social y la cogestión socio-estatal. 

El primer escenario,” la gestión estatal”,  deviene de un cambio en el papel del estado y los políticos:

-Algunos partidos o sectores de algunos partidos que ocupan posiciones de  poder publico están consustanciados de las demandas sociales y las dificultades subyacentes respecto a la calidad de  vida e impulsan desde esa posición políticas urbanas más amplias, con aumento de la consulta y la participación en su sistema de decisión estatal.

-Los inversores de la ciudad y las empresas que demandan sitio y servicios se someten a un sistema de negociación donde las reglas de juego son variadas y no exclusivas del sector económico y el estado consigue fajas de recursos que se alojan en el financiamiento de políticas socio urbanas.

-El mercado resuelve con el estado las asignaciones urbanas.

-El estado, reconstruido y reforzado, consultativo, intermedia tendiendo a equilibrar, a compensar a los más débiles. 

-No hay una explicitación de alianzas sino un seguidismo crítico del sector social,  con un cierto dualismo por el cual, en término de relaciones internacionales, tiende a autonomizarse del estado y, en término de relaciones locales, tiende a subordinarse al estado.

El segundo escenario, “la autogestión social”,   deviene de un cambio en la sociedad civil y en la acción ciudadana.

-Algunos organismos sociales, redes,  resisten al avance del mercantilismo del espacio y a la modernidad que conlleva pobreza y expulsión.

-Hay una alianza más nítida en el ámbito local regional.

-La economía popular y las redes de trueque tienen fuerte predicamento y organizan una parte importante de los grupos sociales. El dualismo es categórico: sociedad popular vs mercado,  lo local vs lo central, llegando a un límite contundente sociedad popular-local vs mercado-gobierno central.

-Tendencia al autonomismo y al subdesarrollo.

-Fragmentación e inequidad espacial; sólo las áreas  rentables de la ciudad son el territorio del mercado  

-Las políticas urbanas no alcanzan el universo ciudadano, son parciales en el espacio y limitadas en los grupos a quienes se dirigen.

El tercer escenario, “la cogestión socio-estatal”,   deviene de un cambio simultáneo en sectores de sociedad civil, del  estado y los partidos políticos.

-Las redes  sociales tienden a ser prácticas socio gubernamentales.

-Las acciones estatales se sostienen en propuestas de gestión mixta o asociada con la comunidad.

-En los partidos hay militancia a favor de prácticas cogestivas para  la acción estatal (esto es hay políticos que se candidatean con programas cogestivos).

-Hay una alianza sinérgica que se asienta sobre una división de aguas, una alianza de arco-iris (de muchos colores) sostiene políticas urbanas donde lo público está integrado en la asociación de actores de ámbitos diversos.

-El mercado es plural y existen puentes institucionalizados desde la política pública entre sus diferentes modalidades.

-La política urbana se determina en un proceso democrático abierto, cuya calidad se mide por la vincularidad resultante de  la frecuencia e intensidad de los intercambios.

-Las urbanizaciones (y las reurbanizaciones) tienen criterios de retorno al reconocimiento del soporte natural y la fragilidad ambiental y son, en un cierto punto, desurbanizadoras.

-Los servicios de infraestructura social son provistos por empresas no lucrativas que combinan los avances de la socio economía (el trueque y la economía del trabajo) con modelos decisionales co-gestivos en las organizaciones productivas.

-Las alianzas transversales, colocadas en el palco democrático, se equilibran con las culturas políticas del clientelismo y el lobby, constituyéndose en una instancia reguladora en la economía y el desarrollo urbano.   

En todo caso y retornando a los principios expuestos al inicio de este ítem, la expresa deseabilidad  respecto a alguna de estas  tres alternativas -que aparecen como viables y cuentan con probabilidades de llegar a ser-  se transforma en palabras-guía para la acción y comprometen acciones del presente. Es como desandar el camino hacia adelante y, anticipando el futuro, orientar las prácticas de los escenarios del presente.    

Conclusión

En este trabajo hemos conseguido identificar algunas hipótesis alternativas de reconfiguración de la política en el futuro con posibilidades de  influenciar el  desarrollo urbano.

Esas alternativas futuras  encuentran en el presente algunas bases, potencialidades y condiciones que las harían posibles y contribuirían a hacerlas también probables: los movimientos sociales y las redes de planificación, de socio economía y otras; las prácticas estatales  de presupuesto participativo y las cogestivas de planificación participativa; las temáticas urbanas que no interesan al mercado y pueden ser un punto de contrato social entre estado y sociedad; las metodologías intersectoriales, los mecanismos semidirectos de participación y de ampliación democrática  y las modalidades decisionales participativo- democratizadoras. 

Por lo tanto existen probabilidades de que en el futuro surjan nuevas modalidades de formular políticas urbanas, que al sostenerse en procesos de alianzas  transversales, signifiquen alternativas a la actual concepción de la ciudad como máquina empresarial de crecimiento.

      
BIBLIOGRAFIA

Arantes Odilia, Vainer Carlos, Maricato Ermínia, 2000 “A cidade do pensamento unico” Rio:Voces

Argüello-Rodríguez Manuldeia” POA:Tomo Editorial

Lopez Segrera Francisco y Filmus Daniel, 2000 “Para un Plan de Ordenamiento Territorial” San José de Costa Rica

Balanovski Vivian, Redin María Elena, Poggiese Héctor,  1999 “Percepción social del riesgo. Inundaciones en el Ao. Maldonado: mapa de riesgo elaborado con participación comunitaria”, Bs As:Red de Gestión Asociada del Oeste/GAO.

Bas Enric, 1999 “Prospectiva”  Barcelona:Ariel practicum

Coraggio José Luis, 2000  “Política social y economía del trabajo” BsAs: Miño y Dávila Editores

Fedozzi Luciano, 2000  “O poder da a

iel (org.), 2000 “América Latina 2020” BsAs: Temas Editorial/FLACSO

Morin Edgar, 2000 “Saberes globais e saberes locais, o olhar transdiciplinar”  Brasilia:Garamond

Ortiz Renato, 1998 “Los artífices de una cultura mundializada” Bogota:Siglo del Hombre Editores

Poggiese Héctor, 1990 “Planeamiento y participación” Cambios  BsAs:MCBA Nro. 1.

Poggiese Héctor et all,  1999  “El papel de las redes en desarrollo local como prácticas asociadas entre estado y sociedad” en  Daniel Filmus (comp.) Los Noventa BsAs:Eudeba/FLACSO

Scheren-Warren Ilse, 1999  “Cidadanía sem fronteiras” Sao Paulo:HUCITEC

Soares Jose Arlindo  y  Cacci-Bava Silvio  (orgs.), 1998  “Os  desafíos da gestao municipal democrática”, Sao Paulo:Cortez

Wallerstein Immanuel, 1998 “Utopística o las opciones históricas del siglo XXI” México:Siglo XXI Editores

• < Anterior
• Siguiente >