Un siglo de desafíos, realizaciones y proyectos para las cooperativas eléctricas en la Provincia de Buenos Aires

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Categoría: Número 43

Publicado el Jueves, 03 Abril 2014 15:19

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Carrizo Silvina Cecilia
Investigador adjunto CONICET, CEUR.
Profesor adjunto UNNOBA.
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Jacinto Guillermina Paula

Investigador adjunto CONICET, CESAL.
Profesor adjunto UNICEN.
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Clementi Luciana Vanesa
Becaria CONICET, CESAL.UNICEN.
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Introducción

Las cooperativas de distribución de electricidad constituyen actores de relevancia en Argentina, tanto a nivel local, como provincial y nacional. En el país existen 594 cooperativas que brindan servicios a más de 720 ciudades y pueblos, de 15 provincias. (Vitale, 2010). Distribuyen 10% de la electricidad consumida en Argentina, atendiendo a 58% de los usuarios rurales del país y a 17% de los usuarios totales del país, para uso residencial fundamentalmente (www.face.coop 2014). Las cooperativas desempeñan un papel fundamental en los espacios rurales bonaerenses donde las empresas se han resistido a atender por encontrarlo poco rentable. La baja densidad de población, la dispersión de los usuarios, las dificultades para acceder a ellos y sus bajos niveles de consumo, elevan el costo de ejecución y de operación de las redes de energía y en general, desalientan las inversiones de quienes buscan maximizar las ganancias económicas. Para compensar esos déficits y reforzar el sistema, las cooperativas históricamente han participado en la distribución de la electricidad que han obtenido primero por generación propia y luego a través de la conexión al sistema nacional o a los sistemas regionales. La mayoría de las cooperativas eléctricas se concentran en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. En ésta última, funcionan 199 cooperativasy 1 sociedad de economía mixta que llevan electricidad a más de 800.000 usuarios (Vitale, 2012).

Este texto tiene por objetivo hacer una reflexión sobre la trayectoria de las cooperativas en la provincia de Buenos Aires, mostrando su participación en las distintas instancias de electrificación, de este espacio extendido y desigualmente ocupado. El artículo queda estructurado en tres partes que dan cuenta de tres momentos distintos en la evolución de las redes eléctricas: 1. su constitución a partir de sistemas locales y regionales, 2. la interconexión de los mismos integrando el sistema nacional que favorece la generación centralizada y 3. la revalorización de la generación distribuida privilegiando la incorporación de energías renovables. En cada uno de esas instancias, las cooperativas tuvieron propuestas y papeles distintos que este texto busca mostrar.Esta problemática se aborda relevando iniciativas locales que surgen, individualmente o en el marco de proyectos provinciales y nacionales, para dar respuesta a los nuevos escenarios que se plantean frente a desafíos socio-económicos, energéticos, tecnológicos o ambientales.

1. Sistemas locales y regionales

En Argentina, la formación de cooperativas de electricidad remonta a la década de 1920, como producto de un vasto movimiento reivindicativo protagonizado por los usuarios urbanos en busca del abaratamiento de las tarifas y del mejoramiento de la calidad de los servicios, prestados hasta entonces por las compañías extranjeras responsables de la generación, del transporte y de la distribución eléctrica (Beltramo, 1995). El “modelo cooperativo” se difundió luego a zonas escasamente pobladas. Es decir, que las cooperativas constituyeron desde sus orígenes una forma de organización colectiva que sirvió a la provisión de electricidad. Las cooperativas eléctricas, o bien surgían de situaciones de alta conflictividad local, por movimientos de protesta contra las tarifas elevadas y la mala calidad del servicio provisto por empresas extranjeras, o bien se desarrollaban donde las empresas estatales o privadas no proveían el servicio. (Pírez, 2000). Es decir, resolvían los problemas de acceso a la electricidad; emergentes de los costos altos, para parte de la población urbana y para aquéllos alejados de las redes, ubicados en áreas alejadas de los grandes centros de población, de accesibilidad difícil, de baja densidad y poco rentables.

Desde entonces las organizaciones cooperativas se erigieron en actores fundamentales de la distribución de energía eléctrica y su actuación fue clave para pequeñas localidades y zonas rurales. Si bien las cooperativas eléctricas desempeñaban un rol clave en la provisión energética de centros urbanos intermedios, pequeñas localidades y espacios rurales, hasta la década de 1930, siguieron siendo empresas extranjeras integradas las que monopolizaron las condiciones de generación, transporte y distribución del servicio de electricidad.

Entre las décadas de 1930 y 1950, el Estado nacional y las Provincias implementaron un programa explícito de políticas orientadas al desarrollo del sector eléctrico. La electrificación devino un eje importante del proyecto modernizador nacional. Por ende, el Estado llevó adelante o incentivó acciones tendientes a expandir, densificar y cualificar el equipamiento eléctrico a diferentes escalas. Se buscó fomentar la actividad de los prestadores e incrementar la presencia pública en el sector mediante la realización de obras y capacitación de trabajadores.En paralelo, se fue conformando el marco normativo e institucional. Así, se crearon organismosde energía eléctrica para favorecer la expansión del servicio y darrespuesta al aumento sostenido de una demanda, que impulsaban aceleramente la urbanización e industrialización (La Scaleia, 2006). Además, se estimuló el desarrollo del cooperativismo eléctrico y se reconocieron institucionalmente las organizaciones cooperativas “creadas espontáneamente” por usuarios urbanos y rurales en todo el territorio nacional. Las cooperativas se habían multiplicado rápidamente y en 1941 se fundó la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y otros Servicios Públicos Limitada (FACE). Se convirtieron en referentes locales y perdurarán más allá de los cambios de modelos que irán dándose.

Foto N° 1. Cooperativa de luz y fuerza eléctrica de Rojas Ltda, Provincia de Buenos Aires (2013).

En la Provincia de Buenos Aires, el valor estratégico asignado al sector eléctrico en el desarrollo socioterritorial estuvo en el centro de numerosos debates políticos. En 1934, en la Convención de Reforma de la Constitución, se discutió en torno a la planificación y desarrollo eléctricos, reconociéndose como atribución del régimen municipal el “...constituir consorcios de municipalidades y cooperativas de vecinos a los fines de la creación de superusinas generadoras de energía eléctrica” (art. 192, inc. 8º) (Villa, s/f). En 1939, la Provinciadeclaró el suministro de energía eléctrica como servicio público, reglamentó su expansión y reconoció el contralor del poder público, a cargo de la Provincia en espacios rurales o de las Municipalidades en áreas urbanas. La Dirección de Servicios de Electricidad, era responsable de la prestación, fomento, planificación y dirección del sector eléctrico en el territorio provincial.Entre sus facultades se encontraban (Ley Provincial nº 4742 art. 3):

1. Estudiar las necesidades de energía eléctrica, urbanas, industriales y rurales;
2. Estudiar las modalidades regionales o locales del suministro de electricidad, teniendo en cuenta la densidad y distribución de población;
3. Proponer al Poder Ejecutivo o a las Municipalidades, las medidas conducentes a la utilización de la energía eléctrica en las labores del campo, y especialmente las de granja e industrias agronómicas, fomentando a tal fin la producción de electricidad por sociedades cooperativas en zonas rurales no abastecidas;
4. Asesorar al Gobierno de la Provincia y a las Municipalidades en la preparación de leyes y ordenanzas relacionadas con el suministro de electricidad;
5. Fiscalizar los servicios de jurisdicción provincial y municipal

A finales de la década de 1940, la participación del Estado provincial en el sector eléctrico se incrementó. Comenzó a desempeñar un papel activo como prestador directo del servicio y orientador de la política energética y se prohibió el otorgamiento, renovación o ampliación de las concesiones a empresas privadas o particulares; exceptuando a las cooperativas eléctricas, a organismos de economía mixta integrados exclusivamente por el poder público y los usuarios, y a los consorcios constituidos por municipalidades (Ley nº 5156/47). La Dirección de Servicios de Electricidad quedó a cargo del estudio de las necesidades de energía eléctrica urbana, industrial y rural de la Provincia (art. 16). Complementariamente se adjudicó a la Dirección de Electricidad y Mecánica (DEMBA) la prestación del servicio de energía eléctrica en diversas localidades y la ejecución de numerosas obras comprendidas en la primera etapa de un plan general de electrificación (Ley Provincial nº 5239/47 de Electrificación).

Una década después, se creó la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires DEBA (Decreto-ley 21202/57). Esta marcó un nuevo hito en la consolidación del Estado provincial como actor mayor del proceso de electrificación, comprometiéndose a:

1. producir, transformar, transportar, distribuir, comprar y vender energía eléctrica;
2. construir y explotar fábricas de energía eléctrica y demás instalaciones necesarias;
3. proyectar la electrificación racional de la Provincia;
4. suscribir acciones de sociedades cooperativas con el objeto de facilitar la financiación de obras de instalación y/o ampliación para generar o distribuir energía eléctrica;
5. arrendar grupos electrógenos;
6. coordinar todo lo referente a la producción, transporte, distribución y compra-venta de energía eléctrica dentro y fuera del territorio de la Provincia;
7. controlar toda fuente energética que tenga como fin generar energía eléctrica destinada a servicios públicos;
8. asesorar a las municipalidades

La construcción del marco legislativo e institucional en la Provincia de Buenos Aires impulsó la expansión de las redes eléctricas y del servicio público, mancomunando esfuerzos entre Municipios, cooperativas y el Estado provincial.

2. Hacia un sistema nacional

Hasta mediados del siglo XX, las acciones del Estado se encauzaron hacia la instalación de un servicio eléctrico universal en todo el territorio y para todos sus habitantes, en una lógica de equidad espacial y social, tendiente a reducir la brecha de las condiciones de vida entre las áreas urbanas y rurales. Las acciones hacia la universalidad del servicio eran amplias en los mercados urbanos. Sin embargo, por fuera de las ciudades cabeceras de Partidos, la electricidad por red llegaba excepcionalmente a espacios próximos a los centros, distribuida principalmente por la empresa provincial o por alguna organización cooperativa. La electrificación rural se veía dificultada por las bajas densidades y las grandes distancias que imponían restricciones a la expansión de los tendidos. Por ende en el espacio rural predominaba el uso de fuentes de energía alternativas o la electricidad era producida de manera autónoma, sin conexión a una red.

La expansión eléctrica, más allá de los centros urbanos y grandes mercados de consumo urbano-industriales, cobraría impulso a fines de la década de 1950. Entonces llegaría más ampliamente a los espacios rurales del interior del país, considerando que la electrificación jugaría un rol clave en la modernización productiva y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así en 1962, la electricidad fue declarada como servicio público esencial. Por su importancia, el Estado debía garantizar que el servicio fuera continuo, regular, general, obligatorio y sujeto a control; y podía proporcionar el servicio de manera directa, a través de sus empresas, o por un sistema de concesiones para que el servicio fuera provisto por cooperativas u otros distribuidores. Numerosos acuerdos se firmaron entre empresas provinciales de distribución y cooperativas.

Por el crecimiento demográfico vegetativo y migratorio, Buenos Aires se transformaba entonces en una provincia fundamentalmente urbana, cuya sociedad incorporaba nuevos hábitos de consumo, que exigían cada vez más electricidad. A su vez, la industrialización sustitutiva de importaciones promovía la expansión de la base productiva de la Provincia y también requería más electricidad. Sin embargo la expansión de la oferta no se correspondía con el crecimiento de la demanda. Por ende, autoridades municipales, nacionales y provinciales apoyaron el fortalecimiento de la actividad de las cooperativas de electricidad, que ampliaban los volúmenes de generación eléctrica, fundamentalmente a partir de fuentes térmicas. Las cooperativas eléctricas reforzaron así su presencia en un momento de consolidación y ampliación de las demandas urbanas e industriales.

No obstante el escenario de oferta energética sufría restricciones, que impactaban espacialmente sobre las industrias estratégicas (siderúrgicas y metalúrgicas) nacionales y provinciales, por ausencia de inversión de las empresas extranjeras, y por la falta de capacidad técnica y financiera de las cooperativas de distribución para afrontar situaciones de dificultad o ampliar su escala. Aparecían problemas en la generación por la falta de carburantes importados, ocurrían cortes prolongados y frecuentes del servicio, había incrementos arbitrarios de tarifas por fuera de la regulación y se necesitaba cada vez más de la contribución de los usuarios para expandir las redes. En este contexto y aspirando a lograr la independencia energética, cobró fuerza la idea de que el Estado debía intervenir más profundamente en el sector y encaminar la construcción de un sistema eléctrico, apoyado en la energía hidráulica, la energía nuclear y la interconexión.

A nivel nacional, se conciben sistemas mayores, con obras de gran envergadura necesarias para responder a las grandes demandas que crecen y se concentran en Buenos Aires. Esto se concreta especialmente mediante 1) Aguas y Energía Eléctrica, creada en 1947, con el objetivo de impulsar los aprovechamientos hidráulicos para riego y energía; 2) la CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica, creada en 1950 para el estudio y desarrollo de la utilización pacífica de la energía nuclear y 3) Hidronor Hidroeléctrica Norpatagónica, creada en 1967, para aprovechar hidroeléctricamente la cuenca alta de los ríos Limay y Neuquén, en la región del Comahue. Por ejemplo, en 1968 comienzan la construcción de la primera central nuclear del país -Atucha I (357 Mwe) a 100 km de la Capital Federal y las obras del complejo El Chocón (1200 MW), cuyas sus seis turbinas se ponen en funcionamiento entre 1972 y 1977 (http://www.hidroelectricaelchocon.com).

Especialmente en la década de 1960, avanza la interconexión del sistema provincial al nacional a través de la DEBA, implicando la armonización de los estándares de tensión. Se procurará de ese modo la expansión de las redes al ritmo de las demandas. Los progresos registrados en materia de interconexión favorecerían el desarrollo económico regional y la promoción sociocultural. Desde entonces la extensión de líneas, la construcción de nuevas estaciones de transformación, la incorporación de infraestructura de mayor capacidad y potencia fueron los principales desafíos para ir acompañando el crecimiento de la demanda.

Para las cooperativas el proceso significó la caída en los volúmenes de energía producidos por incremento de los costos de generación y mantenimiento de los equipos, así como el aumento de las erogaciones por la compra de energía al sistema. Hacia mediados de la década de 1960 y para sostener su funcionamiento, la mayor parte de las cooperativas abandonan la actividad de generación y se convirtieron en distribuidoras exclusivamente, comprando la energía a DEBA. Pero diversificaron sus actividades, incorporando la provisión de nuevos servicios (agua corriente, construcción de viviendas, cloacas, crédito, pavimentación, telefonía, televisión por cable, internet), proceso que continúa hasta la actualidad.

3. En el fortalecimiento del sistema

En la década de 1990, la reforma del Estado reestructuró el sector eléctrico estableciendo la separación de las actividades de producción, transporte y distribución de energía; y los marcos normativos nacional y provincial sucesivos buscan promover y regular esas actividades de acuerdo a criterios de sustentabilidad ambiental (ley provincial n°11769, ley nacional n°24065). Desde entonces, Provincia y Nación buscan impulsar la investigación, desarrollo y uso de fuentes renovables a través de distintas normas y programas. En este contexto, las cooperativas eléctricas han demostrado su interés de llevar adelante proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, eólica, solar y biomasa, principalmente. Se trata de iniciativas locales que han comenzado a privilegiar la producción descentralizada. Las primeras en concretarse son parques eólicos impulsados por cooperativas eléctricas, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, en su mayoría próximas al litoral atlántico (Tabla 1).

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