2. Gestión metropolitana de residuos industriales peligrosos en Buenos Aires.

Detalles

Categoría: Número 10

Publicado el Martes, 01 Junio 2004 21:00

Visto: 12769

Análisis del proceso de construcción social del llamado efecto NIMBY
a partir de un estudio de caso.

Autor: Máximo Lanzetta
Sociólogo.
Instituto de Investigaciones Gino Germani,
FCS, Universidad de Buenos Aires

SEMINARIO "EL NUEVO MILENIO Y LO URBANO"
Instituto de Investigaciones "Gino Germani".
Facultad de Ciencias Sociales. UBA
23 y 24 de Noviembre de 1998

Desde mediados de los años ochenta se han sucedido distintos intentos de generación de una política de ordenamiento del manejo de los residuos peligrosos en general, y de los industriales peligrosos en particular, en el ámbito del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta política ha estado orientada a posibilitar la instalación de plantas de tratamiento y diposición final de este tipo de residuos, que hasta ese momento eran inexistentes en la región 1. La visibilidad social de estos procesos ha estado marcada por los conflictos suscitados en función de la localización de la "planta de tratamiento y disposición final" de residuos peligrosos en el AMBA: 1986 en Esteban Echeverría, 1992 en San Vicente y 1993 en Marcos Paz, etc. Paradójicamente, mientras el grueso de los estudios de factibilidad del emplazamiento de las plantas han estado centrados en las cuestiones físicas del territorio, el fracaso sistemático de las políticas públicas en la materia se concentraron en las dimensiones sociales e institucionales de los procesos de gestión, que derivaron en el rechazo de este tipo de iniciativas por parte de la población local (efecto NIMBY 2).

En este artículo trataremos de avanzar en la comprensión del fracaso de la política llevada a cabo por la empresa del estado CEAMSE hasta 1994, y que ha condicionado el actual proceso de ordenamiento de los residuos industriales peligrosos en el AMBA. El análisis se centrará en el intento de emplazamiento de una planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en el municipio de San Vicente, ubicado en la tercer corona del AMBA, en el año 1992.

1. El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Caracterización general.

La ciudad metropolitana de Buenos Aires está habitada por unos 11 millones de habitantes (INDEC, 1991). Está conformada por una ciudad central: Buenos Aires y un conjunto de municipios que forman el Gran Buenos Aires (GBA). La ciudad de Buenos Aires, cuenta con unos 3 millones de habitantes dentro de una superficie estimada en 200 km2. Mientras que el GBA esta habitado por 8 millones de personas dentro de una superficie de 3.700 km2. Dentro del GBA podemos diferenciar distintas coronas, esto es, áreas circundantes a la ciudad central. Una primer corona, esta formanda por municipios cuyos territorios están constituidos en su casi totalidad por suelo urbano y que tienen una densidad poblacional mayor que las restantes coronas. Una segunda corona, la constituyen municipios de menor densidad poblacional que la primer corona, algunos de los cuales tienen algunas áreas rurales. Estas dos primeras coronas están integradas actualmente por 24 municipios 3.

El área de edificación contínua forma una "mancha urbana", cuya forma es radial o tentacular, históricamente se constituyó alrededor de los principales ejes de transporte vial. Algunos trabajos recientes (CONAMBA, 1995) destacan una tercer corona , formada por municipios que tienen poca o nula jurisdicción sobre algún sector de la mancha urbana de la metrópolis de Buenos Aires, pero cuyos centros urbanos mantienen importantes flujos diarios con el resto del AMBA. Estos últimos generalmente se carcaterizan por tener muy baja densidad poblacional, con áreas rurales predominantes, salvo excepciones.

La estructura institucional que gobierna el AMBA es compleja, dado que convergen distintos niveles que forman el estado argentino, de manera diferente según se trate de la ciudad central o del GBA.

El territorio de la ciudad de Buenos Aires es federal y hasta 1996 contaba con un gobierno municipal cuyo ejecutivo era designado directamente por el presidente de la república. Luego de la reforma de la Constitución de la República, se constituyó como ciudad autónoma pasándose a llamar Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con autoridades electas por voto directo. El GBA se encuentra dentro de la Provincia de Buenos Aires, cuya capital es la ciudad de La Plata, y cuyo territorio se divide en "partidos", los cuales pueden comprender varios centros urbanos y áreas rurales. Cada municipio constituye una unidad político-administrativa cuyo jurisdicción territorial se corresponde con un "partido". Cada municipio cuenta con un ejecutivo unipersonal, el intendente (Departamento Ejecutivo -DE-) y un cuerpo legislativo colegiado (Concejo Deliberante -CD-).

Cabe agregar un tipo de recorte territorial dentro del AMBA que es realizado por organismos del nivel provincial, denominado Conurbano Bonaerense. El mismo comprende a los municipios de la primer y segunda corona, más los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada. Sobre esta área opera un importante programa que lleva a cabo políticas de desarrollo social y de infraestructura básica.

La estructura institucional del AMBA tiene dos áreas diferenciadas principales. Por un lado, en la ciudad de Buenos Aires confluyen los niveles federal y municipal con distintas atribuciones, que en muchos casos resultan concurrentes. Por otro, en el GBA, confluyen los niveles provincial, federal y municipal, siendo el primero el que tiene mayores atribuciones. De esta manera, el AMBA se caracteriza por estar gobernada por un mosaico de instancias político-administrativas.

2. La gestión metropolitana

La gestión urbana, siguiendo a Pírez (1994), remite a un conjunto de procesos dirigidos a articular recursos para generar las condiciones que permitan producir, hacer funcionar y mantener la ciudad. "La gestión es una actividad político-técnica: es, explícitamente o no, parte de una política de gobierno e implica una orientación de procesos urbanos que supone decisiones sobre intereses, a la vez que depende de un adecuado manejo instrumental (técnico) para el logro de sus objetivos" (Pírez, 1994: 55). Se trata, en suma, de un espacio social donde se resuelven al mismo tiempo, las demandas de la población y las respuestas técnicas y administrativas a estas demandas (Coulomb, 1993). El modo concreto que asumen los procesos de gestión urbana, dependen de las relaciones sociales que se establecen entre el conjunto de actores sociales 5 intervinientes. De este modo, las políticas públicas que operan en la ciudad deben ser consideradas como una iniciativa de los distintos actores gubernamentales, cuya lógica de elaboración e instrumentación sólo puede comprenderse a partir del análisis del sistema de gestión del cual forman parte. De este modo, las relaciones sociales que se tejen entre los distintos actores en los procesos de gestión son co-constitutivos de las políticas urbanas.

Los modelos de gestión urbana asumen una mayor complejidad cuando se aplican a las áreas metropolitanas, la ciudad como unidad urbano-material, económica y social se encuentra gobernada desde diversas instancias político-institucionales. Los procesos de gestión del AMBA han tenido como denominador común la inexistencia de un actor público que se hiciera cargo de las necesidades de la ciudad metropolitana (Pírez, 1994). De este modo el gobierno de la ciudad se constituye como un entramado de organismos estatales de distinto nivel (federal, provincial, municipal) que en el ejercicio de sus competencias tienen como jurisdicción territorial (total o parcial) el AMBA.

3. Los residuos industriales peligrosos (RIP) como objeto de un servicio público.

Los residuos constituyen un factor que da lugar a dos tipos de actividades económicas: por un lado, el reciclaje es la actividad por la cual el residuo es reintroducido al circuito productivo; por otro lado, en tanto material a eliminar (basura), se estructura un servicio urbano de recolección, transporte, tratamiento (en los casos en que es necesario) y disposición de los mismos. En el caso de los RIP, el tratamiento y/o la valorización del residuo, pueden ser etapas previas a una posible reintroducción del mismo al circuito productivo, si las condiciones técnicas y económicas lo permiten. Si bien los residuos son generados por particulares, constituyen un problema que "afecta colectivamente, de allí que deben ser atendidos por la ciudad como tal, es decir como parte de su gestión" (Pírez y Gamallo,1994: 11). Esta noción de lo público no suele estar presente entre los actores que debaten la política para los RIP, en la mayoría de los casos se estima que se trata de un problema particular del establecimiento generador. Actualmente en la Argentina, muchos juristas incluyen a los residuos industriales entre aquellos que deben ser comprendidos dentro de los servicios públicos ambientales, cuya prestación adecuada configura una obligación del estado (Botassi, 1997).

4. Situación de la gestión metropolitana de los RIP en el AMBA.

Un primer punto a señalar es la inexistencia de datos fehacientes respecto a la producción de RIP en el AMBA (CONAMBA, 1995). Los datos que más nos acercan a la realidad se encuentran en un estudio realizado con base a un muestreo de las industrias de la Provincia de Buenos Aires. Según ese informe, en el Conurbano Bonaerense se producen aproximadamente 588.000.000 m3 anuales de residuos líquidos, 656.000 toneladas anuales de residuos semi-sólidos y 280.000 toneladas anuales de residuos sólidos. Se estima que la mitad de los residuos industriales son relativamente contaminantes (CONAMBA, 1995). La distribución geográfica de las industrias generadoras de RIP es la siguiente: Conurbano Sur 36,6 %; Conurbano Norte 23,9 %; Conurbano Oeste 18,5 % y zona de La Plata 7,8 % (Dames & Moore, 1993).

Hasta la actualidad no se ha estructurado un servicio público que cubra de manera integral el manejo de los residuos peligrosos en el AMBA. El proceso de gestión ha estado configurado por las distintas acciones llevadas adelante por los actores sociales involucrados. Entre las principales podemos indicar la actitud de los industriales, que en un 40 % han realizado un proceso de tratamiento de sus residuos (CEPAL 1992) y los han almacenado en sus propias instalaciones esperando una solución integral; en otros (la mayoría) los residuos son volcados de manera inadecuada a los cursos de agua, o dispuestos en algunos de los basurales clandestinos del AMBA. De estos últimos, que concentran todo tipo de basura, suman cerca de 86 los que en el AMBA reciben residuos peligrosos, según un relevamiento del CEAMSE de 1992. El total de basura volcada en estos basurales se estima en 2.383.000 m3 y 1.668.000 ton. El inadecuado manejo de los residuos peligrosos ha causado catástrofes en distintas partes del mundo. En el AMBA pueden señalarse la tragedia de 1982 en Boulogne, donde fueron víctimas unas 35 personas (una de ellas fatal), que se dedicaban al cirujeo en un basural clandestino, donde estaban depositadas latas con residuos de parathion. Más recientemente, en 1993, como resultado del volcado de RIP líquidos al sistema de cloacas murieron 7 personas en el municipio de Avellaneda.

La gestión de estos residuos ha estado marcada por el recurrente fracaso de los mecanismos de control. En el caso de la justicia, ésta ha actuado de manera poco sistemática, ha intervenido en los casos de empresas con alto nivel de contaminación, o bien clausurando algunos basurales clandestinos. En estos procesos los municipios han puesto en evidencia su escasa capacidad para aplicar su poder de policía en materia ambiental.

De esta manera, el modo que ha adoptado la gestión metropolitana de los RIP puede ser calificada como una "gestión metropolitana por procesos parciales" (Pírez, 1994), que en este caso ha estado marcada por la desarticulación y cuyo resultado es, por un lado la degradación progresiva del ambiente y de las condiciones sanitarias de la población y por el otro, una mayor propensión a los accidentes tecnológicos. Ambos factores son indicativos de un grado de vulnerabilidad de la ciudad y la sociedad metropolitana frente a estos procesos tecnológicos, que en principio, una gestión más adecuada permitiría reducir.

5. El proyecto de la planta de San Vicente en 1992.

La política de instalación de una gran planta de tratamiento de RIP en el municipio de San Vicente en 1992, es uno más de los intentos del CEAMSE por llevarla a cabo en el AMBA. Se trata de dar cumplimiento a un contrato del año 1983 con la empresa ECOL (formada por Salutec A. y Sideco Americana, bajo la supervisión técnica de la estadounidense Chemical Waste Management). El pliego de bases y condiciones firmado por ECOL con CEAMSE, le otorga la concesión para construir y manejar una planta de tratamiento y disposición final mediante relleno de seguridad, con una inversión estimada en 15 millones de dólares por el lapsdo de 15 años. Los terrenos donde se iba a emplazar la planta debían ser conseguidos por el CEAMSE 6.

Si bien no podía recibir todo tipo de residuos, la planta debía estar en condiciones para recibir una variedad importante de ellos. Cada tipo de residuo tiene un tratamiento predeterminado y la disposición final estaba planificada mediante relleno de seguridad. La ejecución del plan estaba previsto por etapas: 1º Etapa: Residuos sólidos y ciertos barros; 2º Etapa: Residuos líquidos; 3º Etapa: Emulsiones. El tratamiento establecido se circunscribía a los físico-químicos y de estabilización, quedando fuera de toda posibilidad la incineración en la planta 7.

El municipio de San Vicente se encuentra dentro de la llamada tercera corona del AMBA, en el sector SO y contaba con cerca de 80.000 habitantes. La localidad cabecera, San Vicente estaba habitada por unos 30.000 habitantes. Si bien mantiene flujos comerciales y poblacionales diarios con el resto del AMBA, esta localidad está fuera de la mancha urbana del AMBA y es importante la actividad agropecuaria.

La instalación de la planta de tratamiento y disposición final de RIP se iba a realizar en tierras rurales ubicadas sobre la ruta provincial 6, a 15 Km. de la localidad de San Vicente en dirección a Cañuelas. Si bien el criterio de localización de la planta responde a un conjunto de factores: hidrológicos, calidad de los suelos, accesibilidad para el transporte de carga, lejanía respecto a centros poblados, etc. (Sloan 1993). El peso de cada uno de estos factores en cada proyecto en particular depende de las condiciones técnicas de la planta y de las decisiones políticas que se toman. Estas últimas deben resolver situaciones conflictivas tales como reducir la vulnerabilidad de la población local al mismo tiempo que debe intentar reducir los costos de transporte.

En el caso que nos ocupa, la historia de los fracasados intentos de emplazamiento de la planta por el rechazo de la población local, juega un papel preponderante en el criterio de localización. En 1992 el criterio de reducir las posibilidades de conflicto con la población local pasó a ser el factor principal de localización. Así se definió como criterio operativo principal (incluso por sobre los técnicos), la necesidad de que la planta se instale lo más alejada posible de los centros poblacionales, cercano al arco Sur del Conurbano Bonaerense, que es el que concentra el mayor porcentaje de industrias generadoras de RIP según el informe Dames & Moore (1993). Esto en la práctica supuso la búsqueda de tierras cercanas a la ruta provincial 6 que recorre los municipios de la tercera corona del Conurbano Bonaerense, en las zonas rurales ubicadas entre los extremos de los tentáculos de la mancha urbana del AMBA. Para finalmente decidir por las tierras de San Vicente para localizar la planta, se agregó un factor más, la buena relación entre el intendente de ese municipio y las máximas autoridades del CEAMSE.

La instalación de una planta de tratamiento y disposición final para ese tipo de residuos, constituía una pieza que permitía completar el conjunto de los soportes físicos necesarios para cerrar el circuito de los RIP, desde su generación hasta su disposición final. La suerte de la política de CEAMSE queda librada al juego de los actores sociales en el momento de implementación de la misma. El análisis de cómo es gestionada la política de CEAMSE dentro del sistema de actores interviniéntes, nos ayudará a comprender cómo se construye el rechazo social a la planta.

5.1 El Marco normativo para el AMBA en el año 1992.

El conjunto de las normas legales que en 1992 regulaban las distintas etapas de la gestión de los RIP en el AMBA se caracterizaban por la desarticulación entre los distintos niveles del estado, el tratamiento segmentado de la temática, el anacronismo de gran parte del marco normativo y la existencia de múltiples instancias de control gubernamental, cuyo resultado es el descontrol del sistema en su conjunto. En este escenario es aprobada en 1992 la ley nacional Nº 24.051 de residuos peligrosos, que más allá de los debates acerca de su jurisdicción territoria 8l y de su dilatada reglamentación, puso de relieve la importancia de comprender el problema desde una visión integral que contemple todas las etapas.

La etapa de generación de los residuos industriales peligrosos no tenía ninguna legislación específica para su regulación. Sólo podemos señalar las normas de radicación industrial de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de la Provincia, regía aún la ley 7.229 que data de 1966, la cual sólo hace una mención muy general acerca de que debe preservarse la "...seguridad, salubridad e higiene de su personal y poblaciones aledañas..." (art. 1º). En Capital Federal el panorama era similar, hay que agregar que desde el último gobierno militar (1976-1983) se puso freno a la radicación de nuevas industrias.

Ninguna norma regulaba los sistemas de tratamiento de los residuos, se suponía que las mismas empresas realizaban tales procesos en sus propias plantas. Sólo en el caso de las industrias curtidoras de cuero localizadas en Lanús y Avellaneda 9,se realizaron acuerdos entre grupos empresarios (TELIPA Y ACUVA) y los gobiernos locales (World Bank, 1995). Los municipios redujeron considerablemente las tasas municipales, como incentivo para que las empresas inviertan en la construcción de dos plantas de tratamiento, que hasta el día de la fecha los grupos empresarios no han logrado poner en marcha en condiciones aceptables.

La disposición final sólo estaba regulada para el caso de residuos líquidos, los cuales, si logran un cierto estándar de calidad pueden ser vertidos en el sistema de cloacas. Para ello deben cumplir con las normas fijadas por la Nación (la ex Obras Sanitarias de la Nación) en caso de ser volcados en el sistema de cloacas concesionado a la empresa Aguas Argentinas, o bien con las normas fijadas por la Provincia de Buenos Aires, en particular AGOSBA, para ser vertidos en el sistema gestionado por OSBA (Obras Sanitarias de Buenos Aires -provincia-). En 1992 las autoridades de aplicación de las normas nacionales era la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 10, mientras que AGOSBA ejercía el control sobre las cañerías de OSBA 11.

En 1992 no existían normas para regular el tratamiento o la disposición final de los residuos sólidos y los barros, ni tampoco para los residuos líquidos que no lograban alcanzar los estándares permitidos para ser volcados en el sistema de cloacas. Sin embargo, si existía un conjunto de normas que penaban el volcado de los residuos en cualquier sitio del AMBA. Pueden citarse normas como el Código Penal en caso de daño a personas; normas provinciales que prohiben la instalación de basurales (fuera del CEAMSE), cuya aplicación es competencia concurrente de la provincia y los municipios, etc. 12 Por último, el transporte se regía por las normas que regulan el transporte de carga de sustancia peligrosas 13.

La falta de normas claras que logren identificar a los generadores de los residuos es un punto clave. Esto hace ineficaces los controles por la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de identificar al responsable generador de los residuos vertidos clandestinamente o en condiciones inadecuadas (en el caso de las empresas que están habilitadas para descargar en el sistema de cloacas). Además, la superposición de competencias entre organismos de control tiende en muchos casos, a derivar las responsabilidades hacia otro organismo. Lo que aparentaba ser un sistema de controles muy rígido, era en realidad un sistema de controles con límites difusos.

5.2 Los actores sociales intervinientes.

- Los actores gubernamentales o estatales.

Los actores gubernamentales o estatales, son aquellos que cuya lógica de intervención en los procesos de gestión se orienta a la regulación de las actividades privadas, o bien mediante intervención directa buscan preservar el interés público.

En 1992 el organismo estatal con mayor capacidad de iniciativa técnica y política es una empresa estatal: la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El CEAMSE, es una sociedad formada en 1978 e integrada en primera instancia por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La ley de creación le otorga al CEAMSE el monopolio para la disposición final de todo tipo de residuos generados en el Conurbano Bonaerense. La ley también establece que la tecnología a utilizar en todos los casos debe ser la del relleno sanitario. Este organismo intentará dar cumplimiento a un contrato, que la gerencia designada bajo el último gobierno militar había firmado con la empresa ECOL unos meses antes de la asunción de las nuevas autoridades democráticas.

El cuadro de los actores gubernamentales que tienen competencia directa sobre los problemas ambientales está caracterizado por la ausencia de actores con peso del nivel nacional y provincial, fuera del CEAMSE. En el nivel nacional no existía un organismo ambiental destacable 14, y en el nivel provincial, el área más específica estaba representada por una repartición de bajo nivel jerárquico, la Dirección Provincial de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social. Esta última no tuvo ninguna injerencia en el proceso que estudiamos. Cabe destacar también, la ausencia de intervención de los organismos ambientales de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Los actores que conforman el gobierno municipal realizan intervenciones que se orientan principalmente a dos objetivos: la satisfacción de las necesidades de la población y las actividades económicas en la ciudad; y la acumulación de poder para lograr posiciones con capacidad para definir políticas (Herzer y Pírez 1993). Estas prácticas están tensionadas por los procesos de representación y de acumulación política.

En el caso del municipio de San Vicente aparecen dos actores gubernamentales de nivel local (estatales políticos) de mucha importancia en el proceso de gestión que analizamos: DE y el CD. El DE estaba en manos del Partido Justicialista (PJ), su titular era el Sr. Rodríguez, quién lideraba una de las líneas internas del PJ de San Vicente. El Concejo Deliberante contaba con mayoría del oficialismo (PJ), con 14 concejales y la oposición estaba formada por 4 concejales de la Unión Cívica Radical (UCR). Sin embargo, dentro del oficialismo del cuerpo deliberativo pueden diferenciarse dos grandes líneas internas: una vinculada al intendente (Sr. Rodríguez), que mantienía la presidencia del CD; mientras que la otra línea interna estaba alineada a otro político justicialista (Sr. Arcuri). Finalmente, había un concejal del oficialismo que tenía su propia línea interna. Si bien el oficialismo contaba con mayoría propia, el acuerdo entre alguno de estos sectores del oficialismo con el bloque de la oposición también podía alcanzar la mayoría.

El escenario de actores se completa con la intervención directa de la Gobernación provincial (PJ), como un actor estatal-político que avaló el proyecto de CEAMSE ante distintas instancias, en particular ante el gobierno local de San Vicente. Por último cabe mencionar la intervención de distintas instancias burocráticas de nivel provincial, que pertenecían a distintos ministerios, que tenían incumbencia directa en los trámites de radicación industrial para el tipo de establecimiento del proyecto de CEAMSE 15, dado que el trámite nunca se terminó, no tuvo relevancia la intervención de estos organismos en la definición del proceso de gestión que estudiamos.

- Los actores económicos.

En el caso que analizamos es posible detectar al menos a dos actores económicos de peso. Por un lado, la empresa ECOL constituye un actor empresario orientado a la producción de la ciudad, esto es, los componentes que constituyen los soportes del funcionamiento de la misma. Dentro de los actores económicos es el principal interesado en llevar adelante el proyecto impulsado por CEAMSE. Otro actor, está dado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la más importante de las cámaras empresarias de la industria, nucléa a los grupos empresarios más importantes y concentrados del país.

Si bien Sideco Americana (grupo empresario argentino que forma parte de ECOL) forma parte de la UIA, la mayoría de los grupos empresarios que la componen desarrollan actividades de producción "en la ciudad", esto es, utilizan la ciudad como soporte para desarrollar su actividad económica. Dentro de estos últimos no son pocos los que desarrollan actividades que generan la parte más significativa de RIP 16.La puesta en marcha de una planta de tratamiento y disposición final de los RIP, supone para las empresas que los generan, la posibilidad de tener importantes costos ambientales, que hasta ese momento evadían mediante la descarga clandestina de los residuos. Este es el contexto en el cual por la UIA asume una firme oposición al proyecto del CEAMSE, aunque nunca la manifestó públicamente.

- Los actores comunitarios

Entendemos por actores comunitarios aquellos cuyas actividades se orientan a asegurar su reproducción como sujetos sociales (Herzer y Pírez 1993). En el caso que abordamos, los actores comunitarios que aparecen en escena son básicamente del nivel local.

Los actores comunitarios organizados del nivel local que participaron activamente son varios y diversos, entre ellos cabe señalar a la Federación de Entidades de Bien Público de San Vicente, los maestros, los Bomberos Voluntarios, la Asociación Médica de San Vicente, la Cámara de Comerciantes y la Sociedad Rural. La primera organización nombrada fue la que propició encuentros con el resto de las organizaciones y vecinos en general, donde se discutía los posibles perjuicios de la planta de tratamiento. Con el pasar del tiempo, y por las características del proceso de gestión que luego describiremos, éstas organizaciones van a ir tomando una posición firmemente contraria a la instalación de la planta.

5.3 El proceso de gestión de la política de CEAMSE.

La estrategia de intervención local del CEAMSE se basó en los criterios antes enunciados. La gestión del proyecto, se concentró en una primera etapa de unos cuatro meses (Julio-Octubre) en tratativas con el DE del municipio de San Vicente y la Gobernación.

La gobernación provincial brindó su aval político al proyecto y de esa manera indujo al gobierno local a entablar negociaciones con el CEAMSE; a pesar de que parte del gabinete del gobierno local no estaba muy convencido de la viabilidad del proyecto. En éstas negociaciones se establecieron dos cuestiones básicas.

Por un lado, el CEAMSE cedía un canon en concepto de regalías al municipio, lo que implicaba duplicar el presupuesto comunal. Además se ofrecía la realización de obras de pavimentación en el municipio, la recolección gratuita de los residuos domiciliarios y el entrenamiento de personal de la municipalidad para que participe de los controles técnicos del funcionamiento de la planta. El control iba a descansar en tres organismos del estado, el CEAMSE, la Provincia y el Municipio.

Por otro lado, el DE aseguraba controlar las posiciones adversas que pudieran surgir a nivel local, además de controlar la mayoría en el CD. De esta manera, la relación con la población local quedó depositada en el DE, en particular en la Intendencia, la cual estableció como estrategia para lograr el éxito de la gestión, la búsqueda de consenso político local, mediante una declaración de interés municipal del CD y manteniendo gran parte del proyecto como "secreto" 17. Para asegurar el despacho del trámite administrativo, la Intendencia creó una repartición de su confianza para brindarle el acuerdo técnico local de radicación industrial. Esto no solo acrecentó la desconfianza al proyecto, sino que además sumó a la oposición del proyecto al personal burocrático que se sintió desplazado.

Paralelamente a la tramitación de la radicación ante el estado provincial ; en el CD se presentó a fines de noviembre de 1992 un proyecto para declarar de interés municipal el emprendimiento de CEAMSE. Su aprobación mediante ordenanza se descontaba por la abrumadora mayoría de concejales oficialistas. La Intendencia pensaba que esta medida le iba a otorgar el consenso social necesario al proyecto para evitar el posible rechazo de los pobladores.

El trascendido de la información comenzó a inquietar a la comunidad local, en particular a las organizaciones sociales más tradicionales primero, las cuales se fueron convocando en asambleas por la Federación de Entidades de Bien Público de San Vicente. Allí se fueron discutiendo, entre todos los actores comunitarios ya indicados, los posibles peligros que la instalación de la planta podía tener para los pobladores de San Vicente y para el ambiente en general.

La falta de información oficial, sumada al "secreto" que rodeaba al expediente y a ciertas noticias de la época, como la entrada de basura al puerto de Buenos Aires procedente del exterior del país, fueron generando una desconfianza creciente. Esta desconfianza derivó en especulaciones acerca de lo que podría ocurrir con la planta. Por ejemplo, la cercanía al aeropuerto internacional de Ezeiza hacía especular acerca de la posibilidad de la entrada de basura tóxica del exterior; también la cercanía de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CoNEA) en Ezeiza hacía pensar en la posibilidad de que se trasladen residuos radiactivos, etc.

El "secreto" del proyecto se vuelve a romper cuando el proyecto de ordenanza de apoyo entró al CD. Allí los cuatro concejales de la oposición, más dos del oficialismo comenzaron a mostrarse contrarios a la aprobación. El concejal oficialista que no respondía a ninguno de los dos sectores internos mayoritarios del PJ, fue quien brindó más información a las organizaciones sociales locales. El conjunto de las organizaciones consideraron muy impreciso el texto de la ordenanza y decidieron oponerse a la aprobación y convocaron a una movilización para el día en que debía tratarse el tema.

El día 30 de Noviembre, el CD con el voto a favor de 11 concejales y el voto en contra de 6, logró sancionar la ordenanza Nº 2553 que apoyaba la instalación de la planta. El hecho tuvo una importante trascendencia en la prensa nacional, mientras que los pobladores opositores incorporaron nuevas modalidades de lucha durante la semana posterior a la aprobación. En particular los comerciantes no atendían en sus negocios a los familiares del intendente y de los concejales que habían votado a favor. Al mismo tiempo se realizaban reuniones todos los días y se preparaba una gran movilización.

En ese contexto de enorme descontento social, fue vana la tardía intervención del CEAMSE que asistió con sus técnicos a una de las reuniones de las organizaciones sociales de San Vicente para explicar el proyecto. Los pobladores los rechazaron. Luego el CEAMSE realizó una muestra en la sede de Buenos Aires, llevando a políticos y dirigentes locales, pero esto ya no pudo revertir el proceso de rechazo creciente de la población local. A esta altura de los acontecimientos, algunos sectores del PJ vinculados al Sr. Arcuri, comenzaron a pretender capitalizar la protesta social para destituir al intendente. Si bien no lo lograron, aportaron un factor más de movilización en contra de la planta.

El día 5 de diciembre, una gran movilización 18 que ocupó la plaza a la espera de la derogación de la ordenanza sentenció de muerte al proyecto de la planta. Luego de una tensa espera, donde una multitud estaba rodeada por efectivos policiales, el intendente anunció la derogación de la ordenanza. Esta decisión se tomó luego de la intervención del gobernador Duhalde, quién mantuvo horas antes una reunión con los concejales. La anulación de la ordenanza se realizó con el voto unánime del CD.

6. El NIMBY como proceso de construcción social.

El NIMBY, lejos de reflejar un problema estético o higiénico como lo sugiere la sigla, se construye sobre una paradoja que resulta de la manera en que se distribuye y es percibido el riesgo urbano. El ordenamiento del manejo de los RIP permite reducir el nivel de riesgo tecnológico al que es expuesta la población metropolitana en términos generales. En este sentido, constituye un elemento que reduce la vulnerabilidad de la ciudad. Pero, al mismo tiempo, el ordenamiento significa también la concentración de actividades que son fuente de riesgo dentro de ciertas zonas de la ciudad metropolitana, en nuestro caso en las inmediaciones de la planta de tratamiento y disposición final de los RIP y de las rutas de acceso a la misma. De esta manera, la población que desarrolla actividades (de residencia, económicas, de tránsito) en las zonas afectadas por el riesgo tecnológico derivado de las actividades de gestión de los RIP, se ven expuestas a un aumento del nivel de riesgo tecnológico con el cual deben convivir. Esta situación está en la base del conflicto social que analizamos, mediada por las percepciones que del riesgo tecnológico tienen los actores sociales involucrados (Martinais, 1996).

El abordaje del fenómeno de rechazo a la instalación de una planta de tratamiento y disposición final de RIP en el municipio de San Vicente, como un resultado de los procesos de gestión urbana, nos acerca a una comprensión del fenómeno que escapa al discurso fatalista y simplificador de ciertas posiciones teóricas que reducen el problema a una cuestión de presencia de grandes centros poblados en las inmediaciones de los emprendimientos. Más aún, a partir de 1986 CEAMSE busca tierras rurales para emplazar la planta, siempre con el mismo resultado: el rechazo de la población local, por más pequeña que ésta fuese y por más alejada del área de emplazamiento que estuviese.

El rechazo por parte de la población local a la instalación de la planta se desarrolla a partir de: a) la construcción de una posición como "oposición" al proyecto; b) la constitución de una organización social en torno de esa oposición; y c) las acciones que esta organización despliega en función de hacer valer su posición.

La construcción de una posición como oposición al proyecto tiene su principal causa en la desconfianza de los actores comunitarios locales hacia la iniciativa del gobierno local, que es el actor gubernamental que prácticamente monopoliza la relación con la población local. Esta desconfianza se construye a partir de dos procesos básicos: uno vinculado a la situación de contexto y otro referido al proceso de gestión específico del proyecto en cuestión.

Respecto al contexto, distintos hechos vinculados al ingreso de basura de países extranjeros, junto con informaciones confusas acerca de la posibilidad de ingreso de basura radioactiva al país y la cercanía del aeropuerto de Ezeiza y de la CoNEA, generararon una desconfianza generalizada hacia los proyectos que pretendían operar con residuos peligrosos. Además, el marco legal y político-administrativo no permitía asegurar un efectivo control sobre el proceso de gestión de los RIP. Esta desconfianza no pudo ser disipada en 1992 con la sanción de la ley nacional 24.051 de residuos peligrosos, que en ese momento aún se encontraba sin reglamentar.

Los actores gubernamentales que llevaron adelante la iniciativa del proyecto, no tuvieron en cuenta la situación de contexto descripta. Más aún, el modo en que actuaron dentro del proceso de gestión acrecentó las dudas y la desconfianza de los actores comunitarios en particular, y de la población local en general.

Por un lado, el vínculo de los actores gubernamentales con la población local quedó restringido al ejecutivo local, el cual manejó la cuestión con una lógica que buscó articular a los actores políticos locales, prescindiendo de un acuerdo social, o bien subsumiendo éste a un consenso político. Por otro lado, los mecanismos de comunicación con la población local en general se redujeron a una maqueta emplazada en el edificio municipal, esto significó la ausencia de mecanismos de comunicación social eficaces; además, los contenidos de la información eran evaluados por los actores comunitarios como insuficientes. En particular, no se habían brindado mayores detalles técnicos del funcionamiento de la planta previamente a la sanción de la ordenanza que le brindó apoyo político local.

La política que se impartió desde los actores gubernamentales para posibilitar la instalación de la planta, no buscó abrir espacios de debate público sobre el proyecto, más que en círculos políticos y profesionales. Así la política que se desarrolló fue el acatamiento a una decisión tomada como un acuerdo entre la gobernación provincial, el CEAMSE y el ejecutivo municipal de San Vicente, que buscaba dar cumplimiento al contrato con la empresa ECOL. Los diálogos con la población local se redujeron a una tardía intervención de técnicos del CEAMSE que buscaron "convencer" a la población local acerca de los beneficios de un proyecto que ya estaba armado y no admitía modificaciones. Justamente esta rigidez del proyecto, explica en parte la ausencia de mecanismos de comunicación y de debate con la población local, dado que no hay espacio para la negociación entre los actores.

La posición de oposición al proyecto de la planta de tratamiento de residuos peligrosos en San Vicente, va a ser asumida por un conjunto de actores comunitarios locales. En primer lugar por un conjunto de organizaciones sociales de la sociedad civil, que se reunían períodicamente para discutir la cuestión de la instalación de la planta. En una primera etapa las reuniones se establecían entre representantes de las organizaciones más tradicionales de la sociedad local en el ámbito de la Federación de Entidades de Bien Público de San Vicente, se trata de asociaciones con alto nivel de institucionalización 19. Más tarde, cuando pareció inminente la aprobación de la ordenanza de apoyo a la planta, las reuniones pasaron a tener forma de asambleas de frecuencia casi diaria, a la que asistieron representantes de organizaciones con bajo nivel de institucionalización (tal el caso de algunos grupos ecologistas de San Vicente); actores individuales de peso social, tal el caso de los maestros y algunos médicos; y pobladores en general.

Tal como hemos descripto en el proceso de gestión de la política que analizamos, algunos actores del nivel burocrático municipal también van a sostener una posición de oposición al proyecto, entre otras cosas, por haber sidos desplazados dentro de las tareas que cumplían. Dentro de los actores políticos, la oposición (UCR) y algunos concejales disconformes del oficialismo van a apoyar la oposición al proyecto.

Por lo tanto, el constructo organizativo que sostiene la posición de oposición al proyecto de la planta de tratamiento de residuos peligrosos está estructurado por un conjunto de actores comunitarios colectivos, referentes de las organizaciones más tradicionales, que permanecen estables y activos en la construcción de la posición de oposición. El cuadro se completa con otros actores comunitarios (colectivos e individuales) que le brindan un componente de masividad al constructo organizativo, permitiendo que el mismo se extienda más allá de los límites institucionales de las primeras organizaciones. Finalmente, los actores burocráticos y políticos constituyen soportes importantes de este hecho organizativo, dado que brindaron información, y apoyo en las acciones directas que se emprendieron.

Las acciones de los actores que sostuvieron la oposición al proyecto se orientaron en un primer momento a recolectar información y en transmitir su posición al cuerpo de concejales local, de manera directa o bien mediante algunos actores políticos. Cuando el proyecto de ordenanza de apoyo al proyecto de la planta es presentado en el CD, donde la intendencia descontaba su aprobación, entonces las organizaciones sociales comienzan una estrategia de acción distinta. Se recurre a la movilización, la difusión masiva de la situación y se suman nuevos actores sociales de la sociedad civil para sostener la oposición al proyecto. La semana posterior, se realizan un conjunto de acciones expresamente orientadas a debilitar la base de legitimidad política de los actores gubernamentales, principalmente de los concejales que habían votado por la afirmativa del proyecto, como del intendente local. Finalmente, el constructo organizativo que sostuvo la posición de oposición recurre nuevamente a la movilización como herramienta para expresar una relación de fuerza. Las acciones de la semana anterior habían servido para despertar una gran inquietud entre el conjunto de la población local que respondió de manera masiva a esta última movilización.

Esta situación generó una rápida erosión en la legitimidad política de la decisión asumida por la mayoría del CD, al mismo tiempo que comprometió seriamente el futuro político de quienes la componían. Pero la erosión de la legitimidad política del oficialismo local también tocaba a la gobernación, uno de los principales actores políticos que sostenían el proyecto. Esto explica en parte el hecho de que la decisión final de dar marcha atrás con el proyecto se toma junto con el gobernador.

Es interesante observar que la disputa se planteó en torno a una norma (la ordenanza de apoyo a la instalación) que no tenía ningún peso legal en el proceso de radicación industrial, era un instrumento para manifestar el consenso político local. Pero los actores comunitarios lo utilizaron como un símbolo para expresar el desacuerdo social.

En suma, en este caso el NIMBY, lejos de ser una fatalidad es el resultado de un proceso social, en el cual las políticas públicas se desarrollan con cierto nivel de autoritarismo, al considerar a la población como mero objeto de la política pública, en lugar de sumarla como sujeto de los procesos que se intentan encaminar. Es por ello que tanto las políticas que buscan ser impuestas sin ninguna consulta, como aquellas que intentan "seducir" a la población local con beneficios, tal como lo postula el Banco Mundial, no son más que dos expresiones de autoritarismo. La primera más burda, la segunda más sofisticada, en ambos casos los actores comunitarios son marginados del proceso de toma de decisiones que tendrán un impacto directo sobre su propia calidad de vida.

7. Comentario final

En términos del proceso del manejo global de los RIP, esto es, desde su generación hasta su disposición final, la instalación de una planta de tratamiento y disposición final en el AMBA resultaba un factor necesario, pero no suficiente para garantizar cerrar el circuito del manejo de este tipo de residuos. El otro elemento necesario son las normas legales que regulaban la gestión de las distintas etapas de los RIP y que en 1992 no lograban regular la actividad con efectividad. La instalación de la planta posibilitaba a aquél industrial que quisiera realizar el tratamiento y/o la disposición adecuada del residuo, hacerlo. El estado cumplía con la obligación de concretar una oferta de servicio que antes no existía. Pero si una industria realizaba una disposición ilegal en alguno de los tantos basurales clandestinos, era muy difícil penalizarlo, dado que al no existir una regulación coordinada de registros de generadores, transportistas y operadores no se podía identificar al generador. Además las normas de control no eran claras, en muchos casos sólo se penalizaba a quién realizaba la actividad de descarga clandestina, una actividad que generalmente era terciarizada, y no al generador del residuo.

La iniciativa del CEAMSE, que se originó durante la dictadura, fijó un particular estilo de gestión, en el cual se antepuso el esfuerzo por realizar plantas de tratamiento y/o disposición final antes que el debate acerca del marco normativo que debe regular la actividad. El año 1992 marca el momento en que empezaron a dar a luz las primeras normas específicas para el sector (ley nacional 24.051) en medio de un clima de sospecha por parte de la sociedad hacia los actores gubernamentales.

El caso que abordamos pone en tela de juicio el alcance explicativo y las derivaciones de acción política que tienen los enfoques teóricos que tienden a sobrevalorar la incidencia de procesos propios del sistema natural en detrimento de aquellos del sistema social (Sánchez, V. 1988), reduciendo su consideración al comportamiento de la variable demográfica (en general neomalthusianos). No se trata de negar importancia a los aspectos demográficos, desde el punto de vista del conjunto de repercusiones negativas que su crecimiento puede tener sobre el conjunto de la infraestructura de las ciudades (Rodríguez Vignoli, J. 1995). Pero la efectiva presión que puede ocasionar el crecimiento demográfico sobre la capacidad de soporte de la ciudad está condicionada por el modo en que es gestionada ésta última. En nuestro caso, pensar el proceso estudiado desde una perspectiva teórica basada en el análisis del sistema de actores involucrados en el proceso de gestión urbana nos ha permitido acercarnos de manera más precisa al proceso en el cual se redefinen las políticas públicas, y que en este caso derivó en el rechazo de la iniciativa gubernamental.

Una derivación política de las posturas neomalthusinas, es que, al considerar a la población solamente como una variable demográfica, la constituye en mero objeto de la política pública. Por eso no es de extrañar que las estrategias de intervención, tal como hemos visto en nuestro caso, tengan una orientación sumamente autoritaria, justificada en un discurso técnico, que como vimos, esconde una razón política y económica.

El análisis del caso pone de manifiesto los límites explicativos del "espontaneismo" de la acción colectiva. El rechazo a la instalación de la planta constituye un proceso de construcción social, que sólo puede explicarse a partir del estudio de las formas de acción de los actores que constituyen los procesos de gestión en los que la política propuesta por los actores gubernamentales es redefinida. El caso puso de relieve la capacidad de las organizaciones de la sociedad local para canalizar demandas en los procesos de gestión urbana a escala metropolitana. Al menos en su capacidad de impugnar políticamente un proyecto.

Por último, el principal factor que alimentó la percepción del riesgo tecnológico en los pobladores y de su inaceptabilidad, no fue tanto la planta en sí; sino más bien la desconfianza hacia los actores gubernamentales en su capacidad de llevar adelante el proyecto y ejercer los controles pertinentes. Desconfianza que se ve incrementada en cada intervención pública que se realiza por la vía del "secreto", la falta de consenso social o la improvisación. Cada antecedente se constituye en un ladrillo que refuerza el muro de la desconfianza hacia los actores gubernamentales y condiciona seriamente los actuales esfuerzos en la materia. Por cierto, esto constituye un panorama poco alentador para el AMBA, si tenemos en cuenta que las distintas instancias que conforman el gobierno de la ciudad, tienen la responsabilidad pública de orientar los procesos de gestión en las distintas áreas que componen la agenda de problemas ambientales urbanos a resolver.

8. Bibliografía

- Botassi, Carlos Alfredo (1997). Derecho administrativo ambiental. L.E.P. La Plata.
- CEPAL (1992). "Antecedentes y propuestas para un plan de manejo de residuos peligrosos, con énfasis en los tóxicos, para el Area Metropolitana de Buenos Aires". CEPA/PNUMA. Buenos Aires. Mimeo.
- CONAMBA (1995). El Conurbano Bonaerense. Relevamiento y Análisis. Ministerio del Interior de la Nación. Buenos Aires.
- Coulomb, René (1993). "La participación de la población en la gestión de los servicios urbanos: privatización o socialización?", en Azuela, A. y Duhau, E. (coord.) Gestión Urbana y Cambio Institucional. UAM, México.
- Dames & Moore (1993). Estudio de Factibilidad - Residuos Peligrosos - Provincia de Buenos Aires. Dirección Provincial de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y Acción Social, La Plata.
- Herzer, Hilda y Pírez, Pedro et al (1993) "Los actores sociales locales y la gestión urbana" en Gestión urbana en ciudades intermedias de América Latina. CYTED-ONU, Nairobi.
- INDEC (1991). Censo Nacional de Población y Vivienda. Ministerio de Economía de la Nación. Buenos Aires.
- Martinais, Emmanuel (1996). "Gestion du risque industriel et conflits territoriaux, le cas de Saint-Fons, commune de l'agglomération lyonnaise". En Revue de Geographie de Lyon, Vol. 71 Nro. 1, 1996. Risques et pollutions industriels et urbains. Lyon.
- Pírez, Pedro (1994). Buenos Aires Metropolitana. Política y gestión de la ciudad. CEAL - CENTRO, Estudios Sociales y Ambientales. Buenos Aires.
- Pírez, Pedro (1995). "Actores sociales y gestión de la ciudad". En revista CIUDADES Nº 28, octubre-diciembre. RNIU. México.
- Rodríguez Vignoli, Jorge (1995). "Población, medio ambiente y desarrollo en América Latina y el Caribe" en CELADE (1995) Dos artículos sobre población, medio ambiente y desarrollo en América Latina y el Caribe. CELADE/CEPAL/ONU. Santiago de Chile.
- Sánchez, Vicente (1988). "Evaluación de impacto ambiental: los aspectos sociales y la participación pública", en revista EURE (Vol. XV, Nº 44). Santiago de Chile.
- Sloan, Willian M. (1993). Site selection for new hazardous waste management facilities. WHO Regional Publications, European Series Nº 46. Finland
- World Bank (1995). Argentina. Managing Environmental Pollution: Issues and Options. Volume II.

Notas

1 Recién con la sanción de la ley provincial de residuos especiales en 1996 y su reglamentación en abril de 1997, se constituyó un marco legal adecuado, que fue acompañado por una política que ha posibilitado la instalación en la actualidad de algunas plantas de tratamiento.
2 NIMBY ("Not in my backyard", en inglés, "No en mi patio trasero" en castellano): constituye un fenómeno de rechazo a la localización de una actividad que es funcional a la sociedad global por parte de una sociedad local, que se siente afectada negativamente por la proximidad a la misma.
3 Formada por los siguientes municipios. Primera corona: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza (una parte), Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro. Segunda corona: Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Moron, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Tigre, San Fernando, Ituzaingó, José C. Paz, San Miguel, La Matanza (una parte), Almirante Brown.
4 Estos municipios son: La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Pte. Perón, Marcos Paz, Gral. Rodríguez, Escobar y Pilar.
5 Tomando el concepto de Pedro Pírez, consideraremos como actores sociales a las "unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad" (Pírez, 1995: 10), quienes pueden actuar como individuos o colectivos.
6 El contrato está actualmente vigente.
7 En el plan original estaba prevista la posibilidad de incineración en un barco proporcionado por la Chemical Waste Management.
8 Actualmente dentro del AMBA, la ley tiene jurisdicción sólo en la ciudad de Buenos Aires. Además el decreto reglamentario tuvo una salida muy demorada, recién en 1993.
9 ACUVA nucléa a 140 pequeños establecimientos del Partido de Lanús, mientras que TELIPA agrupa a 30 miembros de establecimientos medianos del Partido de Avellaneda. En el Gran Buenos Aires existen cerca de 400 establecimientos de este tipo (World Bank 1995)
10 A partir de 1978, el Decreto Nacional Nº 2.125 estableció un sistema de "cuotas de resarcimiento por contaminar", éste fue cambiado en 1989 (decreto 674), por un sistema de control de los efluentes industriales vertidos en el área de OSN. En mayo de 1992 se designó como autoridad de aplicación a la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (decreto 776).
11 En la Provincia de Buenos Aires, la Administración General de Obras Sanitarias de Buenos Aires (AGOSBA) dispuso en 1990 una norma específica mediante la resolución Nº 287.
12 Existen otras normas, como la ley provincial Nº 5965 del año 1962 que prohibe la emisión sin tratamiento previo, era aplicada por los municipios, la ley provincial 7.229 le daba atribuciones en el mismo sentido al Ministerio de Salud. Algunos autores también citan la ley nacional de navegación Nº 20.094, aunque no acordamos, dado que la jurisdicción federal se circunscribe al uso de navegación y no se extiende a otros usos, los que quedan comprendidos en las normas provinciales.
13 Como por ejemplo la ley provincial Nº 11.382 de 1992.
14 La entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano había sido creada hacia fines de 1991 e inicialmente no contaba con muchas atribuciones.
15 Pueden nombrase al Ministerio de la Producción, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, donde funcionaba la repartición encargada del Ordenamiento Territorial, etc.
16 El resto de los residuos son generados por las pequeñas y medianas empresas (PYMES), quienes se encuentran en condiciones más desventajosas para asumir los costos ambientales, y al mismo tiempo, por su dispersión son más difíciles de controlar.
17 Utilizamos la palabra "secreto" que fue usada por varios de los entrevistados, para denotar la falta de trasparencia en la información que se brindaba.
18 Los diarios de la época calculan a los asistentes en unos 3.000 provenientes de distintos puntos del sur del Conurbano Bonaerense, aunque con mayoría de San Vicente.
19 Tal como la Sociedad Rural y la Cámara de Comerciantes de San Vicente.