MAPEAR LA VIOLENCIA Y LA EXCLUSIÓN EN BUENOS AIRES. La experiencia del Censo Popular de Personas en Situación de Calle
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- Publicado el Jueves, 02 Diciembre 2021 10:30
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Mónica Farías: CONICET – Instituto de Geografía y Departamento de Geografía, Universidad de Buenos Aires. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Jorgelina Di Iorio: CONICET – Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
*Una versión ampliada de este artículo fue publicado en la Revista Colombiana de Sociología (Di Iorio, J., & Farías, M. (2020). Problematizar las relaciones espacio-sujeto-situación de calle: el caso del Censo Popular en Buenos Aires, Argentina. Revista Colombiana de Sociología, 43(2), 241-266. https://doi.org/10.15446/rcs.v43n2.82897).
Resumen
Ante el incumplimiento de la Ley 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un conjunto de organizaciones sociales y políticas junto con organismos gubernamentales de exigibilidad de derechos y personas en situación de calle llevaron a cabo en 2017 y en 2019 el Censo Popular de Personas en Situación de Calle. El mismo busca dar cuenta del número real de personas en situación de calle, así como también de las trayectorias, las condiciones sociales, económicas y sanitarias efectivas y de las problemáticas específicas que sufre esta población. Partiendo de la hipótesis de que el Censo Popular de Personas en Situación de Calle subvierte las prácticas de control que producen cuerpos pobres dada su capacidad de visibilización y denuncia de la problemática tanto en sus dimensiones materiales como simbólicas, el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las múltiples e interrelacionadas formas de violencia atraviesan y producen los cuerpos en la calle; a saber la violencia cognitiva, violencia física y violencia despolitizante. Para ello recurrimos a diversas fuentes primarias y secundarias.
Palabras Clave: Personas en Situación de Calle – Relevamientos – Buenos Aires – Organizaciones Sociales – Exclusión – Violencias – Agencia – Autogestión.
MAPPING VIOLENCE AND EXCLUSION IN BUENOS AIRES. The case of the Popular Census of Homeless People
Abstract
The City of Buenos Aires’ government’s failure to comply to Law 3,706 “Comprehensive Protection and Guarantee of the Rights of Homeless People and People at Risk of Becoming Homeless”, led a set of social and political organizations, alongside with rights advocacy government offices and homeless people, to carry out the Popular Census of Homeless People in 2017 and again in 2019. The Popular Census seeks to account for the real number of homeless people, their trajectories, social, economic and health conditions, as well as the specific problems that affect them. Our hypothesis is that given its ability to make visible and denounce the homelessness problem, both in its material and symbolic dimensions, the Popular Census subverts practices of control that produce poor bodies. Our goal is to reflect on the multiple and interrelated forms of violence that produce homeless bodies. That is, cognitive, physical, and depoliticizing violence. For this we resort to various primary and secondary sources.
Key Words: Homeless People – Survey – Buenos Aires – Social Organizations – Exclusion – Violence(s) – Agency – Self-management.
1. INTRODUCCIÓN
Una noche de invierno en 1977, unas veinte personas en situación de calle (PSC), usualmente llamadas “cirujas” o “linyeras”, fueron subidas a un camión militar y trasladadas a más de cien kilómetros de la capital de la provincia de Tucumán, a un desierto en donde fueron abandonadas. La historia que resulta casi de ficción sucedió el 14 de julio de ese año cuando el General Antonio D. Bussi —gobernador de la provincia de Tucumán por designio de la junta militar ilegalmente en el poder desde el 24 de marzo de 1976— al enterarse de la inminente visita del presidente de facto Jorge R. Videla, instruyó al personal de la intendencia de la ciudad a que limpiaran los parques, blanquearan las paredes y las calles y se deshicieran de linyeras la ciudad.
Treinta años más tarde, en agosto de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en calidad de comensal del programa “Almorzando con Mirtha” dirigido por la figura televisiva Mirtha Legrand, declaró que el número de PSC era de “cerca de 800”. Apenas unos meses más tarde en 2017 el gobierno admitió que el número había crecido a 1.066, un número obtenido por medio del conteo superficial que realiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). En los años sucesivos, el número sostenido por el GCBA encontró poca variación: para abril de 2019 ascendería a 1.146. La Ley 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, establece la obligación por parte del GCBA de realizar un censo anual de PSC y en riesgo a la situación de calle. Sin embargo, dicho estudio —en las condiciones en las que establece la ley— nunca se ha llevado a cabo.
Consideramos a estas viñetas como ilustrativas del modo en el que se ha abordado el problema de las PSC en Argentina a lo largo de las últimas décadas: mediante su virtual desaparición a través de medios diferentes, aunque relacionados. En el caso del General Bussi, el limpiar la ciudad para la visita del dictador Videla incluía el deshacerse de los linyeras que habitaban los parques de la ciudad. Al régimen ilegal de la dictadura le bastaba con “relocalizar” los cuerpos y sacarlos del medio para que no pudieran ser vistos. En el caso del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el problema desaparecería al no ser reconocido en público y al utilizar estadísticas que no dan cuenta de la dimensión real del mismo.
En mayo del 2017, una colación de más de treinta organizaciones sociales y comunitarias, partidos políticos de izquierda, PSC y tres organismos públicos de exigibilidad de derechos a nivel local, organizaron el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CP de ahora en más) para demostrar que el gobierno estaba equivocado en la estimación que hacía de la problemática. Además, el CP buscaba denunciar el incumplimiento de la Ley 3.706. Dicha ley de “Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle” no sólo establece los mecanismos para el conteo anual de PSC, sino que además define quiénes deben ser considerados en dicha situación.
En esta presentación analizamos el modo en el que el CP del 2017 y 2019 deja al descubierto las múltiples, simultáneas e interrelacionadas formas de violencia que el Estado ejerce sobre los cuerpos de la gente en situación de calle. Retomando las ideas de Foucault (1977) acerca de las tecnologías políticas del cuerpo desplegadas por el Estado, recurrimos al caso de CP para analizar el modo en que son aplicadas en el caso de las PSC. Identificamos y discutimos tres formas de violencia que atraviesan y producen los cuerpos en la calle, a saber: 1) la violencia cognitiva ejercida cuando no se nombra el problema y cuando se lo reduce a un número que no da cuenta de su real dimensión (de Santos Souza, 2018); 2) la violencia física que se manifiesta por medio del maltrato y abuso por parte del personal de seguridad pública, mediante la desaparición de los espacios que pudieran habitar las PSC y la violencia del deterioro de la salud y los cuerpos gracias a las malas condiciones de vida (Mitchell, 1997); y 3) la violencia que acompaña la despolitización y la lectura moralizante del problema que recurre a estereotipos de las PSC como incapaces de (re)accionar por su propio interés por ser sujetos pasivos y con problemas de consumo (Sparks, 2017). Además, el CP expone la violencia que implica negarle a las PSC su existencia como sujetos deseantes (Guattari y Rolnik, 2006).
En la siguiente sección planteamos brevemente el contexto en el que se desarrolló el PC en 2017 y en 2019. En la sección 3 exponemos la metodología y en las 4, 5, y 6 discutimos las diferentes formas de violencia que el PC deja al descubierto (cognitiva, física y política). A pesar de que para los fines analíticos de esta presentación consideramos las diferentes violencias por separado, las mismas están en mayor o en menor medida presentes todo el tiempo y en todos los casos. Al finalizar la presentación ofrecemos algunas reflexiones sobre cómo al exponer las violencias que atraviesan y constituyen la vida y los cuerpos de las PSC, el CP genera oportunidades para crear alianzas a través de un amplio espectro de personas y organizaciones sociales que facilita la realización de acciones políticas concretas a través del tiempo y el espacio. Así mismo reflexionamos sobre el CP como una experiencia que desafía las prácticas de gobierno que producen cuerpos pobres representando una oportunidad para un efectivo “proceso de reapropiación subjetivo” (Guattari y Rolnik, 2006).
2. LA MERCANTILIZACIÓN DE BUENOS AIRES Y EL ESPACIO PÚBLICO
El imaginario que rigió las políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires hasta los años setenta tenía que ver con hacer del espacio público urbano un espacio de participación e inclusión dentro del cuerpo político de la ciudad (Murillo, 2013). Esta idea de espacio urbano estaba asociada a una imagen de una Buenos Aires moderna signada por el progreso económico y la homogeneidad social (Gorelik, 2004). En este sentido y a pesar de las desigualdades de hecho —como por ejemplo las limitaciones existentes para acceder a la propiedad en la ciudad—, la gente de diferentes estratos sociales accedía al espacio público y a través de él, a los bienes y servicios asociados a la ciudadanía universal —como la educación, la salud, la cultura y la recreación.
El modelo de ciudad inclusiva e igualitaria comenzó a sufrir cambios significativos en los setenta cuando la junta militar ilegalmente en el poder dio un giro en las políticas económicas, sociales y políticas que dieron comienzo a procesos de exclusión de los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires. Los ideales de orden, limpieza y eficiencia caracterizaron el modo en el que el gobierno militar se vinculaba con el espacio urbano. Los procesos de desindustrialización —resultado de la liberalización de la economía y de las medidas tendientes a coartar el poder de la clase obrera— y la desregulación de los precios de los alquileres regulados desde la década del cuarenta, se constituyeron en un obstáculo de importancia para acceder a la ciudad por parte de los sectores populares y trabajadores.
Además de estas medidas tendientes a expulsar a ciertos tipos de habitantes de la ciudad, hubo otras iniciativas concretas y específicas. Por ejemplo, la revaluación del mercado inmobiliario y la reorientación del espacio urbano para consumo de sectores de altos ingresos y provisión de servicios impulsó la erradicación de los asentamientos precarios (Jajamovich y Menazzi, 2012). Durante el período que duró el régimen militar, cerca de 200.000 personas fueron forzadas por medio de amenazas y agresiones a dejar sus hogares antes de que los derribaran con topadoras abriendo los loteos para la especulación privada (Snitcofsky, 2012).
Los años noventa fueron testigos de la implementación de medidas neoliberales a nivel nacional que impactaron profundamente en la geografía social de la ciudad. La retórica sobre la recuperación urbana por medio del planeamiento estratégico —siendo Barcelona el caso arquetípico— habilitó procesos especulativos y de inversión privada en la ciudad para lo cual fue fundamental la participación del Estado quién creó el marco regulatorio apropiado para la concreción de estos. Así mismo, se privatizaron los servicios públicos y se eliminaron los subsidios que los hacían accesibles a importantes segmentos de la población y proliferaron los consorcios público-privados que dieron lugar a una forma de planeamiento urbano orientada hacia el mercado. En este sentido se valuaron ciertas áreas de la ciudad como motores de la acumulación de capital. En líneas generales puede decirse que la producción del espacio urbano subordinado a los intereses del capital privado y las necesidades del mercado resultaron en el incremento de las desigualdades y la fragmentación espacial (Pirez, 2002; Prévot-Schapira, 2000; Girola et al, 2011).
La administración PRO (Propuesta Republicana) que llegó al poder en 2007 cuando asumió como Jefe de Gobierno Mauricio Macri, profundizó las políticas públicas tendientes a regular, planificar y controlar el espacio urbano. A pesar de darle continuidad a algunas medidas que venían de años anteriores, dicha administración fue otro de los hitos en el proceso de mercantilización del espacio urbano y en la creación de una ciudad orientada hacia el mercado. Así, los proyectos de renovación urbana buscaron beneficiarse de la tríada turismo-cultura-patrimonio y del desarrollo de emprendimientos tecnológico-productivos para poder atraer inversiones (Rodríguez et al, 2011; Dinardi, 2015).
Para crear una ciudad mercantilizada que “se venda” a sí misma se necesita ordenar el espacio urbano de un modo que le sea atractivo a los turistas y a los inversores. Dicho modo prioriza ciertas actividades y también ciertas presencias en el espacio. En este sentido hay numerosos medios mediante los cuales la administración del PRO ha buscado “embellecer” y modernizar a la ciudad para hacerla competitiva o al menos comparable con las del “primer mundo”. Una de las formas más obvias en las que se ha tratado de hacer más atractiva a Buenos Aires es mediante la recuperación de las plazas, parques y espacios públicos. También mediante el incremento de peatonales, la mejora y modernización de la iluminación, el arreglo de las veredas, etc. Otra forma —menos inofensiva y hasta violenta— es la de remover, mediante diferentes medios, los cuerpos no deseados del espacio urbano. En este sentido, si por medio del acceso al espacio público uno puede en cierta medida adjudicarse un lugar como ciudadano dentro del cuerpo social, la mercantilización del espacio urbano crea sujetos que al no estar ya definidos por el espacio público —y en ese sentido ser despojados de sus derechos como tales— pueden (y deben) ser expulsados.
Uno de los modos en los que la administración PRO consigue esto es la de no operar en función de resolver la emergencia habitacional que aqueja a la ciudad. De hecho, esta administración ha desarticulado las políticas habitacionales destinadas a los sectores más vulnerables (Marcús, 2014). A esto se suma el incremento en el número de desalojos y la proliferación de mecanismos de control y vigilancia policial del espacio público, haciendo virtualmente imposible para ciertas personas ser y estar en la ciudad. Volveremos sobre este punto en la sección 5.
Un punto que quisiéramos resaltar es el hecho de que, a partir de diciembre de 2015 hasta la actualidad, la coalición política integrada por el PRO y la Unión Cívica Radical se haya en el poder a nivel nacional con una agenda similar en materia económica, política y social. Esto le dio un halo de legitimidad a las políticas y medidas descritas repercutiendo negativamente en aquellos sectores que ya venían sufriendo las políticas excluyentes en la ciudad. En este contexto, las organizaciones sociales y políticas que trabajan en los barrios directamente con las comunidades afectadas no sólo cargan con la responsabilidad de proveer los bienes y servicios que el Estado no provee, sino que además son las que llevan adelante las tareas de denuncia y resistencia a la vulneración constante de los sectores más desprotegidos.
El CP fue diseñado, organizado y llevado a cabo por un grupo de organizaciones sociales y políticas que trabajan con PSC. Muchos de estos actores habían colaborado con anterioridad al CP en la elaboración y en la campaña de la Ley 3.706. Así, en mayo de 2017 se llevó a cabo el Primer CP y en abril de 2019 vuelve a repetirse con un conjunto similar de organizaciones sociopolíticas y de organismos públicos de exigibilidad de derechos.
No es la intención de esta presentación discutir los resultados de los dos censos sino analizar los modos en los que esta iniciativa expone las diferentes formas de violencia que producen y marcan los cuerpos de las PSC y reflexionar sobre el potencial del CP de trascender lo que llamamos censo-evento y convertirse en un censo-movimiento que pueda crear acciones políticas concretas entre una diversidad de actores sociales. Así, entendemos al PC en una doble acepción: censo-evento, es decir, el censo en tanto acción localizada en un tiempo y espacio, ejecutada por un conjunto de organizaciones, y censo-movimiento, término con el que nos referirnos al consorcio de organizaciones sociales, políticas y comunitarias que se configura como un actor social que desarrolla acciones antes, durante y con posterioridad al censo-evento, en términos de incidencia política. La distinción entre censo-evento y censo-movimiento es a los fines analíticos, ya que se establece entre ambos una relación de interdependencia. Es justamente esta característica la que convierte al CP en un caso rico en información a ser seleccionado para un estudio de caso ampliado (Patton, 1990).
3. EL CENSO POPULAR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Desde 1997, el gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires realiza un conteo sobre personas en situación de calle. Tal como se observa en el gráfico, el dato se mantiene sin muchas variaciones hasta la actualidad. En 2016 el GCBA registró 876 personas en esa situación, casi lo mismo que en el 2012 y 2014, y apenas unas 100 personas menos que lo que registró en el 2015 (n=924). En 2017 el GCBA reconoció un aumento respecto del año anterior, contabilizando 1.066 personas durmiendo en el espacio público. Frente a las cifras oficiales de una población en situación de calle que pese al aumento de la pobreza “no aumentaba”, surge la necesidad de realizar un relevamiento que dé cuenta de la situación. El CP surge como un evento convocado por organizaciones sociales, políticas y comunitarias como modo de denuncia y de exigibilidad de derechos, así como respuesta a la negativa de las autoridades locales de cumplir con la Ley 3.706 que en el artículo 4 establece la realización de un relevamiento con metodologías adecuadas e incorporando a las organizaciones que trabajan en el tema.
El censo-evento se realizó por primera vez en mayo del 2017 y volvió a realizarse en abril de 2019. Participaron un conjunto amplio de organizaciones que desde hace varios años son parte de la red socio-asistencial para personas en situación de calle de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de la sociedad civil como organismos de gobierno de exigibilidad de derechos —Ministerio Público de la Defensa, Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo— (Informe Preliminar Censo Popular 2017; Informe Ejecutivo Segundo Censo Popular 2019).
Sostenemos que las diferencias metodológicas entre el CP y el conteo oficial no son metodológicas en sí mismas sino políticas (Di Iorio, J. y Farías, M: 2020). El censo-evento denuncia la negación del incremento de las personas en situación de calle no como meras diferencias metodológicas, sino como una estrategia de gobernabilidad política. El CP es un relevamiento de amplio alcance que tiene costos altos en términos de financiamiento por lo general no disponibles desde organismos públicos-estatales: recursos materiales, recursos humanos para hacer el trabajo de campo, recursos humanos para el procesamiento de los datos, infraestructura para el procesamiento. En este punto adquiere relevancia la dimensión política-territorial, que a los fines de este artículo hemos definido como censo-movimiento.
El término censo-movimiento refiere al conjunto de un número amplio de organizaciones entre las que se incluyen PSC, que desde hace varios años son parte de la red socio-asistencial para PSC en la Ciudad de Buenos Aires. Se incluyen, además, tres organismos gubernamentales que se caracterizan por no ser órgano de aplicación de política pública sino por su condición de exigibilidad de derechos. Es decir, constituyen la red de organismos públicos que debe exigir al GCBA el pleno ejercicio de los derechos, funcionando como auditores de política pública (Informe Ejecutivo Censo Popular 2019). Este mismo colectivo que garantiza las condiciones materiales y de recursos humanos para ejecutar el censo-evento, se consolida como un actor social en el escenario de disputa por el derecho a la ciudad.
Desde un sentido metodológico y político, el CP se convierte en un analizador para comprender la configuración de la situación de calle como un problema de injusticia socio-económica y socio-espacial, así como para visibilizar la potencialidad de la organización colectiva como herramienta de transformación social e incidencia política. En este sentido, en este artículo se define al CP como un “caso único” o “caso ampliado”, cuyo análisis permite visibilizar dichos aspectos. El método de caso ampliado o análisis situacional (Martínez, 2017; Estrada, Lenta y Di Iorio, 2019) es una metodología que permite comprender desde una perspectiva etnográfica, experiencias en las que las normas socialmente establecidas para esas situaciones abordadas no son la regla, y por ende desafían a quienes participan a resolver instancias de conflicto por fuera de lo instituido.
Para el presente trabajo se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Entre las fuentes primarias se incluyen observación participante —en tanto que las autoras participamos del censo-evento— y las conferencias de prensa en la que se presentaron los resultados tanto en el 2017 como en el 2019, las cuales se encuentran disponibles en internet. Entre las fuentes secundarias se encuentran: el Informe Ejecutivo CP 2017 y CP 2019, el cuadernillo de capacitación de censistas, notas periodísticas en medios gráficos y audiovisuales de difusión masiva.
4. VIOLENCIA COGNITIVA
La falta de datos puede ser comprendida como otras de las formas en que se ejerce violencia institucional hacia las personas en situación de calle, ya que es responsabilidad de los Estados producir información para la definición de políticas públicas. Tal como se expresa en el Informe Ejecutivo (CP 2017), para inicios del 2017 la tasa de pobreza (32.2%) y de indigencia (6.3%) registraron un aumento significativo en el área metropolitana durante el último año (Pontificia Universidad Católica Argentina, 2017). Esto es admitido incluso por las propias cifras oficiales que registraron para el período enero 2016-mayo 2017 un aumento de la pobreza del 18.9% y de la indigencia del 5% (Censos GCBA, 2017). Sin embargo, la cantidad de PSC relevadas oficialmente “no aumentaba” significativamente, Tal como se muestra en el gráfico, permanece sin variaciones significativas entre 1997 y 2017.
Total de personas en situación de calle según los relevamientos oficiales.
Fuente: Informe Preliminar Primer Censo Personas en Situación de Calle, CABA (2017) El valor 0 indica que no hay datos oficiales para ese año.
Desde el cientificismo positivista, se encubre como “error metodológico” a las decisiones políticas. Tanto los números oficiales como los que dicen las organizaciones sociales son reales. La diferencia radica en la significación y en el fenómeno que pretenden comprender, tal como se expresa en la conferencia de prensa del Segundo Censo Popular el 5 de julio de 2019:
La estrategia permanente del Gobierno de la Ciudad es ningunear las cifras del Censo Popular, de hecho al día de hoy siguen manejando un número de 1.000 cuando ya en el 2017 se hablaba de más de 4.000 en situación de calle efectiva, en ese sentido quería preguntar porque hubo denuncias de organizaciones de que durante el Censo el Gobierno de la Ciudad salió a levantar ranchadas o incluso pagar noches de hotel a personas que regularmente duermen en la calle para que eso afectara el número del Censo Popular (Periodista, minuto 33).
Más allá de la metodología, todo número es político, van a buscar que les sea funcional (Horacio Ávila, referente social Proyecto 7, minuto 24).
5. VIOLENCIA FÍSICA
El segundo tipo de violencia expuesta por el CP es la violencia física, la cual entendemos excede la represión física directa y las situaciones de maltrato. En la Sección 2 mencionamos que una de las formas en las que el espacio urbano se hace atractivo para la inversión es el “embellecimiento” de la ciudad mediante intervenciones cosméticas superficiales y mediante la remoción de los cuerpos no deseados y “fuera de lugar”. Mitchell (1997) se refiere a esto como “la aniquilación del espacio por la ley”:
Controlar el comportamiento y el espacio de modo tal que las personas en situación de calle simplemente no puedan hacer lo que deben hacer para poder sobrevivir sin violar la ley (Mitchell, D.: 1997, p. 307. Nuestra traducción).
Al no vivir en una casa, las PSC se ven forzadas a hacer aquello que se suele hacer en el espacio privado en el espacio público, como comer, dormir, higienizarse, defecar, etc. Pero si la ley dice que dichas cosas no se pueden hacer en el espacio público, los cuerpos que no tienen otro lugar terminan siendo considerados como “fuera de la ley”.
El Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 1.472/04) no menciona explícitamente que dormir sea una contravención, pero sí desechar sustancias insalubres, obstruir el acceso a los espacios públicos, ensuciar un parque o usarlo “inapropiadamente” y ocupar las aceras para actividades comerciales no autorizadas.
En el marco de estas definiciones un tanto imprecisas, las disposiciones quedan sujetas a la interpretación de los agentes que patrullan el espacio público resultando ser bastante amplio su marco de acción. Los relatos de las PSC sobre tratos humillantes, robos de pertenencias por parte de las fuerzas públicas y otras formas de abuso policial son numerosos. Hasta el 2009 funcionó en la Ciudad un equipo gubernamental Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) cuyos miembros amenazaban, destruían las pertenencias de las PSC y de los trabajadores ambulantes, intimidaban y golpeaban, “limpiaban” ranchadas y desalojaban viviendas ocupadas sin la correspondiente orden de desalojo emitida por un juez. A pesar de que la UCEP fue desmantelada, las prácticas continuaron siendo utilizadas por la Policía Metropolitana primero y por la Policía de la Ciudad luego. De hecho, 70% de las personas que aceptaron ser entrevistadas durante la realización del primer CP declararon haber sufrido uno o más tipos de violencia siendo los miembros de la fuerza pública los principales responsables de esta.
Otro modo de remover los cuerpos indeseables y fuera de lugar es mediante la prohibición de estar, algo así como una suerte de “destierro” anticipado. La iniciativa para enrejar las plazas y parques comenzó en los noventa, pero el giro decisivo hacia el cercamiento de todos los espacios verdes de la ciudad se dio en el 2011-2012, durante la segunda administración PRO. Eventualmente los enrejamientos compulsivos se detuvieron y se pasó a la consideración de cada caso particular. El control y la regulación de los espacios, en los que es más probable encontrar PSC, incluye el enrejamiento de los bajoautopistas, la instalación de cancelas en los callejones o pasajes y el uso de los que se denomina “arquitectura defensiva” en los casos en los que no se puede poner rejas.
Por último, consideramos la violencia física que sucede cuando los cuerpos sufren de enfermedades y violencias como resultado directo de estar en la calle. Si bien las preguntas dirigidas directamente a relevar temas de salud aún no han sido procesadas para el caso del segundo CP, nuestra experiencia como censistas da cuenta de que muchas personas reconocen haber padecido el empeoramiento de su salud desde que se vieron forzados a vivir en la calle. Si el Estado es responsable por el bienestar de sus ciudadanos, la exposición a cualquier tipo de violencia por el hecho de vivir en la calle presenta interrogantes acerca de qué cuerpos merecen ser cuidados por el Estado y quiénes pueden usar el espacio público y para qué. Estas son, en última instancia, preguntas cuyas respuestas hay que buscarlas en el plano de los derechos y la ciudadanía, discusión que retomaremos en un siguiente trabajo.
6. VIOLENCIA DESPOLITAZANTE
A pesar de la repetición de denuncias de maltrato en el sistema de paradores, funcionarios del GCBA insisten en ubicar la causa de la baja concurrencia a estos dispositivos en la resistencia a utilizarlos por parte de las PSC. Durante el almuerzo al que nos referimos en la introducción de este trabajo, así como en numerosas otras ocasiones, el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta afirmó que los paradores de la ciudad pocas veces se llenan, insinuando que la razón por la que siempre hay camas disponibles es porque las PSC se resisten a ir:
[N]i los días bajo cero se llena [los paradores], siempre hay lugar vacante […] La gente en calle se mantiene hace años más o menos estable. Hay un censo, da más o menos entre 800/900 personas que viven establemente todas las noches en la calle donde se mezcla todo desde gente con problemas psiquiátricos a las que no podemos sacar por la fuerza, adictos, y gente que no confía en el Estado a quienes les decís “vení a un parador” y prefieren quedarse en la calle porque no confían…bueno, tendrán sus razones […]. Hay gente que está muy arraigada… […] Y déjame decirte una cosa, lo que hace la gente en Las Esclavas o en otras parroquias, es fabuloso […] pero ahí a veces tendrían que ayudarnos a convencerlos de que se vayan porque cuanto más apoyo les dan estando en la calle a veces lo que hacen es hacer que se queden (el resaltado es nuestro).
La ciudad de Buenos Aires cuenta con tres paradores, dos para varones y uno para mujeres y sus hijos menores de 18 años. Además, hay un número de paradores gestionados entre el GCBA y organizaciones no gubernamentales y algunos dispositivos en donde la gente puede pasar todo el día (sin necesidad de irse a la mañana para volver recién a la tarde noche como pasa en los paradores gestionados por el GCBA) por un período de seis meses. Sin embargo, no sólo el número arrojado por el CP de 2019 —7251— supera el número de camas disponibles en el sistema de alojamiento transitorio descrito —900—, sino que además las condiciones estructurales de los paradores representan un obstáculo para que las PSC se sientan inclinadas a utilizarlos. De este modo, dormir en la calle, a veces, resulta una mejor opción antes que someterse al maltrato, la discriminación y la inseguridad de estos dispositivos.
Sin negar que estas situaciones existan y tengan una incidencia importante en la problemática de calle, lo que queremos destacar es la insistencia en plantear el problema desde un enfoque que reafirma estereotipos y afirmaciones de sentido común sobre la pobreza y la situación de calle —consumo problemático, problemas de salud mental, falta de iniciativa, etc. Según los testimonios de muchas PSC evidenciadas en las entrevistas del CP y en nuestros propios intercambios con PSC en la organización en la que trabajamos, muchas personas han sido víctimas de maltratos y acoso por el personal de los paradores. En invierno, a veces, falta el agua caliente, los pisos de los baños se inundan y los edificios están llenos de humedad, hongos y ratas.
De este modo se despolitiza el problema de la situación de calle en tanto se hace de la situación de calle un problema individual —patologizando a las PSC—(Sparks, 2010). Reducido el problema a algo que raya en lo anormal, lo infrecuente o la excepción, justifica el tipo de medidas puntuales de asistencia que muchas veces no sirven ni en la emergencia —como el “kit frío” que distribuye el BAP durante la vigencia del “Plan Frío” con guantes, bufanda, una frazada que poco abriga y algo de comida cuando la gente “prefiere quedarse en la calle”, al decir del Jefe de Gobiernos. El modo en el que el problema es planteado por el gobierno, lo cual incluye la negación del número real, da lugar a estas intervenciones puntuales cuando lo que se necesita son políticas integrales que den cuenta de las causas estructurales, contextuales y personales de la situación de calle.
7. REFLEXIONES FINALES
La propuesta metodológica del censo pone foco en la participación: una heterogeneidad de organizaciones sociales legitimadas por su trabajo con PSC, las propias PSC y un conjunto de organismos públicos, con saberes diversos y específicos. Esta heterogeneidad de actores diseña de manera colectiva el sentido y el modo del relevamiento (Informe Ejecutivo, 2017; Cuadernillo de Formación de Censistas, 2019).
El censo-evento permite abordar los desafíos metodológicos con esta población en relación con la definición de lo que se entiende por situación de calle ya que delimita el alcance, el tipo de técnica de relevamiento en función de la itinerancia de la población como constitutiva de la organización de su vida cotidiana, así como a la sustentabilidad de un tipo de relevamiento de amplio alcance, tanto en términos económicos como materiales. Los efectos del CP no se limitan a una dimensión instrumental o técnica, sino ético-política.
Fue el censo-movimiento el que generó las condiciones de posibilidad para la realización del primer CP, así como las condiciones de continuidad en la disputa por el derecho a la ciudad y por políticas públicas inclusivas que vuelve a concretarse en evento en el segundo PC. En este vínculo estrecho entre censo-evento y censo-movimiento, es que el Censo Popular de Personas en Situación de Calle adquiere dimensiones e improntas políticas.
Tal como se definió previamente, el CP se convierte en una oportunidad analítica para problematizar los procesos de producción de subjetividad en el espacio urbano. En ese sentido, y desde el encuentro-desencuentro en el que se borran las barreras disciplinares de la psicología y la geografía abordamos la relación espacio-sujeto, afirmando que, así como no hay espacios sin sujetos, tampoco hay sujetos sin espacios. Las dimensiones políticas del censo son diversas. Por un lado, permite comprender las diferencias entre los datos oficiales y los producidos por las organizaciones sociales no como el resultado de una discrepancia metodológica, o —si aceptara el número arrojado por el CP— como un problema de límites operativos por parte del Gobierno de la Ciudad. Justamente, al tomar el interrogante planteado desde el gobierno acerca de la veracidad de los datos, lo que hace es desandar el argumento sobre “qué número es más real” y tomar la diferencia para decir y exigir que las vidas de los no contados —los no tenidos en cuenta— cuenten como una vida vivible (Butler, 2004).
La radicalidad de esta dimensión política del CP da sustento al gradual proceso de concientización y desideologizador del que son parte los miembros de las organizaciones sociales y comunitarias que participan del PC. El censo-evento-movimiento funciona como espacio de encuentro (Lawson y Elwood, 2014; Farías, 2016, 2018) en donde las diferencias de los distintos colectivos que participan en el CP adquieren potencial para generar un cambio tanto en los aspectos materiales como discursivos de las situaciones de pobreza y de “los pobres". Se trata de la creación de un espacio material, simbólico y vincular que habilita un proceso de toma de conciencia por parte de los actores de su posicionalidad dentro del tejido social. Esto conlleva poder (comenzar a) entender el propio rol en la reproducción de un orden social que (re)produce pobreza y sujetos pobres y poder actuar en función de eso.
El censo-movimiento se presenta como una alternativa a esa maquinaria de producción al dar lugar para que se desplieguen procesos de singularización (Guattari y Rolnik, 2006) desde el cual se rechazan esos modos de codificación preestablecidos para abordar la situación de calle como problema social complejo, para agenciar modos de sensibilidad y creatividad desde los que se producen subjetividades resistentes, deseantes. Para que esos procesos de reapropiación de la subjetividad como los que propone el censo-evento/censo-movimiento se hagan efectivos:
Deben crear sus propios medios de referencia, sus propias cartografías, deben inventar su praxis de manera que produzcan aperturas en el sistema de subjetividad dominante (Guattari, F. y Rolnik, S.: 2006, p.70).
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El número de 7 mil personas viviendo en la calle no es real. (21 de julio de 2019). Perfil. Disponible en:
Facebook Oficial del Censo Popular de Personas en Situación de Calle. Disponible en: https://www.facebook.com/censopopularpsc/
Informe Preliminar Censo Popular Personas en Situación de Calle 2017. Disponible en: https://es.scribd.com/document/354297066/2017-07-Informe-Censo-Popular-Personas-en-Situacion-de-Calle-Informe-Preliminar-1%C2%BA-CPPSC#from_embed
Informe Preliminar Censo Popular Personas en Situación de Calle 2019. Disponible en: https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2019/07/416580426-Informe-Ejecutivo-CPPSC-2019.pdf
Mientras que para el GCBA en 2017 había 1056 personas en situación de calle efectiva, el CP registró 4394. Algo similar sucedió en el 2019, que el CGBA contó 1147, y el CP 5271. El mal intencionado debate sobre qué número es “más real” si el del CP o el número oficial no sólo descalifica a las organizaciones sociales como un actor social de relevancia en la producción de conocimientos, sino que instala un falso debate.